Tetek (II): Tocando los huevos

José Miguel Sánchez

Suena un teléfono en la lejanía. Al tercer timbrazo caigo en que es el sonido de mi móvil smartphone de última tecnología 4G. La madre que lo parió. Lo sigo pagando en cómodas cuotas mensuales. Me tiene una permanencia “queyoyaheperdidolacuenta”. He tardado otros tres timbrazos más en encontrarlo. Estaba debajo de las fotocopias de las recomendaciones del Defensor del Pueblo del último año. Es lógico que el peso de tanto incumplimiento de los derechos fundamentales por parte del Estado español haga silenciar hasta este potente smartphone “quenuncacabarédepagar”. ¡Que va! Es que le tenía puesto el volumen bajísimo desde la última reunión. Ya me extrañaba. El Estado español lo aguanta todo. Hasta los incumplimientos sistemáticos denunciados por el Defensor del Pueblo. ¡Coño! ¡Qué es la Soledad Becerril! Pedazo de incumplimientos deben de ser para que la marquesa de salvatierra los denuncie.

Mi smartphone “quenomepuedopermitir”, pero que si no lo tuviera estaría más desactualizado que un chaval de trece años, me ha chivado en la pantalla que es Lourdes. La he conocido hace poco. Al principio me pareció un poco pirrurris. Me extrañó. La amiga que nos presentó no parece codearse con tan alta alcurnia. Es más de mi clase social: media-en-decadencia. En compensación, su marido hace unas tortillas de patata de muerte. Lo de ella es más el salmorejo. Supongo que colgar con un apellido de rancio abolengo no ayuda mucho a tener buena imagen entre el populacho. Tras solo cinco minutos, tuve que tragarme todos mis pensamientos. Menos mal que no tengo la fea costumbre de pensar en voz alta. Tampoco la de escribir mis pensamientos en un blog para que se conozcan urbi et orbi. ¡Qué vergüenza si llegara a enterarse! No podría volver a mirarla a la cara. Pasaron cinco minutos más. Lourdes ya me había adelantado por la izquierda. Pero muy, muy, muy por la izquierda ¡A mí! A lo que hemos llegado.

MENA's

Señor Guerra, estaba usted equivocado. A su izquierda y la del PSOE no está el abismo. Hay un montón de organizaciones, asociaciones, fundaciones, colectivos, redes -personas al fin y al cabo. Son las que han dado, vienen dando y darán contenido a eso que ustedes llaman el Estado social. No es su patrimonio exclusivo. Ni siquiera es su patrimonio. Muchas -sin cobrar un duro en subvenciones- hacen lo que debería ser la función de un Estado decente. Todo ese mundo asociativo está y permanecerá a la izquierda de cualquier partido político. De usted. De mí. Del Estado mismo.

En esa izquierda está Lourdes. Por derecho propio. En el barro todos los días. Partiéndose la cara por la dignidad de los excluidos. El Estado los tira en las cunetas. Ella se para a devolverlos su dignidad. ¡Que indecencia de Estado! ¿¡Por dios santo!? Tanto opusino en el poder y solo se acuerdan de dios con lo del aborto y los maricones. No son cualesquiera excluidos. Son niños. Esos que el Estado llama MENAS. Como para esconderlos detrás de un acrónimo. Pues no. No son menores no acompañados. Nunca lo serán. No les acompañan ni su familia ni, mucho menos, las Comunidades autónomas que asumen a regañadientes su tutela. Esos chavales no están solos. Estaba Papa África. ¡Ole tus huevos Nacho! En tu tumba faltarán flores frescas. Nunca el recuerdo de aquellos niños a los que junto con Lourdes mirasteis a los ojos con respeto y humanidad y metisteis en vuestra propia casa y en vuestros corazones.

Fundac Raíces 2

Está Lourdes. Es la cabeza de la Fundación Raíces. Con un montón de gente comprometida. Hola Marta. Bienvenido Rafa. El conocimiento del derecho no exime de la sensibilidad social. Vosotros sois el mejor ejemplo. Está Javi Baeza. La columna vertebral de la Coordinadora de Barrios. Con todas sus anarcocatólicas en la vanguardia de la lucha. Cada una de ellas vale por un ejército. Pero de los que jamás dejan atrás a un herido ni dan por perdida una batalla. Aprende Rouco Varela. Comulgarán con magdalenas, rosquillas o con lo que le tengan a mano. Conocen mil veces mejor a dios de lo que jamás usted llegará a hacerlo. Viven instalados en el infierno de la exclusión. Presencian a diario el apocalipsis del olvido a los más necesitados. Y lo hacen sin su ayuda. Peor todavía, teniendo que superar los obstáculos que, descuidadamente, pone en su camino. Recuérdelo cada noche que se acueste en su cama de sábanas de hilo. Le rodea el frio de las ánimas del purgatorio que contemplan el dolor ajeno con indiferente displicencia. Javi -como Enrique Castro y Pepe Díaz– dormirán cubiertos con sacos de arpillera. Pero lo hacen rodeados del calor de las almas que han ayudado a evitar el precipicio. No cambio su suerte por la de ellos.

A lo que voy. Que me disperso. He descolgado el teléfono. Lourdes me invita a celebrar el cumple del Tetek el próximo 3 de octubre en la Gabinoteca. No sé si podré ir. Creo que ese día tengo Master de justicia criminal en la Carlos III. Hoy estoy espeso. Mi noción del tiempo y del espacio va en caída libre. ¿Cumple de Tetek? ¿Me estás vacilando? –le he espetado- ¿No lo celebramos antes del verano? ¿Cuántos cumples tiene? Porque papeles no tendrá, pero cumples más que yo. Y es que no se me escapa nada. Menudo fiera estoy hecho.

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Minería y derechos humanos en América Latina

Fernando Flores

América Latina se ha visto sometida desde inicios de los años 90 a un incremento significativo de la inversión –nacional y extranjera– en el ámbito de las industrias extractivas. Las compañías que allí operan son mayoritariamente norteamericanas, especialmente de Canadá, pero también las hay europeas, brasileñas y argentinas (y últimamente chinas), dedicadas en gran parte a la extracción de gas y petróleo.

Instituciones Financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la
 Corporación Financiera Internacional, así como los bancos europeos, facilitan créditos a las exportaciones y garantías de inversión para permitir que estas compañías puedan operar.

Sin embargo, el aprovechamiento de estos recursos minerales, muy atractivos para la financiación de los Estados y el trasiego en los mercados globales, viene necesariamente acompañado por grandes proyectos de infraestructura (oleoductos, hidrovías, carreteras, gasoductos, represas, tendidos eléctricos, etc…) que violentan de forma muy considerable el hábitat indígena y el medio ambiente.

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Las comunidades indígenas

Para los indígenas la tierra no es objeto sino sujeto, y su relación con ella no es de apropiación sino de reciprocidad. Más allá de los cambios que un larguísimo período de aculturación ha podido producir en muchas comunidades, es necesario partir de esa idea para entender la racionalidad indígena, el fundamento de su espiritualidad y la singular vinculación que mantienen con la tierra. Una vinculación que es de naturaleza no mercantil.

El territorio es la base de la supervivencia. En la tierra cultivan los productos que comen, venden o intercambian. En ella se crían sus animales. Su identidad se construye en el hábitat de los bosques, los ríos, los lagos, las sabanas. En él se organizan y se educan, de él depende su salud. En él construyen sus redes sociales y determinan un espacio psicosocial propio e intransferible. En él habitan sus dioses, sus mitos, su historia, y se encuentran enterrados sus familiares. En consecuencia, para los indígenas no cabe distinguir territorio y comunidad, pues ambas son parte de una sola identidad.

El conflicto y el Derecho aplicable

Existe, pues, una contradicción entre las políticas estatales dirigidas a aprovechar los recursos naturales en beneficio del desarrollo económico de cada país y la pervivencia de las comunidades indígenas en sus territorios.

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Becas y tasas. Las clases a clase

 Pepe Reig

El inmoderado ministro Wert celebra que las movilizaciones cívicas y estudiantiles contra su ofensiva privatizadora no tengan la contundencia que se acostumbra en otras latitudes. El estilo bronco del ministro de educación sólo puede considerarse inadecuado, si se busca un Pacto Educativo; pero no lo es en absoluto si se pretende arrasar un modelo defectuoso, pero solidario, solidario para implantar uno clasista. Y parece que ese es el plan.

La propuesta de apadrinamiento de estudiantes que defendió Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ante la brutal subida de tasas, representa el grado cero de la idea de un derecho universal a la educación. La indignación con que fue acogida por sindicatos y partidos de izquierda, asociaciones de estudiantes y por algunos rectores, da cuenta del deterioro de los consensos educativos básicos en el país. Pero los argumentos contra esta alternativa bienintencionada, aunque absolutamente dentro de la lógica neoliberal del gobierno y tan en línea con la conversión de la Universidad en un territorio de negocio, no han tenido la profundidad suficiente para afectar a su línea de flotación. Así que no descarto que nos encontremos de pronto ante el mecenazgo dieciochesco de talentos, a manos de nobles empresarios o sponsors de hoy en día.

El debate en España está siendo alicorto y conformista, porque se niega a llegar al fondo de la cuestión: el modelo de universidad que se pretende para una sociedad democrática europea del siglo XXI.

El efecto combinado de los recortes y reformas de Wert, junto a la subida de las tasas y el endurecimiento del acceso a las becas es la inversión de una tendencia que compartíamos hasta hace poco con la mayor parte del mundo. La tendencia a la democratización del acceso a los estudios superiores que se había ido registrando sin interrupción desde mediados de los noventa.

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En efecto, entre 1995 y 2009  se produjo, al decir de los expertos, una apertura generalizada del acceso a los estudios superiores de 22 puntos porcentuales de media en los países de la OCDE. Esto significa que “casi el 60% de las cohortes de edad relevantes acceden a la universidad” (Jorge Calero). Esto no ocurre solo, ni siquiera principalmente, porque se mejoren los indicadores de equidad en nuestras sociedades –todo indica que ha ocurrido justo lo contrario desde que el neoliberalismo es la religión oficial-, sino porque lo requiere el sistema productivo. La universidad como espacio de elite y privilegio había ido quedando atrás por razones de justicia y eficacia social. España había llegado a estar levemente por encima del objetivo marcado por la Unión Europea para 2020, pero los expertos creen que se acaba de invertir la tendencia.

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Tetek (I): La zona gris

José Miguel Sánchez

Se abre la puerta del Centro de Internamiento de Extranjero (CIE). Un subsahariano, alto y delgado, la franquea. Es la tercera vez que repite este ritual. Siempre la misma canción. Es detenido cerca de la sede de la asociación de los sin papeles. Quizá en el entorno de ese centro cívico okupado. Ahí recibe el consejo jurídico de los compañeros voluntarios o las clases de español para posibilitar su integración. Algo de lo que cualquier estamento público hace mucho que se ha desentendido. En una ocasión, incluso, cuando esperaba en la cola del comedor comunitario de Caritas. Está en situación irregular en España.

No me detengo a contarles su experiencia migratoria. Algún día lo haré. Tiene verdadero pánico a que se conozca la verdad por la que salió del Camerún. Pobre Tetek. Después de lo que le hemos hecho sufrir en este país. Piensa que ni le entenderíamos. No cambiaría ni el peor de los tratos recibidos en España por lo que le esperaría si retorna. Le admiro. Te mira a los ojos. Sabe que conozco su historia. Me repite: “si llegaras sólo a sospechar lo que sufrió ella en nuestro viaje hasta el norte de Marruecos”. Siempre para ahí. Se le inunda la mirada y se le caen unas lágrimas. Sólo lo he visto llorar en las ocasiones en que intenta hablar de “ella”. No sé quien es “ella”. Intuyo que ya no puedo hacer nada. Nunca insisto. Su recuerdo es lo que le ha dado fuerzas para continuar contra toda adversidad.

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Llegó hace ocho años a España. Era menor de edad. Eso fue otra desgracia para él. Recuérdenme que también se lo cuente. Tetek ha puesto a prueba mis más sesudos conocimientos del derecho. Años de estudios jurídicos, de doctorado, de práctica profesional, de imbuirme de la normativa sobre inmigración en España. De poco sirvieron cuando hubo que enfrentarlos a la reacción del Estado español. ¡Joder que crueldad! Nunca vi tanto ensañamiento. Ingeniería jurídica estatal en toda su pureza. Se le aplicaban interpretaciones normativas imposibles con una naturalidad que sonrojaría a los juristas más ineptos. Todos los estamentos estaban alineados. Su objetivo: no dejar ni un solo resquicio de trato humanitario. Eran tiempos de Gobierno del señor Zapatero. El Ministro del Interior era el señor Rubalcaba y su Secretario de Estado para la Seguridad el señor Camacho. No esperaba que se pusieran a la cabeza de la defensa de los derechos de los migrantes. Sobre lo que hicieron o permitieron hacer a las fuerzas policiales, prefiero no recordarlo ahora. Pecados de acción y/u omisión que nunca les perdonaré. Nada quiero decir. Qué impotencia.

Tetek está saliendo del CIE. Pampa es el único que le espera. Ninguno de sus compañeros se hubiera atrevido a acercarse tanto a la sede de la Brigada Provincial de Documentación y Fronteras de Madrid. Todos están en situación irregular. Pampa es harina de otro costal. Compañero, compañero del alma, compañero. Ya tiene la nacionalidad española. Para él era más fácil. Es argentino. Un superviviente. De esos que en la patera se hubieran tirado al agua sin pestañear a socorrer a un compañero. Se hubiera ahogado. El mar lo escupiría vivo. Es de esos compañeros que necesita toda persona que ya ha perdido la fe en el ser humano. Al menos, a mi me la hizo recuperar. No es mi amigo en el sentido fuerte. No dudaría en poner mi vida en sus manos. Gracias compañero, compañero del alma, compañero.

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Tetek está en la calle por tercera vez. Es la tercera vez que el Estado español se ha visto en la imposibilidad jurídica de expulsarlo a su país de origen. Otra vez. Se ha renunciado a ejecutar una decisión firme de retorno. ¿Cuál es la situación jurídica en que queda Tetek? No se lo van a creer. Bueno, sí, sí lo van a creer. Ya son muchos los años de contacto con la Administración española, de todo signo, para saber que aquí nunca se resuelve nada. Efectivamente. Tetek queda en la calle en la misma situación jurídica en la que entró. La situación de estancia irregular en España le llevó al CIE para ejecutar una expulsión, sustitutiva de una sanción de multa de trecientos euros. Pasó sesenta días dentro del CIE para que el Estado pudiera hacer efectiva esa sanción de expulsión. El retorno no se vio impedido por Tetek. Se limitó a esperar en el CIE. El Estado fue el único responsable de la inejecución. Salió de su internamiento en la misma condición de irregularidad migratoria. Imagínense: nos condenan a unos años de prisión para purgar la comisión de un delito. Tras salir de la cárcel ahí sigue la deuda con la sociedad, esperándonos en la puerta del centro penitenciario. Peor aún. Comete una infracción de tráfico. Después de pagar sus cien euros de sanción, eternamente llega un requerimiento para que siga pagando esos cien euros. Ni Sísifo, con la necesidad eterna de empujar la piedra por la ladera, fue sometido a tal agravio sin fin.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx), con sus sucesivas reformas, no ha establecido ninguna previsión al respecto sobre la situación de Tetek y los otros muchos Tetek anónimos. Tampoco el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la LOEx lo ha previsto. En su Título quinto (arts. 123 a 146) se regula la residencia por circunstancias excepcionales. Entre esas circunstancias no se hace mención alguna a los supuestos de los inmigrantes extracomunitarios con estancia irregular en España que hayan abonado la sanción de multa o los que, tras la imposición de una sanción de expulsión, haya prescrito o su ejecución haya sido renunciada por la Administración por imposibilidad jurídica o material de hacerla efectiva.

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Esta omisión normativa consagra una “zona gris”. Es una situación de silencio. Es la penumbra de la existencia de inmigrantes en situación de estancia irregular que el Estado no puede expulsar. Tampoco les quiere otorgar un permiso de residencia y trabajo. Son personas sometidas a un régimen de alegalidad migratoria. La omisión no ha sido involuntaria. Diversos informes fueron presentados durante la tramitación del Reglamento de la LOEx. Ni caso. Esta “zona gris” viene siendo asumida en España con normalidad como una consecuencia de la imposibilidad de ejecución de la legislación de extranjería.

El Derecho de la Unión Europea es tajante al respecto. No caben estas “zonas grises” en las legislaciones nacionales. A los inmigrantes extracomunitarios a los que se les impone una sanción de expulsión: o se los expulsa o se los regulariza. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en su Sentencia de 22 de octubre de 2009 (asuntos acumulados C-261 y C-348/08, María Julia Zurita García contra la Delegación del Gobierno en Murcia y Aurelio Choque Cabrera contra Delegación del Gobierno en Murcia) que ni el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen ni el entonces vigente Reglamento (CE) núm. 562/2006, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece el Código de Fronteras Schengen, “debe interpretarse en el sentido de que, cuando un nacional de un tercer país se encuentra en situación irregular en el territorio de un Estado miembro porque no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos relativos a la duración de la estancia aplicables en él, dicho Estado miembro no está obligado a adoptar contra él una resolución de expulsión”. Las dudas expresadas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia fueron categóricamente respondidas. La normativa europea no exigía a los Estados miembros la sanción de expulsión frente a cualquier situación de irregularidad migratoria en su territorio. Declaraba que la normativa española, que ha optado por sancionar con pena de multa la infracción administrativa de estancia irregular en España, es plenamente compatible con la normativa de la Unión Europea.

El art. 57.1 LOEx establece que “podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español (…)”. Es preciso analizar, por tanto, en los casos en que se pague la sanción de multa o ésta se sustituya por una decisión de expulsión, cuál es la previsión de la Unión Europea con quienes ya ha pagado la multa o aquellos en que la decisión de expulsión no pudiera ser ejecutada. La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular regula en su artículo 6 la decisión de retorno. Su apartado primero habilita la adopción de estas decisiones de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio. El apartado cuarto también hace especial incidencia en que “los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo (…)”.

Una apresurada lectura hace pensar que ambas regulaciones están desconectadas. Están recogidas en el mismo artículo correspondiente a la decisión de retorno. Ello impone una interpretación sistemática. La conclusión es que el Estado miembro, ante la situación de irregularidad en su territorio de un nacional de un tercer país, debe optar entre proceder a su expulsión o proceder a su regularización. Esta interpretación es la normalmente asumida por la Comisión Europea. El 18 de marzo de 2010, el Eurodiputado don Ramón Tremosa i Balcells dirigió a la Comisión Europea una pregunta escrita prioritaria [P7_QP(2010)1687] sobre la “Inscripción en el padrón municipal de los ciudadanos extracomunitarios y la Directiva 2008/115/CEE”. Interrogó sobre la conformidad a la normativa comunitaria de la actitud de las administraciones locales de no comprobar la situación de legalidad o ilegalidad de la residencia de los nacionales extracomunitarios a los que proceda a inscribir en los padrones municipales. La pregunta fue respondida por la Comisaria europea de Interior, doña Cecilia Malmström, el 7 de abril de 2010.

UN 10 % DE VALENCIANOS ABOGA POR EXPULSAR A TODOS LOS INMIGRANTES IRREGULARES

Su respuesta tuvo un importante eco en los medios de comunicación españoles. Los responsables políticos y los medios de comunicación hicieron especial incidencia en la primera parte de la respuesta. Se señalaba la posibilidad prevista en el art. 6.1 de la Directiva 2008/115/CE de “(…) expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio”. La respuesta de la Comisaria contenía una segunda parte. Expresamente mencionaba que “[i]nmediatamente después, en el artículo 6, apartado 4, de esa Directiva, se aclara que los Estados miembros pueden, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo. En este caso no se expedirá ninguna decisión de retorno o, de haberse expedido ya, se retirará”. Esta parte de la respuesta evidenciaba que la posición de la Comisión europea, en apreciación del derecho comunitario todavía vigente, es que sólo quedan dos opciones: se ejecuta la decisión de retorno o se regulariza.

La respuesta de la comisaria Malmström es inequívoca al respecto. Incide en que la imposición de esta alternativa en el derecho comunitario era conscientemente buscada. Concluye que “(…) fue propuesta por la Comisión y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo con el fin de reducir las «zonas grises», evitar la explotación de las personas en situación irregular y mejorar la seguridad jurídica de todas las partes implicadas”. Además, la respuesta, lejos de ser una apreciación abstracta, contiene una apelación directa a las autoridades españolas, al señalar su falta de libertad para optar por cualquier otra alternativa que no sea la de ejecutar la expulsión o “(…) poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio”.

La respuesta finalizaba con un recordatorio de la mayor importancia. “Los Estados miembros han de incorporar la Directiva 2008/115/CE a sus legislaciones nacionales antes del 24 de diciembre de 2010. La Comisión no está en situación de tomar medidas formales con respecto al cumplimiento de esa Directiva antes de tal fecha, pero incita a todos los Estados miembros, incluida España, a velar por el cumplimiento de las normas fijadas en la Directiva tan pronto como sea posible”. Muy atrás ha quedado la fecha del 24 de diciembre de 2010. Ninguna regulación ha desarrollado el Estado español sobre el particular. Poca voluntad política tuvo el Gobierno del señor Zapatero. Menos la tiene el del señor Rajoy. Ocupado está en otros menesteres. La Comisión de la Unión Europea esta llamada a informar antes de finales del año dos mil trece sobre el cumplimiento en la transposición y aplicación de esta Directiva.

No espero mucho. Tetek espera menos. Creo que este año ha conseguido nuevamente hacer la campaña de la fruta en Girona. No tiene permiso de trabajo. No tiene permiso de residencia. A su patrono poco le importa. Bueno. Sí le importa. Prefiere esta mano de obra. Son buena gente. Buenos trabajadores. Con ellos no hay problemas. El Estado lo sabe. Calla. Consiente.

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El burkini, una prenda “proporcionada” desde la perspectiva de los derechos humanos

Ana Valero

El Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo alemán acaba de dictar una sentencia con la que niega el derecho de las alumnas de religión musulmana a verse eximidas del deber de asistir a las clases mixtas de natación por motivos religiosos. La satisfacción de sus exigencias de conciencia habrá de limitarse, según el juez alemán, a poder asistir a las mismas ataviadas con el llamado “burkini”. El fallo se produce en respuesta a la pretendida exoneración de una alumna de 11 años de edad cuyos padres apelaron a una interpretación del Corán que impide que las mujeres mayores de 7 años muestren su cuerpo en presencia del sexo masculino.

Desde mi punto de vista, la instancia judicial alemana da una respuesta acertada, por proporcionada, a un conflicto de derechos fundamentales que tiene como telón de fondo la necesidad de conjugar el respeto a la identidad cultural y religiosa de los colectivos minoritarios en las sociedades europeas, con la protección del derecho a la educación integral y a la libre formación de la conciencia de los menores pertenecientes a dichos colectivos. Trataré de explicarme.

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Son múltiples las pretensiones de exención al cumplimiento de los deberes que impone la legislación del país de acogida que han llegado a las instancias administrativas o judiciales europeas en las últimas décadas, pero me centraré en las planteadas en el ámbito educativo. Ya en los años setenta, el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvieron que pronunciarse sobre la objeción de conciencia a la educación sexual planteada por determinados colectivos cristianos. Y más recientemente, múltiples son los supuestos de objeción que padres de religión musulmana presentan frente a la obligatoriedad de materias como la educación física, la asignatura de ciencias naturales o, incluso, la de música. A éstos cabe sumar el rechazo de ciertos padres con convicciones de raíz cristiana estadounidenses a que sus hijos adquieran conocimientos sobre la teoría evolucionista o el Darwinismo.

En todos estos supuestos de pretendida objeción por motivos religiosos las asignaturas cuestionadas formaban parte del currículo educativo obligatorio del sistema público de enseñanza, y en todos ellos, los demandantes consideraban que la integración de dicha materia en el currículo educativo de las escuelas públicas violaba su derecho de libertad religiosa y el derecho a que sus hijos recibiesen una formación que no contradiga las convicciones paternas. Y en todos ellos la respuesta judicial ha sido la misma: los derechos formativos de los padres deben ceder ante el derecho que corresponde a sus hijos de recibir una formación integral que contribuya al libre desarrollo de su personalidad. Pero vayamos paso a paso.

En relación con la educación sexual, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -Sentencias promulgadas en los Casos Kjeldsen, Bush Madsen y Pedersen c. Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976 y Folgero c. Noruega, de 29 de junio de 2007- estableció una importante doctrina cuyos puntos esenciales pueden resultar enormemente útiles para el enjuiciamiento de los diferentes supuestos de objeción parcial al sistema homologado de enseñanza que todavía hoy se siguen planteando. Dicha doctrina puede resumirse así: el Estado, cuando en el ejercicio de sus competencias en materia educativa, diseña el currículo educativo oficial no está obligado a adecuarlo a las distintas opciones ideológicas o religiosas paternas “accomodation”, lo que haría de la enseñanza algo impracticable. Lo único que no puede hacer la Administración Pública es introducir en el Currículo Educativo materias claramente “adoctrinadoras” de los menores.

Pero ¿cuándo una materia o el tratamiento docente de la misma puede ser “adoctrinador”? A este respecto el Tribunal Europeo también es claro. Puede haber materias como la educación sexual cuyos contenidos sean sensibles para determinadas opciones ideológicas y/o religiosas de la sociedad, pero, si las mismas son tratadas en la escuela con la objetividad y la neutralidad suficiente como para que su aprendizaje incentive el espíritu crítico de los alumnos, el Estado puede introducirlas en el currículo educativo como obligatorias para satisfacer la “educación integral de los menores”.

“Educación integral” que debe ser entendida como la posibilidad que tiene el menor de acceder en el ámbito educativo al pluralismo de ideas, creencias y convicciones presentes en la sociedad, aunque sean distintas o contrarias a las de sus padres.

Si la escuela pública es el lugar idóneo para que convivan las ideas, creencias o convicciones en plena libertad y para que las mismas puedan ser contrastadas e incluso cuestionadas por los menores, es imprescindible que la misma sea neutral. Dicha neutralidad de la Administración educativa, entre otras, es la que pretende garantizar el principio de laicidad vigente en la mayor parte de las Constituciones occidentales de nuestro tiempo. En dicha línea, la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana establece el “principio de separación Iglesia y Estado” que se concreta en la prohibición de que en las escuelas públicas se enseñe religión.

darwinismo

Pues bien, la Corte Suprema norteamericana debió pronunciarse sobre la demanda de diversos grupos cristianos que, durante años, y basándose en una interpretación literal de la Biblia, han tratado de expulsar del currículo educativo de la escuela pública la enseñanza de la teoría evolutiva o Darwinismo o han pretendido que la misma fuese expuesta a los alumnos como una teoría más e impartida en igualdad de condiciones a la teoría del creacionismo. En sus sentencias de los Casos Epperson v. Arkansas (1968) y Edwards v. Aguillard (1987), la Corte señaló que dichas pretensiones están basadas en una particular interpretación del Libro del Génesis por parte de un determinado grupo religioso y que, en consecuencia, tienen como finalidad última introducir la enseñanza de la religión en la escuela pública, algo terminantemente prohibido por la Primera Enmienda a la Constitución.

Dos décadas más tarde, en el Caso Edwards v. Aguillard (1987), la Corte Suprema tuvo que determinar si era acorde con la Primera Enmienda Constitucional una ley educativa del Estado de Lousiana que exigía a aquellas escuelas que enseñasen el Darwinismo en sus aulas, enseñar también la teoría creacionista. Y la respuesta fue contundente: la voluntad del legislador de Lousiana no era ampliar los conocimientos que sobre el origen del hombre podían adquirir los estudiantes en las escuelas del Estado, sino sujetar la enseñaza de todo lo relativo a este asunto a la visión de una confesión religiosa concreta, algo claramente inconstitucional.

A la Educación Sexual y al Darwinismo, debemos sumar desde el miércoles pasado una nueva materia: la natación. Siguiendo la misma línea de razonamiento que los Tribunales hasta ahora examinados, el Tribunal Administrativo Federal alemán ha entendido que la existencia de una prenda como el burkini permite “acomodar” las exigencias de vestimenta musulmana con el deber de las menores de dicha religión de asistir a las clases de una materia obligatoria. Y ello porque, según señala el propio Tribunal, es importante que las niñas musulmanas se vean confrontadas, siempre y cuando se sientan lo suficientemente cómodas, con alumnos que piensan de manera distinta en un clima de respeto y tolerancia.

Vemos cómo el Tribunal alemán prioriza el derecho de las menores a recibir una formación plural y, por ende, integral, que les permita tomar decisiones futuras, incluso de vestimenta, en plena libertad frente a las convicciones religiosas de sus propios padres, no sin buscar una solución equilibrada y “proporcionada” que respete todos los derechos fundamentales en conflicto: la utilización del burkini. Solución, por tanto, mucho más respetuosa con los derechos humanos que las prohibiciones absolutas que en materia de vestimenta musulmana –prohibición del uso del burka en los espacios públicos- han adoptado otros países europeos como Francia o Bélgica.

En el equilibrio y la proporción está el acierto y parece que el burkini, a pesar de dejar sólo al descubierto la cara, pies y manos de quien lo viste, es proporcionado.

Reprimir a fuego lento

Patricia Goicoechea

Hace dos años se publicó la novela Oxford 7 de Pablo Tusset. Está ambientada en el año 2089 y en ella se narra –entre coches voladores, chips subepidérmicos y estaciones espaciales– la intentona revolucionaria de una serie de estudiantes universitarios. Las revueltas estudiantiles son habituales y, para reprimirlas, los policías antidisturbios que les apuntan con sus bocachas disparan ¡multas! Conforme la presión va aumentando, se incrementa la cuantía de esas multas. Estos disparos obligan a muchos estudiantes a abandonar las protestas, puesto que afrontar el pago de las multas les impide abonar los gastos de sus matrículas.

Uno de los personajes de más edad cuenta cómo se desarrollaron las revueltas en Europa tras el crack de 2013 (la novela fue publicada en abril de 2011). “Aquello era la Europa de antes de la Unión Occidental, no lo olvidéis”, les dice para explicar cómo actuaba entonces la policía, cómo eran las porras con las que golpeaban a los manifestantes y cuáles las consecuencias de esos golpes. “No habían descubierto las posibilidades de la fiscalidad punitiva en toda su potencia, pero aprendían rápido”, concluye. El contexto represivo que se describe en la novela parece, efectivamente, mucho más civilizado. Los policías enviados a reprimir las revueltas estudiantiles no agreden físicamente a los estudiantes, tampoco los detienen, no los llevan ante un tribunal acusados de delito alguno. Simplemente, los multan.

Oxford 7 es una novela de ciencia ficción ambientada en un futuro lejano. ¿Seguro?

Desde mayo de 2011 se han impuesto, sólo en Madrid, más de 787 multas administrativas a personas que participaban en manifestaciones o concentraciones. Esto supone una recaudación de 309.763 Euros. Más de la mitad de estas sanciones (concretamente 496, lo que equivale a 142.730 Euros), se han impuesto por infracción de desobediencia (artículo 26.h) de la Ley 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana), argumentándose en esos expedientes sancionadores que el individuo en cuestión se encontraba participando en una concentración no comunicada a la autoridad competente y que habría desobedecido una orden de los agentes actuantes. Lo curioso es que tal orden supuestamente desobedecida rara vez se especifica en los expedientes sancionadores, de los que sin embargo sí puede deducirse que la supuesta orden sería la de abandonar el lugar, la concentración, al ser ésta una concentración no comunicada previamente.

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Desobedecer la orden de disolver una manifestación puede constituir una infracción administrativa grave, prevista en el artículo 23.d) de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Ahora bien, esa infracción del artículo 23.d) supone que la orden que se haya desobedecido tenga su razón de ser en una serie de motivos muy concretos, previstos en la Ley reguladora del Derecho de Reunión (Ley 9/1983). Conforme al artículo 5 de esta norma, las concentraciones o manifestaciones en lugares de tránsito público sólo pueden ser disueltas por tres únicos motivos: (i) cuando la manifestación en cuestión sea ilegal en el sentido del artículo 513 del Código Penal (es decir, las que tienen por finalidad la comisión de algún delito o aquellas en las que los participantes llevan armas, explosivos u objetos peligrosos), (ii) cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, (iii) cuando se hiciera uso de uniformes paramilitares por los participantes.

Entre estos motivos, claramente, no se incluye la ausencia de comunicación previa de la concentración a las autoridades. Ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico autoriza a los agentes de la autoridad a ordenar la disolución de una concentración por el hecho de que no se haya cumplido con un requisito formal. Ninguna norma prohíbe tampoco participar en una concentración que no haya sido previamente comunicada. Por la tanto, la orden dada a los manifestantes de disolver una concentración por el mero hecho de que ésta no haya sido previamente comunicada es una orden que en sí misma carece de base legal. No cabe, en fin, infracción de desobediencia cuando la orden emitida no es legal. Y, cuando no hay infracción, no puede haber sanción.

Disolver una concentración supone impedir el ejercicio efectivo del derecho de reunión y es precisamente por ello por lo que sólo puede emitirse la orden de disolución basándose en los motivos expresamente previstos en las normas. De igual modo, toda sanción que tenga su razón de ser en el ejercicio del derecho de reunión debe estar especialmente motivada por la autoridad que la impone y únicamente podrán sancionarse aquellos comportamientos que las normas califican como infracción. Fuera de estos casos, las sanciones serían una limitación injustificada y desproporcionada del ejercicio de un derecho fundamental. En palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “la esencia misma del derecho a la libertad de reunión se vería afectada si el Estado (…) impusiera sanciones a los participantes [en una manifestación] por el mero hecho de participar en ella, sin que hubieran cometido ningún acto reprochable” (Sentencia en el asunto Galstyan c. Armenia, de 15 de noviembre de 2007, párr. 117).

Con rotundidad lo ha expresado recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid, en su sentencia de 30 de julio de este año, que anuló la sanción, por supuesta infracción de desobediencia, impuesta a una manifestante por la Delegación de Gobierno de Madrid. La sentencia concluye que la imposición de tal sanción constituye una vulneración del derecho fundamental de reunión y manifestación reconocido y protegido por nuestra Constitución. Así, en el Fundamento de Derecho Cuarto se afirma textualmente que “se ha producido una vulneración del derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución dado que mediante las actuaciones sancionadoras se enerva la posibilidad de poder reunirse de manera pacífica y en señal de protesta, pues la orden dada de disolución no tenía una justificación amparada legalmente que la hiciera procedente.”

La limitación de derechos puede tomar formas muy diversas. La más extrema es la prohibición del ejercicio. Pero no es la única mediante la cual puede alcanzarse el mismo fin; es decir, impedir el ejercicio del derecho en cuestión. Entre las formas más habituales de restricción del ejercicio del derecho de reunión se incluyen aquellas condiciones que imponen las autoridades a los organizadores de una manifestación, impidiéndoles celebrarla en el lugar que éstos han elegido y obligándoles a desplazarse a espacios más alejados; o bien la prohibición de determinadas consignas. Medidas que también contribuyen a limitar el ejercicio del derecho de reunión son las intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad con el fin de disolver las concentraciones y que pueden concluir con cargas policiales y detenciones. Lo que todas estas formas de obstrucción del ejercicio del derecho tienen en común es su visibilidad y la conciencia colectiva de que a través de ellas se está llevando a cabo una forma de represión.

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Ahora bien, hay una forma de obstaculizar e incluso impedir el ejercicio de los derechos más discreta, más suave en apariencia, pero igual de dañina, y es el recurso a las sanciones administrativas. Represión de baja intensidad, o buro-represión, es aquella que ejercen las autoridades, a través de la imposición de sanciones (generalmente, la imposición de multas), sobre quienes llevan a cabo actividades que aquéllas no consideran deseables, aún cuando tales actividades sean legales.

Van a disparar multas indiscriminadas de 10 eurodólares”, le dice BB al Profesor Palaiopoulos en Oxford 7. “¿Contra qué infracción? No pueden disparar multas si no hay infracción previa.” (…) “Ordenanza de Emisión de Residuos Gaseosos: la concentración no autorizada produce más vapor de agua por vía respiratoria del permitido en esa área”.

Este tipo de represión se caracteriza porque la aplicación de la norma sancionadora no se realiza para cumplir con el fin protector que tal norma tiene (en ese caso ficticio, la protección del medioambiente), sino que se utiliza la base legal para entorpecer o evitar el ejercicio de un derecho (el derecho de reunión, la libertad de expresión y, por tanto, el derecho a participar en asuntos públicos).

A esta conclusión llegó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid en la sentencia que mencionamos más arriba, y por ello señala que “las actuaciones del expediente administrativo tienden no a salvaguardar la seguridad ciudadana que nunca se puso en peligro sino a evitar o limitar el ejercicio pacífico de un derecho fundamental, de reunión, que no precisa de más elementos para su desarrollo. Es cierto que participan en una reunión o concentración no comunicada, pero cuando se desarrolla sin previa comunicación pero siguiendo pautas y derroteros pacíficos y civilizados ha de existir una motivación específica en la orden o resolución administrativa que ordena la disolución o desconcentración de los reunidos al suponer una restricción de un derecho fundamental por razón únicamente del incumplimiento de un requisito administrativo cuál es la comunicación previa. Se ha de atender en todo caso al principio de favor libertatis de tal manera que sólo se ha de limitar el ejercicio del derecho cuando haya elementos, firmes e indiscutibles, de los que pueda deducirse la clara existencia de un peligro concreto y no meras sospechas o posibilidades de que pueda haber alteraciones del orden público”.

La imposición de sanciones económicas tiene una intención y un efecto represivo directo, en la medida en que sanciona a quien ha tratado de ejercer un derecho. Pero tiene también una intención y un efecto disuasorio, indirectos, en tanto que la imposición de la sanción constituye un mensaje a quienes pretendan ejercer tal derecho en un futuro. Con la experiencia de estos dos últimos años de movilizaciones sociales, es sabido que participar en una manifestación puede llegar a costarle a uno entre 300 y 30.050,61 Euros, y ello sin necesidad de haber incurrido en ningún comportamiento sancionable, sino por la mera participación en la concentración. En definitiva, uno puede encontrarse con una multa por haber hecho aquello que la Constitución le permite: ejercer legítimamente sus derechos fundamentales de reunión y participación en asuntos públicos.

En respuesta a la inquietud social, a la voluntad de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos mediante el legítimo ejercicio de su derecho fundamental de reunión (que no es sino una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión), las autoridades han optado por una táctica de desgaste. Reprimir la protesta social a fuego lento, atacando el flanco más débil es este momento, que es el la capacidad (o incapacidad) económica de los individuos.

En la novela Oxford 7 el personaje Rick Blaine afirma que en el año 2013 las autoridades aún “no habían descubierto las posibilidades de la fiscalidad punitiva en toda su potencia, pero aprendían rápido”. Y vaya si aprenden rápido.

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Para saber más:

* Líneas Directrices de OSCE sobre Libertad de reunión (2ª edición)
- en inglés: http://www.osce.org/odihr/73405

* Observación General núm. 34 al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm

* Informe del Relator especial de Naciones Unidas para el Derecho 
de reunión, mayo de 2012 (en inglés):
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf

 

 

Somos transparentes, son opacos

Fernando Flores

¿Qué saben de nosotros sin nuestro permiso? ¿Qué nos ocultan que deberíamos saber? ¿Por qué (en sociedades llamadas democráticas) los ciudadanos somos tan transparentes y los gobiernos son tan opacos?

Ahora que parece que la historia de Edward Snowden se ha estabilizado en Moscú (mientras mantenga la boca callada) y la del soldado Manning ha quedado sentenciada a 35 años de cárcel (una desproporción denunciada con argumentos nada débiles), quizás podamos detenernos un poco más en el aviso urgente que sus acciones revelaron y en las razones por las que la terrible fuerza del sistema estadounidense los ha aplastado.

Por el analista de inteligencia del ejército estadounidense Manning supimos, entre otras muchas cosas, que su gobierno pasó por alto y no investigó cientos de informes que durante la Guerra de Iraq denunciaban violaciones graves de derechos humanos: abusos, torturas, violaciones y asesinatos llevados a cabo por parte del ejército que ocupó Iraq, así como por la policía y el ejército iraquís, aliados de las fuerzas internacionales. Supimos que sí había un registro oficial de víctimas (algo que se negaba reiteradamente), y asistimos al espeluznante y frívola masacre perpetrada desde un helicóptero Apache a un grupo de personas (entre ellas un periodista de Al Jazeera) que no presentaban actitud peligrosa o agresiva, así como de quienes trataron de recoger y proteger a los heridos.

Snowden - Manning

A Snowden, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), le debemos la revelación de documentos clasificados sobre varios programas de la NSA, especialmente el conocido como PRISM, dirigido a la vigilancia de ciudadanos estadounidenses que viven dentro y fuera del país. Dicho programa pondría a disposición de la Agencia correos electrónicos, vídeos, chat de voz, fotos, direcciones IP, notificaciones de inicio de sesión, transferencia de archivos y detalles sobre perfiles en redes sociales.

La razón de Manning era la necesidad de que el público conociera cómo operan las Fuerzas Armadas estadounidenses en el exterior. “Pensaba y todavía pienso que estos son algunos de los más importantes documentos de nuestra era”, afirmó en juicio. Dijo además que su país “se había obsesionado con matar gente” en sus operaciones, y argumentó que mucha de la información que manejaba y filtró a Wikileaks no era especialmente sensible para la seguridad nacional estadounidense y que, pese a que tenía el sello de clasificada, “podía dejarse sobre la mesa”.

En cuanto a Snowden, el Washington Post informó de que el motivo de sus filtraciones era destapar el “estado de vigilancia” existente en Estados Unidos, pues en conciencia no podía permitir al gobierno “destruir la privacidad, la libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto”.

NSA building

Aunque así se ha afirmado por la acusación, no está claro que las filtraciones de Manning hayan puesto en grave peligro personas o instalaciones vinculadas al ejército estadounidense o a las fuerzas de la OTAN, y en el juicio no se pudo mencionar a una sola persona que falleciera a causa de represalias en respuesta a la publicación de dichas informaciones. Sobre las repercusiones que las revelaciones de Snowden hayan tenido sobre la seguridad nacional, están por ver, aunque según el Presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, “la revelación de esta información pone en peligro a los estadounidenses, muestra a nuestros adversarios qué podemos hacer, y es una violación gigantesca de la ley”.

Sea como fuere, la reacción de la administración estadounidense en ambos casos ha sido, desde un principio, implacable. Como decía Bill Keller, del New York Times, “Estados Unidos ha lanzado un mensaje escueto pero claro: si están pensando en incumplir su obligación de guardar secretos, piénsenselo dos veces, porque les buscaremos y les abatiremos. Puede que para algunos (Manning y Snowden) sean soplones beatificados, pero para su Gobierno son traidores”. Este mensaje no ha quedado en palabras y repercusiones negativas para los informadores, ha provocado importantes consecuencias dentro y fuera del país. Por ejemplo, la empresa estadounidense de mail seguro que dio servicio a Snowden –Lavabit–  ha decidido cerrar antes que dar información y datos al Gobierno (por cierto, muy interesante su nota de despedida, en la que argumenta que cierra “para evitar ser cómplice de crímenes contra el pueblo americano”). Y más allá del enfriamiento diplomático con Rusia, no hace falta recordar la penosa situación que han protagonizado varios países europeos (entre ellos España) por su gestión del asunto Evo Morales, aun habiéndose revelado que ellos mismo son “objetivo a espiar” (eso sí con distintas prioridades) por los Estados Unidos.

colateral murder

Sin embargo, desde otra perspectiva que no deja de ser importante –la de los derechos fundamentales–, estos “traidores” revelaron información secreta o clasificada que nos habla de algunas cosas que deberíamos haber sabido sobre la actuación de la Administración estadounidense (y aliadas), y nos habla de cosas que esa Administración sabe sobre la privacidad de los ciudadanos, sin que esos ciudadanos siquiera estén advertidos de que eso puede ser posible. Es decir, esa información nos habla de la negación de nuestro mismo derecho a dar y recibir información; nos habla de la distorsión del derecho al control de los poderes públicos en los sistemas democráticos; y nos habla de la intromisión aparentemente desproporcionada en el derecho a la intimidad personal y familiar, en ese espacio privado irreductible que debe estar a salvo de cualquier intromisión de terceros, más aún si ese tercero es el Estado.

Llegados a este punto, tres son las reflexiones que brevemente me gustaría compartir en este post.

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