¿Por qué yo, agente?

José Antonio García Saez

El pasado viernes 22 de noviembre se presentó el informe sobre Identificación policial y perfil étnico en España, elaborado por investigadores del Institut de Drets Humans de la Universitat de València y de la Universidad de Oxford. En el acto nos reunimos académicos, fiscales, policías y miembros de ONG para discutir sobre el asunto. ¿Por qué, como muestra el Informe, la policía para e identifica en la vía pública diez veces más a los gitanos que a los payos? ¿Por qué a los magrebíes siete veces más que a los blancos? ¿Por qué a los extranjeros tres veces más que a los nacionales? ¿Qué podemos hacer para que esta situación, que rompe el principio de igualdad, cambie?

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Un día antes de la celebración del seminario, la prensa daba a conocer que la policía acudía a las puertas del centro social de la ONG Valencia Acoge en busca de inmigrantes sin papeles, parando únicamente a las personas que respondían a determinadas características físicas. Y ello a pesar de que la propia Dirección General de Policía, a través de la Circular 2/2012, de 16 de mayo, prohibió los cupos de identificación o detención de extranjeros y las actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos. Tras múltiples denuncias de las organizaciones sociales, del Defensor del Pueblo y de distintos organismos internacionales (recuérdese la resolución del Comité de Derechos Humanos por el caso Williams Lecraft), dicha Circular puede ser claramente interpretada como el reconocimiento implícito por parte del Estado español de la práctica de identificaciones policiales basadas en el perfil étnico.

El problema planteado por Juvenal de quis custodiet ipsos custodes, quién vigila a los vigilantes, quién controla a los que controlan, es tan antiguo como la propia organización social. Somos libres porque somos siervos de la ley, porque nos sometemos por igual a unas mismas normas, nos dice la teoría política clásica desde Cicerón. En un Estado democrático de Derecho esa sumisión, sin embargo, no es una sumisión sin condiciones: por un lado los ciudadanos, a través del voto, participan idealmente en la elaboración de la ley a la que están sometidos; por otro lado, quien ejerce el poder lo hace también sometido a la ley. La esencia del Estado de Derecho consiste, precisamente, en que todo ejercicio del poder está siempre sometido al Derecho y (al menos en la versión del Estado constitucional) a los derechos. Nunca cabe, por lo tanto, un ejercicio absoluto del poder por ninguno de los órganos del Estado.

Aunque sometidos a la ley, los policías, como los jueces, o como cualquier funcionario, se ven obligados continuamente a tomar decisiones; y esas decisiones implican en no pocas ocasiones un inevitable margen de discrecionalidad. Hay que confiar en la policía —reclamaba un directivo de la Escuela Nacional de Policía durante el acto de presentación del informe—, porque es inevitable que el policía tome decisiones discrecionales en el ejercicio de su tarea de velar por la seguridad pública. En efecto, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 1/1992, otorga a los agentes de policía la potestad de requerir la identificación “siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad”. La ley no especifica mucho más para regular esta potestad.

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Ahora bien, es necesario recordar una idea nada novedosa: discrecionalidad no es arbitrariedad. Dentro del margen que le otorga la ley, un órgano estatal puede tomar una decisión u otra, pero lo importante es que esa decisión se encuentre suficiente y adecuadamente justificada. Un juez podrá condenar a quien ha cometido un homicidio a 10 años o a 14 años de prisión, y ambas decisiones serán aceptables en Derecho siempre que se aporten razones que las justifiquen, siempre que se encuentren motivadas. La motivación es el requisito que se le exige a toda sentencia para que pueda ser controlada por un órgano judicial superior ante un eventual recurso. Cualquier decisión que tome un poder, entonces, debe ser una decisión motivada, que se justifique, que aporte razones de por qué ha sido tomada. Y ello porque la motivación es un requisito para el control, y el control de las decisiones de la autoridad es un pilar de la democracia. Tan importante es dar cuenta hoy de las razones que sustentan las decisiones jurídicas que juristas como Manuel Atienza han llegado a caracterizar al Derecho como una actividad fundamentalmente argumentativa.

La decisión de un agente de policía de parar e identificar a una persona (y no a otra) por la calle no puede escapar a esta exigencia de justificación. La experiencia de ser sometido a un control policial, además de no ser agradable para nadie, supone una limitación de derechos fundamentales; en consecuencia, sería deseable que el agente que tomara la decisión deba realizar un mínimo esfuerzo justificativo ante la persona que identifica. Por ese motivo en otros países han comenzado a implementarse el uso de boletines para las paradas e identificaciones policiales. Cuando un policía decide identificar a una persona, debe cumplimentar un boletín, del que entrega copia a la persona identificada, en el que especifica las razones que le motivan a pararla y esas razones, obviamente, no pueden estar basadas en prejuicios relacionados con los rasgos étnicos de la persona.

En España, la experiencia de Fuenlabrada, implementada tras la participación en el proyecto europeo STEPSS (Strategies for Effective Police Stop and Search Project), es todo un ejemplo en este sentido. La utilización de boletines ha hecho que las identificaciones practicadas por la policía se reduzcan a la mitad y que, al mismo tiempo, la efectividad de las mismas aumente del 10 al 30%. Según nos explicó David Martín, segundo jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, junto con una adecuada formación en la gestión policial de la diversidad, el uso de boletines obliga al agente de policía a pensar mucho mejor su decisión de parar a una persona, haciéndole dejar al margen los prejuicios raciales que pueda tener y fijarse mucho más en el comportamiento de las personas y en otros elementos objetivos que puedan ser indicativos de cualquier infracción.

Se llega así a la constancia de que la identificación policial por perfil étnico no solamente viola los derechos fundamentales de la persona que es identificada sin mayor razón, sino que además disminuye la efectividad policial y, con ella, la seguridad ciudadana. Es por ello que los expertos y las organizaciones por la defensa de los derechos humanos reclaman cada vez con más fuerza la introducción de boletines de identificación, entre otros mecanismos de control. Cualquiera que sea parado e identificado debe tener, como mínimo, el derecho a obtener respuesta a la pregunta de ¿por qué yo, agente? ¿por qué me identifica a mí, y no a otra persona? No se trata de entrar en la estéril discusión sobre la bondad o maldad de los policías, sino de conquistar mecanismos de fiscalización y control que sirven para garantizar derechos fundamentales. Y ello, en un momento en el que el poder amenaza con hacer justo lo contrario, es más necesario que nunca.

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Foto: Edu León & Olmo Calvo http://www.fronterasinvisibles.org

Tibet: los derechos de los otros y nuestros intereses

Javier de Lucas

Esta semana hemos conocido una decisión que es un importante avance en la lucha por los derechos humanos. La Audiencia Nacional española ha cursado las órdenes internacionales correspondientes para poder llevar ante los tribunales a altos dirigentes del Partido Comunista chino y de su Gobierno, presuntamente implicados y aun responsables del genocidio tibetano en las décadas de los 80 y 90. Entre ellos,  el expresidente Jiang Zemin y su sucesor, Hu Jintao.

Esta causa judicial, en manos del magistrado Ismael Moreno, se inició en 2006, tras una querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), y se basa en el trabajo jurídico del abogado e investigador del Institut de Drets Humans Universitat de València, José Elías Esteve, que realizó su tesis doctoral sobre el Tibet, publicada poco después como libro que conviene consultar: Tibet. La frustración de un Estado. El genocidio de un pueblo. Precisamente el Instituto ha organizado un Congreso internacional sobre el problema que tendrá lugar los días 28 y 29 en la misma Universitat (aquí su programa).

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Pues bien, aunque, a mi juicio, resulta evidente que se trata de un paso decisivo en el proyecto de hacer realidad el principio de jurisdicción universal –desde luego, simbólicamente, pues se plantea por primera vez a los dirigentes de una gran potencia-, parece que no son pocos los que pretenden ignorar esta evidencia, o incluso negarla.

Así, por ejemplo, los hay que tratan de ridiculizar la decisión, con el peregrino argumento de que se trata de un gesto superfluo, megalómano y, en todo caso, inútil. Les parece que supone sacar los pies del tiesto: “¿La Audiencia Nacional ocupándose de China? ¿Es que no hay suficiente trabajo aquí? ¿Quién les va a hacer caso?”. Son los mismos que, en la mejor de las hipótesis, despachan el asunto con la referencia a la ingenuidad o el utopismo propias de académicos o doctrinarios que ignoran la realidad, si es que no se trata –en la hipótesis menos generosa- de quienes practican una política de gestos que salen baratos a quien los propone, aunque nos puedan resultar muy caros a los demás: los consabidos intereses.

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Precisamente hay quienes subrayan lo dañino e irresponsable de tales decisiones, que ponen en peligro nuestra relación con una superpotencia con la que más vale llevarnos bien, pues la necesitamos: hay muchos intereses en juego, que se verían afectados muy negativamente si insistimos en esta vía. Desde la balanza comercial, las exportaciones españolas a China, el incremento del turismo chino en España, o las ganancias reales y futuras de cientos de emprendedores españoles, muchos de ellos ya presentes en ese país. Por no hablar de efecto estimulante que pueden tener las relaciones con China sobre una España  sumida en la crisis y con tanto paro.

Nada nuevo, por otra parte. El “realismo” frente al “idealismo” (algunos dirían ‘fundamentalismo’). La ética de principios frente a la ética de la responsabilidad. Bla, bla, bla… Por mi parte, creo que es hora de dejarse de tópicos. Y de dejar claro si tomamos o no en serio los derechos humanos. Porque la lógica de la soberanía estatal (los “asuntos internos” o “propios”) es incompatible con la lógica universalista de los derechos humanos. Antes o después, como han advertido por ejemplo Carrillo Salcedo o Ferrajoli, entran en colisión. Y hay que decidir. Si hacemos excepciones por razones de Estado (para llevarnos bien, para ser realistas), los derechos humanos son papel mojado, como “en realidad, sabe todo el mundo”:  quod erat demonstrandum.

Por esa razón hay que decir que no. Que no es aceptable el mantra del “realismo”. Y decirlo precisamente cuando se está ante la prueba del nueve: no para mandar cañoneras a unos desharrapados de un islote, sino para exigir su cumplimiento, aunque suponga imputar a las más altas autoridades de un Estado; más aún, si es una gran potencia la que ha violado y gravemente esos derechos humanos.

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¡Abolición, ya!

Ana Valero

Han pasado setenta años desde que George Junios Stinney, un menor negro de 14 años de edad, fue ejecutado en la silla eléctrica en Carolina del Sur. Hoy, la incansable lucha de su familia y de activistas contrarios a la pena de muerte, puede derivar en la reapertura de un caso que se cerró tras un juicio que duró dos horas y en el que se vulneraron todos los derechos de defensa del menor. Con este caso se escribe una de las páginas más negras de la historia jurídica de los Estados Unidos, una historia que convierte a este país en la única democracia occidental que mantiene la pena capital.

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Es cierto que en la actualidad diecisiete estados norteamericanos han abolido la pena de muerte de sus legislaciones. Así, Nueva Jersey, Nuevo México, Illinois y Connecticut lo han hecho desde el año 2007 a esta parte, Maryland en el año 2013, y las condenas a muerte y las ejecuciones han disminuido significativamente en los estados que todavía la mantienen, reduciéndose igualmente el apoyo de la sociedad a este castigo. Sin embargo, treinta y cuatro estados todavía prevén en sus legislaciones la pena de muerte y, como se ha evidenciado recientemente en Texas, Florida o Georgia, los estados del Deep South no tienen ningún reparo en llevar a cabo ejecuciones. Además, la población que se encuentra en el corredor de la muerte ha aumentado sensiblemente en las últimas cuatro décadas.

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Respiren hondo

Teresa Ribera

“Respiren hondo prestando atención. Somos la primera generación de humanos que con cada bocanada de aire inhalamos 400ppm de CO2e”. Con esta gráfica referencia inauguró Christiana Figueres, la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático la Conferencia de las Partes 2013 el pasado 11 de noviembre en Varsovia.

Cinco días antes, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmaba el dato: la medición de la concentración promedio de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante 2012 superó las 397 partes por millón, muy por encima de las concentraciones promedio en la era preindustrial, en el entorno de 278ppm, e incomparable a ningún otro registro reportado por los estudiosos del clima en los últimos 800.00 años.

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Si se mantiene la tendencia, el incremento promedio de la temperatura de 0,8ºC vivido en las últimas décadas podrá ser de hasta 4.6ºC a finales de siglo XXI.

Afortunadamente, los gobiernos de 189 países se comprometieron hace unos años a tomar las medidas precisas para que la temperatura media no se incremente más de 2ºC. Eso nos hará convivir con muchos cambios, nos obligará a adaptarnos a un clima distinto y, para muchos, supondrá amenazas tan serias que será imprescindible que la comunidad internacional responsa solidariamente con los más vulnerables. Mantengamos viva en la retina la imagen de desolación de Filipinas: una realidad meteorológica que, compatible con las proyecciones, podría llegar a ser parte de la nueva normalidad climática.

La alarma suena de nuevo cuando el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos recuerda que, a pesar de ese compromiso de no permitir que la temperatura supere 2ºC más, las medidas identificadas y comprometidas hasta la fecha todavía quedan muy por debajo de los rangos de probabilidad de éxito y muy por encima de lo recomendable desde el punto de vista de distribución de esfuerzos y costes en el tiempo. Es decir, estamos aún muy lejos de saber qué vamos a hacer para asegurarnos un futuro menos cálido y un incremento exponencial de los riesgos a los que ya hoy estamos expuestos. Es lo que, en la jerga climática, se conoce como “emissions gap” que, a escala global, nos obliga a identificar medidas para reducir entre 8 y 12 GtCO2e adicionales al año de aquí a 2020 (a modo de referencia, en 2010 emitimos anualmente alrededor de 50GtCO2e y para mantenernos en una senda de probabilidad de éxito razonable deberíamos emitir alrededor de 44GtCO2e en 2020, 40GtCO2e en 2025, 35GtCO2e en 2040 y 22GtCO2e en 2050).

Muchas medidas para reducir la distancia que todavía existe para cumplir nuestros compromisos son claras, factibles y tienen ventajas mucho más allá de la preservación del clima. Benefician también nuestra salud, nuestro bolsillo y las arcas públicas; inducen actividad industrial, innovación y empleo y, sobre todo, reducen la factura en vidas humanas y pobreza que dibujan las proyecciones de clima. La gran dificultad para llevarlas a cabo es, sobre todo, política: las implicaciones que los cambios tienen en nuestro modelo económico actual, la estructura empresarial y financiera construidas sobre la premisa de la alta rentabilidad de las inversiones en combustibles fósiles y la demanda de un esfuerzo social colectivo que puede generar irritación en el corto plazo a votantes y consumidores; aun cuando, en el medio plazo, reporte muchas más ventajas que cualquier escenario tendencial de los que se manejan.

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Hay una gran coincidencia al señalar dos grandes áreas sustantivas de actuación: energía y agricultura/bosques. Empezando por la primera, se requiere una inmensa apuesta por la eficiencia energética a todos los niveles, incluida la creación de herramientas específicas para que cualquier ciudadano con intención de invertir en la reducción drástica de su consumo energético en el hogar pueda acceder fácilmente a la financiación inicial que requiere con cargo a los ahorros futuros. Es imprescindible, además, eliminar las billonarias subvenciones a combustibles fósiles que la Agencia Internacional de la Energía cifra en más de 519 billones de dólares/año; en su lugar sale más barato y eficaz económicamente subvencionar directamente a las rentas bajas o a los trabajadores de sectores especialmente afectados como los de la minería del carbón ineficiente. Si a eso sumamos un amplio despliegue de las energías renovables que son ya hoy viables a un coste razonables tenemos gran parte de la ecuación resuelta.

En agricultura, las recomendaciones de mayor impacto son las relativas a una reducción del uso de fertilizantes nitrogenados, una mejor gestión de las emisiones de metano y otras buenas prácticas agrícolas y de usos de suelo que eviten la deforestación y aprovechen al máximo el potencial de fijación de CO2 que ofrecen las plantas.

Con esta agenda, compleja pero positiva, se reanudan las negociaciones internacionales para adoptar marcos globales que faciliten la reducción de emisiones. Lástima que en menos de 48 horas, Japón haya anunciado que renuncia a cumplir sus compromisos de reducción por las dificultades originadas por Fukushima y el nuevo gobierno de Australia haya confirmado su declarado entusiasmo por el carbón y su nula intención de mantener la palabra dada por el anterior en materia de clima y energía.

Es decir que, cuando el viernes 22 de noviembre Christiana Figueres vaya a clausurar la conferencia, no es descartable que tenga que apostillar su entrada: “respiren hondo y disfruten porque, quizás, ésta sea una de las últimas ocasiones en las que inhalen menos de 400ppm en cada bocanada de aire”.

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Homofobia, teoría y práctica

Pepe Reig Cruañes

Las crisis no le sientan bien a nadie, pero parece que esta de ahora está teniendo en Europa efectos desmoralizadores. La “des-moralización” adopta la forma de populismos rampantes, desafección ciudadana y hasta inquietantes retrocesos en la larga marcha de los derechos. No se trata ya de la pérdida de ésta o aquella conquista laboral o de alguna seguridad jurídica en el campo de la comunicación o la privacidad, que también, sino de esa inesperada oleada homofóbica que se ha desatado, con distintos matices, en diversos lugares de Europa. Quizá no pueda, aún, compararse con lo que está sucediendo en Rusia con las leyes contra la “propaganda gay” –luego extendida a Lituania y Moldavia-, y los ataques de la ultraderecha homofóbica, pero la oleada afecta como mínimo a Polonia, Italia, Gran Bretaña y … Francia. Sí, también la Francia republicana y laica, cuna de los derechos humanos, alumbra un movimiento de masas contra el matrimonio igualitario, de dimensiones y radicalidad inesperadas. ¡Quién te ha visto y quién te ve!

Homofobia práctica

En una Europa en plena crisis de identidad, no es extraño que emerja de nuevo el fenómeno del “chivo expiatorio”, como antaño el antisemitismo. Para unos el nuevo culpable universal será la inmigración y para otros, a lo que parece, la mera diferencia sexual. Lo novedoso es que ese proceso de estigmatización colectivo resulte simultáneo con otro de signo contrario: los avances legislativos en varios países en relación con el derecho de gays y lesbianas a contraer matrimonio y adoptar hijos.

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Una oportunidad perdida

Manuel  Atienza

La lectura, hace unos días, de un artículo de Mario Vargas Llosa, “Los parias del Caribe”, me ha llevado a interesarme por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que está causando -y con razón- un considerable revuelo. La decisión del alto tribunal del pasado 23 de septiembre (168/13) niega la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes irregulares y ha merecido, por parte del gran escritor peruano, juicios de una extremada dureza. Así, califica la sentencia de “aberración jurídica”, “inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta”, de “paralogismo jurídico”, etc. Y de quienes la dictaron afirma que “a la crueldad e inhumanidad de semejantes jueces se suma la hipocresía”; aunque señala también que “los dos jueces disidentes” del tribunal “salvaron el honor de la institución y de su país oponiéndose a una medida claramente racista y discriminatoria”.

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¿Tiene razón Vargas Llosa al descalificar de esa manera al tribunal y a la sentencia? Mi respuesta, después de haber leído con detalle la justificación de la decisión (de unas 150 páginas), es que sí; lo que prueba, por cierto, una vez más, que el sentido común, el sentido de la justicia y la técnica jurídica no pueden ir por caminos muy separados. O sea, que no hace falta ser un experto en Derecho para darse cuenta de que ciertas decisiones de los tribunales, simplemente, no pueden tener cabida en nuestros ordenamientos jurídicos porque, si la tuvieran, el Derecho de los Estados constitucionales no podría ser considerado como una institución, una práctica, racional encaminada a la obtención de decisiones razonablemente justas. Hay, ciertamente, algunas cuestiones de detalle, de precisión jurídica, que podrían aducirse en relación con ese artículo, pero ninguna de ellas reviste verdadera importancia. Yo diría que la principal corrección a introducir es que los miembros disidentes del tribunal no fueron “dos jueces”, como afirma Vargas Llosa, sino “dos juezas”, lo cual podría tener algún significado cuando se advierte que, de los trece magistrados firmantes de la sentencia, sólo tres eran mujeres. Por lo demás, el voto disidente de una de ellas, Katia Miguelina Jiménez Martínez, es un notable ejemplo de argumentación jurídica: un modelo de buena técnica jurídica al servicio de una causa justa. Lo que no puede decirse del voto mayoritario, por más que deba reconocerse en el mismo un buen oficio jurídico pero, ay, encaminado a justificar lo injustificable. Y pasemos ya de las (des)calificaciones al análisis.

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Más fútbol y menos derechos humanos

Javier De Lucas 

Si el sentido común y de la decencia no lo remedian, la selección española va a jugar el próximo 16 de noviembre un partido amistoso en Guinea Ecuatorial. Ese país, antigua colonia española, es una de las más terribles dictaduras que existen, con uno de los peores índices de desigualdad en el acceso a la riqueza y servicios elementales, aunque se encuentra sobre uno de los yacimientos petrolíferos más importantes del mundo.

Que la Guinea de Obiang es un régimen condenable lo prueba, por ejemplo, el documento de denuncia suscrito por tres de las más conocidas Organizaciones de defensa de los derechos humanos: Amnistía Internacional, EG Justice y Human Rights Watch. Existen otros dossiers muy críticos, como el de Reportiers sans frontières. Pero, además, esa riqueza sólo la aprovecha el dictador Teodoro Nguema Obiang (quien según la revista Forbes posee una fortuna de 600 millones de dólares) y su familia, como su hijo Teodoro Nguema Obiang Mangué -conocido  como Teodorín-, un play boy que combina el color de sus zapatos con el de sus coches de lujo y que recientemente sufrió el embargo de buena parte de sus ostentosos bienes en París, por parte de la justicia francesa, a raíz de una denuncia de Transparency International (puede leerse aquí la noticia en español).

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Evidentemente, la Federación española cobrará una pastizara por semejante evento, que tanto habrá satisfecho al dictador, ávido de promocionar concursos, premios y eventos que lleven su nombre por el mundo: incluso pretendió apadrinar un premio UNESCO/Obiang, con una importantísima dotación, aunque, como recordarán los lectores, en ese caso se impuso el buen sentido y se anuló su propuesta.

Pero la pregunta es si la selección debe ir allí. ¿Debe España, campeona del mundo, bicampeona de Europa, dilapidar su prestigio, manchándolo con ese “bolo” cuya justificación deportiva es inexistente tanto como son evidentes los riesgos de contaminación?

Ya sé que habrá quien repita esa estupidez de que fútbol es fútbol y no política. Pues bien, este partido sí lo es y de la peor especie: es muy mala política. Política deleznable, sobre todo por tratarse de un acontecimiento no necesario, no obligado por el sorteo de una competición. Me dirán que también todas las federaciones y los principales clubs de fútbol van a jugar amistosos, por ejemplo, a China, que no es ningún modelo. No digamos a Kazajstán, donde su dictador, el excomunista y gran amigo del rey Juan Carlos, Nursultan Nazarbayev, reina ininterrumpidamente como monarca absoluto aunque sin corona, desde 1991. (Este atrabiliario personaje, que cambió el nombre de su capital –Astaná en lugar de Almaty-, financió entre otras fruslerías un equipo de ciclismo de  alta competición en el que corrían conocidos ciclistas españoles). E incluso se invocará la celebración del mundial en Argentina en plena dictadura de los generales. Creo que todos eso casos son, en efecto, malas prácticas. Como el mundial a celebrar en Qatar, a base de dinero y sin ninguna justificación razonable. Pero el partido de España en Guinea es peor, por gratuito y por lo que supondrá de ayuda a la causa del dictador.

Se cumple hoy el centenario de un gran admirador del fútbol, Albert Camus, quien dejó escrito: “Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. El futbol era para Camus escuela de madurez, de ciudadanía, de convivencia, de fair play, de morals y sobre todo de manners. Esto que maneja la Federación, parece tener poco que ver con semejante ideal.

La respuesta, la única salida decente, es anular ese partido y de paso, enviar un mensaje claro al dictador. Así, no se juega.

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