Todo por la Marca. También los derechos humanos

Javier de Lucas

Algún día habrá que escribir la historia de lo que nos ha costado la ambiciosa operación de imagen, presentada como prioridad del gobierno Rajoy y eje estratégico de la política exterior española: la “Marca España”. De momento, contamos con algunos elementos de juicio. Veamos.

¿Qué quiere decir “Marca España”? ¿Por qué adoptar como santo y seña esta expresión, obviamente mercantil y que podría  llevarnos a sustituir  el vetusto <todo por la Patria>, por  <todo por la Marca>? La primera pista  me parece obvia: detrás de lo que podría parecer una operación de aggiornamento de la presentación internacional del Reino de España, en realidad se encuentra la idea tan trasnochada como cuestionable de que un país es ante todo un producto (bueno, digamos una empresa, al modo en que Reagan y Thatcher veían el mundo por venir, como una batalla entre capitanes de empresa), tal y como reza su Decreto de creación, el R.D. 998/2012, de 28 de junio. En esa norma se nos explica que se trata de “mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país”. Una ocurrencia formulada casi en los términos apodícticos propios de un catecismo Astete para catecúmenos neoliberales, esos sujetos que dibujan con tanta precisión Forges o Manel Fontdevila.

Marca-Espana_embajadores_0524_1

Como casi todo en nuestro país, ha necesitado su propia burocracia: un Alto Comisionado, con rango de Secretaría de Estado, Oficina, un Observatorio y, cómo no, un sitio web. En todo caso, el coste al que me refería no es el de esas estructuras administrativas, seguramente prescindibles pero, al fin y al cabo, modestas en comparación con la pólvora de rey de eventos e instalaciones tan elefantiásicas como ruinosas (véanse los penúltimos ejemplos made in Calatrava y Gobiernos de la Generalitat valenciana), o con la nómina de asesores que pueblan todas las administraciones, de la Presidencia del Gobierno del Reino de España, al de Castilla – La Mancha o cualquier Ayuntamiento que se precie. Tampoco se trata sólo de lo que hemos invertido y dejado de recuperar en la promoción de este parto de los montes. Por ejemplo, la reorientación de las prioridades en nuestra diplomacia, que en realidad ha supuesto acomodar buena parte de nuestras embajadas al modelo de oficinas de negocios, para ir a lo mollar: la pasta. Y  lo peor es que apenas se ha querido invertir a fondo –más allá de una retórica trasnochada, la misma de esas fallidas cumbres iberoamericana- en la mejor baza del proyecto de marras, esto es, un idioma global, empeñado como está el gran preboste de nuestra diplomacia en revivir los blasones del imperio.

No. Lo malo, en términos de coste es que resulta que el balance de esta empresa nos ha dejado con el culo al aire. Porque, pese a los grandes logros de Aznar en la escena internacional y en la mesa de centro del rancho de Bush, pese a las coyunturas planetarias de Pajín y Zapatero, pese al “gran esfuerzo que han hecho los que más tienen” (sic) y que nos ha devuelto a la credibilidad internacional -al decir del increíble Floriano-; incluso pese a la reconocida elocuencia de Rajoy, que hace de él una luminaria en los foros internacionales casi comparable a Ana Botella, España, en este juego, no pasa de ser una marca de tercera regional. La Marca España, con una caída del 20%,  se sitúa entre las diez que más pierden en el mundo en 2013, según los datos del último informe de Brand Finance.

fontdevila

Pero aún hay más. Otros costes, otros daños quizá menos mensurables a corto plazo y que, sin embargo, resultan más letales. Me refiero a la seudo pragmática “filosofía” que esa mal entendida <marca> nos obliga a adoptar cuando, mire usted por dónde, aparece una ¿impensable? colisión entre las exigencias del respeto a los derechos humanos y el interés de la precitada “Marca España”.  Porque viene sucediendo que la arrogancia de la tal Marca se torna vergonzante pleitesía en cuanto nos topamos con el que manda. Ya tenemos testimonio sobre la obsequiosidad de todos nuestros Gobiernos y ministros de exteriores con esos <asuntillos> que molestan al tío Sam (el caso Couso)  y a quienes mandan en el tío Sam (Wert es sólo un penúltimo ejemplo) o a sus aliados (Israel, pongamos por caso). Pero es que ahora, cada vez más, son otros los amos y no estamos acostumbrados a los nuevos protocolos, lo que quizá explica alguna reciente sorpresa.

Los lectores recordarán cómo ante la ofensiva de uno de esos aliados de verdad del tío Sam, Israel, el Gobierno de Zapatero (mediante un acuerdo entre PSOE y PP) promovió en enero de 2009 un primer recorte al marco legal mediante el cual nuestro país se había comprometido en serio con el principio de jurisdicción universal. La halcón israelí y entonces ministra de exteriores, la señora Tzipi Livni, leyó la cartilla al ministro Moratinos para que corrigiera o frenara a la Audiencia Nacional que, a semejanza de los tribunales belgas respecto al benemérito Ariel Sharon, amenazaba con órdenes de busca y captura contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.. Y así sucedió. Con el añadido de que los españoles no nos enteramos de esas intenciones por nuestro propio Gobierno, sino por las declaraciones de la ministra en ese mes de enero de 2009, que declaró que Moratinos le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español”, declaró Livni a la agencia Associated Press. “Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo… Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno”. (La noticia puede verse aquí).

Pues bien, no ha sido bastante. Otra vez algunos tribunales españoles, sin demasiado entusiasmo, todo hay que decirlo, pero obligados por un excelente trabajo jurídico y por la tozudez y aun el coraje de profesionales del Derecho y militantes de los derechos humanos, han tomado decisiones que molestan a poderosos gobiernos implicados muy verosímilmente en asuntillos, como genocidios o crímenes contra la humanidad. El caso de los dirigentes chinos contra los que se había conseguido que la Audiencia Nacional emprendiera acciones propias de la jurisdicción universal por su responsabilidad en el genocidio cometido en el Tibet es abrumador por la desvergüenza con la que han actuado el Gobierno chino y el sumiso gobierno Rajoy, siempre con la coartada del interés superior de la Marca España, entendida exclusivamente en términos de balanza comercial. El 12 de diciembre de 2013, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso y reiteró la “perplejidad” e “incomprensión” de su Gobierno por la actuación de los tribunales españoles en relación con el Tibet, un “asunto doméstico”, interno, propio de la soberanía china. Nada nuevo en la vieja lógica contra la que trata de lucha precisamente el principio de jurisdicción universal. Dando muestra de una celeridad que para nosotros los ciudadanos españoles querríamos, el Gobierno en menos de un mes ha preparado el cambio legal requerido.

peridis

Y lo que es peor, esta genuflexión ante el mercado chino da carpetazo a todas las investigaciones de los jueces españoles en los últimos diez años, como el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Son los dos que están en curso ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Santiago Pedraz): Caso Couso y genocidio en Guatemala. Los cuatro en el Juzgado Central nº 2 (Ismael Moreno): Genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. Uno en el Juzgado Central nº 3. (Javier Gómez Bermúdez), el Caso Vielman. Dos en el Juzgado Central nº 4. (Fernando Andreu): Crímenes de guerra en Irak y genocidio de Ruanda. Tres en el Juzgado Central nº 5 (Pablo Ruz): Torturas en Guantánamo, genocidio del pueblo saharaui y asesinato de Carmelo Soria. Y finalmente, uno en el Juzgado Central nº 6 (Eloy Velasco): el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

En fin, a juicio de no pocos, se trataría de una de esos slogans publicitarios con cuyo enunciado solemne pretenden deslumbrarnos (“estamos trabajando en modernizar la imagen e España”) los mismos políticos que no saben resolver las necesidades primarias, las verdaderas prioridades de sus empleadores, los ciudadanos. Los que parecen incapaces de atajar la corrupción, el paro, ni tampoco los conflictos reales que dañan la imagen de <marca> como el problema territorial. Ya sé que todo esto les parecerá a no pocos “expertos” en política exterior (y en cinismo de mesa camilla y tertulia, que disfrazan de realpolitik) un ejemplo de la ingenuidad característica de quien se embarca en política con la denostada <ética de principios>, lo que, al decir del tan reputado como brutal canciller Bismarck, era semejante a quien se adentra en un bosque infestado de bandoleros con un palillo entre los dientes…Pero es lo que tiene dedicarse a enseñar e investigar sobre derechos humanos, que uno se los toma en serio. Porque, en caso contrario, habrá que concluir que no vale la pena hacer política. Dejemos hacer al mercado, ese descrito por Scorsese en The Wolf of Wall Street, que es la única razón universal. Pero no nos llamemos a engaño. Su lógica no es esa filantrópica y al cabo benéfica para todos, tal y como sostienen los partidarios de esa patochada de la mano invisible. De los vicios privados no salen las virtudes públicas como pretendiera Mandeville. No, lo que el mercado, éste de ahora, persigue, aquello en lo que consiste no es otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios. Ya lo dijo Warren Buffet, una guerra entre ricos y pobres en la que, claro, van ganando ellos, los ricos, los que mandan de verdad.

que-es-marca-espana Jordi Bernadó

Viñetas: Manel Fontdevila y Peridis
Foto: Jordi Bernadó

La Infanta real y la Igualdad simulada

Fernando Flores

El 8 de febrero la infanta Cristina bajará la conocida rampa de la Vía Alemania que da acceso a la Audiencia Provincial de Palma, donde debe declarar como imputada en el Caso Noos. No lo hará por el garaje, a salvo de flases, periodistas y ciudadanos cabreados. Lo hará andando (como ya ha hecho dos veces su marido), o en coche hasta la misma puerta dela sede judicial. Así lo ha decidido el juez decano de Palma, tras una reunión con la Policía.

Dice la Constitución que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón… de cualquier condición o circunstancia personal o social”. Por eso, si se pretende tratar de forma diferente a personas que se enfrentan a una misma situación (aquí hablamos de acudir a declarar como imputadas a un juzgado), debe ofrecerse argumentos sólidos que justifiquen dicha diferenciación.

En el caso de la Infanta tres han sido los argumentos que han aportado quienes aconsejan y justifican una discriminación a su favor, es decir, que entre por el garaje o que, al menos, pueda llegar en coche hasta la entrada del juzgado.

La rampa

En primer lugar, razones de seguridad. Alguien podría aprovechar los metros de exposición pública para atentar de alguna manera contra Cristina de Borbón. En segundo lugar, lo que el Ministro de Justicia ha descrito eufemísticamente como la necesidad de evitar “situaciones de carácter previo”. Dicho en castellano viejo: evitar que la Infanta se vea en la desagradable situación de oír los abucheos e insultos de los allí presentes, es decir, la llamada “pena de paseíllo”. Por último, huir del daño mediático que lo anterior proyectará sobre la imagen de la institución monárquica, bastante menoscabada a estas alturas. A mi modo de ver son tres argumentos rebatibles.

En cuanto a la seguridad, es razonable -más aún, obligado-, adoptar las medidas policiales necesarias para defender a las personas de posibles agresiones. Dependerá de las circunstancias de cada caso. En cuanto a la Infanta, ésta es sin duda merecedora de esas medidas, por su relevancia pública y por el revuelo social que ha provocado el Caso Noos. Ahora bien, parece obvio que la policía tiene capacidad de sobra para asegurar la integridad física de la Infanta en el improbable caso de que alguien tratase de dañarla en el breve trayecto de la rampa, sin necesidad de favorecerla con una privilegiada entrada a escondidas por el garaje, o de permitirle que acceda en vehículo hasta las mismas puertas del juzgado (como así se ha decidido).

En realidad, esto último (permitirle que llegue en coche hasta el umbral) tiene que ver con el segundo de los argumentos: evitar la vergüenza de los previsibles abucheos. Dice Esperanza Aguirre (emparejada a Gallardón en su clasismo), que le parece “estupendamente” que la Infanta entre por el garaje de la Audiencia, “porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impone la pena de paseíllo”. Y justifica ese trato diferente a Cristina porque “todos somos iguales ante la ley, pero no ante los medios de comunicación”. No cabe duda de que sabe de lo que habla quien ha tenido durante años bajo su autoritario servicio un canal público de televisión, Telemadrid. Sin embargo, a lo que engañosamente se refiere Aguirre (lo que le resulta intolerable) no es a la tendenciosidad antimonárquica de algunos (muy pocos y minoritarios medios), sino a la posibilidad de que éstos, simplemente, graven y difundan una realidad bochornosa y discutible: los insultos directos a la Infanta.

jmarta003_2-640x640x80

Pero entonces, quizás, la pregunta es: ¿tiene derecho la gente congregada en las inmediaciones de un juzgado a insultar gravemente y en público a una persona por el solo hecho de haber sido imputada en un juicio? Personalmente, creo que no. Soy consciente de la respuesta clásica, y acertada en parte, según la cual una cosa es la presunción de inocencia judicial y otra bien distinta es la percepción social (en ocasiones influida por los medios) de esa inocencia o culpabilidad. Hasta ahí no hay problema. Pero lo discutible no es esa diferenciación (obvia en lo jurídico y lo sociológico), sino si el hecho de que yo tenga la convicción de que alguien es culpable de algo me da derecho a injuriarlo y calumniarlo públicamente. Mi opinión, insisto, es negativa. Pero negativa e igualitaria. Es decir, que pienso que no existe ese derecho ni contra la Infanta ni contra otros imputados (o sus familiares) desconocidos (y por lo general de clases bajas) cuando entran al juzgado por casos como el de Marta del Castillo o la niña Mari Luz… Sin embargo en estos casos nadie reclama por ellos, porque son ciudadanos de segunda. Y es que parece que el Ministro de Justicia, Esperanza Aguirre o el portavoz de Zarzuela solo caen en la cuenta de que la Justicia es un martirio y dramáticamente lenta (lo es para todos), o que la LECrim no impone la pena de paseíllo (a nadie, ni al más desgraciado de los ciudadanos), cuando extrañamente toca a los de su clase. Solo entonces, cuando las imperfectas leyes generales y las imperfectas políticas públicas afectan a “los suyos”, estos “servidores públicos”, reclaman y teorizan, tratando de superar con privilegiados tratos de favor la igualdad ante las normas… No puede ser. Así las cosas, mientras estos problemas no se resuelvan para todos, no cabe resolverlos ad hoc, para una sola persona, por Infanta que sea.

En tercer lugar tenemos el argumento de la imagen de la monarquía, que en el fondo es un argumento de razón de Estado: no debe dañarse a la Corona, si ésta cae, España como nación, como Estado, está en peligro. O la Corona o el precipicio. Pero toda defensa de la razón de Estado es un canto al trato desigual en casos iguales y, habitualmente, protege más los intereses establecidos (cierto orden establecido que beneficia a algunos) que el interés general (el orden público que es la ley igual para todos). En mi opinión, toda monarquía lleva en su ADN el credo de la desigualdad y el escepticismo hacia la democracia, y por eso es, desde la teoría, rechazable como forma de gobierno. Llegados a la práctica, una monarquía que no puede soportar la imputación de un miembro de la familia real sin retorcer el Estado constitucional merece ser desterrada inmediatamente del contrato social. Eso es lo que está sucediendo con el Caso Noos. De hecho, los comportamientos de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial, de la Agencia Tributaria, los inspectores de Hacienda, hasta de RTVE…  todos parecen estar dirigidos a contradecir las palabras del discurso de Navidad de Juan Carlos I: “la ley es igual para todos”. A la vista está que no es así.

En último término, el tema de la rampa y el paseíllo de la Infanta no es más que una anécdota, muy reveladora, de la idea de igualdad (y hablamos de la igualdad formal, la liberal, ni siquiera de la igualdad material, la socialista) que han defendido en el pasado y defiende en la actualidad, no solo la Casa Real, sino otros organismos, estamentos, poderes y castas, bien conocidos. Una igualdad simulada. Vivimos un momento histórico en el que está teniendo lugar el pulso (desigual) entre quienes tratan de desterrar no solo la igualdad como igualdad de oportunidades sino también la mera igualdad ante la ley, y entre quienes defienden que no habrá Estado democrático ni ciudadanos libres si no se recuperan ambas.

Exécution_de_Charlotte_Corday

Investigar los abusos policiales es proteger el Estado de Derecho

Patricia Goicoechea 

La noticia: la Fiscalía ha acusado por un delito de homicidio a los ocho Mossos d’Esquadra imputados por la muerte de Juan Andrés Benítez en el barrio barcelonés de El Raval el día 5 de octubre de 2013. El Ministerio Fiscal atribuye también a otros dos agentes un delito de obstrucción a la justicia, por haber limpiado los restos de sangre, lo que podría suponer un acto de destrucción de pruebas. Asimismo, se atribuye un delito de coacciones a otra agente por haber obligado a una testigo a borrar las imágenes en las que se veía la actuación del resto de Mossos.

La buena noticia: este caso es todo un ejemplo de cómo deberían actuar siempre jueces y fiscales en supuestos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se ha cumplido con el deber de investigar que corresponde a todos los órganos e instituciones estatales, respetando así la obligación que pesa sobre los poderes del Estado de proteger la seguridad personal de los ciudadanos.

mossos

1.- El derecho a la seguridad personal

El derecho a la seguridad personal es un derecho humano, reconocido, entre otros, en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo encontramos también en el artículo 17 de nuestra Constitución, regulado como derecho fundamental y, por tanto, especialmente protegido.

Se trata del derecho tenemos todos los individuos a que se proteja nuestra integridad física y mental y, por supuesto, nuestra vida, frente a cualquier ataque y, en particular, frente a una vulneración de estos derechos por parte del Estado y sus agentes. Esto implica que cuando los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado infligen injustificadamente lesiones corporales a alguien, incluidas las lesiones mortales, incurren en una violación del derecho a la seguridad personal, y ello independientemente de que la víctima esté o no detenida.

2.- El uso desproporcionado de la fuerza es una violación del derecho a la seguridad personal

El Estado, sus instituciones y sus agentes gozan de poderes y privilegios que se justifican por las tareas que la sociedad les ha encomendado. Ahora bien, esos poderes y privilegios llevan aparejadas obligaciones ineludibles y, la primera de ellas, es velar por el respeto y protección de los derechos de todos, incluidos por supuesto quienes son sospechosos de haber cometido un delito. Si bien el uso de la fuerza por agentes de policía puede resultar necesario para proceder a la detención de un sospechoso, tal intervención ha de hacerse siempre de forma compatible con el respeto a la integridad física y a la vida del detenido y en ningún caso recurriendo a la fuerza bruta.

atocha

El recurso a la fuerza queda limitado por el principio de proporcionalidad, de modo que únicamente será legítimo cuando la fuerza empleada sea la estrictamente necesaria para cumplir con la obligación que tienen encomendada los agentes de proteger los derechos e intereses públicos. Como ha recordado recientemente el Tribunal Supremo, romperle a porrazos varias costillas a un ciudadano excede lo necesario para reducirlo y proceder a su detención.  En tales supuestos no cabe, por tanto, que los agentes se amparen en el cumplimiento de un deber para justificar su extralimitación en sus funciones, ni la violación de derechos de los ciudadanos.

3.- El deber de investigar las violaciones al derecho a la seguridad personal

La obligación que incumbe al Estado de proteger la seguridad personal implica, en primer lugar, poner los medios para evitar cualquier acto que pueda menoscabar tal derecho. Se trata de una protección preventiva y previa; es lo que se conoce como vertiente material del derecho. Esto supone que el Estado debe hacer lo posible para evitar que tenga lugar, como en el caso de El Raval, una muerte violenta.

En segundo lugar, la obligación de proteger exige remediar las violaciones de derechos humanos, llevando a cabo una investigación efectiva; esto se conoce como vertiente procesal del derecho. Es decir, que una vez sucedida la muerta violenta, deberá llevarse a cabo una investigación que permita esclarecer los hechos, identificar al culpable, sancionarle y reparar a la víctima.

Este deber de investigar adquiere una importancia mayor cuando se trata de vulneraciones de derechos cometidas por agentes del Estado. Por ello, cuando se denuncia que las Fuerzas de Seguridad han provocado lesiones, infligido torturas o causado la muerte de un individuo, es esencial que se ponga en marcha una investigación seria y efectiva. Por ello, el Consejo de Europa elaboró en 2011 las Líneas Directrices para la Eliminación de la impunidad por violaciones graves de los Derechos humanos, aplicables a los actos u omisiones de los Estados y de sus agentes. En ellas se pone claramente de manifiesto que si “los Estados tienen el deber de luchar contra la impunidad” es “con el fin de hacer justicia a las víctimas,” pero también “de disuadir de la comisión futura de violaciones de Derechos Humanos y de preservar el Estado de Derecho, así como la confianza de la opinión pública en el sistema judicial” (Sección I, párr. 3).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene dicho que estas investigaciones han de ser rápidas y deben ser llevadas a cabo en profundidad. Esto significa que las autoridades han de esforzarse seriamente en descubrir qué ocurrió realmente. El poder judicial debe por tanto tomar todas las medidas razonables para obtener pruebas relativas al incidente en cuestión, incluidas, entre otras, declaraciones de testigos oculares y pruebas periciales (véase Sentencia del TEDH en el asunto El Masri c. ExRepública Yugoslava de Macedonia, párr. 183).

consejo europa

Por lo que respecta al grado de cumplimiento en España de la obligación de proteger la seguridad personal, hace unos meses se pronunció el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en su Informe publicado tras su última visita a España (3-7 de junio de 2013). Afirma en él su “gran inquietud (…) [por el hecho de] que los jueces suelen desestimar los cargos relativos a alegaciones de malos tratos infligidos por las fuerzas del orden” (párr. 132). Y añade que “está firmemente convencido de que las autoridades deben cerciorarse de que todos los casos de abuso de confianza (sic) o de malos tratos infligidos por las fuerzas del orden sean condenados con firmeza, y sean investigados y sancionados de manera adecuada por las autoridades competentes, con el fin de evitar la recurrencia y de potenciar el papel esencial que desempeñan las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a la hora de salvaguardar el Estado de derecho” (párr. 131).

Decíamos al principio que este asunto es una buena noticia, si bien sólo lo es parcialmente. De resultar probados los hechos por los que los diez Mossos han sido acusados, no cabe duda de que tales comportamientos son inaceptables en un Estado de Derecho. Inaceptables porque para reducir a alguien hay que aplicar siempre la mínima fuerza imprescindible. Y ocho agentes golpeando a un hombre que gime en el suelo hasta quedar inconsciente parece exceder lo imprescindible. Inaceptable porque un agente de la autoridad, cuya obligación es velar por el cumplimiento de la legalidad, no puede en ningún caso destruir pruebas, como podría ser el caso de la limpieza de los restos de sangre de la calzada. Inaceptable, en fin, porque los agentes no pueden coaccionar a un testigo, obligándole a borrar imágenes de agentes del estado en el ejercicio de sus funciones y tomadas en la vía pública.

Por todo ello es de especial importancia que en este caso se haya llevado a cabo una investigación seria y rápida por parte del órgano de instrucción, cumpliendo así con la obligación de investigar, con el deber de proteger la seguridad personal, y, en definitiva, con los valores propios de un Estado de Derecho.

justicia, no impunidad

¿Usted invertiría sus ahorros en energía solar en España?

Teresa Ribera

El 5 y 6 de diciembre, la OCDE organizó en París una jornada sobre cómo estimular las inversiones en “desarrollo verde”. El moderador de una de las mesas, consejero delegado de una de las firmas que mejor conoce y analiza las claves financieras de la transición hacia una matriz energética limpia y eficiente, ilustraba la falta de confianza de los inversores y las contradicciones en los mensaje con un caso práctico: “¿Invertiría usted sus ahorros en energía solar en España?”. No era una pregunta retórica, sino la respuesta irónica –y negativa, claro- que él mismo obtuvo de un importante grupo de inversores asiáticos interesados en colocar sus cuantiosos fondos en proyectos energéticos con futuro.

Al respecto, cabe hacer dos reflexiones. Una, de índole energética y, otra,  sobre la curiosa identidad nacional que proyectamos.

termosolar-planta-torre

Empecemos por la energética. El ejemplo se ha convertido en el caso práctico más citado en los foros internacionales sobre lo que no se debe hacer. Al principio, cuesta un poco entender por qué el “caso español” ni es sólo español ni es sólo solar. Salta a la vista por qué hay un numeroso grupo de inversores, nacionales y extranjeros, profundamente irritados por las decisiones que recortan la cuantía de las primas que, en su momento, sirvió como garantía de Estado para hacer viable la financiación de la inversión inicial. Una reducción transitoria que, posteriormente, pasa a ser permanente y reiterada y acompañada de otras importantes medidas disuasorias. Los inversores afectados denuncian ante los tribunales y las cortes de arbitraje internacional –quien puede- o reclaman soluciones ad hoc –incluso la dación en pago- entre pequeños ahorradores nacionales que no dan crédito ante una intervención pública que ha convertido el sol en una especie de activo tóxico sin escapatoria.

¿Por qué, además, ha llegado a ser el anatema por excelencia de cualquier analista con un poco de experiencia internacional? Por la sencilla razón de que hemos convertido una legítima duda tecnológica –ya despejada, por cierto-  en un verdadero riesgo regulatorio. Si lo que está ocurriendo en España, un país con tecnología y sol, con peso importante de la industria e inversores en el sector, ocurre ante la pasividad y el silencio de las instituciones comunitarias, ¿por qué invertir en renovables? No deben tenerlo tan claro los gobiernos cuando hacen o consienten medidas como ésta. ¿Por qué no esperar a ver qué ocurre? Y, mientras, quizás podamos colocar nuestro dinero en algún continente o sector con menos riesgo.

Porcentaje_renovables

Se equivoca quien piensa que esto no es más que una pequeña corrección sin consecuencias. Las está habiendo ya. Desde 2011, las cifras globales de nueva inversión en energía limpia caen trimestre a trimestre, situándose el monto actual en un tercio de lo que debiera haber ocurrido para mantenernos en horquillas de seguridad energética y climática. De hecho, la evolución previsible de la demanda global puede generar grandes tensiones en la capacidad de suministro y en los precios en los próximos años, por lo que una mejor coordinación de actuaciones a nivel global y la plena integración de los costes ambientales en los procesos de decisión ayudarían a consolidar un modelo más seguro y asequible. Un retraso en este proceso se traduce en un riesgo mayor de quedar atrapados en costosas infraestructuras que habrá que desmontar antes de lo que su desgaste por uso aconsejaría y un incremento general de los costes económicos y ambientales para nuestras sociedades.

Se equivocan, también, los directivos que piensan que retrasando la irrupción de renovables modulares, pueden asegurarse un mejor tratamiento en bolsa, en acceso a financiación o, simplemente, eludir una degradación de su deuda por estar demasiado expuestos a un modelo de generación tradicional. Las cosas han cambiado y hay propuestas que ya no son creíbles en escenarios a 20 años vista; como tampoco lo es ignorar que el perfil de la demanda y el usuario y las características del negocio evolucionarán con arreglo a un patrón similar al que ha valido los últimos 30 años. Los operadores eléctricos deben ser actores decisivos en la transición energética pero lo inteligente no es aferrarse al “antiguo régimen” sino ser parte activa del proceso de transformación, incluso contribuyendo con fórmulas y calendarios razonables para transitar al nuevo modelo. Ni la solar es la mayor responsable del “déficit de tarifa” de España, ni las pérdidas de la generación térmica en Alemania pueden resolverse por decreto, ni una eventual moratoria renovable generará per se mayor confianza de los mercados para abordar nuevas inversiones energéticas en Europa.

como-invertir-energias-renovables-tan-solo-6--L-Frnt4k

La segunda reflexión del “caso español” a la que aludía tiene que ver con la orientación de nuestras decisiones y las señales que mandamos a los potenciales interesados en invertir en nuestro país. Un moderador patrio hubiera podido preguntar en esa mesa redonda sobre “desarrollo verde”: “Dígame usted en qué recomienda invertir en España: ¿en urbanización en la costa o en cauces de ríos; en cacerías en espacios protegidos; en autovías y autopistas rescatadas por manifiesta sobreestimación de su necesidad; en aeropuertos sin viajeros; en hospitales en quiebra recién construidos mientras se abandonaba la inversión en mejora y garantía de prestación de servicio en los preexistentes; en colegios privados ultraconservadores subvencionados mientras se recorta en educación pública; en programas de I+D+i inicialmente cofinanciados con dinero público hoy retirado, etc.?”

Podríamos, sin duda, ofrecer como atractivo la “competitiva” cifra de paro y la regulación de la entrada y salida del mercado laboral que permite ofrecer, sin bochorno, 640 euros al mes a un trabajador a tiempo completo y facilita una clarísima dualidad salarial y excelentes retornos para el inversor. También podríamos argumentar que las construcciones ilegales se amnistían, que las grandes catástrofes ambientales ocasionadas por incidentes industriales o de transporte se diluyen y absuelven diez años más tarde, que las obligaciones ambientales y sanitarias se relajan para facilitar la recuperación… ¿Vendemos desprotección social y ambiental como activos para recuperar la confianza en nuestro país? Rescatemos nuestras otras posibilidades, revaloricemos nuestros activos naturales, nuestra industria más eficiente en consumo de recursos; nuestras ciudades reinventadas, habitables, atractivas y eficientes en agua, energía y afecciones al entorno; liberemos recursos despilfarrados para destinarlos a reinvertir en nosotros mismos. No despreciemos el inmenso potencial de recuperación y actividad económica de un desarrollo verde e incluyente.

Son elecciones colectivas importantes. ¿Cuáles son nuestras prioridades?, ¿a qué dedicamos nuestro patrimonio común, cómo gestionamos nuestros recursos, incluidos los humanos y los naturales? Son debates públicos pendientes a los que durante años no se les ha dejado espacio porque “España iba bien” y que, ahora, se enfrentan al riesgo de un silencio consentido porque “España va mal” o porque “ahora que España se va recuperando, no es el momento”. Pues bien, no son debates antipatriotas como tampoco son extremistas ni subversivos quienes argumentan que hipotecarse ambiental y socialmente rarísimamente  –por no decir nunca- es inversión.

¿Quién y en qué queremos que invierta en España?

invertir_energia_renovable

Guantánamo sigue ahí. Y se multiplica.

Javier De Lucas

Una de las razones por las que el mandato del Presidente Obama queda muy, muy lejos de las expectativas que había despertado, es su falta de voluntad clara –dejémonos de eufemismos- para cumplir con la promesa de cerrar los diferentes campos -hasta seis- de la base norteamericana de la bahía de Guantánamo, donde permanecen encerrados los prisioneros relacionados con la guerra contra el terrorismo y, en primer lugar con Al-Qaeda, desde la intervención norteamericana en Afganistan, sometidos a diferente grado y tipo de medidas coercitivas.

Por ejemplo, en el más duro, el Camp 6, con capacidad para 178 prisioneros, se les mantiene en celdas individuales de acero sin ventana alguna, durante 22 horas al día. Sabido es que se ha  denunciado y documentado a lo largo de estos años que, en todos esos campos se somete a quienes, desde el punto de vista jurídico internacional, son prisioneros de guerra (aunque los EEUU se nieguen a aceptarlo así y los considera “combatientes enemigos ilegales”), a torturas y malos tratos. Un régimen no sólo ajeno, sino contrario a la legalidad internacional, según han puesto de manifiesto Cruz Roja y diferentes ONG de derechos humanos.

Cuba Guantanamo

Fue el 11 de enero de 2002 cuando llegó el primer grupo de 20 prisioneros a la base norteamericana, bajo mandato del Presidente Bush y en una situación jurídica de estado de guerra en la que, Patriot Act mediante, se suspendieron garantías elementales de derechos, según ha sido denunciado, por ejemplo por la American Civil Liberties Union. En su momento más álgido esos campamentos albergaron a 750 prisioneros. Hoy son 151. En su primera campaña presidencial, ya en 2008, Obama (pero también MacCain) se comprometió a cerrar esos campos si era elegido Presidente. En enero de 2009 decretó el cierre por un año, pero en 2009 y 2010 el Congreso rehusó el uso de fondos públicos para trasladar a los presos desde Guantánamo a territorio de los EEUU.

Sólo ha habido un juicio civil a un prisionero de Guantánamo: es el caso del tanzano  Ahmehd Ghailiani, absuelto de 284 de los 285 cargos imputados, entre ellos del de terrorismo, aunque considerado culpable de conspirar para destruir con explosivos propiedades estadounidenses. Sólo 67 presos han sido extraditados a alguno de los 16 países que aceptaron acogerlos. Las peripecias jurídicas que suponen negación de principios elementales han sido analizadas por Richard Wilson, profesor del Center for human Rights and humanitarian Law del College of Law (American University, Washington) en su  “Defending the Detainees at Guantanamo Bay”, Human Rights Brief, 12, nº 3 (2005). Quien esté interesado, puede encontrar una detallada cronología y documentación en el sitio que la web del New York Times dedica a los campos de Guantánamo o en la web del Center for Justice and International Law de Washington.

Con motivo de este triste aniversario, me referiré sólo a algunos de los hitos más recientes de esta historia negra, a lo largo del pasado año de 2013.

banksy_guantanamo

Conviene recordar que en el mes de abril de 2013, ante la pregunta del corresponsal de CBS, en rueda de prensa oficial en la Casa Blanca, el presidente Obama, tras afirmar que “Guántanamo ya no era necesario“, reafirmó su voluntad de cerrarlo, aunque lamentó las obstrucciones planteadas por el Congreso.

En junio de 2013, por primera vez, se hizo pública una lista de 46 prisioneros a los que se retiene con carácter indefinido, sin acusación ni juicio, so pretexto de que son extremadamente peligrosos –entre ellos, Mahmoud Al Mujahid–  para ser liberados, aunque no haya elementos para llevarles a juicio (¿!).

En noviembre de 2013, tras la escalada de huelgas de hambre de prisioneros encerrados en Guntánamo, 25 ONGs se dirigieron a Obama para exigirle el cierre. Poco después, en el mismo mes de noviembre de 2013, tras reunirse con los dos enviados especiales del Departamento de Estado (Clifford Sloan) y del Pentágono (Paul Lewis volvió a hacer pública su “decisión” de cerrar esos campos y trasladar a los prisioneros a territorio de los EEUU, así como transferir a otros a países terceros.

Lo cierto es que esta última medida resulta particularmente polémica por cuanto no pocas de esas transferencias de prisión presentadas como repatriaciones, lo son contra la voluntad de los prisioneros (como en el caso de los prisioneros Djamel Ameziane y Belkacem Bensayah, trasladados a Argelia, contra su voluntad,  el 6 de diciembre de 2013; otros prisioneros saudíes y somalíes fueron también repatriados en idénticas condiciones), pero es que, aún peor, algunos son transferidos a cárceles en países terceros sin su consentimiento, como tres de los 11 prisioneros chinos de etnia iugur, transferidos a Eslovaquia el 10 de enero de 2014). A día de hoy, 15 de enero de 2014, los campos siguen ahí.

Pero cerrar Guantánamo no acaba con ese infierno, y digo infierno porque no es un limbo, salvo por la ausencia de control de los principios básicos del Estado de derecho. Según el testimonio de Zachary Katznelson, director del gabinete jurídico de la ONG Reprieve, que ha defendido a treinta de los encarcelados en Guantánamo, los EEUU tienen más de 16000 presos en todo el mundo en cárceles en Iraq, Afganistán (la muy conocida prisión de Bagram), Turquía, etc. (Puede consultarse también el libro de conversaciones editado por Nadim Mahoub The Guantanamo Files: The Stories of 744 Detainees in American’s illegal Prison, Plutopo Press, 2009, que reúne los testimonios de Andy Worthington, Moazzam Beg y Zachary Ktznelson .

NM_Europe_detentionCamps_02

Y los europeos no podemos sacar pecho frente a esta ignominia. De un lado, con la sola excepción de la Sra Merkel en su primera visita oficial a los EEUU, ningún dirigente europeo (incluido en esta misma semana el presidente Rajoy) ha sido capaz de denunciar lo inaceptable ante la propia administración norteamericana. Pero la UE, además de colaborar a esta vergüenza –desde luego, no sólo por omisión-, tiene sus propios Guantánamos. Porque en punto a desprecio de los derechos humanos y de las obligaciones jurídicas internacionales, nada tienen que envidiar los 400 CIEs que mantiene en funcionamiento en el territorio de los 28, de los países candidatos a la entrada, de los que se benefician de la política de vecindad y de los que simple y llanamente hacen negocio con esta lacra. Así lo ha denunciado y documentado Migreurop, la ONG más importante en la UE en lo que se refiere a políticas de asilo e inmigración, que surgió precisamente a finales de 2000, en el Forum Social Europeo celebrado en Florencia, como una red europea para denunciar esa Europa de camps, expresión con la que muy intencionadamente se trataba de llamar la atención sobre la analogía con las más funestas experiencias de campos de concentración, como los de Argelés, imposibles de olvidar en la memoria de los republicanos españoles.

Migreurop ha desarrollado en la última década investigaciones, iniciativas populares y propuestas críticas en este ámbito. Por ejemplo, su campaña Open Access Now, en 2011, reclamando transparencia y acceso a los centros de internamiento de extranjeros en la UE, o el proyecto Dynamic mapping of detention of migrants, conectado con el AntiAtlas of Borders Project. Todo ello ha confluido en la iniciativa denominada Close the Camps, que se puso en marcha en 2011 y se ha presentado en diciembre de 2013 en el marco de las European Campaigns against the Administrative Detention of Migrants, que forma parte de las European Alternatives (EA Migration Area/EA Detention Programme). La iniciativa reúne una dimensión de análisis con la propuesta crítica, pues persigue una cartografía de los 393 campos de internamiento –Centros de internamiento en la terminología jurídica española. Esa cartografía, a su vez,  trata de poner de relieve el carácter central de esos centros en una política de auténtica guerra contra los inmigrantes (cfr a ese respecto su emblemático Manifiesto). El número de casi 400 campos reúne a los centros que existen en los 28 Estados de la UE, los Estados candidatos a la asociación, los que forman parte de la política de vecindad (European Neighbourhood Policy, ENP) y otros Estados que participan de esas políticas. Cerremos los CIE. Cerremos Guantánamo y todos los Guantánamos. Un buen propósito para 2014.

Sin primarias no hay paraíso

Pepe Reig Cruañes

La crisis del sistema político es también, o sobre todo, la crisis de sus partidos políticos. El alejamiento de los ciudadanos respecto de la política y sus protagonistas no tiene que ver sólo con la debilidad de sus respuestas a la debacle económica y la subordinación al poder de los mercados. Si fuera sólo cosa de eficacia y firmeza democrática, la renovación del discurso socialdemócrata y el reencuentro de la izquierda con la protesta social serían suficientes para reavivar la confianza en estos partidos.

Captura de pantalla 2014-01-14 a la(s) 13.58.03

Pero no, la desafección viene de más atrás, y tiene que ver con las exigencias de una ciudadanía que ya no se conforma con la vieja manera centralista y vertical de gestionar los liderazgos en las organizaciones políticas. Mucho de lo que se echa de menos en términos de vitalidad y compromiso cívico de los partidos se debe a esa desconexión entre militancia y ciudadanía. En un mundo cada vez más panóptico, la opacidad de los partidos resulta un arcaísmo insoportable.

En la derecha española y su partido casi único estas cosas aún se gestionarán autoritariamente por mucho tiempo, aunque ya hay voces aisladas que reclaman primarias.

En la izquierda, en cambio, el proceso parece ya irreversible, aunque las resistencias de aparatos y direcciones podrían acabar diluyendo el potencial regenerador de una apertura a tumba abierta, que reúna las ventajas de la transparencia y la audacia innovadora. Los conservadurismos organizativos acampan en todos los prados. Recientemente el coordinador general de IU mostraba en la Sexta la misma clase de reticencias frente a las primarias que los viejos barones del PSOE.

Los aparatos son alérgicos a las primarias, porque cuando se hacen abiertas a la participación de cualquier ciudadano se convierten en una dinámica cívica con final abierto. Precisamente el tipo de final que los aparatos no pueden controlar.

Las primarias no son ninguna panacea por sí mismas y, en cambio, tienen riesgos evidentes: si las haces y acabas eligiendo mal puedes haber quemado tu último cartucho, pero si no las haces nadie va a creer tus proclamas de renovación y apertura. Así está el tema. El mecanismo de consulta a tu electorado para escoger al candidato o candidata ha dejado de ser opcional, para convertirse en el umbral de credibilidad y transparencia obligado. Al menos en la izquierda. El peligro ahora es doble: llegar tarde o llegar poco.

dedos

Para el PSOE “llegar tarde” significaría seguir aplazando ese golpe de democracia interna hasta desvincularlo del meritorio proceso de renovación política iniciado hace dos años, de tal manera que, a la postre, nadie crea en esa renovación o ésta se vuelva sencillamente invisible. Para IU llegar tarde es perder el único momento de su historia en que parece posible abandonar el estatus de partido testimonial para convertirse en herramienta de cambio.

El otro peligro, el de “llegar poco”, es aún mayor: si en lugar de hacer un proceso ciudadano, ejemplar y movilizador, que apele a las personas de izquierdas, se limitan a cubrir el expediente llamando a votar a sus militantes y unos cuantos familiares, no será sólo una ocasión perdida, sino la confirmación de una incurable obsolescencia.

Y aquí es donde podrían empezar los problemas, porque lo que se anuncia es un reglamento y unos plazos, justo lo que va a decidir el Comité Federal Socialista este mismo sábado, pensados para reducir al mínimo el efecto telúrico de las primarias: se dice que no serán a doble vuelta. Craso error, si se quiere facilitar una pluralidad que, al mismo tiempo, no reduzca la legitimidad resultado. Resulta evidente que cuando hay una sola vuelta, se proclaman ganadores con porcentajes mínimos de apoyo, a no ser que se haya desalentado la presentación de candidaturas. Con doble vuelta, por el contrario, se propicia la pluralidad de ofertas, en la seguridad de que la segunda ronda concentrará los votos en dos finalistas. Quien gane lo hará con más del 50%. Esto es ventajoso a efectos de pluralidad, de agrupamiento de sensibilidades y de legitimidad final. Si se insiste en evitar ese escenario, tal vez sea con vistas a reducir el poder del/la elegido/a frente al aparato.

tu decides

Luego está lo de los censos. Esto es clave para dibujar un proceso u otro. Si no se apuesta claramente por convocar a la ciudadanía, con una metodología sencilla y sin censo previo, se estará limitando el alcance revitalizador del proceso, el significado de “reseteado” ciudadano. La inscripción en el censo se ha de hacer en el momento, previo pago de un euro (gesto a la vez simbólico y muy práctico, para sufragar los gastos) y mediante la firma de una declaración genérica de adhesión a principios de izquierda, al socialismo democrático o algo semejante. El proceso de movilización previa se ha de dirigir a los movimientos y líderes de la izquierda social para interesarlos en un proceso que habría de ser básicamente cívico. Y esto, por pura lógica, habría de reproducirse también en el nivel autonómico y local, al menos a partir de un cierto tamaño.

El trabajo de revisión de la línea política ha avanzado sensiblemente, el realineamiento a la izquierda de los principales ejes del discurso empieza a ser reconocido en todas partes. Las propuestas de reforma constitucional y de corrección de las políticas económicas podrían empezar a sintonizar con el malestar social y ser la base de una nueva esperanza, pero se precisa también remover la lánguida vida de los partidos y sus gastados liderazgos. La primera reforma que el sistema demanda es la reforma de los partidos políticos.

Para la izquierda plural, para el PSOE, IU y las otras formaciones que expresan lo que los italianos llaman “il popolo di sinistra”, el dilema ante un sistema político en crisis es declinar con él o ser parte del cambio. O eso o renunciar al paraíso.

Gamonal y la seguridad ciudadana

Fernando Flores

La Exposición de Motivos del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno popular define la seguridad ciudadana como la “actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos”. Y afirma que dicha seguridad se garantiza por tres medios: con un ordenamiento jurídico adecuado que de respuesta a los ilícitos que la favorezcan, a través de una Justicia rigurosa en su aplicación, y con la actuación de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la prevención y persecución de infracciones.

bulevar NO 13

Los sucesos del barrio burgalés de Gamonal están sirviendo de coartada al Ministerio del Interior para publicitar su represor anteproyecto de Ley y justificar el creciente estado de excepción en que están convirtiendo España. Comparece el Secretario de Estado de Seguridad y nos dice algo así como: “¿veis como esa Ley es necesaria? Sólo con ella podremos acabar con los “infiltrados”, con esos “grupos violentos itinerantes” cuyo único interés no es la reivindicación de los vecinos, sino “el ejercicio de la violencia”. En definitiva, con los que quiebran la tranquilidad de los burgaleses y además les impiden manifestarse pacíficamente.

Pero los ciudadanos no están intranquilos por la protesta y los altercados. Los ciudadanos protestan porque están intranquilos. Están intranquilos porque ni sus personas ni sus derechos ni sus bienes están protegidos. Porque ya no confían en sus instituciones. Porque no se les respeta. Están intranquilos porque no hallan consuelo en un ordenamiento jurídico adecuado que no responde a los ilícitos de los políticos corruptos, ni en una judicatura tímida y lenta con los delitos de pillaje público, ni en una policía que solo parece ensañarse con las infracciones callejeras de ciudadanos intranquilos… y cabreados.

El problema del Gamonal no es un problema de seguridad, es un problema de sordera. Es un problema, una vez más, de patrimonialización de lo público, de arrogancia y de desprecio hacia la participación política. El Ministerio envía cien antidisturbios a Burgos en vez de conminar al alcalde a dar audiencia a los vecinos, a aquellos que según el propio Secretario de Estado de Seguridad son también víctimas de los violentos infiltrados, y que no han sido recibidos ni antes, ni lo van a ser ahora. ¿Qué les cuesta?

Les cuesta porque una audiencia significa dar explicaciones, ofrecer transparencia, proporcionar información. Es decir, les cuesta que se sepa en toda España “Qué está pasando en Burgos” (curiosamente Ignacio Escolar para eldiario.es y Silvia Hernando para infoLibre titulan igual sus artículos): corrupción urbanística, medios de comunicación y poder político en un mismo plato.

Así que, pese a los contenedores ardiendo, los escaparates reventados, los once menores de cuarenta detenidos… la cuestión de Gamonal no es la intranquilidad de los vecinos, no es de seguridad ciudadana. El de Gamonal es un problema de intranquilidad de los políticos y del estado de excepción a su servicio.

Gamonal 2

La libertad de expresión de los jueces

Fernando Flores

Existe un dicho judicial según el cual ‘los jueces se expresan por medio de sus autos y sentencias’, un deseo que obedece, en principio, al noble objetivo de mantener a salvo la imparcialidad como base de su actuación, requisito imprescindible en el Estado de Derecho.

La semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz creyó necesario aclararle públicamente -vía twitter- al diputado Iñaki Oyarzábal la decisión de no impedir la reunión de los expresos de ETA en Durango. Oyarzábal había tuiteado previamente que discrepaba y le resultaba incomprensible dicha decisión. El revuelo causado por la respuesta del juez fue considerable.

pedraz

¿Disponen los jueces de la libertad de expresión como el resto de los ciudadanos? ¿Debe la ley limitársela, o debe quedar al buen criterio de cada cual la decisión sobre la oportunidad de ejercerla?

Opinión desde luego tienen. No hay más que asomarse a las cuentas de Facebook y Twitter del juez Elpidio José Silva, donde vierte diariamente opiniones lapidarias sobre todo tipo de temas, incluyendo los que están bajo su jurisdicción. O recordar algunas entrevistas, como las del propio Silva, la reciente de Gómez Bermúdez, las de Grande Marlaska, las numerosas a Garzón o, también hace poco, la de Vázquez Taín, juez de casos tan mediáticos como el del Códice Calixtino o el de Asunta, quien, aprovechando las preguntas que le hacían en su calidad de novelista, dijo que el ministro Gallardón era un desastre. Por lo demás, no es difícil encontrar artículos de opinión de jueces en ejercicio, como el que, contra la guerra de Iraq, le valió al propio Garzón la apertura en 2003 de un expediente disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial (en aquel caso sin mayores consecuencias). Por no hablar del prolífico Requero, numerario ejerciente, magistrado de lo contencioso de la Audiencia Nacional y azote de las políticas de Zapatero cuando fue vocal del CGPJ, cuyas opiniones ultraconservadoras sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto o la doctrina Parot son públicas y notorias.

¿Qué dice la Constitución y la ley al respecto? La Constitución impide a los jueces desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127 CE), pero nada dice de su libertad de expresión. En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, únicamente establece como falta grave sujeta a responsabilidad disciplinaria:

“Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición” (art.418.3 LOPJ).

Es cierto que resulta habitual escuchar (y leer) que los jueces tienen prohibido opinar de aquellos asuntos que investigan o que tienen que juzgar. Sin embargo, no existe una prohibición normativa, expresa, que así lo disponga. En realidad es la propia prudencia, sentido común y autocontención de los jueces la que regula sus manifestaciones y sus silencios en relación con los temas sobre los que tienen que decidir. Sin duda, el juez Silva sería un ejemplo de laxitud en este sentido.

elpidio

En resumen, salvo lo dispuesto en el artículo transcrito, los jueces están sujetos a su propio criterio a la hora de realizar declaraciones, por lo que puede decirse que su libertad de opinión es prácticamente igual a la de cualquier otro ciudadano. Una opción razonable que, además, resulta coherente con el reconocimiento del derecho de los jueces a la libre asociación (art.401 LOPJ) pues, ¿de qué les serviría asociarse si no pueden expresar la posición de la organización a la que pertenecen?

Un tema sensiblemente distinto aparece con las opiniones expresadas en el propio texto de las resoluciones judiciales. Recuérdese la que se armó cuando Pedraz deslizó un comentario –“la convenida decadencia de la clase política”– en el auto (muy bien fundamentando jurídicamente) que archivaba la causa contra ocho imputados por promover la manifestación del 25-S (“Rodea el Congreso”). Esta veleidad le valió al magistrado obtener la opinión (semicontrastada en carne propia) del portavoz adjunto del PP, Rafael Hernando, quien lo calificó como “pijo ácrata”, aclarando de inmediato (vía twitter) que no se trataba de un insulto personal.

Y hablando de ironías, también puede contemplarse en estos días la del juez Castro (caso Urdangarín) quien, además de achacar a la codicia del Duque de Palma y de la infanta Doña Cristina la vinculación de ciertas facturas a la empresa pantalla Aizoon, reprocha al fiscal la distinta vara de medir cuando exige más argumentos que justifiquen la imputación de la infanta Cristina, y lo hace (por auto) de esta forma:

“Cuando finalice la instrucción de esta Pieza Separada (caso Nóos) y se vuelva a la normalidad procesal quizá pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona (a la infanta) a prestar declaración en calidad de imputada, trámite este que por millares se viene llevando a cabo cada día en los Juzgados de España con total respeto a las garantías procesales y sin que absolutamente a nadie se escandalice, se habría precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal.

Nada que ver, en todo caso, con el juez Pardo de Andrade, quien decidió sentenciar en verso una demanda en la que una azafata de vuelo pedía ser indemnizada por una academia a la que había asistido para obtener un título. Más o menos de esta manera: “Tinieblas del corazón. La resolución de la litis empieza por el final. ¿Por qué asistió la Sra. Cabo Vizo al juicio si no se había pedido su interrogatorio? Porque le dolía, le duele el corazón. Acaso, ojalá, contribuya la presente a derivar tal dolor hacia el bolsillo (…)” etc.

Captura de pantalla 2014-01-09 a la(s) 08.45.31

Sea como fuere, la LOPJ tiene norma para todos estos casos, pues considera falta grave la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico” (art.418.6), y describe entre las faltas leves la “desconsideración hacia los ciudadanos…“ (art.419.2). Obviamente, como la aplicación de estas normas debe ser restrictiva (se trata de normas que limitan la libertad de los jueces), ninguno de los casos referidos ha merecido o merecerá sanción. Así que a la vista de todo ello puede reiterarse que la legislación se entromete muy poco en la limitación de la libertad de expresión de los jueces, lo que de una parte es coherente con un sistema de libertades riguroso y creíble, pero que, de otra, provoca de tanto en tanto las molestias de común aliadas al ejercicio de la opinión, más aún si ésta viene respaldada por la autoridad que se le presume a la judicatura.

Muy probablemente son estas molestias liberales las que una vez más han despertado de su ligero sueño de interventor al ministro de Justicia. En efecto, hace unos meses Gallardón filtraba un texto de reforma de la LOPJ en el que se prohíbe a los jueces y a las asociaciones judiciales que emitan opiniones en los medios de comunicación sobre los asuntos que se tramitan en los tribunales, e incluso sobre los casos que ya estuvieran definitivamente sentenciados y resueltos. Es decir, según dicho artículo Hernando podría opinar sobre lo pijo que es Pedraz, pero éste no podría aclararle al afrentado Oyarzábal que, amén de otras circunstancias, resultaba formalmente imposible prohibir la reunión de Durango. Visto así, no es extraño que la contestación de las asociaciones judiciales fuera de rechazo frontal. Ese proyecto, además de ser una intromisión en la libertad de expresión de los jueces a todas luces inconstitucional (se entromete en su contenido esencial), revela cierta querencia por el desequilibrio de poderes.

En fin, los derechos fundamentales no deben limitarse más de lo imprescindible. En el caso de los jueces, es sólo la garantía de la imparcialidad (esencial para la efectividad de la tutela judicial reconocida por el art. 24 CE) la que debe oponerse a su libertad de expresión. Hay que partir de que ellos y ellas tienen ideología y opiniones, como cualquier otra persona. Conocerlas puede resultar incluso una garantía para el ciudadano pues, llegado el caso, éste podría fundamentar una recusación por considerar que el juez que ve su caso está contaminado de tal manera que no puede resolverlo de modo ecuánime.

La prudencia y la ecuanimidad son características que dan valor a la judicatura, y creo que puede afirmarse que los jueces españoles las poseen por abrumadora mayoría. Interferir legamente en su libertad por unos pocos (y discutibles en su improcedencia) casos aislados es al mismo tiempo un error monumental y una muestra de autoritarismo incompatible con un Estado democrático que protege los derechos de sus ciudadanos. En último término, y más allá de extravagancias puntuales, habría que preguntarse muy seriamente sobre el ejercicio de la libertad de expresión por los jueces cuando sus expresiones son actos reflejos contra las intromisiones reiteradas (y mafiosas) de otros poderes, públicos y privados, que tratan de excepcionar el principio sagrado de la igualdad ante la ley. El ejercicio de la libertad de expresión de los jueces como síntoma insoportable de que, para algunos, el Estado de Derecho no existe.

libertad-y-justicia

¿Sin masas y sin “demos”?

Pepe Reig Cruañes

Decía El Roto que España está sirviendo de laboratorio y los españoles de “cobayas” de un “experimento a gran escala”. Hablando con toda propiedad puede decirse que estamos ante una alevosa expropiación de la población a manos de los gobiernos, con el objetivo confeso de devolver a los bancos (españoles y, sobre todo alemanes) el dinero que arriesgaron en operaciones de inversión que no pasarían la prueba de un contable de tercera. Ante este meridiano ejemplo de la vieja y denostada lucha de las clases por la titularidad del producto social, una pregunta recorre Europa … bueno, no la recorre pero debería hacerlo: ¿dónde diablos están las masas indignadas?

Sí, ya sé que no estamos en los años treinta, ni siquiera en los felices sesenta. Ahora las cosas son de otro modo y se pueden presentar una docena de explicaciones a esta ausencia de reacción. Las redes familiares de solidaridad, propias del mundo latino. La reserva de protección social que, aún a punto de agotarse, sirve de muro de contención. La doctrina del Shock, que nos explicó agudamente Naomi Klein, y que ha logrado paralizar a la gente de miedo. Aquello que Hanna Arendt llamaría la “desesperación organizada” que había servido de base a los regímenes totalitarios. El hecho contraintuitivo de que la gente se rebela cuando está mal, pero deja de hacerlo cuando está absolutamente mal. En fin, la generosidad cuasi infinita de las masas que prefieren siempre creer en la promesa de salvación colectiva con que las elites las adormecen día a día, antes que asumir el riesgo de tomar las riendas.

imagen 1

Una combinación de todo ello, más la falta de arrojo de la izquierda política, puede estar inhibiendo la socialización de la indignación, es decir, la extensión incremental de la protesta e impidiendo que se desborde en acciones de masas que parecen las únicas capaces de inducir un cambio de rumbo en la elite del poder o propiciar aquello de que “el miedo cambie de bando”. La participación en las huelgas y manifestaciones ha ido subiendo y bajando desde la explosión del 15-M y también la sensación de hartazón de la gente, pero ¿dónde está aquella ola de indignación contra el gobierno que nos metía en la guerra de Irak allá por 2003? Aquellas protestas casi no había que convocarlas, millones de personas salían simultáneamente en manifestación en todas las ciudades, o hacían caceroladas y colgaban pancartas de sus balcones. Había un estado de efervescencia que el propio Tony Blair retrató certeramente al decirle a Aznar que el porcentaje de gente que apoyaba la aventura bélica era igual que el que creía que Elvis estaba vivo. ¿Dónde están aquellas mayorías ahora, cuando se ataca no ya la fibra ética del pacifismo popular, sino algo mucho más cercano al “interés” inmediato como es el empleo o el derecho a la salud y la educación?

La conversión de las masas en sujeto histórico es un “tema” del siglo XX, pero ha sufrido varias circunvoluciones desde que la archicitada Rebelión de las masas (Ortega, 1929), expresara el miedo a la extensión de la democracia fuera del ámbito político (liberal) para invadir el todo social. Tres décadas después de Ortega, Elías Canetti (Masa y Poder, 1960) se percataba de que la irrupción de los modernos medios de comunicación masivos había acabado con la capacidad de tumulto o asamblea física de las masas, que ya sólo se reunían virtualmente en torno a símbolos mediáticos, modas y personajes famosos. Estas masas que ya no se reúnen han perdido la “conciencia de su potencia política” (Sloterdijk, 2002). Si esto sucede en la era de la comunicación de masas ¿qué no ocurrirá en la de las redes sociales, cuando los símbolos y modos en torno a los que podrían reunirse las masas se han multiplicado al mismo ritmo que se fraccionaba hasta el infinito su antigua atracción universal?

imagen2

Hay un ejemplo en nuestra experiencia reciente como país que puede ilustrar esa relación entre los medios, los individuos y las masas. Durante las marchas convocadas por el Gobierno de Aznar en protesta contra los atentados de aquel nefasto 11 de marzo, que congregaron a millones de ciudadanos de forma simultánea en todas las ciudades, se produjo un fenómeno que puede haber pasado desapercibido para muchos: la llegada de noticias por medios extranjeros y nacionales que confirmaban la autoría islamista del atentado, produjo multitud de cambios cognitivos individuales “durante” el transcurso de esas manifestaciones, lo que unido a la visibilidad que adquirían las protestas aisladas de grupos reducidos contra la manipulación informativa del gobierno, acabó generando una difusa sensación de incomodidad e impaciencia que tendría su traducción en el castigo electoral de 48 horas después. El caso (Vid. Multitudes on line. Sampedro, 2005) ilustra bien la velocidad y la intensidad con que cambios en el nivel “micro” se traducen en tormentas “macro”, pero también es un ejemplo del cruce de las realidades físicas con las virtuales que constituye el nuevo espacio público.

Se ha hablado mucho de cómo Facebook o Twitter cambian las relaciones personales al facilitar contactos evitando los inconvenientes del roce físico o facilitando una gestión diferente de las identidades sociales. Lo que no se ha tratado tanto es la forma en que esas redes sociales modifican la relación del individuo con el colectivo social y, en primer lugar, cómo esto altera la composición y la conducta de los individuos en situaciones de masa y de las propias masas congregadas. Las informaciones y opiniones críticas con la gestión de la crisis se difunden rápidamente y proliferan en el sistema viral de las redes sociales, pero con la misma frecuencia empiezan a surgir voces denunciando un posible fenómeno de sustitución, en virtud del cual la gente acaba desgañitándose en las redes, dando así por cumplido su deber de intervención en el espacio público, en vez de acudir a las convocatorias y acciones “reales” que son las únicas que tienen posibilidad de influir en el orden político.

¿Es entonces el sino de nuestras sociedades posmodernas la desaparición del tumulto y la reunión de masas? Las masas siempre se han considerado reactivas, salvo por una parte del marxismo que entendió que mediante adecuadas organizaciones de masas, éstas podían ser programadas para la acción. Una acción, por supuesto, pensada y dirigida por una minoría consciente.

imagen3

Algo muy diferente de esto es el “demos” de la democracia, o eso que damos en llamar “ciudadanía”, que solo puede ser creado mediante un complejo sistema de derechos y libertades: opinión, expresión, reunión, manifestación, participación, delegación, elección, etc. Un sistema de libertades que le permite conquistar algunas mínimas “igualdades”, vamos a llamarlo así, o derechos sociales de los que incluimos en el estado del bienestar. Es decir, esa otra clase de derechos que tienden a paliar algunas de las inseguridades intrínsecas de la vida humana, como una cierta protección ante la enfermedad, una cierta igualdad de oportunidades ante el ascenso social, alguna estabilidad laboral, el acceso a la cultura, seguridad jurídica, etc.. En tal escenario de libertades y de  potenciales “igualdades”, los procesos de formación de la voluntad popular se superponen y hasta sustituyen a la reactividad de las masas. Esos procesos deberían parecerse cada vez más al ideal “dialógico” habermasiano de la democracia deliberativa, con sus condiciones de comunicación, participación y negociación de intereses en busca del bien común.

imagen4

Pero ¿qué ocurre cuando a ese “demos” se le retiran, por decreto, derechos de los que es titular? ¿Qué ocurre cuando en lugar de ayudar a los ciudadanos particulares a saldar su deuda con los bancos, se opta por ayudar con dinero público a éstos manteniendo la deuda de los particulares y expulsándolos de sus viviendas cuando llega el caso? ¿qué ocurre cuando se hace una reforma laboral pensada para desequilibrar la capacidad negociadora a favor del capital? ¿o cuando se invierten deliberadamente los efectos igualadores del sistema de enseñanza, favoreciendo una nueva elitización? ¿Qué ocurre cuando se expulsa a casi un millón de ciudadanos del sistema de salud y se deteriora deliberadamente la atención sanitaria para favorecer la privatización y el negocio? ¿Qué pasa con el “demos” cuando se propone dificultar la protesta cívica volviendo a un esquema de orden público más propio del franquismo, que multa, prohíbe y castiga? ¿Qué ocurre cuando se empuja a las mujeres a abandonar los espacios conquistados trabajosamente durante décadas y se le vuelve a pedir sumisión y silencio? ¿O cuando se reorganiza el negocio de la cultura para que deje de ser un empeño común y se convierta en el adorno particular de unos cuantos? ¿Qué ocurre, en definitiva, cuando se expropian derechos mientras se empobrece al famoso “demos” de la democracia? ¿No debería entonces “pasar algo”?

¿Cuál es el umbral de derechos que una ciudadanía viva puede perder sin estallar en una insurrección cívica? Esa es la verdadera naturaleza del experimento de ingeniería social a que aludía sabiamente El Roto, y la respuesta, hoy por hoy, parece ser que podemos llegar muy, pero muy abajo sin que tiemble la tierra.

imagen5