Por el “bien de la justicia universal”, y por el monte las sardinas, tralará.

Javier Chinchón Álvarez

Culminado, vía la Ley Orgánica 1/2009, el anterior proceso de modificación de la jurisdicción universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, allá por octubre de 2009 escribí un breve artículo en el que tras tratar de explicar todo lo que vivimos aquellos meses, terminaba refiriéndome a “aquellos de nuestros representantes que [habían] votado a favor de [aquella] reforma infame”. En concreto, les compartía entonces que tanto por el fondo pero sobre todo por la forma en que la misma se desarrolló, todos ellos habían perdido mi confianza para las próximas elecciones. Aun tras aquello, y conociendo la vieja máxima de que todo es susceptible de empeorar, he de reconocer que la actual modificación iniciada a finales de enero me está dejando atónito, abochornado, casi sin palabras.

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Carta a El País

El 19 de febrero un grupo de personas enviamos una carta al diario El País para protestar por el titular alarmista y falto de rigor del 16/2/2014: “30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla”. La carta se firmó por 198 personas (se recogieron un total de 226 firmas, pero las 27 restantes llegaron después de haber enviado la carta). Entre los firmantes había adhesiones de personas a nivel individual, asociaciones, medios de comunicación, cineastas; abogados/as, periodistas, músicos, investigadores/as y docentes universitarios de Marruecos, España, Francia, Alemania, Argentina, Italia, Portugal y México.

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Finalmente el diario El País nos indicó que debido a la difusión de la noticia en las redes sociales (difusión que se hizo para recoger las propias firmas, no se envío a ningún medio la carta, sólo al El País una vez recogidas las firmas) no se publicaba al no tener ellos la exclusiva. Ponemos en vuestro conocimiento esta información y os adjuntamos la carta con las firmas:

“Sr. Director del diario El País,

Nos dirigimos a Ud. en relación con el titular de la noticia publicada el 16/2/2014, en la portada de su periódico: “30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla

Dicho titular nos parece alarmista y completamente falto de rigor. Viene a criminalizar la migración y a ahondar en los estereotipos sobre la migración que estigmatizan a las personas migrantes como una “amenaza incontrolable”.

Nos gustaría señalar que no hay datos oficiales sobre el número de personas provenientes de países del Subsáhara que residen en Marruecos en una situación administrativa irregular. El Ministerio del Interior de Marruecos con motivo del proceso de regularización comenzado el 1 de enero de 2014, señalóque entre 25.000 y 40.000 extranjeros residen de forma irregular en el país, pero este dato se refiere a todas las nacionalidades de diferentes estados de Europa, África, Asia y América.

El colectivo de personas provenientes de países del Subsáhara que residen en Marruecos en una situación administrativa irregular no conforma un grupo homogéneo. Estas personas proceden principalmente de países de África del Oeste y de África Central. Encontramos diferencias de edad, género y etnia. La situación en la que se encuentran es también diversa, desde demandantes de asilo y refugiados, personas que han entrado legalmente al país y se han quedado en una situación administrativa irregular, parejas mixtas, etc….

También hay personas en situaciones de especial vulnerabilidad (enfermos/as, menores no acompañados, madres solas o mujeres víctimas de violencia de género). Es además frecuente calificar también como migrantes a las personas víctimas de trata de seres humanos. Esta es una realidad presente en Marruecos y que requiere una protección específica según la normativa internacional y también requiere la diferenciación con la categoría de migrante.

En consonancia con esta diversidad, también existe una variedad de trayectorias vitales y de proyectos migratorios. El hecho de residir enMarruecos de forma irregular no significa que “aguarden en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla”. Es más, los datos dados por FRONTEX en el año 2010 hablan de un total de 5.003 personas que accedieron de forma irregular a la UE a través de la Frontera Sur con Marruecos; en el año  2011 señala que fueron 8.448 personas y en el año 2012 hablan de 6.397 personas. Estas cifras se refieren a todas las personas que accedieron de forma irregular por la Frontera Sur de la UE con Marruecos, donde se incluyen las personas que entraron de forma irregular a Ceuta y Melilla.

A la luz de estos datos es evidente el grado de exageración del titular y la falta de rigor. Por este motivo, las personas abajo firmantes solicitamos la corrección expresa de dicho titular, pedimos que se contrasten los datos y solicitamos la publicación de esta carta”.

Firmado por:
Amina Bargach – Mohamed Jaaidi- Bernabé López – Mohamed Serifi – Cecilia Fernández Sudor- Javier de Lucas – Lucía Ferreiro- Mustapha El Maarouf- Ana I Planet – Nadia Nair- Helena Maleno- Naomí Ramírez- Diana Rincón- Charlotte Poitout- Gema Ventura – Carmen Rodríguez- Ferrán Izquierdo- Rosa María Soriano- Luis Melián – Miguel Hernando de Larramendi- Gabriele del Grande- Alberto López- Antonio Basallote- Lidia Fernández- Adolfo Calatravaa- Guadalupe Martínez- Nadia Hindi – Laura Mijares- Diego Lorente- MUGAK- Marina Díaz – Guillermo Alonso- Elisa García – Bárbara Azaola- Rita Gomes- Juan José Peris- Patricia Fernández- Bosco Govantes- Francesco Madrisotti- Laura Navarro- Marlene Solís- Nuria Almirón- Irene Fernández- Érika Cerrazola- Nuria Empez – María Auxiliadora Trujillo – Centro Parroquial San Carlos Borromeo- Tomás Luis- Felipe de Jesús- Jesús Jurado – Germán Rodríguez- Eva Mª Durán- Gabriela Poblet- Anaitze Aguirre – June Arechalde – Alba Valdés- Pamela Urrutia- Beatriz Tomé – Vicenç Fisas- Jesús Marchán – Laura Galián – Ana Villillas- Nasara Cabrera – Miriam Meda- Mariona Sanz- Dolors Bramon- Katia Feo- Dominique Jolivet- Jordi Belloso – Sara Carmona – Joseph Lluís- Francesco Vacchiano- Sonia Herrera- Loira Manzani- Karlos Castilla – Laura Feliz- Maitane Arnoso- ION Radio- Walter Actis- Silvana Luciani- Enrique Delgado- Oriol Puig- Alfredo Cohen- Margarita Martínez- Camern Vizán- Ana Pérez – José Peñín- Colectivo Sur Cacarica- Joves d´Esquerra- Carolina Astudillo – Roberto Bonet- Salahuddin- Paco Marco- Gemma Monsó – Patricia Alonso – Natalia Caicedo – Mª Angustias Parejo – Javier Garbulsky- Juan David- SOS RACISMO. Madrid- Roberto López- Tanquem els CIE- Carmen Gómez – Victoria Veguilla- Alicia Costas- Sonia Garrido- Irene Carrión- Ricardo San Segundo- Blanca Villuendas- Jorge Ramos- Cristina Herrera- Santos Santeiro- El khalil Mzouri- Ramon Centellas- Martín de Vedia- Pilar Felipe- Ana Peréz- Ana Rispa- Azucena Magdalena- Ángel Carrasco- Valencia Acoge- Hugo Aristizábal- Amélie Mas- Laetitia Tura- Bárbara Ortiz- Julián Hernán- Guadalupe Ríos- Alicia Ríos Ivars- Josefa Ivars- Maria Martinez del Cerro- Chelo González- Helene Scotto di Rinaldi- Amanda Andrades- Gritando en Silencio. Jorge Romero- Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería- Carlos Roldán- Mario Arias- Giorgia Giordani- Patrick Batarilo- Fundación Raíces- Laura Pablo- Instituto para la Noviolencia Activa- Fabien Didier Yene- Afrique Survie Migration- Sébastien Bachelet- Emmanuelle Hellio- Silvia Álvarez- GADEM. Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants. Marruecos- Adriana Ortiz- Maria del Mar Benseny- Laia Vila- David Lagarde- Chiara Perucca- Nicola Momente- Sophiane Mehiaoui- Forum Asile Migration- Sylvain George- Youssef Haji- Thomas Fournier- Helmut Dietrich- Hicham Rachidi- Sonya Mases- Tamara Isabel Ahmad- Mº Ruth Jiménez- Marta Pérez – Encarnación Márquez- Iván Muñoz García- Izpiñe Sanchéz- María José Venceslá. Vanesa Bellón- Hafsa Afailal- Maria Bernardez- Andres Kaba- Chakir Hamdame- Cristina García- Juanjo Pérez- Juana Aragón- Cerro Arco- Sergio Zamorano- Elena López – Verónica García- Carmen Orland – Natalia Román- Elena González- Jordi Moreras- Deborah Elizondo- Ana Santomé- Miryam Navarro Rupérez- Laura Ruiz de Elvira- Isabel Lima- Mercedes García- Mónica Manrique- Consuelo Tomé- Mercedes G. Jiménez- Asociación Intercultural Candombe- Edurne Rubio- Úrsula Santa Cruz- Joaquín García- Rachid Columbares- Ana Barona- Bernardo Collado Orlando- Teresa Vicente- Mohamed Berriane- Michel Peraldi- Hanan Dalouh Amghar- Bernard Moizo- Naoual Asselman- Sarah Boutaïb- Michel Agier- Angel Carrasco.

Clima, se acerca la hora de la política

Teresa Ribera

Sometida a una creciente polaridad insana, la respuesta política al cambio climático parecía haberse alejado de esa base común que los británicos identifican con “los intereses del Reino Unido”. El empuje de otras épocas se había ido, poco a poco, diluyendo durante el mandato de Cameron, con bandazos en política energética y sometido a una fuerte presión procedente del euro-clima-escepticismo del ala tory más a la derecha y, sobre todo, del amenazante UKIP. Tampoco el laborismo de Ed Milliband parecía estar dispuesto a arriesgar demasiado capital político en esta materia tras las tensiones internas con los sindicatos, así que sólo se animó a dar una desconcertante pero llamativa campanada electoral: si gana las elecciones en 2015, congelará la factura eléctrica.

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Como la naturaleza tiene sus propias reglas, ocurrió lo que los modelos climáticos muestran como escenarios más probables en el medio y largo plazo: que amplias zonas bajas del suroeste británico quedaron bajo metro y medio de agua. No un día ni dos. Llevan semanas y con relevantes afecciones para los vecinos y sus casas, además de cortes en suministros de todo tipo de servicios públicos como el transporte y la electricidad.

Algo parecido pasa a escala europea donde, a fuerza de repetir medias verdades, la gente se ha creído eso de que Europa ya ha hecho mucho y que deben ser los otros los que hagan más. Es como si la lectura frívola e irresponsable de considerar este asunto una carga decorativa hubiera encontrado acogida definitiva entre las élites europeas. Merkel duda sobre si asumir el liderazgo y empujar la agenda, o si mantenerse prudente a la espera de los acontecimientos para no correr riesgos ante un amplio sector industrial conservador; Gabriel evalúa los riesgos políticos de presionar la agenda del clima y la transición energética; Van Rompuy parece haber decidido evitar cualquier riesgos de agrios debates en el Consejo; Tusk todavía no ha entendido que las políticas de clima también benefician a Polonia y que forman parte de un acervo común europeo al que ningún político con vocación de ejercicio para las próximas décadas debiera renunciar; Hollande quiere y se esfuerza por superar escollos pero todavía no ha encontrado la manera de hacerlo, y aquí en España nos entretenemos con una vuelta al pasado en energía y haciendo oídos sordos a la ciencia (¡y a las olas!) pensando en el dinerito y la satisfacción que da decir que todo el mundo puede hacer lo que quiera en primera línea de playa o en otras zonas vulnerables. Cuando lleguen las desgracias y los malos ratos, nos acordaremos de las imágenes dramáticas de un pasado en el que acostumbrábamos a ocupar sin pudor el cauce seco y las zonas de máxima –aunque sea inusual- crecida de los ríos.

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Pero el mundo sigue su curso y Kerry, cuyo compromiso con la agenda del clima era bien conocido y cuyas habilidades diplomáticas lo son cada día más, ha decidido recuperar el tiempo perdido. Y sabe que lo más importante, tanto para el clima global como para la opinión pública estadounidense, es un fructífero acuerdo de trabajo común con China. Y eso hace. Cooperación política bilateral en clima, intercambio de información, desarrollos industriales y tecnológicos conjuntos… Incluso, si es verdad lo que anuncian en su último comunicado, concertación de cara a la negociación de Naciones Unidas. Es decir, un G2 que da sus primeros pasos y del que la torpeza común europea parece habernos dejado fuera.

Todavía hay tiempo –poco- y excelentes ocasiones para recuperar el tren: tenemos un Consejo Europeo a mediados de marzo (¿será verdad que no dirán nada? Menudo papelón para los gobiernos europeos y sus líderes tras los pronunciamientos de la Comisión y el Parlamento Europeos); elecciones europeas inmediatamente después; una Cumbre convocada por Ban Ki Moon sobre este asunto en septiembre en Nueva York… Y tenemos cada día y cada líder o aspirante a serlo que debiera pronunciarse muy seriamente sobre este asunto. ¿Superan la prueba nuestros compatriotas?

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Gobierno y Carta Social Europea: por las buenas o por las malas

Mª Belén Cardona Rubert y Carmen Salcedo Beltrán

En los últimos meses, nuestro Ejecutivo ha sido objeto de reprobación por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales, en relación a dos de sus reformas legislativas más controvertidas. Dichas reformas incumplen uno de los Tratados internacionales más importantes, la Carta Social Europea, considerada como la norma que incluye el catálogo más completo a nivel europeo de los derechos humanos de carácter social, cuyo texto, dicho sea de paso, está ratificado en su totalidad por España desde 1980, en su versión originaria.

La más reciente y mediática de dichas vulneraciones se refiere a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación administrativa irregular.

El pasado 29 de enero se hicieron públicas las Conclusiones elaboradas por el Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo adscrito al Consejo de Europa (formado por 47 países), que se encarga de verificar el cumplimiento de la Carta Social Europea, mediante el procedimiento de control de Informes.

En total se han dictado seis Conclusiones de no conformidad con las políticas legislativas del Estado Español -muy interesantes algunas de ellas en cuanto señalan las vulneraciones del derecho a la Seguridad Social, del derecho a la asistencia social y médica, del derecho a los beneficios de los servicios sociales y del derecho a la protección social-, y dos, en las que se le concede al Gobierno un aplazamiento para que facilite información complementaria para poder realizar la valoración correctamente, advirtiendo que, en el caso de no suministrarla, pasarán a ser calificadas también de no conformidad.

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¿Es censurable la sátira?

Ana Valero

El pasado 1 de febrero se aplicó por primera vez la nueva Ley de Medios de Ecuador, de junio de 2013, y el sancionado ha sido un caricaturista, Xabier Bonilla Bonil. El motivo de la sanción es la publicación de una viñeta en el diario El Universo sobre el allanamiento de la casa de un asesor legislativo de la oposición al Gobierno de Correa por unos funcionarios de la fiscalía y la policía. Esta polémica ley, de más que dudosa constitucionalidad, crea un órgano dependiente del Gobierno, la “Superintendencia de la Información y Comunicación”, que ha impuesto al caricaturista una sanción que le obliga a rectificar la viñeta original alegando que la misma no se corresponde a la verdad de los hechos y que estigmatiza la labor de la Fiscalía General y de la Policía Judicial. Además, se sanciona económicamente al diario en que se publicó la caricatura en virtud de la llamativa figura de la “responsabilidad ulterior”.

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El pasado noviembre vimos cómo la cadena de televisión egipcia CBC suspendía el programa semanal de sátira política de Bassem Youssef, un cómico que alcanzó una gran popularidad durante el Gobierno de los Hermanos Musulmanes mofándose de los políticos y de los medios islamistas. Parece que el nuevo Gobierno, que asumió las riendas del país tras el golpe de Estado militar del 3 de julio, no ha encajado con tan buena cintura las burlas que Youssef le profirió en el que sería el último de sus programas. A las pocas horas de su emisión, la cadena de televisión anunciaba su suspensión y ya se habían interpuesto contra él hasta cuatro demandas ante los tribunales por dañar el prestigio de Egipto.

Algunos dirán, sí, pero estas cosas suceden en Egipto, aquél no es un país verdaderamente democrático. O, en Ecuador, donde el populismo de su Gobierno a duras penas sintoniza con las exigencias de la democracia y las libertades. No, no se equivoquen, no es necesario irse tan lejos para ver cómo la Administración prohíbe “preventivamente” espectáculos de tipo satírico. El mes pasado el Consejo de Estado francés, máximo órgano de la jurisdicción administrativa, ratificaba la decisión del Gobierno de prohibir en varias ciudades del país el último espectáculo del famoso y controvertido humorista francés Dieudonné. El Gobierno apelaba al carácter racista y antisemita de las bromas del cómico y el Conseil d’État francés avalaba su prohibición por dos motivos: su contenido, que incluye apelaciones antisemitas, apología de la discriminación, de la persecución y del exterminio de judíos llevado a cabo durante la segunda guerra mundial; y el “riesgo de desorden público” que su celebración pudiera ocasionar.

En los tres casos citados el medio empleado es el mismo, la sátira, pero el destinatario de la mofa es distinto, en los casos egipcio y ecuatoriano, lo es el poder político o institucional, mientras que en el caso francés, lo es un grupo o colectivo social concreto, identificado por sus creencias religiosas. Veamos pues, cuáles son las diferentes respuestas jurídicas, si es que las hay, que una y otra manifestación de la libertad de expresión satírica merecerían en un país como el nuestro.

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En primer lugar, conviene dejar claro que la sátira, en cualquiera de sus manifestaciones, es ejercicio de la libertad de expresión, y no de la libertad de información, dos libertades con un objeto distinto y con un régimen jurídico también diferente. Mientras la libertad de expresión protege las ideas u opiniones de su titular, la libertad de información protege sólo y exclusivamente “hechos veraces” y de “relevancia pública”. En consecuencia, no es exigible, como el órgano gubernamental ecuatoriano pretende, que la caricatura, el cómic, la obra de teatro o el sketch televisivo satírico de que se trate sean “veraces”, ni que busquen mostrar la realidad tal cual es, pues todas esas obras son mera manifestación de las ideas u opiniones de su autor.

Hemos de partir de la idea de que la sátira, especialmente la política, tiene y ha tenido una presencia constante en las manifestaciones creativas y de expresión del ser humano. Concebida para hacer reír, generar sorpresa o estupor, la sátira se hace presente como instrumento de denuncia y crítica social en las distintas manifestaciones del arte: la literatura, el teatro, el humor gráfico, el artículo periodístico, los programas o sketch televisivos, el cine o la canción. Desde Las Nubes de Aristófanes, en la antigua comedia griega, hasta la Muerte accidental de un anarquista, de Dario Fo, múltiples han sido las creaciones artísticas que han recurrido a la ridiculización y a la ironía como arma para combatir los desmanes del poder y aspirar a construir una sociedad mejor. La sátira es el arma idónea para hacer crítica social desde la inteligencia humana.

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En EE UU, cuando Arthur Miller escribió la Muerte de un viajante, o Las brujas de Salem, lo hizo en un contexto social y político nada proclive a la crítica, a pesar de la imperturbable vigencia de la Primera Enmienda a la Constitución de 1787, que proclama la libertad de expresión. Tampoco esta Enmienda impidió que se condenase a Lenny Bruce por el delito de blasfemia como consecuencia de sus números cómicos y entrevistas satíricas realizados en el night club The hungry i, en North Beach (San Francisco). El mismo delito, el de blasfemia, que sentó en el banquillo de los acusados de los tribunales españoles al cantautor Javier Krahe en el año 2012 por unas imágenes grabadas en el año 1977 en las que se cocinaba un Cristo. Y ello, a pesar de la vigencia del artículo 20 de la Constitución Española de 1978, que proclama la libertad de expresión en nuestro ordenamiento jurídico.

Cuando la libertad de expresión es ejercida por “los cómicos” difícilmente los poderes políticos, religiosos o económicos salen inmunes. Y la mayor o menor laxitud con que la sátira es aceptada por una determinada sociedad es proporcional al mayor o menor nivel de compromiso de la misma con las señas de identidad de los sistemas verdaderamente democráticos.

Pero, de acuerdo con esto, ¿deberíamos afirmar rotundamente que la libertad de crítica satírica merece siempre una protección preferente? ¿Se trata de una libertad absoluta? Y si no lo es, ¿cuáles son sus límites?

Para obtener respuestas satisfactorias debemos partir de que la mayor o menor protección de la manifestación satírica vendrá condicionada, principalmente, por el tipo de destinatarios hacia los que se dirija la crítica, dependiendo de que éstos sean: 1. personas individuales, y en este caso, de que tengan o no una responsabilidad o relevancia pública; 2. de que el objeto de la burla lo sean las instituciones del Estado; 3. o de que ésta se dirija a determinados grupos o colectivos sociales. Veamos.

1. La sátira sobre personas individuales

En el primero de los casos, los derechos afectados por el ejercicio de la libertad de expresión satírica podrían llegar a ser los llamados “derechos de la personalidad” –honor, intimidad y propia imagen- de las personas individuales. A este respecto, mencionaré la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de 1988 pronunciada en el famoso caso Hustler Magazine, Inc. vs. Falwell, por parecerme especialmente significativa y acertada.

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El origen de este caso lo constituye la demanda por “graves efectos emocionales causados intencionalmente” presentada por Jerry Falwell, conocido ministro de culto conservador que fuera comentarista militante de temas políticos, contra Larry Flynt, editor de Hustler, revista de contenido sexual explícito. Hustler publicó una serie de anuncios publicitarios del licor Campari en los que personajes célebres hablaban de la “primera vez” que lo habían probado. En una supuesta entrevista a Falwell, titulada “Jerry Falwell habla de su primera vez”, éste comentaba que su “primera vez” tuvo lugar, estando embriagado, durante un encuentro incestuoso con su madre en una letrina y que sermoneaba a sus seguidores en dicho estado de embriaguez. En una sentencia unánime, la Corte Suprema señaló que, de acuerdo con la Primera Enmienda constitucional, no era aceptable el argumento de Falwell según el cual debía responsabilizarse al editor por una sátira “ultrajante” a una figura pública, y destacó que en la historia de los Estados Unidos la descripción gráfica y la caricatura satírica habían tenido un papel predominante en el debate público y político. Así, enfatizó la necesidad de dar a la prensa suficiente “espacio” para ejercer la libertad de expresión, añadiendo que “si la causa de la ofensa es la opinión de quien la expresa, ésta es razón suficiente como para otorgarle protección constitucional, ya que es una exigencia que deriva de la Primera Enmienda que el gobierno permanezca neutral en el mundo de las ideas”. Vemos, pues, que el Tribunal Supremo norteamericano considera que la libertad de expresión protege el derecho a parodiar figuras públicas, incluso cuando esas parodias son ultrajantes y causan graves efectos emocionales en quienes son objeto de las mismas.

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Sin embargo, la posibilidad de invadir el buen nombre, la reputación o la imagen de los personajes públicos desde la expresión satírica no es absoluta, y un buen ejemplo de ello lo encontramos en una sentencia del Tribunal Constitucional español del año 2010. El llamado Caso Preysler resuelve el amparo solicitado por la señora Isabel Iglesias Preysler por posible vulneración de su derecho a la propia imagen como consecuencia de la publicación en la revista humorística Noticias del Mundo de un reportaje caricaturesco llamado “La doble de Chabeli se desnuda”. En dicho reportaje aparecía una composición fotográfica que, mediante técnicas de manipulación de la imagen,  conjuntaba la cabeza y el rostro de la recurrente con el cuerpo de otra mujer, mostrado hasta los muslos y cubierto exclusivamente por un tanga a la cintura. Se trataba, en definitiva, de un montaje irónico que podía calificarse de caricatura. En este caso el Tribunal Constitucional afirma que, cuando el propósito burlesco (el “animus iocandi”) se utiliza por un mero objetivo económico o con la específica intención de denigrar o difamar a las personas representadas, sin contribuir en nada al debate social de interés público, la protección preferente de la libertad de expresión satírica debe ceder ante el derecho de la personalidad afectado. Pues la libertad de expresión no comprende al derecho al insulto en los casos en que éste no aporta nada a la libre circulación de ideas u opiniones relevantes para el debate público y cívico.

De modo que, la sátira dirigida contra los personajes de relevancia pública es legítima y preferente, pues aquéllos son sus destinatarios naturales. Ahora bien, cuando su ejercicio afecta a los derechos de la personalidad debe atenderse a si aquélla contribuye o no a la formación de una opinión pública libre y, en última instancia, a la consolidación de ciudadanía, entendida como participación “formada e informada” de la sociedad en la esfera pública. Y, es evidente, que las críticas sarcásticas vertidas contra los desmanes de un líder religioso contribuyen a ello mucho más de lo que pudiera hacerlo una imagen caricaturesca de tinte sexual de quien debe su popularidad al mero hecho de ser la hija de un cantante. Hagan extrapolable esta afirmación a los ejemplos que más les sugieran.

2. La sátira sobre instituciones o personas que las representan

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En segundo lugar, afirmaba al principio de este post que, según nuestro ordenamiento jurídico, la crítica satírica bien podría llegar a ser constitutiva de delitos contra las instituciones del Estado, contra los símbolos públicos o contra la Corona. A este respecto, todo el mundo recordará cómo en el verano de 2007 el juez Del Olmo ordenó el “secuestro” del número de la revista satírica El Jueves en cuya portada aparecía los Príncipes de Asturias, Don Felipe de Borbón y su mujer Doña Leticia, en una clara postura sexual y con unos bocadillos de diálogo que hacían referencia a la nueva medida del gobierno socialista de otorgar 2.500 euros por cada recién nacido. La fundamentación jurídica de tal medida preventiva claramente atentatoria de la libertad de expresión, radicaba en el hecho de que nuestro Código Penal incluye los delitos de injurias y calumnias contra el Rey o contra cualquiera de los miembros de la familia real. Algo que, además de ser completamente anacrónico y de difícil encaje en un régimen que garantiza el pluralismo político, vulnera el principio de igualdad ante la ley al prever penas superiores cuando el injuriado es de “sangre azul”, tal y como recordó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al condenar a España en el año 2011 por el famoso Caso Otegui.

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Pero éste no es un mal del que aqueje sólo a nuestro ordenamiento jurídico, también en la Francia republicana se prevén penas agravadas para aquellos que cometan injurias contra el Presidente de la República, y también a este respecto el Tribunal de Estrasburgo ha tenido que sacar la tarjeta roja. Así, en una Sentencia de 14 de junio de 2013, en el caso Hervé Eon contra Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia por sancionar, a través del delito de “ofensas al Presidente de la República”, a un ciudadano que portaba una pancarta que decía “Lárgate, pobre gilipollas” dirigida al entonces presidente, Nicolas Sarkozy, en un acto público en 2008. En su sentencia, el Juez de Estrasburgo sostuvo que esa frase no atentaba contra la vida privada o el honor del presidente y no constituía un ataque personal gratuito contra su persona, tratándose de una manifestación constitutiva de la sátira política cuya finalidad es provocar y agitar el debate social. Y ello porque la frase en cuestión había sido utilizada en el pasado, con una amplia repercusión en los medios de comunicación, por el propio presidente.

3. La sátira sobre grupos humanos

El tercero de los supuestos tiene que ver con la protección que merece la manifestación satírica cuando ésta se dirige contra grupos humanos que han sido históricamente discriminados por motivos de género u orientación sexual, raza, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, y que, además, constituyen minorías tradicionalmente excluidas socialmente. En tal caso la cosa se complica pues, en ocasiones, cuando esto sucede, existe el riesgo de incurrir en el llamado “discurso del odio”. A este respecto, el Tribunal Constitucional español dictó una Sentencia ya en el año 1995 en el conocido Caso Makoki. En él se planteaba si la publicación de un cómic vejatorio e injurioso, que se mofaba del cautiverio de los judíos en los campos de concentración nazis, vulneraba el derecho al honor colectivo del pueblo judío. Según el Tribunal, no podía ser considerado un ejercicio constitucionalmente legítimo de la libertad de expresión satírica todo aquél discurso que incite al odio o a la violencia contra algún grupo social. Y en este caso concreto el Tribunal señaló que, a lo largo de las casi cien páginas del cómic, se hablaba el lenguaje del odio, con una densa carga de hostilidad que incitaba a veces directa y otras subliminalmente a la violencia contra todo un pueblo, el judío, por sus rasgos étnicos y sus creencias.

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Con una sentencia como ésta en la mano, cuyo fallo en mi opinión es discutible, ¿deberíamos afirmar que es constitucionalmente acertada la prohibición, avalada por el Consejo de Estado francés, de los espectáculos del cómico Dieudonné? O, ¿sería ésta la vara con la que deberíamos medir la publicación por varios semanarios satíricos danés, francés y español de las polémicas “viñetas de Mahoma” en el año 2005? Mi opinión es claramente negativa. Desde mi punto de vista no debieran existir los delitos ideológicos o de opinión, y menos aún cuando la vía empleada es la satírica, pues difícilmente a través del sarcasmo o de la burla se puede incitar a la violencia, único caso en que estaría legitimada, desde mi punto de vista, la restricción de la libertad de expresión.

La libre manifestación de ideas y opiniones, sea satírica o no, puede ser ejercida para manifestar estupideces, sandeces, comentarios disgustosos o auténticas barbaridades, en muchas ocasiones contrarias al sentido común y a la paz social, pero la mediocridad, el desconocimiento o la mala baba no deben ser combatidos con la prohibición sino con la fuerza de la razón, única arma que dignifica a quienes la padecen.


Negando a Montesquieu, ese pijo ácrata

Patricia Goicoechea

Tiene gracia que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, haya criticado a los magistrados de la Audiencia Provincial por “dejarse llevar por el sentir de la calle (…) algo propio de la Revolución francesa”. Curioso que se le viniera a la cabeza, precisamente, la Revolución francesa.

En 1789 se inició, en el continente, el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la lucha contra el poder absolutista. El éxito no fue inmediato e hicieron falta varias revoluciones a lo largo del siglo XIX para que el liberalismo se asentara. Sí, el liberalismo, esa doctrina política que giraba en torno a dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos –plasmados en los textos constitucionales y de obligado respeto por el estado– y la separación de poderes, como protección frente al autoritarismo y la arbitrariedad que habían caracterizado al Antiguo Régimen. Así, sobre estas dos bases, se configuró el Estado de derecho.

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Natural por tanto que, para que esto no sea un desmadre y nos creamos con derecho a presentarnos ante las instituciones con nuestros cuadernos de quejas –como aquellos franceses revolucionarios con sus Cahiers de Doléances–, Ana Botella les haya recordado a los jueces que lo que tienen que hacer es “aplicar leyes emanadas del Parlamento”. Y se preguntarán ustedes: ¿pero es que los tres magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid no se han basado en leyes emanadas del Parlamento para confirmar que un escrache pacífico no es delito? Quédense tranquilos porque, sí, efectivamente, se basaron en leyes emanadas de nuestro Parlamento; concretamente, en el Código Penal y la Constitución, como ya ha contado muy bien aquí Joan Carles Carbonell Mateu hace unos días.

 Si la alcaldesa recurrió a esa linda y desacertada referencia a la Revolución francesa fue probablemente porque no supo ser tan sincera en sus deseos como algunos de sus compañeros de partido. Sí lo fue la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que apenas unas semana antes nos regaló la siguiente declaración de principios: “los jueces interfieren con sus actuaciones en decisiones que son políticas”.

Si alguno de ustedes sabe en qué consiste esa categoría de “decisiones políticas” que estarían por encima de la ley y habrían de ser incuestionables, le estaré muy agradecida de que me lo explique. Porque a mí lo que me contaron en las facultades de Derecho por las que pasé es que la separación de poderes no quiere decir que cada poder del Estado hace lo que le viene en gana y los demás callan. De lo que se trata es de que el ejecutivo toma sus decisiones, sabiendo que el poder judicial puede y debe ejercer un control de la legalidad de esas decisiones, de su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. En ese ordenamiento se incluyen la Constitución, las leyes emanadas del Parlamento –ahí sí tiene razón Botella–, las normas de rango inferior a la ley y, por supuesto, las normas de origen internacional que han sido debidamente ratificadas por nuestro país.

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Hay que reconocer que quien se lleva la palma en sinceridad es Esperanza Aguirre. La semana pasada, compartía sus deseos en Twitter: Espero que el ministro de Justicia deje bien claro que este tipo de autos y sentencias no se pueden producir.” En esta ocasión se refería al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el escrache a la Vice-Presidenta. Pero no es la primera vez que Aguirre reclama al Ministro de Justicia (poder ejecutivo) que le pare los pies a uno o varios jueces, que le baje los humos al poder judicial y que les deje clarito que lo de la separación de poderes no había que tomárselo al pie de la letra. También preguntó Aguirre hace unos meses, “¿Por qué no hemos destituido a López Guerra?, refiriéndose al juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, tras la sentencia que acabó con la Doctrina Parot.

Muy lógico. En una democracia asentada en un Estado de Derecho es inconcebible que el poder ejecutivo no vaya por ahí poniendo y quitando jueces, a su antojo, para asegurarse de que sus decisiones no sean sometidas a ningún control. Algo parecido ha sugerido también el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que los jueces españoles han de dejar de meterse donde no deben y abstenerse de tratar de proteger los derechos de los trabajadores para no frustrar los objetivos de la reforma laboral. Normal, porque no vaya a ser que mientras uno anda tomando decisiones políticas tenga además que preocuparse de cumplir con las normas. Que así no hay quien trabaje.

Los ataques de sinceridad de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, como las referencias históricas de Ana Botella, o los despropósitos del FMI, dan mucho juego. Inspiran chistes muy agudos, viñetas ocurrentes y amenizan las tertulias. Pero francamente no tienen ninguna gracia y deberían hacernos reflexionar sobre la preocupante tendencia que reflejan.

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Las críticas a los jueces y a las decisiones judiciales son necesarias en una sociedad democrática. Como poder del estado que son están necesariamente expuestos a las opiniones de la colectividad. Las opiniones pueden ser ofensivas, como aquello de pijo ácrata que le espetó Hernando al juez Pedraz. Pueden ser misóginas, como mucho de lo que se ha dicho de la juez Alaya. Pueden ser, en definitiva, una falta de respeto a la persona que hay debajo de la toga.

Pero aquí no se trata sólo un problema de respeto, ni a la persona ni a su función. De lo que se trata en cada una de esas declaraciones que he reproducido más arriba es de un grave desprecio a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Desprecian la independencia de los jueces porque sólo conciben un poder judicial que intervenga para refrendar sus decisiones. Un poder judicial al que se le pueda decir “ahora no toca” y éste se cuadre, se abstenga de tratar de velar por el respeto de la legalidad, de proteger los intereses de la sociedad y los derechos de todos. Quieren una justicia sumisa, a su medida. A sus órdenes.

 Esta voluntad es la que subyace a la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar, hasta casi eliminar, la competencia de los tribunales españoles para investigar y juzgar crímenes internacionales. Con esa reforma pretenden, entre otras aberraciones, que las causas actualmente abiertas sean inmediatamente archivadas. Esa voluntad de callar al poder judicial está presente en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que buscan darle a la Administración la capacidad de multar por comportamientos que los jueces se han negado a sancionar, considerándolos lícitos y necesarios en una sociedad democrática. Su deseo no disimulado de controlar la función judicial está, también, presente en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se pretende traspasar la instrucción a los fiscales, añadiendo a ello además un principio de oportunidad.

Desprecian el Estado de Derecho y tratan de sustituirlo por un Estado de su derecho. Allí donde las normas traduzcan sus postulados ideológicos, donde la crítica no tenga cabida y en el que únicamente seamos libres para estar de acuerdo con ellos. El problema lo tienen, en fin, con la propia democracia: el autoritarismo del que hacen gala, y que ya ni se molestan en disimular, da mucho juego para la sátira y el humor, pero nos está llevando por una senda muy peligrosa.

Si Montesquieu viviera hoy en España, saldría Cifuentes a decirle que se deje de sandeces, que los jueces no deben entorpecer “lo político” con sus inoportunas sentencias. Hernando lo llamaría pijo ácrata. Aguirre le pediría a Gallardón una reforma del Código Penal rapidita para poder meterle un paquete y callarle de una vez. Quizá el propio Fernández Díaz nos diría, muy circunspecto, que detrás de este ilustrado y sus amigos están en realidad grupos itinerantes de radicales de extrema izquierda con la oscura agenda de hacer peligrar la paz social.

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Sobre escraches, independencia judicial y varas de medir

Joan Carles Carbonell Mateu

Empezaré mi reflexión con tres afirmaciones que, como es lógico, intentaré desarrollar:

a) los “escraches”, si son violentos, contienen amenazas o suponen ejercicio de la violencia, son delictivos y, por consiguiente, intolerables;

b) el Auto de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid que desestima el recurso, por demás extemporáneo, interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el Auto de 10 de mayo de 2013, dictado por el Juzgado de Instrucción número 4, ordenando el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por denuncia presentada contra ciertas personas por delitos de amenazas, coacciones y desórdenes públicos como consecuencia de su manifestación ente el domicilio de la Sra. Vicepresidente del Gobierno, es jurídicamente impecable, y

c) las reacciones de rechazo al mismo acompañadas del cuestionamiento no ya de la capacidad -probablemente porque resulta difícil de mantener-, sino incluso de la legitimidad de la Magistrada ponente del citado Auto, provenientes de miembros del partido  del Gobierno resultan altamente preocupantes en la medida en que suponen un ataque directo a la independencia del Poder Judicial y, lo que aún resulta peor, un absoluto desprecio al ejercicio de los derechos fundamentales incurriendo además en aquello de lo que acusan: la existencia de una doble vara de medir.

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a) El abuso en el ejercicio de los derechos –incluso de los derechos fundamentales- invadiendo la esfera de libertad de los demás ciudadanos, entre los que se encuentran quienes ejercen funciones públicas, incluidos los Miembros del Gobierno, tiene su tratamiento en el Código Penal. Lo tiene en el actual y lo va a tener por cierto en mucha mayor medida si prosperan los Proyectos de Reforma del Código penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana que se debaten en las Cortes Generales. Si, por tanto, la manifestación objeto del enjuiciamiento que da lugar al presente comentario hubiera sido violenta, se hubieren proferido amenazas, portado armas u objetos peligrosos, se hubiera puesto en peligro la integridad física de las personas, y algo de todo eso hubiera quedado acreditado, con toda certeza la Instrucción habría tenido otro final y el Auto de la Audiencia o no se habría producido o habría sido bien distinto. Porque en el proceso penal, quien acusa ha de demostrar que concurren los requisitos típicos que convierten una conducta en delito. Y sin hechos probados no hay condena posible. Es más, tal como sucede en el presente caso, sin motivos racionalmente bastantes de los que se induzca la comisión de un hecho delictivo lo único que procede es el archivo de la causa.

b) Ambos Autos, el del Juzgado de Instrucción, que ordena el archivo  y el de la Audiencia Provincial que confirma aquél, son jurídicamente impecables. El primero por lo que acabo de señalar, el segundo porque lo confirma incluyendo una doctrina interpretativa a favor de los derechos fundamentales que resulta no solo oportuna sino, sobre todo, indispensable.

Es curioso que el denunciante –esposo de la Sra. Vicepresidenta- no formulara recurso de apelación y que el Ministerio Fiscal lo hiciera de forma extemporánea, una vez transcurrido el plazo que concede a tal efecto la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Tribunal, por tanto, no tenía opción: tan sólo le quedaba inadmitir el recurso y confirmar el archivo. Y, con toda certeza, ahí habría acabado el pronunciamiento judicial si no estuviéramos ante el cuestionamiento del ejercicio de derechos fundamentales y no resultara, por ello, indispensable establecer una doctrina que fije criterios jurisprudenciales adecuados sobre los límites entre el ejercicio del derecho y la infracción penal; si, como textualmente señala la resolución,  no concurrieran “evidentes razones de interés público” para que la Sala se pronunciara “sobre los argumentos de fondo planteados por el Ministerio fiscal en el recurso” así como por las defensas de los denunciados.

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Y lo que Sala analiza es si concurren o no los requisitos típicos de alguna de las tres figuras delictivas por las que se acusa.

El delito de amenazas exige la acreditación de las mismas, condicionales o no, y no parece que nadie haya aportado a la causa el menor indicio de que se produjeran; el de coacciones el uso de la violencia impidiendo con ello a alguien hacer lo que quiera, sea justo o injusto u obligarle a hacer lo que no quiera, y no es serio afirmar que la manifestación ante el domicilio produjera dichos efectos sobre la voluntad de la Sra. Vicepresidenta del Gobierno, limitando con ello la libre formación de sus decisiones políticas. Tampoco lo es, por cierto, afirmar –como se formuló en la denuncia- que se impidió al esposo de la Vicepresidenta pasear con uno de sus hijos, durante el tiempo –veinte minutos- que duró la manifestación. No parece que tal afección al bien jurídico sea suficientemente significativa como para suponer la criminalización del ejercicio de un derecho fundamental.

Quedarían, por tanto, los desórdenes públicos. Y es aquí donde más preocupante puede resultar la lectura constitucional que realiza el Ministerio Fiscal. Una manifestación no se convierte en ilegal por no haber sido comunicada y, ni siquiera en ese caso, resulta delictiva. El artículo 21.2 de la Constitución Española sólo permite a la autoridad prohibir una manifestación “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. El desorden público debe, pues, significar dicho riesgo y no una simple alteración del tráfico y la subsiguiente molestia para terceros. Alteración y molestia, por cierto, que habrían sido idénticas si el objeto de la manifestación y el correspondiente “desorden” hubiese sido el de vitorear a la Sra. Vicepresidenta expresando de ese modo la conformidad y entusiasmo de los ciudadanos afectados por sus decisiones. Sólo que nadie habría calificado dichos hechos de “desórdenes públicos”. Lo que nos conduce a pensar que no es la manifestación en sí sino su sentido lo que lleva al Ministerio Público a calificarla de delictiva ignorando que tal carácter sólo puede proceder de que se celebre con el fin de cometer algún delito o se portaren armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier modo peligrosos. Y, claro, el reconocimiento de las libertades de expresión y manifestación no puede, en un Estado democrático, hacerse depender de su conformidad o no con nuestras propias ideas o con las del Gobierno. Por el contrario, reconocer la libertad de expresión y de manifestación supone precisamente hacerlo con aquéllas de las que se discrepa.

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El Auto es jurídicamente impecable, pues, porque recuerda la imperiosa necesidad de formular una doctrina jurisprudencial a favor de los derechos fundamentales, especialmente si se trata de los derechos-oposición, que han de ser fomentados y no restringidos a través de lo que, éstas sí, constituyen amenazas como las que contienen los más arriba citados Proyectos de Ley que buscan el efecto inhibitorio: en boca cerrada no entran moscas y cada uno en su casa y Dios en la de todos, no sea que expresión o manifestación vayan a implicar cuantiosas multas y unos cuantos golpes. Y lo es –jurídicamente impecable- porque cumple con el cometido básico de cualquier resolución de la jurisdicción penal: no restringir derechos allá donde no concurren motivos que lo justifiquen y no admitir acusaciones allí donde nadie aporta indicios racionales de delito.

c) La independencia judicial no se limita sólo a través de la directa dependencia del Gobierno; también a través de la descalificación personal –inadmisible en cualquier ámbito y circunstancia-, del insulto y de las campañas de acoso y derribo. El Estado democrático no lo es sin división de poderes: si un Juez dedicara sus Autos y Sentencias no a resolver las cuestiones que se le  plantean sino a poner en duda la legitimidad del Parlamento para elaborar leyes o del Gobierno para adoptar decisiones habría de abandonar su puesto inmediatamente y sufrir la responsabilidad disciplinaria y penal correspondiente. Y si miembros de la clase política, en lugar de cumplir con sus obligaciones, se dedican a insultar, desautorizar, cuestionar la legitimidad o tergiversar aspectos de la biografía de los Jueces que dictan resoluciones que no les gustan, están cometiendo un grave atentado contra la independencia judicial y, por consiguiente, contra la Constitución.

No vale la pena resaltar la perplejidad que supone leer de quien ha sido Presidenta del Senado, de una Comunidad Autónoma y Ministra de Educación y que sigue presidiendo una importantísima federación territorial del Parido que ocupa el Poder Ejecutivo un texto en el que afirma nada menos que el Presidente del Gobierno ha de adoptar medidas para que no se produzcan resoluciones judiciales como ésta, ni escuchar a altos dirigentes del Partido del Gobierno (des)calificar a la Magistrada que dicta las resoluciones que no les gustan de “enchufada” o “no magistrada” ignorando la diversidad de formas de acceso a un Tribunal de Justicia distintas de la oposición. Y no vale la pena porque se descalifican ellos mismos.

Pero sí es menester recordar que no es admisible acatar y cumplir lo que nos favorece y recurrir a los más graves atentados contra la independencia judicial cuando no nos gusta lo que dictan los jueces. Sobre todo, cuando lo que no nos gusta es, precisamente, el ejercicio de los derechos fundamentales y la vigencia del Estado social y democrático de Derecho, con todas sus consecuencias.

La homofobia del cardenal

Fernando Flores

Creo que la homofobia de la Iglesia hacia los homosexuales es una estupidez, una falta de respeto y daña a la sociedad, pero también pienso que no es, en sí misma, un delito.

Hago esta reflexión al leer la noticia de que “La Fiscalía abre por primera vez diligencias contra un cardenal por homofobia”, tras la petición presentada por la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (COLEGAS), después de que el pasado día 23 de enero el cardenal monseñor D. Fernando Sebastián Aguilar declarase a un medio local que la homosexualidad “es una deficiente sexualidad que se puede normalizar con tratamiento”.

En opinión de COLEGAS, la expresión del cardenal “atenta contra la legislación española que protege como derecho fundamental la dignidad y la no discriminación en el artículo 18 y 14 de nuestra Constitución, y constituye una clara incitación al odio y a la discriminación, comportamientos penados en el vigente Código Penal en su artículo 510”. Por eso han celebrado la apertura de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y han reiterado que “no se debe menospreciar y menos dejar impunes los numerosos hechos de homofobia y transfobia que sufre nuestro colectivo y animamos a denunciar cualquier tipo de ataque, o situación discriminatoria”.

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Pienso que COLEGAS tiene razón de sobra para estar molesto con Sebastián, y hace bien en recriminarle por sus palabras, pero creo que las declaraciones de éste no son delito.

Me detengo a comentar este caso, en que mi simpatía y mi razonamiento están con los que por esta vez no estoy de acuerdo, para tratar de explicar con honestidad la inquietud que me asalta al comprobar el creciente recurso a los tribunales para perseguir opiniones que, a mi entender, por muy rechazables que sean, forman parte de la libertad de expresión a la que da cobertura nuestra Constitución.

No me voy a detener en el acierto (o no) que supone demandar en vía judicial las declaraciones del cardenal. Sólo apunto que, aunque es verdad que esa vía da más opciones a la mediática (y se trata de dar a conocer la indignación legítima contra sus palabras), no estoy seguro de que el mensaje que traslada (el reproche penal como reacción ante opiniones lamentables) sea el acertado.

Porque creo que, en el caso del cardenal, resulta muy claro que no estamos ante una opinión que “incite” a la discriminación, y menos aún al odio. Si aceptara esto, entonces tendría que aceptar que algunas críticas u opiniones respecto de la Iglesia u otras religiones –críticas y opiniones con las que estoy muy de acuerdo– incitan también a la discriminación o al odio a los creyentes. (Un argumento, por cierto -el de que se la persigue porque se la critica-, que la Iglesia suele utilizar de forma victimista en cuanto se le recriminan opiniones reaccionarias como las del cardenal). Estas opiniones son lamentables, pero a mi modo de ver, no vulneran (jurídicamente) los derechos de los homosexuales.

El ejercicio de la libertad de expresión molesta, a veces mucho. Pero no es solo el grado de molestia en quien es criticado o sobre quien se opina (el aspecto subjetivo) lo que determina si ese ejercicio es ilegal. Si fuera así, mi admirado Leo Bassi no saldría de la cárcel. La injuria, el menosprecio, y la voluntad de discriminación o incitación al odio de quien se expresa debe estar clara.

Por otra parte, si por más ateo que yo sea, acepto la existencia de las confesiones como un derecho que se deduce de la libertad religiosa, entonces tengo que aceptar a la Iglesia con sus curas (y a los imanes y a los rabinos) y sus consecuencias. Con la Iglesia católica irremediablemente aparece su idea de que la sexualidad tiene un solo fin, que es el reproductivo, y en consecuencia la idea de que la sexualidad no dirigida a tal fin es una sexualidad deficiente. Que es justo lo que ha dicho el cardenal Sebastián. A mi me parece una idea aberrante, que merece un duro reproche social, pero no puedo aceptar la libertad religiosa y obligar jurídicamente a los creyentes a pensar como yo, u obligarlos a callar si no coinciden conmigo. Puedo tratar de convencerlos para que cambien de opinión, pero entretanto… La libertad de expresión es esto también.

Obviamente, todos los derechos tienen límites, y también la libertad de expresión, por muy amparada que esté en las creencias profundas de cada uno. Pero ese límite es, necesariamente, restrictivo. En una sociedad democrática deben conocerse públicamente las opiniones de los demás que nos disgustan. Para contradecirlas, para recriminarlas, para tratar de cambiarlas con el ejercicio de la dialéctica, para mostrar la bajeza moral de quienes las profieren, para mofarse de ellas… utilizando esa misma libertad de expresión.

El pleno de la Eurocámara ha reclamado este martes a la Unión Europea una ‘hoja de ruta’ para proteger los derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. En ella se abordan áreas como el empleo, la educación, la sanidad, el acceso a bienes y servicios, la familia, la libertad de circulación, la libertad de expresión, la incitación al odio, el asilo y la política exterior. Creo que ese es el camino, reclamar una política integral para luchar contra la homofobia en todos los frentes, utilizando la ley y la justicia de forma sensata y proporcionada.

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