¿Nos vigila el Gran Hermano? Queremos saberlo

Rosario Serra Cristóbal

La idea de un Gran Hermano que nos vigila ya no es una ficción de Orwell. Las revelaciones de Snowden y la información que poco a poco ha ido filtrando la prensa sobre espionaje masivo de millones de ciudadanos hace que muchos se sientan como si fueran protagonistas de la novela de aquel autor, 1984.

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Es cierto que desde tiempos inmemoriales los Estados han procurado recabar información, dentro del propio ámbito territorial y fuera de él, para analizarla y utilizarla en la defensa o protección de los intereses nacionales de cualquier naturaleza. Y esto se ha realizado bajo el manto del principio del secreto, exento a todo conocimiento público y con escaso o nulo control judicial. Ya en uno de los escritos más antiguos que existen sobre estrategia en momentos de confrontación –El arte de la guerra, de Sun Tzu, que data del siglo V a.C.-, se aleccionaba sobre lo esencial que es el espionaje para conocer la situación del contrincante y sacar ventaja de ello en el enfrentamiento, recordando al mismo tiempo que “no hay  asunto más secreto que el espionaje”.

Pero el espionaje de nuestros días se aleja de ese que tantas películas ha inspirado. Nos encontramos ante un nuevo escenario que trae causa de:

(a) un enemigo (digamos, el terrorismo internacional) que no es fácilmente determinable y actúa a escala global;

(b) un avance tecnológico del cual se benefician tanto los terroristas o bandas del crimen, como los servicios de inteligencia al brindarles nuevas herramientas para la captación de datos y comunicaciones;

(c) la existencia de grandes proveedores de servicios de Internet -que a su vez almacenan millones de datos de clientes (Google, Facebook, Skype, Microsoft, Apple, Compañías de telefonía,…)-; y

(d) el desarrollo de programas informáticos muy elaborados y potentes que son capaces, no simplemente de recabar multitud de datos, sino de tratarlos y extraer una información de calidad. Esa recopilación de información que realizan los servicios de inteligencia aparenta ser cada vez menos selectiva en cuanto sus destinatarios, puede ser muy incisiva (se tiene la capacidad técnica de filtrar millones de datos, interpretarlos con perspectiva y crear perfiles) y se realiza de un modo globalizado. Es un control de carácter estratégico, exploratorio, táctico, preventivo, general, prospectivo, -como prefiera denominarse-. En todo caso, es una vigilancia que incide sobre miles de ciudadanos sin que exista el más mínimo indicio en ellos que pudiera justificarla.

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Las escasas explicaciones de los poderes públicos aluden, entre otras razones, a la necesidad de prevenir riesgos, de recabar información para poder actuar frente a las amenazas a las que se enfrenta el mundo globalizado -en concreto frente al terrorismo internacional-, y de salvaguardar la seguridad nacional.

En este contexto, la ciudadanía no pude más que inquietarse. Las preguntas que se hace son muchas: ¿hasta qué punto  estoy siendo controlado? ¿puede hacer esto el Estado? Si lo hacen para prevenir futuros riesgos, ¿están justificadas en todas las ocasiones las medidas que los Gobiernos adoptan?, ¿son ciertos esos riesgos o están sobrevalorados? ¿cuándo están legitimados los Gobiernos para adoptar determinadas medidas que suponen cercenar mis libertades? ¿tengo derecho a saberlo?

La ciudadanía quiere saber. La (libre) información constituye un elemento nuclear en cualquier democracia. Ésta exige participación y para participar hay que estar informado. Los ciudadanos necesitan poder emplazar a los gobiernos a informar sobre cómo gestionaron los problemas sociales que surgieron, qué medidas se adoptaron y por qué lo hicieron. Queremos transparencia e información para cubrir necesidades de naturaleza muy distinta, desde tener la capacidad de adoptar medidas de precaución ante los posibles riesgos para nuestros derechos o intereses -riesgos cuya existencia conocemos porque fluye la información-, hasta poder ejercer un control-crítica sobre la respuesta de las instituciones del Estado al delito o a las amenazas que se ciernen sobre el Estado, sus instituciones y sus ciudadanos.

Pero el derecho a ser informado sobre asuntos generales solo cubre el derecho a serlo de aquello que es de “interés público”, y aún así, no siempre. Porque, la Constitución no impone la publicidad absoluta de toda actuación de los poderes públicos. En la seguridad y defensa del Estado encontraremos la primera gran excepción: la exclusión de las materias referidas a la inteligencia (de esa información tratada con fines estratégicos) del derecho de acceso de los ciudadanos  y, por lo tanto, del debate público.

Aquí es donde se abren nuevos interrogantes:

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De entrada, nos planteamos: ¿está justificada y es proporcional la decisión de apartar del conocimiento público toda información sobre los controles masivos de datos y comunicaciones que puedan estar realizando los servicios de inteligencia? La vaguedad de la Ley (preconstitucional) de Secretos Oficiales ofrece al Gobierno márgenes tan poco precisos para decidir sobre la clasificación de una determinada información, que pone fácil la declaración del secreto, y se corre el peligro de convertir esta prerrogativa en una especie de carta blanca a su favor. La Ley le autoriza a retener aquella información cuyo conocimiento pueda provocar (desde su perspectiva) un peligro para la seguridad del Estado, permitiéndole actuar sin control alguno por parte del poder judicial o de la ciudadanía.

Incluso podríamos aceptar que no se puede saber todo, que hay un interés público que proteger -la propia seguridad-, que determinadas actuaciones de los servicios de inteligencia y sus métodos no pueden ser conocidos, porque se pondría en riesgo el éxito de sus misiones o podría suponer dejar en manos de terceros una información que puede dañar los intereses individuales o colectivos de un país. Aún así, cabe una información a posteriori. Cuando la información que recaban los servicios de inteligencia no necesita seguir manteniéndose como reservada, porque su conocimiento ya no puede poner en peligro la seguridad nacional, o, simplemente, cuando ese secreto es desvelado por quien no debía hacerlo, lo que antes estaba fuera del alcance del público pasa a ser de general conocimiento. Es cuando la sociedad recobra los elementos necesarios para seguir ejerciendo su derecho a participar: su derecho a exigir explicaciones, a entender el porqué de una actuación, de los medios utilizados y sus consecuencias, a fiscalizar si la acción estatal constituía la única alternativa, si fue proporcionada y si se respetaron las reglas del Derecho. En definitiva, a exigir una rendición de cuentas. Es cuando las instituciones reafirman su legitimidad o se deslegitiman.

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En el debate público está la cuestión de cómo se están gestionando los riesgos o amenazas en nuestros días, y si las técnicas y medidas de lucha contra esos riesgos son proporcionales a los mismos. ¿Tiene justificación que para la persecución de posibles terroristas se almacenen y procesen de forma masiva datos de millones de ciudadanos? ¿Tiene sentido que ello se haga sin que exista ningún indicio racional de que los espiados puedan tener la más mínima relación con actos terroristas? ¿El riesgo del terrorismo es tan fuerte que justifica ese tipo de intromisiones en la privacidad de los ciudadanos? Se trata de una cuestión que interesa a la ciudadanía. Esperamos que nuestros gobernantes adopten los medios para conseguir un equilibrio entre la garantía de la seguridad y, al tiempo, la salvaguarda de unos estándares básicos de respeto de nuestros derechos.

Porque hablamos de derechos fundamentales que están en juego: la libertad informativa, el derecho a la autodeterminación personal, el derecho a la privacidad, derecho al secreto de las comunicaciones… Puesto que nos encontramos ante el tratamiento de datos personales, debieran acompañarle todos aquellos principios que reglan y limitan este tipo de actividad. Aunque pudiéramos no tener derecho a saber a priori que esas labores de espionaje se producen, sí tenemos derecho, como mínimo, a que el tratamiento de los datos sea el adecuado y que las actividades de vigilancia se realice dentro del respeto a la legalidad vigente: que haya autorización judicial cuando así se requiera, que la recopilación de datos tenga una justificación o finalidad concreta, que se adopten las medidas de seguridad necesarias para que terceros no puedan acceder a los mismos, o que nuestros datos sean usados únicamente con el propósito para el que fueron recabados. ¿Tenemos garantía de que ellos es así? ¿Acaso esa masiva recopilación de datos no puede estar sirviendo al tiempo a otros intereses distintos al de la salvaguarda de la seguridad?

En definitiva, tenemos libertades que alegar y derechos que proteger. Para hacer frente a la amenaza del terrorismo, como a cualesquiera otras, habrá que barajar principios como los de prevención, precaución y anticipación, pero también los de proporcionalidad, justificación, respeto al Estado de Derecho y responsabilidad. No podemos olvidar que sin seguridad no nos sentimos libres, pero si se coartan nuestras libertades, de nada nos sirve sentirnos seguros.

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El guionista de Los Simpson y el legado de Springfield

Teresa Ribera

“El medio ambiente es… la felicidad”, me dijo a principios de abril en tono frívolo y jocoso alguien que, dada su posición y responsabilidades, debería tomarse el asunto mucho más en serio. Menos de quince días después, también en tono burlón, la revista The Economist comentaba las conclusiones del Grupo de Trabajo 3 del Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (5AR del IPCC) en un artículo titulado “Another week, another report”.

Para sentido del humor en cuestiones ambientales y climáticas prefiero, sin duda, a los chicos de Ballena Blanca, revista ambiental de estreno que pondrá a prueba la madurez de los españoles, inspirada –según sus propios promotores- en esa especie de guión de Los Simpson que parecemos estar escribiendo colectivamente en nuestros país  en estos duros tiempos actuales. Más vale tomarse las cosas con un poco de sentido del humor porque, en realidad, no tiene ninguna gracia, e incluso, en función de quien venga el chiste resulta tremendamente irritante.

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La felicidad no sé, pero el “legado” cada vez parece más el de Monty Burns (el dueño centenario de la central nuclear de Springfield). Algo así debe estar pensando un importante sector del Partido Socialista francés, rebelado frente a las políticas de austeridad del recién estrenado Primer Ministro Valls. De este modo se hace visible una socialdemocracia europea desolada que, por primera vez, empieza a mostrar su preocupación por las gravísimas consecuencias de la herencia que dejará esta crisis: décadas de deuda pública que limitarán la capacidad de las políticas, deuda fruto de la socialización de los costes que han dejado los beneficios de unos pocos. Lo que es peor, la deuda lo es también ambiental, incurrimos de forma consciente en una hipoteca cuyos intereses pagaremos con creces y de desigual modo en el futuro.

El 22 de abril se ha celebrado el Día de la Tierra. Una conmemoración que tiene por finalidad, precisamente, recordarnos la importancia de gestionar bien el legado que hemos de dejar a nuestros hijos. Los informes del IPCC son un buen instrumento para ello. Permiten disponer de información solvente, contrastada, resumida y comprensible sobre el comportamiento del sistema climático, los efectos previsibles que conllevaría el cambio climático, y las herramientas disponibles para mitigar las causas que lo originan. Cada uno de estos tres grandes asuntos es tratado por un grupo de trabajo que adopta por consenso entre sus autores y revisores (más de 2000 en total) sus conclusiones. A lo largo de estos últimos meses se han aprobado las conclusiones de los tres grupos de trabajo.

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Las conclusiones dejan poco margen a las dudas. El incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y su concentración en la atmósfera ha tenido lugar con arreglo a una pauta más intensa y peligrosa que los escenarios más pesimistas que se barajaron en la elaboración del Primer informe de evaluación hace ahora veinte años. Las consecuencias probables que ofrecen los modelos climáticos son dramáticas en términos de incremento de intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, ponen en riesgo zonas densamente pobladas en el sureste asiático, dificultan el acceso a agua potable y a alimentos para una gran parte de la humanidad y, asociado a ello, generan un impacto notable en los factores de riesgo de migraciones y seguridad intra y transfronteriza. Todo ello forma parte de una realidad probable para la segunda mitad de este siglo -es decir… para ya mismo- salvo que hagamos un enorme esfuerzo colectivo por evitarlo.

El Grupo 3 orienta sobre el mejor modo de abordar las opciones de mitigación, indicando el grado de confianza y probabilidad de cada una de sus aseveraciones. Destaca la sostenibilidad de los patrones de desarrollo y la equidad como la base más importante para abordar con éxito las políticas de clima; así como la trascendencia que tiene la actuación colectiva frente a respuestas parciales guiadas por intereses particulares y de corto plazo. Es interesante ver cómo los autores subrayan la trascendencia ética y de equidad que pueden tener las decisiones sobre cómo reducir emisiones y, por ello, inciden en la importancia de combinar adecuadamente las políticas de clima con las de erradicación de la pobreza y acceso a formas básicas de bienestar como son el disfrute de agua y energía.

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Las emisiones relacionadas con este último ámbito –producción y consumo de energía- y con los procesos industriales representan el 78% del total global desde 1970 hasta nuestros días. Si no se adoptan medidas adicionales a las ya anunciadas para reducir emisiones, la temperatura media del planeta aumentará entre 3,7º y 4,8ºC hacia fin de siglo. Los escenarios de mitigación manejados por los autores indican que para mantener la probabilidad de que la temperatura no crezca más de 2ºC es imprescindible acometer drásticas reducciones antes de 2050, lo que requiere cambios radicales de gran escala en nuestro sistema energético. Si retrasamos nuestra actuación los costes en términos de impactos y de reducción se dispararán. No pueden evaluar las distintas combinaciones de efectos secundarios positivos y negativos de las alternativas disponibles para la mitigación pero sí advierten de la devaluación de los activos invertidos en energías fósiles si se toma en serio el asunto del clima. Las conclusiones del grupo 3 incluyen información relevante sobre el potencial que tiene adoptar medidas en energía, en agricultura y usos de suelo; en urbanismo e infraestructuras… y concluye describiendo y valorando diversos instrumentos económicos y financieros que han ido aplicándose en estos últimos años como, por ejemplo, los mercados de carbono o herramientas financieras ad hoc.

Y aquí es donde el guionista de Los Simpson empieza a frotarse las manos. Un informe de estas características es una descripción clara y solvente de la bomba de relojería que tenemos entre las manos, con la enorme ventaja de incluir el manual de instrucciones para evitar su explosión y garantizar un legado “gestionable”. Sin embargo, cuesta tanto sacudirse la apatía que no falta quien, impúdicamente, desvíe nuestra atención prometiendo petróleo y gas baratos y juegue con el miedo colectivo de la recesión para retrasar los cambios en lugar de utilizar la necesidad de cambio como oportunidad para la recuperación. ¡Qué guiones!, ¡qué fuente de inspiración a partir de la vida misma! Viva el humor ácido, si sirve como acicate; pero huyamos de la burla cínica y descreída cuyo objetivo final es garantizar el desánimo que nada cambia. Al guionista, le toca repartir los papeles y decidir el argumento. ¿Cambiamos de serie?

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Perpetuo Gallardón

Pepe Reig Cruañes

Al ministro Gallardón le va la perpetuidad. En su Reforma del Código Penal introduce la cadena perpetua revisable para algunos delitos muy graves y también el internamiento preventivo perpetuo para enfermos mentales. Que la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal le hace mucha ilusión al ministro, es algo que se ve. A este hombre siempre le ilusionan las cosas más reaccionarias.

Hasta ahora, cuando una persona no podía ser imputada en virtud de su enfermedad mental, se le aplicaban “medidas de seguridad” consistentes en su internamiento psiquiátrico y tratamiento, por un período nunca superior al que hubiera cumplido de haber sido imputada y condenada. Ese internamiento no podía tener más función que la de tratamiento y curación, y eso determina la duración de la medida, ya que en nuestro ordenamiento constitucional no cabe el simple propósito punitivo. No se adivina qué pueda haber cambiado en la sociedad española para que se nos proponga ahora abandonar reinserción por exclusión, pero eso es, precisamente, lo que el ministro Gallardón nos anuncia: que esa misma persona puede ser internada “sine die”, porque el juez puede mantenerle allí por períodos de cinco años, prorrogables sin limitación, aunque los médicos le hayan dado el alta. No importa, pues, el delito que le condujo al internamiento, sino la consideración de los que podría perpetrar. Este es el núcleo de la Reforma del Código Penal en lo relativo a delitos cometidos por personas inimputables. Un cambio de innegable carga ideológica.

La ideología de la peligrosidad

La única razón para que un juez interne “preventivamente” y, añadimos nosotros, “predelictualmente” es la suposición de un peligro potencial. Careciendo de ninguna concreción fáctica y objetiva, dicha suposición no puede basarse más que en un prejuicio o un estigma o, peor aún, en la preconstitucional “peligrosidad social”. En vez de juzgar el delito, juzgaremos al delincuente. Los hechos y sus circunstancias no cuentan; sólo las características personales del individuo, es decir, el estigma con que la sociedad le marca. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó en 2008, se va a la papelera sin mayor miramiento. Parecida suerte le cabe al artículo 25.2 de la CE, que obliga a que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

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El conservadurismo juega en este asunto con cartas marcadas: al ligar enfermedad mental y peligrosidad, se induce a confundir dos cosas muy distintas, la psicopatía (una especie de maldad consciente) y los brotes psicóticos (delirios o alucinaciones propias de la enfermedad). Aunque la idea de peligrosidad sea bastante popular, es bien conocido que no tiene el menor fundamento científico. La probabilidad de conductas delictivas entre enfermos mentales tiene más que ver con las circunstancias de su medio social y familiar, que con los síntomas de su trastorno. Es de esperar que los jueces soliciten dictámenes médicos para prorrogar el internamiento preventivo, pero es dudoso que los profesionales de la salud mental se presten a esa labor. Y no sólo por motivos éticos: “Aunque dispusiéramos de un instrumento para evaluar la peligrosidad futura -asegura Pepe Leal, miembro del Grupo de Ética y Legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que ha criticado duramente el proyecto- yo no lo pondría al servicio de este propósito, pero es que ni siquiera disponemos de tal instrumento”. La peligrosidad no es un concepto psicopatológico ni clínico, sino otro ejemplo del deslizamiento desde lo sanitario a lo penal.

Es llamativo que todo un Proyecto de Reforma pivote sobre un concepto sin apoyatura científica y que tiene toda la pinta de venir directamente desde el oscuro fondo de la ideología franquista, si no de más atrás todavía. El propio término casa mal con el Estado de Derecho y, como señala la AEN, nos lleva desde “el derecho penal del hecho” (que exige contextualizar las conductas) al “derecho penal del autor” (que permite descontextualizarlas para vincularlas a las características personales del sujeto).

Peligrosidad y sanidad

Es más sencillo apelar a clichés ambientales y populistas, como el de la peligrosidad, invocando un consenso espontáneo no deliberativo, que examinar a fondo las culpas del sistema. Como señala Fernando Santos Urbaneja, fiscal en Córdoba y miembro del Grupo de “Ética y Legislación” de la AEN, “el 83% de los delitos cometidos por personas con enfermedad mental son, en realidad, simples altercados en el ámbito familiar o en la calle, que en la reforma del Código Penal de 2003 se convirtieron en “delitos de violencia doméstica” (art.153 CP). Estos altercados ocurren por falta de tratamiento, porque el sistema sanitario no está funcionando en ese nivel preventivo, esas personas no están atendidas ni medicadas”.

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Este es un fallo de un sistema de salud que todavía es bastante bueno, aunque los recortes lo están pervirtiendo. El asunto es ya mucho peor en aquellas comunidades (Valencia, Madrid) donde hace tiempo que la derecha gobernante abandonó el énfasis en la atención sociosanitaria y preventiva para ponerlo en la hospitalización. Receta segura para que los problemas mentales no diagnosticados o no atendidos se conviertan en problemas penales. La estigmatización hace el resto, “estas personas que han provocado un altercado menor”, recuerda Santos Urbaneja, “saltan rápidamente al sistema judicial, donde entrarán en los supuestos de la Reforma y pueden acabar en un internamiento indefinido, sin haber llegado a cometer ningún delito”. Con una mera falta, más un estigma de peligrosidad social, se pueden convertir en internados perpetuos. Estamos ante un fracaso del sistema del salud, que no previene, seguido de otro fracaso del sistema penal, que renuncia a reinsertar y se limita a incapacitar y encerrar.

El informe de la AEN no puede ser más categórico y sumario: “El proyecto forma parte de un conjunto de medidas legislativas destinadas a la sustitución apresurada de nuestro precario Estado de bienestar por un estado caritativo que culminará con un Estado penal, proceso en el que las políticas sociales están siendo progresivamente sustituidas por políticas de vigilancia y control, que incluye la contención punitiva de las categorías sociales más desfavorecidas”.

Peligrosidad y Derechos

Desde un punto de vista jurídico penal, la barbaridad es tal que el propio Consejo General del Poder Judicial duda de su constitucionalidad. En su Informe oficial denuncia que los internamientos de inimputables o semi-inimputables en centros psiquiátricos podrán producirse “por cualquier delito, también por aquellos que no estén sancionados en abstracto con pena de privación de libertad, basándose simplemente en el peligro que supone para la sociedad”. Simplemente se destruye el principio de proporcionalidad.

El primer Anteproyecto fue severamente corregido antes de convertirse en Proyecto de Ley. Desapareció la llamada “custodia de seguridad”, que se aplicaba una vez suspendido el internamiento, pero en cambio hace casi automática la “libertad vigilada”. Suaviza con nuevas garantías el mecanismo de prórroga del internamiento, al transformarlo en un incidente contradictorio con obligación de oír a la parte, pero sigue siendo una medida contraria a la seguridad jurídica (persiste la posibilidad de devenir perpetua) y discriminatoria (sólo aplicable a personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual). Nada menos.

Dónde está el peligro

Si el ministro esperaba recibir apoyo, al menos, de los familiares de personas con enfermedad mental, primera instancia de afectación del problema, debe haber sufrido otra decepción. La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con enfermedad Mental (FEAFES) dirige una carta abierta a Gallardón en la que desde la primera línea manifiesta su “extrema preocupación y oposición”. También los familiares centran sus ataques al proyecto de Ley en el concepto de peligrosidad y también ellos, como los sanitarios, oponen a ese concepto el de “situación de riesgo por carecer de una atención sociosanitaria integral y adecuada”. Consecuentemente, denuncian que el Proyecto de Ley olvide que la atención temprana es la que puede reducir el riesgo y no la derivación a instituciones penitenciarias, que ni reinsertan ni curan.

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La perspectiva a la que casi nunca se da cabida es, precisamente, la que tendría que figurar en primer lugar, la del sujeto paciente cuyo internamiento discutimos. Las asociaciones de pacientes vienen reivindicando una voz propia: aún reconociendo la aportación crítica y rigurosa de la AEN, el trabajo inclusivo de las asociaciones como FEAFES, para romper tabúes y clichés, es preciso también dar cabida a la voz directa de los afectados. Como señala Guadalupe Morales, directora de la Fundación Mundo Bipolar, “de lo que se trata es de la dignidad del paciente”. El proyecto de Ley, en un giro fuertemente ideológico, tiende a considerar a todo enfermo mental como irresponsable y carente de albedrío. Se olvida aquí que la persona con esquizofrenia o trastorno bipolar no es irresponsable todo el tiempo, sino sólo durante los brotes de la enfermedad. De ahí que la privación de libertad, potencialmente “perpetua”, y las medidas que la acompañan vulneren la dignidad y la libertad constitucionalmente protegidas.

Cuando se ignora todo propósito terapéutico o de reinserción, en pro del designio punitivo y de apartamiento de la sociedad, se atenta contra la libertad. Cuando se actúa bajo el prejuicio de la peligrosidad, independientemente de la gravedad del delito efectivamente cometido, se vulnera también el principio de igualdad ante la ley, ya que se aplican penas distintas para delitos iguales.

Las objeciones de la representante de la Fundación Mundo Bipolar, como las de la AEN y las familias, apuntan directamente contra el déficit de humanidad de las perspectivas conservadoras sobre este asunto: ni atienden al sujeto, ni actúan sobre el entorno que enferma al sujeto. Sólo castigan y estigmatizan. Esto es como bracear ante el público apelando a la demagogia de los temores más irracionales. Las penas a perpetuidad, que tango gustan a Gallardón, son como ese braceo, consoladoras y populistas, pero inútiles y también injustas.

Vallas, ruido mediático, legalidad y derechos

Javier de Lucas

Los árboles de tantas imágenes y tanto ruido sobre vallas y “expulsiones en caliente” no deberían ocultarnos el bosque de los problemas reales. Para empezar, los primeros y verdaderos problemas. Los problemas que obligan a los inmigrantes y refugiados, en situación equivalente al estado de necesidad, a apostar todo lo que son (porque apenas tienen nada) en arriesgar su vida en un viaje de años, para volverla a arriesgar ante los obstáculos de la frontera, por ejemplo, las de Ceuta y Melilla.

Son problemas que tienen mucho que ver con la garantía de derechos elementales. Primero allí: allí de donde salen. Porque para muchos de ellos y, desde luego, para todos los refugiados, no hay libertad de circulación, sino el destino inexorable de huir para no morir, para no sobrevivir miserablemente. Incluso para tratar de vivir mejor, sí. Es decir, para ellos, el hecho de emigrar, de exilarse, no es fruto de una decisión libre, sino de una obligación de sobrevivir. Donde hay necesidad no puede existir libertad, ni podemos hablar de derechos y deberes que no sean el de intentar sobrevivir. El asunto es que el origen de esa situación, la desigualdad, la miseria, la ausencia de libertades, no es ajena. En buena medida es heredada de nuestras políticas coloniales e impuestas por nosotros: por ejemplo por las reglas del FMI y la banca mundial, las multinacionales y las potencias (incluida China) que ven en África un granero de donde extraer recursos. Por eso las políticas de inmigración que no empiecen por ir a esas causas no servirán nunca.

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Pero esos derechos, y el derecho a la vida y a la integridad física, y el derecho a la libertad de circulación, no son prioridades en nuestras políticas de inmigración, tan ocupadas en blindar fronteras y pactar con terceros para que las blinden por nosotros. No, cuando estamos tan ocupados en modificar leyes para hacer legal lo que es ilegal. Eso es lo que pretende ahora el Gobierno Rajoy para cohonestar su vergonzante acuerdo con Marruecos para permitir devoluciones ilegales, modificando la Ley de Extranjería. Y eso es otro problema.

A ese empeño, que nos crea un problema, no son ajenos los medios de comunicación que nos bombardean día sí y otro también, con el mensaje de emergencia, con las fotos de avalanchas, de fronteras, policía y guardia civil desbordadas. policía marroquí en la valla y de las denominadas “devoluciones en caliente”. Indigna la frivolidad (en el mejor de los casos) con la que se trata el asunto, en particular en medios de comunicación. Pondré dos ejemplos que, además, algunos han entendido precisamente como favorables a una visión crítica sobre la inmigración. Que santa Lucía les conserve la vista.

El primero, el programa Salvados -que dirige el periodista Jordi Evole- el domingo 6 de abril de 2014. Un programa que (salvo pequeñas excepciones como las entrevistas al padre Esteban en Nador, a Estrella Galán (CEAR) y a Sergio Riera, abundó en la vía del “testimonio”, con “entrevistas” tan efectistas como descontextualizadas a inmigrantes en el Gurugú, sin hablar de causas e intereses, sin un análisis legal de lo que pasa en la valla, de la violación masiva e institucionalizada del derecho de asilo ni, claro, del papel de los medios de comunicación. En definitiva, un tono paternalista, simplificador, en el que los inmigrantes no son sujetos de derecho, sino “pobres víctimas”. Me parece un pretexto para utilizar  un “tema sensible”, de los que da audiencia, y confeccionar un programa efectista que garantiza audiencia y “buena conciencia”.

Segundo ejemplo. El diario El País publicó el jueves 3 de abril una página entera, con el título “Interior consuma nuevas expulsiones sin identificación previa en Melilla” y firmada por Toñi Ramos, hablando de las denominadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes detenidos tras saltar la valla de Melilla. Resulta inadmisible que en ningún momento la periodista recoja las evidentes razones jurídicas que prueban que esas devoluciones violan la ley de extranjería vigente. Tampoco se mencionaba (y esto me parece muy grave) la infracción de la legislación internacional (Convenios de Ginebra, protocolos adicionales) sobre refugiados, pues cuando la Guardia Civil devuelve subrepticiamente a quienes han entrado, no pregunta a nadie si tiene las condiciones para pedir asilo, ni siquiera si lo quiere pedir. Ni se cuestionaban las “devoluciones en caliente” que el Gobierno Rajoy pretende ahora legalizar modificando la ley de extranjería.

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Respecto a esa pretensión, como han argumentado clara y contundentemente no pocos expertos en Derecho migratorio y de asilo, si el Gobierno sostiene que estas actuaciones son una forma de rechazo en frontera, estaría admitiendo que la valla es un puesto fronterizo de los previstos en el artículo 25 de la Ley, lo que evidentemente no es. Pero es que, si lo fuera, los agentes violarían el artículo 26.2 de la misma ley, que exige denegación de la entrada mediante resolución motivada y tras asistencia letrada (nada, pues, de “en caliente”). En realidad, como también subrayan esos expertos, lo que se aplica a esos extranjeros extracomunitarios que son interceptados cuando intentan entrar irregularmente es el artículo 58.3 b de la citada Ley de Extranjería, una “devolución” que también exige procedimiento con asistencia letrada.

Digámoslo claro: la urgencia irrefrenable de esa reforma para legalizar “devoluciones en caliente” es afán de legalizar procedimientos ilegales que violan derechos elementales y deberes jurídicos consagrados en el Derecho internacional. Eso que el Gobierno Rajoy sostiene y que obliga a ejecutar a los agentes de la Guardia Civil no son devoluciones en caliente, son “calenturas” o delirios jurídicos injustificables. Inaceptables. Indignos.

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El Cabanyal y el secreto de la participación ciudadana

Fernando Flores

Mañana, domingo 6 de abril, la Plataforma Salvem el Cabanyal ha convocado una manifestación en el barrio marinero de Valencia. Con ella se reivindica un nuevo plan de rehabilitación con participación ciudadana. Es decir, se exige que la actuación de los poderes públicos en la vida y entorno de las personas sea legal, cuente con ellas, y esté sometida a la rendición de cuentas. Dieciséis años pidiendo lo mismo.

Mañana, 6 de abril, se cumplirán cuatro años de la paliza que la Policía Nacional propinó a los vecinos del Cabanyal por defender el barrio de una ley del PP que fue derogada hace unos meses por inconstitucional. Ni la paliza por la policía ni la derogación de la fraudulenta ley produjeron actos de responsabilidad entre los representantes políticos, sólo gestos de arrogancia, desprecio y manipulación mediática. En cuanto a los vecinos, lo ocurrido ha fortalecido la convicción de que practicar las libertades públicas no es un privilegio otorgado o tolerado por los poderosos.

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Y es que aunque la participación ciudadana no esté contemplada como un derecho fundamental por nuestra Constitución, los vecinos del Cabanyal la han utilizado como si lo fuera. Se la han creído, la han aprendido (la están aprendiendo) y la han practicado. 

La participación ciudadana real no vive de una idea abstracta. La participación significa asambleas vecinales cada semana del año, los miércoles a las ocho de la tarde; es decir, trabajo después del trabajo y horas hurtadas a la familia. Significa exigir transparencia e información a un Ayuntamiento y a un Consell que solo entienden el lenguaje de la opacidad y engaño; es decir, escribir solicitudes y reclamaciones a sabiendas de que ni siquiera serán contestadas. Significa redactar e interponer recursos judiciales largos y caros; es decir, la complicidad y el compromiso de letrados y letradas dispuestos a pelear en los tribunales sin cobrar por sus servicios. Significa elaborar y discutir documentos de estudio, proyectos alternativos al oficial, acciones culturales…; es decir, el trabajo desinteresado de estudiantes, de arquitectos, de trabajadores sociales, de sociólogos, de artistas. Significa montones de reuniones con miembros de otros movimientos sociales, con universitarios, con concejales, con diputados. Significa organizar protestas, manifestaciones, redactar notas de prensa, desmentidos, artículos de opinión… Significa mantenerse unidos frente al acoso demoledor y disolvente del poder. La participación ciudadana significa mucha implicación, mucha solidaridad, mucho trabajo. Ahí está el secreto.

Mañana, en la manifestación del Cabanyal, miles de ciudadanos exigirán que el comportamiento de los políticos y las instituciones valencianas sea legal, que asuman sus responsabilidades y que cuenten con las personas para gestionar lo común… se pedirá lo que sería habitual en una sociedad democrática. Quien pueda, que vaya.

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Cuando la religión ocupa el espacio público

Ana Valero

El pasado lunes se ofició en la catedral de la Almudena de Madrid el último de los actos destinados a despedir al fallecido expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, un funeral de Estado. El acto, cuya polémica venía garantizada por la asistencia del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang, ha resultado doblemente controvertido por el contenido de la homilía del encargado de su oficio, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Ante más de 1.000 asistentes, entre los que se encontraban las principales autoridades del Estado, Rouco afirmó que Suárez trajo la “concordia” y la “reconciliación” a España, una España “que, con sus jóvenes, quería superar para siempre la Guerra Civil, los hechos y las actitudes que la causaron, y que, la pueden causar”.

Con esta extraña alusión a los riesgos actuales de una guerra civil, el cardenal hizo una vez más algo que ya es habitual en sus homilías, desprenderse de la sotana cardenalicia y sustituirla por una indumentaria política cargada de irresponsable provocación. Pero más allá de sus polémicas declaraciones, debemos preguntarnos ¿qué hace el ministro de culto de una confesión religiosa haciendo discursos políticos frentistas en un acto destinado a despedir al primer presidente de la democracia? ¿Por qué dicha despedida tiene lugar en el contexto de un llamado “funeral de Estado? ¿La celebración de este tipo de actos se compadece con el principio de laicidad garantizado por la Constitución?

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Desde mi punto de vista el tema admite poca discusión, no cabe, en nuestro ordenamiento constitucional, dotar de contenido religioso a este tipo de ceremonias que se celebran en nombre del Estado. Es cierto que nada impide la celebración de ceremonias privadas de contenido religioso si quienes en ellas participan así lo desean, pero el principio de laicidad impide de manera taxativa dotar de contenido religioso a ceremonias de Estado, esto es, públicas. Por ello es inadmisible que el ministro de culto de una determinada confesión haga propaganda de ésta en el espacio público institucional. Pero si esto es así ¿por qué siguen oficiándose? La respuesta es clara, los funerales de Estado son uno más de los numerosos residuos que en el plano sociológico traen causa, sin que ningún Gobierno ni legislador haya hecho nada por remediarlo, de la confesionalidad católica que ha caracterizado nuestro modelo durante siglos. Residuos que, se mire como se mire, no encuentran amparo jurídico alguno en nuestra Constitución.

Así, tampoco se justifican, desde la perspectiva del principio de laicidad del Estado, la presencia de autoridades o instituciones públicas en ceremonias religiosas. Tal es el caso de la presencia de miembros de las corporaciones municipales o de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las procesiones religiosas católicas, en algunos casos incluso en calidad de Hermanos Mayores de determinadas Cofradías. Tratar de justificar dicha vulneración del principio de separación entre Iglesia y Estado sobre la base de motivos de índole puramente cultural, folclórico o festivo implica desconocer que el derecho de libertad de conciencia de los ciudadanos que no profesan dicha confesión puede quedar en entredicho al ver cómo sus representantes se identifican con las manifestaciones de culto de dicha religión.

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El último de los residuos de dudosa constitucionalidad, por vulnerar el principio de laicidad del Estado y, por ende, la libertad de conciencia de los ciudadanos, es la presencia de símbolos y emblemas religiosos en los edificios públicos. Algo con respecto a lo cual se ha pronunciado recientemente la Defensora del Pueblo en su último Informe Anual, desaconsejando la presencia de crucifijos en la sala de plenos de las corporaciones locales. Presencia que también se da en los centros docentes públicos, junto con el belén navideño, y en los juzgados. Pues bien, en todos estos casos queda comprometida la neutralidad del Estado porque dicha presencia implica una suerte de preferencia por parte de las autoridades públicas de una concreta creencia frente a otras y, además, preside la actividad pública de que se trate, confundiendo la función pública y la función religiosa. Confusión que se agrava cuando de la presencia de símbolos religiosos en las aulas de centros docentes públicos se trata. Y ello porque el símbolo de que se trate –principalmente el crucifijo-, además de presidir la actividad docente e identificarla a ella y a los encargados de impartirla con la confesión que representa, ejerce un influjo indudable sobre el alumnado que carece todavía de la madurez suficiente como para que les resulte indiferente.

La “laicidad” del Estado es el único marco posible para que la “libertad” de todos ciudadanos en materia de conciencia sea real y efectiva. Exijamos, por tanto, a nuestros representantes que dejen de ser continuistas con prácticas que se remontan ya al siglo pasado y avancen de una vez por todas por la senda de la neutralidad.