La memoria también es un derecho. Las invisibles constituyentes y el derecho a recordar

Pepe Reig Cruañes

«Yo no podía ser testigo de la historia, sino protagonista de ella»

Asunción Cruañes

 

La maduración de las sociedades democráticas sólo puede darse a través de un permanente proceso de ampliación de derechos. Se sabe, ahora quizá más que nunca, que es un camino lleno de altibajos y reveses. Y se sabe también que en ese proceso la iniciativa corresponde a unas sociedades civiles vivas y organizadas que desarrollan una cultura cívica cada vez más exigente en cuanto al ámbito de aplicación de esos derechos. La salud, la educación, la privacidad, la seguridad jurídica, no fueron siempre derechos universales ni siquiera sobre el papel.  Ciudadanos y ciudadanas en acción los acuñaron y luego los extendieron a capas cada vez más amplias de la población. Y aún procuran que no se les escamoteen en cada crisis.

Lo mismo ocurre con una clase de “nuevos derechos” como la identidad sexual, la calidad ambiental o la memoria histórica. Derechos que han pasado de reivindicación más o menos aislada a convencimiento cada vez más general. En el año 2008, a pocos meses de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el CIS preguntó a los españoles si les parecía bien esa Ley y si era una medida necesaria y suficiente. La respuesta puede sorprender cuando llevamos tanto tiempo oyendo a la derecha argüir que esa no es una demanda social:  conocida por un 62%, más de la mitad tenían una buena o muy buena opinión de ella, frente a un 15% que la veía mal o muy mal. La cosa pintaba distinto cuando se preguntaba si debían investigarse las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil (si: 38,9%, no: 44,8%) y durante el franquismo (No: 42,2%; sí: 40,8%).

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El franquismo ocultó sus crímenes y la democracia no ha hecho mucho por desvelarlos, desatendiendo así a las víctimas. Aunque el derecho de éstas a saber encaja como un guante en el que la sociedad tiene a la memoria, aún pesa el velo de silencio. La resistencia del sistema judicial y del político tiene su correlato en ese 42% de españoles que no quería investigar las violaciones de derechos durante el franquismo. Aunque ese porcentaje puede haber mejorado desde entonces, parece que esta sección de la memoria que podríamos llamar del “reproche”, no tiene aún suficientes partidarios.

Si se entiende bien la dificultad intrínseca de reconstruir ésta, no se entiende tanto que el velo también envuelva la “otra” memoria, la que no contiene reproches sino actos meritorios. La memoria de la transición sigue aún aquejada de varios sesgos omnipresentes: por un lado el relato “consensual” que los medios –no los historiadores- han canonizado tiende a borrar el rastro de lo conflictual. Así, se han difuminado las tensiones, atentados, abusos represivos, ruidos de sables y presiones ilícitas que rodearon todo el proceso. Por otro lado, la hegemonía de aquel proceso transitorio, que nunca perdieron las clases dominantes del franquismo, ha determinado también la difuminación deliberada de todo protagonismo social: ni el movimiento obrero que levantó huelgas generales cuando estaban prohibidas; ni los movimientos vecinales que deslegitimaron el urbanismo salvaje del franquismo y se unieron a la marcha democrática; ni la agitación universitaria que desde el 56 cambió la mentalidad de las clases medias; ni las protestas “profesionales” de abogados, artistas, economistas o funcionarios. Tampoco los partidos comprometidos en la lucha democrática, los de izquierda y especialmente los comunistas, salen en la foto. El mérito se ha reservado exclusivamente a las elites y los personajes que convienen al relato oficial: Suárez, el rey, la Iglesia y las Fuerzas Armadas.

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Pero, si bien se mira, ese oscurecimiento de una parte de la realidad palidece ante otro de dimensiones numéricas aún mayores: la invisibilización sistemática de la mitad femenina de todos aquellos protagonismos ocultos en la marcha hacia la democracia. Para ellas la invisibilidad era doble. La aportación de las mujeres en los movimientos democráticos y en el feminismo no sólo no se ha contado, es que tampoco se ha colado en el “recuerdo” de la transición. Las mujeres y sus organizaciones llegaron a estar en el núcleo mismo de la tan glorificada transición, pero cuando el CIS pregunta por el recuerdo de los protagonistas, no aparecen junto a Suárez , el Rey, la prensa o los partidos democráticos. Y sin embargo, allí estaban.

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Esa es la doble injusticia que ha querido reparar Oliva Acosta al acercarnos el rostro y la palabra de estas mujeres que nadie recuerda aunque fueron “madres de la Constitución”. La película LAS CONSTITUYENTES se inspiró en un libro-homenaje a las primeras diputadas y senadoras de nuestra democracia que encargó la vicepresidenta Fernández de la Vega a la Red de Mujeres Constitucionalistas y dirigió la profesora Julia Sevilla. Producida por Olivavá Producciones y Canal Sur Televisión, se estrenó en 2012 y acaba de salir en DVD. La película documental de Oliva Acosta lleva la investigación sobre aquellas notables mujeres hasta un plano de proximidad y reivindicación que vuelve el relato emocionante.

Las 27 mujeres (6 senadoras y 21 diputadas) que integraron las Cortes Constituyentes de 1977. Dolores Ibarruri, Carlota Bustelo, Asunción Cruañes, Dolors Calvet, Ana María Ruiz Tagle, Soledad Becerril, Belén Landáburu, María Izquierdo y tantas más. Alternando encuentros particulares con cada una de ellas (las que aún vivían durante el rodaje) con una conversación colectiva en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso que reúne a varias de ellas con las actuales representantes de la soberanía popular. Setenta minutos intensos de visibilidad –palabra talismán para el feminismo- que revelan la magnitud de lo que se nos había ocultado. Un documento imprescindible para quien quiera reconstruir la imagen completa de aquella gesta colectiva de la transición que no es un cuento de príncipes que liberan princesas, como se nos hizo ver, sino una obra compleja e incompleta de ciudadanas y ciudadanos en busca de sus derechos.

Más allá de la precisa textualidad de las leyes, hay derechos que no están aún escritos ni reconocidos en la Declaración de la ONU, pero se han ido abriendo paso como derechos morales por la persistencia de unos pocos y por la fuerza de sus razones. El derecho a la memoria de lo que se ha sufrido y de lo que se ha luchado. El derecho a la visibilidad de lo que cada uno y cada una aporta en el espacio público. Porque es requisito para el aprendizaje de la ciudadanía, es decir, de esa condición que habilita para ser “no testigo, sino protagonista de la historia” y porque “sin ellas, sin las mujeres, no es democracia”.

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La insoportable levedad del racismo institucional

Fernando Flores

Yo me lo imagino así: un juez declara agriamente en su despacho que los políticos son unos delincuentes, una mierda a expulsar de la vida social, y que él se va a encargar personalmente de empapelarlos a hostias. La conversación de ese juez, que tiene algunos casos de representantes públicos bajo su jurisdicción, sale a la luz pública, y él trata de resolver el tema disculpándose, reconociendo que sus palabras eran inapropiadas y que, obviamente, él no se refería a todos los políticos, sino sólo a aquellos que son corruptos. Por corporativista que se pusiera el Consejo General del Poder Judicial, creo que ese juez tendría los días contados, y con razón, porque con sus palabras habría dejado claro que como servidor público no está en condiciones de proteger la tutela judicial efectiva y defender el Estado de Derecho.

La realidad no imaginada es que se ha sabido que el alcalde de Sestao, Josu Bergara, ha insultado a los inmigrantes, les ha amenazado con hacerles la vida imposible y ha afirmado a voces que él incumple la ley todos los días. Sin embargo, a diferencia del juez imaginado, el alcalde no tiene los días contados. Tiene el apoyo de su partido (PNV) y cuenta con la comprensión de buena parte de los vecinos, que agradecen que se les simplifique la razón por la que su vida es últimamente más difícil. La culpa, no busquéis más, es de los inmigrantes y los gitanos.

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Creo que este vergonzoso episodio nos muestra varias claves del contexto político,  social y moral con que el respeto a la legalidad y a los derechos humanos encara los tiempos que vivimos. La consideración de los derechos de los más débiles como algo prescindible o secundario, el desprecio a la idea de responsabilidad política de los servidores públicos que los vulneran, la doble vara de medir según el despropósito sea protagonizado por un amigo o enemigo político, la renuncia a mostrar ejemplaridad a los ciudadanos…

Sin embargo, de todas esas claves me gustaría quedarme con una que, probablemente, no va a ser de las más comentadas, por ser su comprensión algo farragosa y, me temo, porque en el otro extremo nos encontramos con los derechos de inmigrantes y de gitanos. Me refiero al racismo institucional que revela el comportamiento del alcalde de Sestao, y a los efectos que ese racismo provoca sobre la aplicación perversa de los procedimientos administrativos que afectan a la vida diaria de los más vulnerables, de los que no son Nadie.

La postura racista del alcalde se refleja en la actuación del Ayuntamiento ante las personas, en la aplicación de ese “infraderecho” que es el mundo de la tramitología burocrática, el mundo de la híper-regulación administrativa, de los papeleos que impiden acceder a derechos, de las colas, los pasillos, las salas de espera, las ventanillas y el vuelva usted mañana. Es evidente que el primer edil sabe que por esa vía puede hacer la vida imposible a los inmigrantes: poner a prueba su paciencia, controlar sus movimientos, infligirles la humillación de pedir repetidas veces lo mismo, obligarles a desistir y abandonar el pueblo… y ello sin posibilidad de queja o reclamación, pues hacerlo les condenaría a la segura negación de una magra prestación o de un documento importante. Bergara sabe que hacerlo es ilegal, pero tiene el poder institucional para hacerlo y la impunidad que le otorga la falta de transparencia que caracteriza a la buro-represión. Y lo hace.

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Pero esa es precisamente la razón por la cual SOS Racismo Bizkaia ha denunciado al alcalde, por prevaricación con agravante de racismo, en concreto por negarse a empadronar en el municipio a unas familias extranjeras. En la nota de prensa que explica la denuncia, SOS Racismo se hace estas preguntas:

¿Es verdad que estas personas solicitaron ser empadronadas hace meses, incluso más de un año? ¿Es verdad que no ha empadronado a estas personas? ¿Es verdad que representantes de SOS Racismo le han solicitado reiteradamente una reunión para abordar este incumplimiento? ¿Es verdad que el pasado 9 de abril estas familias se presentaron en el registro municipal y presentaron un escrito requiriendo al Ayuntamiento para que llevase a cabo el empadronamiento sin que haya habido respuesta? ¿Es verdad que ha sido él personalmente quien no ha permitido el empadronamiento de estas familias? ¿Es verdad que el 6 de septiembre de 2013 el Ararteko emite una Resolución por la que se le recomienda que adecue a la legalidad algunas prácticas en materia de empadronamiento? ¿Es verdad que el 21 de noviembre de 2013 el Ararteko emite una Resolución por la que se le recomienda que empadrone al demandante y su familia en el domicilio donde efectivamente residen? ¿Es verdad que el Ararteko, en el informe anual al Parlamento vasco, en la página 36, al hablar de aquellas instituciones  que al negar o retrasar su colaboración están provocado la imposibilidad de resolver en plazo las quejas planteadas por la ciudadanía destaca al alcalde de Sestao?
¿Es verdad que ha estado utilizando el deber de empadronar de manera arbitraria?

Las preguntas son directas y claras, y ofrecen bastante información sobre el modus operandi del alcalde. Éste está reprimiendo y controlando por vía burocrática el acceso de las personas a un derecho, como es el de estar empadronado en el sitio de residencia. Ahora bien, este comportamiento es más habitual de lo que parece, y aunque resulta relativamente fácil de detectar, demostrarlo ante los tribunales es muy difícil (no hay más que ver las impotentes recomendaciones del Ararteko). En el caso del de Sestao se ha podido acudir al juez porque la demanda va acompañada de una grabación auto-inculpatoria que demuestra su intención prevaricadora, pero evidentemente esta circunstancia es una excepción.

La realidad poco visible para la sociedad es que la “democracia cotidiana” de muchas personas vulnerables es un pequeño infierno de regulaciones, requisitos y ritos burocráticos que ponen en manos de la autoridad una capacidad arbitraria para decidir si esas personas acceden o no a los derechos. Cuando esa autoridad es racista, reaccionaria, xenófoba, o simplemente quiere perjudicar a un grupo de personas, el “infraderecho” –caracterizado por su elaboración unilateral, su falta de publicidad y transparencia, su difícil compresión o nula claridad, su impugnación imposible– le facilita el trabajo enormemente. Así, se impiden empadronamientos, se deniegan prestaciones debidas, se olvidan certificados, se anulan permisos, se retrasan renovaciones…, sin miedo a la responsabilidad que debiera deducirse por ello. Se comprueba cómo la aplicación de las normas superiores que protegen los derechos humanos quedan supeditadas a un sistema para-legal de circulares y decretos cambiantes en manos de quien ejerce el poder.

En último término, la garantía de los derechos de los vulnerables queda en manos de algunos abogados y abogadas, trabajadores sociales y periodistas, aguerridos y consecuentes, que se manejan con cierta soltura, mucho trabajo y bastante sufrimiento en el laberinto de control y represión social que esas normas construyen. En la mayoría de los casos, a base de mucho coraje y mucha lucha; en ocasiones, favorecidos por algún descuido que muestra la calaña del represor y su comportamiento delictivo.

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Foto: El alcalde Sestao con algunos vecinos. Agencia Efe.

Ejemplarizante

Fernando Flores

Me pregunto si, en un Estado de Derecho, la finalidad de un ataque a (de una intromisión en) las libertades públicas de los ciudadanos por parte de los poderes públicos puede ser “la búsqueda de la ejemplaridad”.

En relación con la reacción ofensiva y violenta de algunas personas en las redes sociales tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, desde el Ministerio del Interior se afirma:

“Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que las redes sociales son una isla en la que atacar, insultar, calumniar, defender la violencia o desear la muerte a alguien desde el anonimato sale gratis».

Imaginemos ahora que el Ministerio del Interior, a la vista de que el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas ha llegado a tener imputado a un 20% de sus miembros, ordena a la policía a investigar la vida privada de todos –todos– los diputados y diputadas de ese Grupo. Justificándolo así:

“Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que los parlamentos son una isla en la que robar, falsear documentos, traficar influencias, prevaricar, desviar fondos, enriquecerse a costa del erario público, sale gratis».

Ejemplarizante, ¿no?

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Al parecer, para el Gobierno del Partido Popular cualquier cosa es ejemplarizante menos aplicar la Constitución. Sin embargo, lo exigible en sociedades democráticas es que para justificar acciones como las que propone el Ministro del Interior contra los tuiteros se apliquen muy rigurosamente criterios como la previsión legal, el fin legítimo, y la proporcionalidad respecto de las libertades afectadas… Pero lo de la ejemplaridad es nuevo, y de paso inconstitucional.

La ejemplaridad no es un fin legítimo. El fin legítimo puede ser salvaguardar el derecho del injuriado, pero “dar ejemplo”, mostrar que hacer las cosas mal “no sale gratis”, no es un fin legítimo en Derecho. Por lo demás, la ejemplaridad no está prevista por la ley, y es obvio que su aplicación, además de arbitraria (¿es que puedo desear públicamente que muera un etarra, pero no que muera un político, o que pase a mejor vida Justin Bieber?) choca frontalmente con el principio de proporcionalidad que exige la intromisión del Estado en mi privacidad y en mi libertad de expresión.

Resulta obvio que este Gobierno defiende la represión selectiva. Ésta recae sobre las personas que ponen en cuestión sus políticas, y sobre los ámbitos en que ese cuestionamiento circula de forma más libre. Así, para el Gobierno son ejemplarizantes las cargas policiales contra los ciudadanos que se manifiestan, para dar ejemplo y que vean lo que les pasaría si emularan las acciones violentas de unos pocos. Y lo son las monitorizaciones masivas de nuestros correos electrónicos y comunicaciones, para que, encontrado el terrorista, sepamos que si nos aficionamos a enaltecerlo tenemos los días contados.

Cuando era pequeño, en el colegio tuve un profesor que al entrar en clase dejaba sobre la mesa una vara de madera de medio metro. Una vara reluciente con los bordes afilados. Con ella pegaba en los nudillos de las manos a quienes hablaban con los compañeros, aunque fuera para pedir el sacapuntas. Teníamos seis años y la clase era un cementerio. Ejemplarizante. Creo que el Ministro del Interior –el Gobierno del Partido Popular- considera a los ciudadanos, o niños o delincuentes; o niños delincuentes. En suma, enemigos en potencia. Desde esta perspectiva la represión no consiste solo en reaccionar contra una acción presuntamente ilegal o delictiva, sino atemorizar al conjunto de individuos para que la autocensura obre por sí sola. No cabe duda de que resulta mucho más fácil gobernar los cementerios.

Interior

En estos días se han escrito varios artículos que explican muy bien, y desde distintas perspectivas, el porqué la iniciativa ejemplarizante del Ministerio no tiene cobertura legal, vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un despropósito político. Por ejemplo, Jesús Maraña en infoLibre, Isabel Elbal en Contrapoder, o José Antonio Marina en El Mundo, argumentan muy razonablemente sobre la hipocresía del Gobierno, sobre los límites rigurosos que le impone el ordenamiento jurídico, así como sobre la conveniencia de no echar mano de la policía y el Código Penal cuando la respuesta a los excesos debe venir desde la educación y la presión social.

Sin embargo, ningún argumento, por ejemplar que sea, va a torcer la posición reaccionaria de un partido y un Gobierno que, en materia de derechos, tiene las cosas claras. Cada vez es más fuerte en mí la convicción de que la que debería ser ejemplarizante, nuestra Constitución (y “esta Constitución” no es sólo una norma, es un pacto político de la Comunidad que se cumple o no se cumple), ya no nos protege, ni siquiera mínimamente, contra los actos autoritarios y violadores de derechos de quienes nos gobiernan. Lo demás, viene por añadidura.

#SinJusticia

Rights International Spain lanza hoy una campaña dirigida a informar sobre la agenda de  reformas del Gobierno que restringen derechos y  libertades y reducen las  garantías de los  ciudadanos ante la Justicia. La intención de esta campaña es mostrar las conexiones entre las diferentes reformas (Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Justicia Gratuita, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Tasas ya en vigor) del gobierno como parte de un solo plan para dejarnos #SinJusticia

Esta es su presentación

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de nosotros impedirlo.

Frente a una sociedad civil que manifiesta de forma activa su rechazo a las políticas de recortes del Gobierno, éste, en lugar de atender a las demandas de la ciudadanía, se protege aplicando una agenda de reformas que restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia. No son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo plan para dejarnos #SinJusticia.
En Rights International Spain (RIS) creemos que es necesario conocer y denunciar esta situación. Por eso os proponemos una campaña informativa en la que podréis encontrar material elaborado por RIS con la intención de que cualquier persona, desde un ciudadano de a pie a juristas expertos, pueda usarlo para informarse e informar a otros sobre las siguientes reformas del gobierno.

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Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana: el Gobierno quiere reformar la “Ley Corcuera”, en vigor desde 1992. La reforma actual ya ha sido calificada como “ley anti-protesta” y “ley mordaza” porque en ella se sancionan actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión.

Reforma del Código Penal: la reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno es muy criticable. Primero, porque no es necesario en este momento reformar precisamente el Código Penal; segundo, porque las modificaciones que incluye la reforma tendrán por consecuencia restringir derechos de la ciudadanía; tercero, porque aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son.

Tasas judiciales: parece que al Gobierno le preocupa que los ciudadanos vayamos a los tribunales para reclamar nuestros derechos y que la Justicia nos proteja. Por esa razón se están poniendo obstáculos para acceder a los tribunales.

Justicia Gratuita: el Proyecto de Ley para reformar la asistencia jurídica gratuita (es decir, el poder disponer de un abogado de oficio por no tener recursos económicos para pagarlo) supondrá que menos personas podrán beneficiarse de ese derecho.

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Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la reforma que quiere hacer el Gobierno de la ley procesal penal hiere de muerte la acción popular, un derecho reconocido en la Constitución. Además pondrá en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado, la fase destinada a la investigación. Los fiscales tendrán el monopolio de la acción penal, sin contrapesos que hagan frente a su falta de independencia. 
 


Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: se ha disminuido la plantilla del Poder Judicial. Esto es una manera de debilitarlo y de reducir las posibilidades de los ciudadanos de obtener Justicia. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestran la desconfianza del Gobierno hacia los jueces. Para impedir las quejas y críticas por parte de los jueces también se pretende amordazarlos.

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informarnos, informa a los tuyos, comparte.

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Fútbol y racismo, crimen y castigo

Fernando Flores

Durante un partido de primera división un tipo de 25 años lanza un plátano a un jugador de fútbol. Las cámaras captan el acto racista. Se abre una campaña de carácter internacional (#somostodosmacacos) en la que numerosos deportistas, políticos, actores, presentadoras… se solidarizan con el injuriado comiéndose un plátano y reclamando la igualdad para todos. La campaña tiene un éxito notable en los medios. Se identifica al agresor, que aparentemente muestra arrepentimiento. El club le retira el carnet de socio y le prohíbe ingresar en el campo de por vida. El aficionado se expone también a una fuerte multa de la Comisión Antiviolencia. Se abre instrucción penal por posible delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal, relativo a aquellos que «provoquen a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas».

Llevo días dándole vueltas a este tema, porque no me cuadra. No dudo de que los actos de racismo deben ser perseguidos y castigados, pero en este caso hay varias circunstancias que dan que pensar.

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La primera de ellas es que la estrella del fútbol que lanza la campaña antirracista –el brasileño Neymar– está implicado, fruto de su contrato con el F.C. Barcelona, en una operación de fraude fiscal de muchos millones de euros, algo que, a la vista del programa Salvados emitido ayer, es habitual en los grandes clubs. Me resulta difícil respetar y hacer la ola a una persona que reclama igualdad mientras no paga sus impuestos, por más que su mensaje sea correcto. Precisamente por eso, sospecho que o él o su agencia de marketing tratan de lavar con detergente ajeno una mancha muy propia.

Pero lo que más me llama la atención de la campaña es la discriminación sobre aquellos a quienes pretende proteger (las víctimas del racismo). En realidad, creo que estamos ante una reacción antirracista que sólo defiende al fuerte de entre las víctimas. Por más que se diga que el mensaje de esa campaña antirracista es universal y se extiende a todos, no lo creo. Y es que, por ejemplo, más allá de los delitos económicos continuados que cometen, es sabido que algunos clubs de fútbol trafican con personas, muchas de ellas africanos desesperados llegados a Europa con lo puesto que ponen su nombre para blanquear altísimas sumas de dinero, dinero libre que los clubs dirigirán a cometer más fraude fiscal (es decir, a robar a todos los ciudadanos), a pagar “en b” a los “neymar” y a enriquecer a los directivos de (casi siempre) raza blanca. En este sentido, apreciaría mucho como gesto humanitario y comprometido de Neymar una foto acompañado de su hijo en una patera de pega, con el hastag –por ejemplo– #somostodosfutbolistas?

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Por último, me deja sin palabras la desproporción de la pena impuesta por el club, al parecer mucho más preocupado por su imagen que por hacer pedagogía (¿no se trataba de esto?). El pretendido mensaje de “tolerancia cero” (maldita expresión) se traduce en que al agresor se le impide entrar en el estadio de por vida. Sin embargo, al aplicársele el castigo como una pena de muerte o una cadena perpetua futbolística, el mensaje real es la renuncia (el desprecio) desde el inicio a la educación de la persona, a la sensibilización para el civismo y el respeto al otro. El club se desentiende de su socio, y aquí no ha pasado nada.

En fin, por concluir, creo que la defensa de la igualdad y de los derechos de las personas, la lucha contra la discriminación y el racismo (que efectivamente son un problema también en el fútbol), no pueden sostenerse sobre una pila de mentiras de este calibre. Es por eso que la campaña no me cuadra y la considero una tomadura de pelo. En cuanto al futuro como hincha del aficionado racista, no albergo temor. Habiendo apoyado el presidente del Villarreal –Roig– la solicitud de indulto al expresidente del Sevilla hoy encarcelado, Del Nido, doy por sentado que, en cuanto se pase el sofocón del tema del odioso plátano, readmitirán al socio hoy desterrado, y aquí paz y allá gloria.

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¡La democracia estadounidense a subasta!

Ana Valero

El pasado miércoles 2 de abril la Corte Suprema norteamericana ha vuelto a dar alas a la influencia del gran capital sobre la democracia estadounidense. En el controvertido caso McCutcheon et al. vs. Federal Election Commission, ha declarado que los ciudadanos no pueden ver limitado el número de candidatos al que quieren apoyar a través de sus donaciones económicas. Sin ningún eco en los medios de comunicación españoles, la decisión tiene sin embargo una gran trascendencia pues, como señaló en la propia audiencia del caso ante la Corte el abogado de la administración Obama, Donald Verrilli, con esta sentencia en Estados Unidos será difícil conjurar los riesgos de corrupción y clientelismo y el peligro de un gobierno de ricos donantes “por ellos y para ellos”.

Tras declarar inconstitucional cualquier límite que se imponga a la facultad de las empresas de destinar dinero corporativo a la financiación de las campañas electorales en el año 2010, en la histórica decisión Citizens United vs. Federal Election Commission, con McCutcheon la Corte Suprema vuelve a estirar y desvirtuar el derecho de libertad de expresión reconocido en la Primera Enmienda de la Constitución para abrir la puerta definitivamente a las grandes fortunas en la contienda electoral. Pero veamos sus pormenores y tratemos de entender el sistema de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos.

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El binomio “dinero-política” no sólo es antiguo sino que es, quizá, tan necesario como conflictivo. Desde la aprobación en Gran Bretaña, en el año 1883, de la primera normativa de la época moderna en materia de financiación de la política, los intentos de disciplinar tal binomio han sido una constante en los distintos ordenamientos jurídicos de los sistemas democráticos. Podría decirse que la financiación de la política es instrumental para la consolidación de una democracia sostenible.

La actividad de los partidos políticos en el seno de los regímenes democráticos requiere de ingentes recursos económicos. Si a ello sumamos la necesidad de financiar las campañas electorales y las actividades conexas a las mismas, la dependencia entre política y dinero se hace más que evidente. En este contexto, resulta imprescindible la adopción de normas que regulen la financiación de unos y otras que, por un lado, mantengan intactos los valores fundamentales de la democracia -tales como el principio de igualdad, la libertad de los electores, la autonomía de los electos o la libertad de expresión de los primeros y la libertad de expresión e información de los segundos-; y que, por otro, eviten exponer el sistema democrático a fenómenos degenerativos que puedan socavar sus propios pilares -tales como el clientelismo, la corrupción o la financiación interesada de candidatos y campañas por parte de grupos de poder que traten de en incidir en el proceso de formación de la voluntad política.

Como punto de partida debe tenerse en cuenta que el estado de la legislación norteamericana en materia de campañas electorales, hasta los pronunciamientos del Tribunal Supremo en el caso Citizens y en el caso McCutcheon (en especial lo referente a su financiación, al control de los gastos y al uso de los medios de comunicación), se explica a partir de ciertos hechos especialmente clamorosos acaecidos en la historia de la política norteamericana, como el caso Watergate. Y que los sucesivos intentos de regular esta materia han encontrado como principales escollos la propia naturaleza geográfica del país y el diseño mismo de las campañas electorales estadounidenses. Baste señalar a este último respecto que, por ejemplo, la campaña electoral presidencial se desarrolla sobre un territorio y frente a una población de dimensiones continentales, lo que inevitablemente exalta los costes y hace que el contacto directo entre candidato y elector sea más bien atípico. A ello debe sumarse el hecho de que nos encontramos ante una campaña electoral que dura como mínimo un año, lo que genera, nuevamente, que los costes se incrementen exponencialmente.

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El modelo de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos tiene dos características que lo particularizan. La primera, que las normas que lo regulan se aplican principalmente a los candidatos y no a los partidos políticos a los que éstos pertenecen, y la segunda, que a pesar de que existen fuentes de financiación pública y privada, ésta última integra la primordial fuente de ingresos de los candidatos.

Los Estados Unidos fueron uno de los primeros países en adoptar una normativa reguladora de las campañas electorales en el ámbito federal. La primerísima norma en la materia se remonta a los tiempos de Theodore Roosevelt, que indujo al Congreso a adoptarla en 1907. Se trata de la llamada Tillman Act, que se han mantenido en vigor, con varias modificaciones, hasta 1966. Esta ley tenía la finalidad de limitar la influencia desproporcionada de las acumulaciones de riqueza y de los intereses particulares sobre el proceso electoral, además de tratar de desincentivar los abusos estableciendo obligaciones de transparencia. Asimismo, la experiencia norteamericana es primigenia en la adopción de normas destinadas a la limitar los gastos de los candidatos y de los partidos en las elecciones y a conseguir la limitación o la prohibición de determinadas contribuciones destinadas a las organizaciones partidistas. Así, desde 1939 han estado vigentes tales límites, considerados compatibles con la Constitución por el Tribunal Supremo en 1976.

En este marco, es preciso conocer que hasta el pasado miércoles 2 de abril, la legislación electoral norteamericana mantenía algunos límites a las aportaciones que podrían hacer los ciudadanos. Concretamente, el límite se cifraba en 2.600 dólares por campaña y 48.600 dólares cada dos años por todas las campañas federales que un ciudadano apoyase. Pues bien, el caso que ha originado esta sentencia de la Corte Suprema tiene su origen en la demanda interpuesta por Shaun McCutcheon, un ingeniero eléctrico de Alabama, que consideró que la existencia de un límite al acumulado de campañas apoyadas, 48.600 dólares, vulneraba sus derechos de libertad de expresión política por no poder apoyar a tantos candidatos federales como le viniese en gana.

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Ahora, con la nueva sentencia de la Corte Suprema, se elimina el límite existente al acumulado de donaciones que una misma persona puede realizar. Con lo cual, puede suceder que, aún respetándose el límite de los 2.600 dólares que cada candidato puede recibir por un solo donante, si éste quiere apoyar a cientos de candidatos de un mismo partido, la cifra que dicho partido puede recibir sería millonaria.

En una Sentencia de 5 contra 4 –la mayoría conservadora frente a los cuatro jueces progresistas de la Corte-, el fallo redactado por el Presidente de la Corte, el Juez John Roberts, dispone que limitar el número máximo de candidatos que un ciudadano puede apoyar vulnera las libertades de asociación y expresión de los ciudadanos. Así, afirma que dar dinero a uno o varios candidatos supone un ejercicio del derecho individual a participar en el proceso electoral mediante la expresión política, es decir, que se está ejerciendo el derecho recogido en la Primera Enmienda a expresar el respaldo por unos candidatos concretos y la ideología que éstos representan, así como a asociarse con ellos políticamente. Expresamente sostiene que “el gobierno no puede restringir a cuántos candidatos o causas puede respaldar un donante en la misma medida que no puede decirle a un periódico a cuántos candidatos puede respaldar”.

Los jueces progresistas de la minoría, en cambio, advierten de los riesgos que implica que a partir de ahora un solo individuo pueda donar millones de dólares a un mismo partido político, sobre la base de estar apoyando muchas campañas individuales. No es difícil augurar los turbios negocios que esto puede conllevar entre candidatos y donantes millonarios, contrariando el principio de igualdad en la participación política de los ciudadanos a favor de los más ricos.

La Casablanca se ha manifestado “decepcionada de la decisión” y congresistas de diversos signos reconocieron que quitar el límite al acumulado de campañas apoyadas permitirá a los grandes donantes encontrar la forma para burlar los límites individuales que prevalecen sobre las campañas.

En conclusión, con la sentencia del caso Citizens la Corte Suprema americana permitió a las empresas gastar sumas ilimitadas de dinero de manera independiente para apoyar u oponerse a candidatos para el cargo, y autorizó las contribuciones opacas de las empresas, sin límite de ningún tipo. Con McCutcheon se da un paso más, dando carta blanca de manera definitiva a la desregularización de la financiación de las campañas electorales y supeditando con ello la renovación del poder público al poder económico.

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