La legitimidad en la lucha por los derechos (a propósito de la estrategia “patrimonial” de la PAH)

Javier de Lucas

Para Alicia Desahucio, con respeto y afecto y desde la distancia respecto a la PAH

Tengo el máximo respeto por quienes han padecido o padecen una situación que me parece tan injusta, inhumana e incluso cruel como es la legislación española aún vigente sobre desahucios. Respeto al que añado el agradecimiento por el valor, el coraje cívico que han demostrado a los ciudadanos que decidieron asociarse en PAH y mantener una firme voluntad de enfrentarse a esa estafa social.

Precisamente por eso, me parece obligado sumarme a algunas voces como la del blog teniente Kaffee, en su crítica a lo que provocativamente denuncia como una estrategia de  “postureo constitucional” por parte de la PAH y la Señora Colau.

Mi crítica se acrecienta ante la campaña lanzada por la propia PAH esta semana, el lunes 12 de agosto, con el propósito de que el Defensor del Pueblo presente el recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PlataformaQuizá deberíamos recordar que todo comienza cuando, con tanta contundencia como (a mi juicio) considerable imprecisión, los portavoces de la PAH (el para mí muy fiable letrado Sr Mayoral y la valiosa activista social Sra. Colau) anunciaron que la Plataforma había elaborado un “recurso de constitucionalidad” contra la ley que el PP impuso como reforma del  injusto marco legal de los desahucios, reforma que consideraban manifiestamente anticonstitucional. Pero cuando el PSOE anunció que se sumaba a esa iniciativa y que presentaría un recurso con la firma de 50 de sus parlamentarios, la PAH estalló ante lo que parecía considerar una usurpación de la legitimidad de la Plataforma. La respuesta del PSOE que en cierto modo plegó velas para no enfrentarse a la PAH puede verse  aquí.

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La PAH continuó su campaña manteniendo una, también a mi juicio, calculada ambigüedad sobre el hecho evidente de que no tiene capacidad jurídica para plantear un recurso de constitucionalidad y que, por tanto, debía recurrir a los partidos políticos o al Defensor del Pueblo para que así lo hiciera. Eso sí, aparentemente, con la condición de que no de debía modificar una coma de “su” recurso. El último paso, ante la evidencia de que el plazo para que el Defensor del Pueblo interpusiera recurso concluía esta semana, y que no cuentan con los 50 parlamentarios para hacerlo (pese al apoyo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo, apoyo recibido y aceptado a diferencia de lo que ocurrió con el PSOE), ha consistido en proponer la mencionada campaña de seudoescrache al Defensor, con las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y a través de la plataforma oiga.me.

A mi juicio, el verdadero punctum dolens de la estrategia de la PAH consiste en que estos últimos pasos en su  también a mi juicio legítima y justa causa de acabar con el fraude del mal parche frente al drama de los desahucios que fue la ley aprobada por la mayoría absoluta del PP, parecen poner de relieve algo que excede incluso a ese su problema, su tragedia. Porque esta línea de acción toca el núcleo mismo del debate sobre la necesidad de renovación de la legitimidad democrática. Y, a mi entender, la toma de posición de la PAH, que es legítima, claro, pero sólo respetable si sus argumentos lo fueran, podría implicar el riesgo de una considerable confusión acerca de la legitimidad social y política para luchar por los derechos, una cierta visión “patrimonial” de esa lucha (calificativo que sugirió en un debate en Facebook mi colega Pepe Calvo) en la que el copyright de quién fue primero y más ferviente defensor fuera más importante que los derechos mismos. Y, sobre todo, en la que con el agua sucia del desprestigio ganado a pulso por cierta clase política que ha hecho de la corrupción su sello, tirásemos el fundamento mismo de la legitimidad en cuestión que, para mí, es el respeto a lo acordado libre y razonadamente como marco legal: el respeto al Estado de Derecho, el respeto a lo que acordamos que debe valer como ley y a la tarea de los tribunales en ese Estado de Derecho. Quiero decir que, a mi entender, toda ley se puede modificar y aún tenemos la obligación de tratar de hacerlo. Pero sin arrogarse exclusividades o privilegios en esa tarea, en aras de supuestas superioridades morales o autenticidades políticas. Nadie puede pretender estar por encima de los demás en esa tarea, pública, de todos, que es la lucha por los derechos y por el Derecho, que es la tarea política básica de todos los ciudadanos y que da sentido al Derecho y al Estado de Derecho.

Y es que pareciera como si la tarea de garantizar la legitimidad democrática ahora hubiera cambiado de titular. No me refiero al soberano que es y no puede dejar de ser otro que el pueblo, todos los ciudadanos. Los representantes políticos son servidores de ese soberano. Hasta ahí podíamos llegar. No hablo de eso. Me refiero a una especie de pendant político, por otra parte explicable ante los excesos y  bloqueos impuestos por un perverso juego de mayoría alentado por leyes electorales y de financiación de partidos a todas luces necesitadas de profunda renovación, un juego perverso cuyo resultado más sucio es la corrupción. Proclamada por no pocos ese Delenda est la democracia representativa y sus instituciones, el garante y el instrumento de la democracia auténtica (ya estamos con los calificativos) serían los movimientos sociales, los únicos no sospechosos de manipulación de nobles causas en aras de intereses espúreos. El test de la legitimidad democrática consistiría, pues, en el papel de esos movimientos. Porque la otra cara de la moneda sería ésta: los clásicos agentes institucionales, en primer lugar los partidos políticos, pero incluso el propio Parlamento y otras instituciones constitucionales (el Defensor del Pueblo, los tribunales de justicia) estarían bajo sospecha. De forma que sólo admitiríamos que luchan por los derechos si lo hacen en apoyo o de consuno con tal o cual movimiento social. De paso, esa sospecha recae sobre la legalidad constitucional y sobre la actuación, insisto, de los tribunales de justicia que, debido a su rigidez e inadecuación a la realidad social, deberían ser orillados como procedimientos inservibles y que, más allá incluso de viejas apelaciones a un uso alternativo del Derecho, pasarían a un cuarto plano, mientras se nos propone (o se nos predica) que nos dispongamos al inminente advenimiento de una verdadera ruptura constituyente, quizá bajo la guía del sendero luminoso que nos señala el movimiento social de turno…

Lo reitero: no soy yo quien va a discutir el merecido reconocimiento con el que cuenta la PAH como movimiento social y político. Ni su aportación a la pedagogía democrática, tan abandonada por los clásicos agentes institucionales, por ejemplo, por partidos y sindicatos, pero también por buena parte de las instituciones, comenzando por la jefatura del Estado, el monarca y la casa real que le rodea. Y es que, por otra parte, ¿cómo vamos a creer o aprender de quienes con sus hechos contradicen lo que pretenden defender? Sí. La valía de la PAH, su contribución a una sociedad más decente, mejor, su reconocido trabajo ciudadano anclado genuinamente en la solidaridad y que ha denunciado eficaz y valerosamente una forma de hacer política que parece otra cara de los negocios y, sobre todo, que no deja de producir víctimas, es indiscutible. Son un activo social y político, en el sentido de la reivindicación de lo público y por eso me pareció muy merecido el premio con el que les distinguió el Parlamento europeo. Precisamente por ello, considero muy desafortunado que la PAH haya entrado aparentemente –es obvio que puedo equivocarme; ojalá sea así- en una dinámica que acaba creando otras víctimas y contribuye al descrédito de todo lo que no se pliegue a su estrategia. Con todos los respeto y matices necesarios, algo como lo que ha pasado con algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Así me lo parece ese juego según el cual ilusionan a la opinión pública con la confusión de que van a plantear un recurso, recurso que saben que no pueden llevar a término por sí solos. El hecho de convocar la rueda de prensa de presentación del “recurso”, el 7 de agosto, a las puertas del Constitucional,  contribuye a la confusión. Porque, evidentemente, el tal “recurso” no se presentó. Necesitaban que otros lo presenten (el Defensor o 50 parlamentarios): claro que quizá es que en su estrategia no les conviene mancharse las manos con el apoyo del PSOE, aunque eso sea incoherente con el hecho de que la PAH haya estado pidiendo que la sociedad civil y sus agentes -y los partidos lo son- compartan su problema. Tampoco me parece muy coherente descalificar obsoletas formalidades legales, para a continuación acudir sin empacho a triquiñuelas jurídicas propias de leguleyos, con la coartada de fondo de que su fin es bueno y legítimo. Y en tercer lugar, me parece indigno bloquear la comunicación de cualquier ciudadano con el Defensor del pueblo, que es el resultado –¿daño colateral, quizá?- de su última medida de presión, que no puede dejar de perjudicar a los demás ciudadanos que quieren, que necesitan contactar con el Defensor…y que acaban siendo victimas de la PAH, lo que me parece el colmo de la paradoja cruel…

Crisis del sistema, refundación de los partidos

Pepe Reig

Todos los síntomas apuntan a una crisis de régimen. Se mire como se mire son los fundamentos de nuestra democracia lo que parece en cuestión: el pacto de transición, más allá de infantiles cuestionamientos ex post, no parece ya capaz de seguir dando aliento a la dinámica de las fuerzas sociales y políticas. De hecho las dos más importantes se alejan una de otra a velocidad constante en cuanto a la necesidad de reforma constitucional. Una va cayendo naturalmente del lado de la reforma, sin precisar aún su alcance,  mientras la otra se aferra a la intangibilidad de un texto que, en su origen, no había apoyado. Las demás fuerzas políticas, hace tiempo que proponen una revisión o, incluso, una nueva redacción a través de un período constituyente.

Los fundamentos económicos mismos de aquel pacto y del régimen que dio a luz, parecen hoy cuestionados. La estructura de intereses, la alianza básica de clases que había sostenido el franquismo, no fue alterada en la democracia y las modificaciones habidas después tan sólo han incrementado, como en todo el occidente, el peso relativo del capital financiero y la economía globalizada. Ese reparto no es cuestionado ya sólo por la izquierda de la izquierda. También desde la derecha, empeñada en aprovechar la crisis y la feliz circunstancia de su mayoría absoluta para producir una involución sin precedentes, se están minando las bases del consenso social de los últimos 30 años.

Transición

La estructura territorial y política del estado de las autonomías, que ha funcionado razonablemente bien durante años, se muestra ahora incapaz de acoger las demandas soberanistas y esto alimenta la tendencia a un sorpaso del independentismo sobre el nacionalismo prudente. El federalismo, que habría debido ser la salida honorable para el estado autonómico, parece no llegar a tiempo de definirse y definir reglas de juego aceptables, por lo que podría pasar a mejor vida.

El mismo sistema de partidos de nuestra democracia hace aguas por al menos dos lados: los partidos de gobierno estatales (crisis del bipartidismo) y los de las naciones periféricas (soberanismo).

Para hablar primero de lo segundo, habría que empezar por reconocer que la complejidad del desafío soberanista se incrementó con los errores y agravios gratuitos infringidos, por ejemplo, con la reforma del Estatut. Se dirá que el error fue de Zapatero por abrir un melón que el catalanismo reclamaba por tierra, mar y aire, pero a mí me da que peor fue la estrategia del otro partido estatal de abortar, con su recurso al Constitucional y las consiguientes triquiñuelas para asegurarse la mayoría en ese tribunal, la última operación de encaje de Catalunya en España. A esto, claro, hay que añadir la espiral de la crisis y los recortes antisociales que la derecha catalana, con permiso de ERC, supo derivar hacia el enemigo externo, desarticulando así en buena medida la potencia del movimiento ciudadano que más se había destacado en la lucha contra la austeridad. Es todo un ejemplo de aquel principio del judo consistente en aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio.

Pero volviendo al primer aspecto del sistema de partidos, es preciso hablar del bipartidismo, o sea, el final de la hegemonía del PSOE y del PP que parece ya irreversible. No es extraño que en medio de una crisis de régimen acabe por pasar a la historia el sistema de partidos que le ha dado sustento, pero la crisis del sistema es también la crisis de los partidos que lo componen.

La crisis del PSOE tiene raíces profundas que, a mi modo de ver, tienen que ver con las renuncias ideológicas de toda la era neoliberal, que le han hecho perder no sólo identidad sino comunicación con la ciudadanía más consciente y movilizada. Aquellas renuncias le inhabilitaron para entender la naturaleza profundamente clasista de la crisis que sobrevino en 2008 y las que se le encadenaron luego. La falta de teoría con que afrontar ese episodio clave puso al PSOE, como a toda la socialdemocracia europea, en manos de los mercados y sus propagandistas y, al aplicar las recetas que éstos señalaban, terminó de liquidar su identidad y sus bases sociales.

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La recomposición del PSOE pasa por una renovación profunda de su discurso y de su organización. Lo primero requiere rescatar el horizonte de emancipación, volver a colocar la igualdad en el centro de la política, para desarrollar una oposición muy frontal a los recortes y sus efectos. A fecha de hoy, significa abandonar el doble lenguaje de los pactos, que se ofrecen por responsabilidad pero sólo consiguen confundir a los perdedores de la crisis. Lo segundo requiere una revolución democrática interna que devuelva el poder a la militancia y la “simpatizancia” socialistas. Elección directa de líderes y primarias ciudadanas. Es decir, el proceso de reconstrucción que le vincularía con el tipo de ciudadanía activa y crítica que se encuentra hoy a la vanguardia. De haber tenido este trabajo hecho, el partido no tendría inconveniente ahora en liderar una moción de censura contra el lastrado presidente del Gobierno o en pedir elecciones anticipadas. El socialismo es un componente esencial de la izquierda y lo va a seguir siendo en un futuro próximo, pero ese futuro ya no va a contemplar la misma distribución de fuerzas que en el pasado. Las hegemonías, si se dan, irán por barrios y no estarán garantizadas para nadie. La izquierda siempre fue plural y aún lo será más. El PSOE puede renovarse o volverse residual, pero debería renunciar a la quimera de las hegemonías del pasado. Sin una profunda renovación del PSOE, se tardará mucho en lograr un contrapeso operativo a las políticas de derecha y eso la democracia no puede soportarlo, porque nuestra derecha racial, dejada a su libre albedrío puede “jibarizar” la democracia hasta volverla irreconocible.

Y qué hay de la derecha. ¿Puede ponerse al día nuestra democracia cuando el principal obstáculo para su reforma se encuentra en el partido del gobierno, cuya fuerza electoral se basa en la promesa contraria?

El Partido Popular tiene un suelo más sólido que ningún otro partido, demostrado a través de toda clase de escándalos y travesuras, pero su rapidísimo deterioro en las encuestas y los peligros que acechan al liderazgo hablan de una crisis profunda. Lo malo es que, en el estado de postración actual de la izquierda, no se vislumbran muchos estímulos para que las gentes sensatas de la derecha se planteen siquiera una renovación prudente.

¿Qué estímulos para el cambio va a haber en una organización que ha logrado cohesionarse con una combinación de sobresueldos, demagogia extremista para movilizar a los suyos y amenazas y castigo para quien se le oponga en el campo judicial o periodístico?

PP

Este es el partido que impediría hoy sin pestañear una salida democrática al problema catalán. Salida que no puede ser otra que la consulta de oficio, es decir, desde el gobierno central, con garantías y cautelas a la canadiense, para acabar de una vez con la anomalía de que el “derecho a decidir” siga confundiéndose con, y alimentando el, sentimiento independentista.

El partido que impide la dignificación de las víctimas del franquismo y la construcción de un relato inclusivo sobre los antecedentes de la democracia. El partido que acaba de suspender la Ley de Memoria Histórica, el partido que nunca completó su transición democrática, porque nunca se atrevió a desembarazarse simbólica y discursivamente de sus nexos con aquel régimen criminal.

El partido que ha convertido su tradicional reticencia al Estado del Bienestar en un ataque directo a sus fundamentos, a la universalidad de la sanidad, de la educación, de la dependencia, a la gratuidad de la justicia, al ejercicio de libertades ciudadanas elementales.

El partido que, pese a no haber apoyado en su día la Constitución, ha convertido su particular interpretación inmovilista de ella en el baluarte contra todo y contra todos.

El partido que no sólo ocupa las instituciones del Estado con voluntad de régimen, sino que no tuvo empacho en bloquear su funcionamiento en el Supremo, el Constitucional o el CGPJ, cuando no las controlaba. El partido que consigue apartar jueces incómodos de la carrera judicial, que logró esconder durante años su financiación ilegal y concurrió de modo ventajista a las elecciones.

El partido que agrupa con éxito todo el espectro de la derecha, desde la ultra y franquista hasta la moderada, desde la estatalista hasta la que se reclama liberal (con todas las cautelas para este término extraño entre nosotros), en una unidad inusual en nuestro entorno. Una unidad a la que sólo recientemente le ha salido un pero, el del jacobinismo de derechas de Rosa Díez.

El obstáculo que representa ese partido para que la libertad y la igualdad se conviertan en los ejes de la vida democrática, sólo se vería aliviado si el conservadurismo repartiera sus preferencias entre dos fuerzas políticas o, si el PP sufriera una suerte de refundación democrática que le desligara de su pasado más autoritario.

Ninguna de estas dos salidas parece apuntarse en el horizonte inmediato. El anclaje del PP en la mentalidad de este país es sólido, lo cual significa que nuestra cultura política, es decir, el conjunto de saberes y creencias de la población sobre el sistema político y sus instituciones, debe aún demasiado a los déficits de pedagogía democrática de aquella transición pactada. La transición permitió acceder a la democracia, pero al renunciar a esclarecer los crímenes del franquismo, debilitó sus fundamentos, precisamente en términos de cultura política, que es el lubricante que ahora nos falta.

La democracia requiere otra expresión política para la derecha, que resulte homologable en términos europeos, pero lamentablemente esto no es algo que las otras fuerzas políticas puedan resolver. Solo desde el interior de la propia derecha, pueden surgir las ideas y personas que refunden el partido. Descartado un proceso de “voladura controlada”, como el que aplicaron los democristianos y ex franquistas contra la UCD y que está, precisamente, en el origen del actual Partido Popular, no queda más que la “espera activa”. Entiendo por espera activa aquella forma de acción política que sí puede hacerse desde fuera, desde la izquierda política y, sobre todo, desde la sociedad civil: la crítica frontal, que desvele los mecanismos pre-democráticos del ejercicio del poder por el PP, el debate ideológico que desvele la persistencia del fondo simbólico franquista, y la movilización social que ponga en evidencia el entramado de intereses y privilegios que constituyen su núcleo sagrado.

Refundar la derecha es un objetivo demasiado quimérico hasta para sus mentores, cuanto más para quienes militamos en la izquierda, pero resulta imprescindible para que este país complete su transición. Lo malo es que ello exige una lucha en profundidad, una movilización democrática sin cuartel, sin pactos, sin tregua, para que sean sus propios votantes quienes acaben por exigirla.

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Dylan y el comisario Rehn (o los derechos sin contexto)

Javier de Lucas

Tenía el día suelto, que se dice. Y, por qué no, decidió permitirse alguna licencia poética. Mejor aún, musical. Pidió a su secretario que buscara en Google algo de Dylan. Preferentemente algo menos conocido, que diese la apariencia de un experto seguidor del viejo cantautor… y le salió Ballade of a Thin Man, una compleja canción del álbum de 1965 Highway 61 Revisited, protagonizada por un estrafalario Mr Jones.

El tono irónico y hasta crítico, quedaría bien, se dijo. Por ejemplo, donde Dylan canta algo así como “algo está pasando por aquí, pero tú no te enteras, Mr Jones!” (Because something is happening here / But you don’t know what it is / Do you, Mister Jones?).

Ni corto ni perezoso, colocó esos versos al principio y al final de su post Spanish Sketches A.D. 2013: Can Spain achieve what Ireland and Latvia did?, y lo colgó el 6 de agosto. Un post dedicado esta vez a amonestar a España, ese socio preocupante que, pese a los esfuerzos ímprobos de Mariano -siempre obediente y disciplinado-, debería tener la valentía de dar un paso más en el modelo de equilibrio y reforma de la economía europea por la que tanto  se esforzaban los líderes del FMI, al igual que los de la Comisión Europea dirigida por Barroso (él mismo sin duda; incluso el español Almunia…). ¿Cuánto le había dicho Lagarde que recomendaría el FMI a España? Sí, una reducción del 10% de los salarios en dos años sería un buen ejemplo de una meta seria, que permitiera el “tan esperado punto de inflexión”. O sea, una “devaluación interna”, como la que había dado resultados tan exitosos en Irlanda y Letonia, modelo de lo que España debería ser capaz de asumir. Y con argumento nada malo: favorecer el empleo de esos centenares de miles de jóvenes españoles que incrementaban la tasa de desempleo. Sí, decididamente España, como Mr Jones, tenía que poner el oído: no podían seguir instalados en esas cantinelas del Estado del bienestar, ideologías arcaicas propias de los que no se enteran de que el mundo que cuenta está ya en otra cosa.

Pero lo que no cuenta el comisario finlandés son otros datos: por seguir con los modelos que propone imitar, resulta que basta acercarse a los indicadores que más preocupan a los ciudadanos, como el paro y el poder adquisitivo (bien es verdad que esa es una variable que al comisario no le preocupa: ¿acaso mandan algo los ciudadanos?), desmienten semejante optimismo: Irlanda ha pasado del 6,4% de paro en 2008 al 14,7% en 2012 a pesar de haberse estancado en su poder adquisitivo. Y Letonia, del 8% al 14,9% de paro, pero además sus ciudadanos han perdido un 8,9% de capacidad de compra.

Aún peor. No es sólo que al buen Olli le parezcan cuentos de vieja eso de la prioridad de los derechos sociales, corazón del modelo social europeo. Es que él mismo tiene un pensamiento más abstracto que el fobotipo que los ingleses achacan a la filosofía alemana, y realiza esa operación tan frecuente que consiste en desvincular los derechos de su contexto. Aunque fue precisamente un descendiente de esa tradición filosófica, Marx, quien puso en evidencia ese pensamiento abstracto en su conocida crítica del concepto burgués de derechos humanos. Es ese planteamiento irreal el que le permite seguir diciendo que sí, que por supuesto tiene la mayor preocupación por los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores. Pero habría que recordarle al comisario Rehn, a la Sra Lagarde y demás cabezas de huevo al servicio de sus verdadero amos –que no de los ciudadanos-, que no es así como se garantizan los derechos. El contexto histórico, social, las condiciones concretas, son imprescindibles para medir si la presunta preocupación coincide con la garantía real, efectiva. Y entonces resulta fácil comprobar que nuestro Olli habla de boquilla, precisamente como ese Mr Jones al que critica Dylan.

¿Qué es eso de analogar todos los salarios? ¿De qué salarios habla cuando pide la reducción del 10%? Evidentemente, no del salario de Christine Lagarde (un 10% de 320.000 euros)? Ni del suyo como comisario (un 10% de 250.000 euros)? No son esos sueldos sobre los que se piden rebajas, porque, además, a ellos les incrementan el salario cada año, seguramente por lo bien que lo están haciendo. ¿Sabe el buen Rehn que los 25000 euros  -o incluso los 32000 euros -que supondrían en su caso y en el de Lagarde tales reducciones, son más del doble del salario completo medio de un trabajador en España, que apenas llega a 12000 y casi cuatro veces más que el salario mínimo interprofesional? ¿Sabe que cuando habla, pues, de bajar el sueldo un 10 % le está diciendo al trabajador español medio que pierda 1200 euros de sus 12000?

Al final habría que reconocer que sí. Probablemente el secretario de Rehn escogió bien dentro del repertorio de Dylan. Pero no para sostener sus argumentos, sino para permitirnos conocer mejor al comisario. Porque ¿quién no le reconocería en la descripción que ofrece Dylan de Mr Jones? ¿No es Rehn alguien que parece sobre todo preocupado por su imagen entre los académicos dominantes (esos que predican el evangelio neoliberal) y por citar de memoria lo política y culturalmente correcto? (you’ve been with the professors / and they’ve all liked your looks / With great lawyers you have / discussed lepers and crooks / You’ve been through all of / F. Scott Fitzgerald’s books / You’re very well read / it’s well known.

¿No podríamos decir que, con su post, Rehn ha entrado como un elefante en una cacharrería o, como dice Dylan de Mr Jones, “you walk into the room / Like a camel”?

Quizás habría que recomendarle, por seguir con la canción, que saque su nariz del muro y se ponga unos buenos auriculares para escuchar la realidad. Sí, eso es lo que necesita Rehn. Escuchar de verdad a Dylan y, de paso, releer el ensayo de otro sabio, el texto de Marx sobre La cuestión judía al que me refería más arriba y que nos enseña que, desvinculados de las condiciones reales, esos derechos proclamados como humanos sólo sirven para mantener el espléndido aislamiento de unos pocos, los que se pueden permitir vivir como islas, en un océano de miseria. Que Rehn se ponga auriculares, y escuche lo que le gritan millones de ciudadanos en Grecia, Portugal y España, hartos del despeñadero al que las recetas de las buenas intenciones de Rehn y sus condiscípulos con las que está empedrado nuestro infierno. De otra forma, merecerá el reproche del payaso a Mr Jones: “¿cómo se siente uno siendo un friki?” (“How does it feel To be such a freak ?”).

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