Inmigración: el Estado al margen de la ley

Fernando Flores

Se dice que la lucha contra las amenazas que ponen en peligro nuestra seguridad tienen como objetivo salvaguardar nuestro Estado de Derecho, nuestra cultura y la legalidad democrática. Sin embargo, por lo que se refiere al ámbito de la inmigración –los flujos migratorios irregulares son considerados una “amenaza”– lo que produce es precisamente lo contrario, la vulneración flagrante del Estado de Derecho y la violación sistemática de los derechos humanos.

Un nutrido grupo de profesores de Derecho presenta hoy el Informe “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley.

Se trata de un documento que desmiente de forma categórica los argumentos del gobierno de España que tratan de justificar la entrega a la policía marroquí de inmigrantes que ya están en territorio español, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido.

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La muerte en febrero de este año de 15 personas que trataban de llegar a nado a las costas de Ceuta puso la atención de los medios en la frontera y provocó que saliera a la luz el modus operandi de la Guardia civil, al tratar de resolver por la vía rápida la expulsión de inmigrantes que acaban de cruzar la frontera ilegalmente. Con el tiempo no sólo se ha comprobado que nos encontramos ante un protocolo habitual (ordenado por tanto desde el Ministerio del Interior), sino también que el Gobierno se empecina en su necesidad y legalidad.

El Informe demuestra que el Estado está actuando sistemáticamente al margen de la ley:

– Las expulsiones por vía de hecho, ajenas al procedimiento establecido, vulneran la legislación de extranjería y los derechos fundamentales de asistencia jurídica y de intérprete que protegen al extranjero.

– El concepto “operativo” de frontera defendido por el Ministerio (una hipotética frontera constituida por la línea formada por agentes de la Guardia Civil en una playa española o por la valla interior en las ciudades de Ceuta y Melilla en las zonas de doble valla ) es útil para la ejecución por la vía de hecho, pero inadmisible jurídicamente.

– Los extranjeros que hayan entrado clandestinamente por un puesto no habilitado no pueden ser devueltos, sino que deben ser sometidos al procedimiento de expulsión, con las garantías inherentes al mismo.

– Un acuerdo entre Estados no puede dar cobertura a actuaciones ilegales. Es decir, el Acuerdo hispano-marroquí de readmisión en ningún caso puede ser un título jurídico que permita excepcionar a las autoridades administrativas los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería, a saber, ni “expulsiones en caliente” ni devoluciones cuando procedan expulsiones.

– Las “expulsiones en caliente” son incompatibles con nuestro derecho interno, pero no solo. También resultan contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos. Dotarlas de cobertura legal, una intención reiterada por el Ministerio del Interior, es inviable.

– Por último, el Informe advierte que los agentes que ejecutan este tipo de expulsiones no están amparados por el principio de obediencia debida, y pueden incurrir en la comisión de delitos (coacciones, delito cometido por funcionario público contra los derechos fundamentales, obstaculización de asistencia de abogado al detenido o preso, prevaricación…).

En los últimos años el Estado español, como la Unión Europea, han desarrollado políticas de inmigración que se alejan del Estado de Derecho y se acercan al Estado de excepción. La crisis económica y criterios de seguridad han justificado este deterioro de uno de los grandes valores europeos, la protección indiscutible dentro de sus fronteras de los derechos fundamentales de las personas. El trato al otro, al diferente, siempre ha constituido una prueba definitiva de los valores que sostienen a una civilización y del sistema normativo en que cristaliza. El Informe que ahora se presenta nos muestra una civilización que pierde altura por momentos.

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Un simulacro de vida: en el Día internacional de los refugiados

Javier De Lucas

Otra vez el día 20 de junio se nos recuerda la condición de esos millones de seres humanos que viven un remedo de vida,  una existencia peor que virtual, vicaria. Porque no es vida, sino simulacro de vida, la situación de incertidumbre, de espera, de angustia, en una tierra de nadie en la que esos seres humanos se encuentran confinados. Es la angustia de la vida en suspenso,  sin saber si obtendrán el reconocimiento mínimo, esa seguridad jurídica básica que es el derecho a tener derecho, que todos tenemos asegurado; todos menos ellos, los refugiados.

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Hay que insistir una vez más en la indignidad, la miseria moral que supone que a nuestro lado (porque en el mundo global ya no hay lejanía), ante la mirada en tiempo real que nos sirven las televisiones y las radios, vivan millones de personas  que hoy, en el mundo de la tecnología y el progreso, se encuentran todavía en un estadio anterior al de esa chispa de civilización que supone la aparición del Derecho. Porque, como sabemos casi desde los albores de la cultura, de la humanidad, el primer gesto de civilización consiste en eso, en recibir al otro que huye del peligro para su vida. Reconocerle como igual a nosotros en cuanto ser humano. Ese el sentido más noble del Derecho en su origen: otorgar una protección básica frente al daño que supone la condición de vulnerabilidad, de ausencia de recursos para protegerse contra las formas del mal: la miseria, la persecución, el aniquilamiento.

Charles Péguy, el filósofo francés, recordaba que ese ideal moral mínimo, el de una ciudad sin exilio, es una obligación moral que nos corresponde a todos. Construir una sociedad en que nadie deba vivir privado del reconocimiento de la condición de sujeto de derecho, que es la del ser político, el que, como ciudadano, goza de la protección del derecho que dispensan los Estados.

No sucede así con los refugiados: los poderes públicos, las instituciones de sus Estados, que deberían garantizárselo, se lo niegan activamente o por omisión. Son sólo seres humanos sin más atributos, privados del rasgo político, la condición de pertenencia, el título de ciudadanos de un Estado, sin el cual esos derechos humanos proclamados como universales en 1789 son papel mojado. Porque los derechos del hombre no son nada si no se es ciudadano. O en todo caso son muy poco si no se es titular del pasaporte de un Estado que cuenta.

El asilo otorga ese primera protección que consiste en no rechazar a quien busca refugio, en no dejarle abandonado o, aún peor, en manos de quien le persigue. A eso están obligados todos los Estados que son parte del sistema de derecho internacional de refugiados en cuyo centro están las Convenciones de Ginebra que reconocen la protección en que el asilo consiste. Y sin embargo, en un mundo en que cada vez más seres humanos necesitan recibir esa protección, porque cada vez hay más riesgos, más amenazas, el asilo no deja de retroceder.

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Lo ha dejado claro, en particular para España, el Informe anual que presenta CEAR, la ONG más importante entre las que se ocupan de la protección de los refugiados, cuyo trabajo altruista, profundamente cívico,  fruto del esfuerzo y la generosidad sobre todo de centenares de voluntarios, representa lo mejor de lo que el ideal de humanidad expresado por Péguy pueda significar, y que no podemos dejar de agradecer. En estos días se ha hablado y se hablará de ese exhaustivo Informe. Sólo quiero recordar un dato estremecedor, un dato que nos habla de nuestra responsabilidad por la indiferencia, la dejación de nuestro deber como ciudadanos de exigir a quienes nos gobiernan que respeten ese mínimo de deber jurídico (y no sólo moral) que es la extensión de la garantía del asilo a quien lo necesita. En 2013, en España, se registraron un total de 4.502 solicitudes de asilo, en gran medida como consecuencia de los conflictos en Siria y Mali, que han incrementado el flujo de refugiados. Un 1% del total que se recibe en la UE, que son en total algo más de 435.000 solicitudes, de las que 49.510 obtuvieron una respuesta positiva. Y de esas 4500 solicitudes, España sólo otorgó 206, un 0.4%.

¿Es eso un país decente? ¿Es ese país el que aspira a difundir la Marca España en el mundo? ¿Es esa la medida de nuestra dignidad? Hoy hemos vivido un acontecimiento histórico. Un nuevo Jefe de Estado ha presentado su declaración de intenciones. ¿Es este un problema tan ajeno, tan irrelevante, tan poco significativo que no ha merecido ni una línea en el discurso del nuevo rey, Felipe VI, que no ha considerado oportuno mencionar ni a inmigrantes ni a refugiados en el proyecto de España al que quiere servir? Yo no lo creo así. Y, afortunadamente, en esto, como en tantas otras cosas, buena parte de la sociedad civil española va por otro lado. Está comprometida con algo más que nuestro propio ombligo. Está más próxima a intentar poner remedio a aquel duro dictamen de Benedetti, que tantas veces he propuesto aplicar a los refugiados:  «El mundo es esto / en su mejor momento, una nostalgia / en su peor, un desamparo«.

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El previsible caso de la diputada Oltra

Fernando Flores

El caso de la suspensión durante un mes como diputada de les Corts valencianas de Mónica Oltra (Compromís), por negarse a abandonar el Pleno tras un enfrentamiento verbal con diputados conservadores que acabó con su expulsión por el Presidente de la Cámara, pone de nuevo sobre la mesa el sistemático acoso que el Partido Popular está llevando a cabo sobre el derecho de participación política (art.23 de la Constitución) de ciudadanos y representantes activos y molestos.

La Constitución prevé que el ciudadano pueda participar en política directamente (vía referéndum e iniciativas legislativas populares, o ejerciendo la libertad de expresión en todas sus variantes, como la opinión en público, la manifestación o la información…), o por medio de representantes (es decir a través de los parlamentarios escogidos en elecciones periódicas).

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Es claro que la participación directa no es el fuerte de nuestro sistema político. Si el referéndum y la iniciativa legislativa popular -no digamos del derecho de petición- han sido desde siempre instrumentos poco asequibles o inútiles, el ejercicio de las libertades participativas que molestan (la libertad de información y las manifestaciones colectivas en las calles) está sufriendo a día de hoy un ataque sin precedentes, un ataque dirigido a hacer de ellas derechos no asequibles o inútiles. Este hecho confirma una de las características fundamentales del sistema político nacido de la Transición que permanece en la actualidad: la desconfianza en las personas y en las organizaciones sociales como actores políticos, y el tratamiento como meras receptoras de la política que hacen otros.

En su lugar los poderes establecidos señalaron a los partidos políticos, y a los representantes que ellos designaban para las listas electorales, como los actores casi exclusivos de la voluntad democrática popular. Por eso, en democracias parlamentarias el protagonismo de los representantes aparece como uno de los elementos fundamentales del sistema, y es por eso que la limitación al ejercicio de su derecho de participación política (lo que el Tribunal Constitucional ha llamado ius in oficium) ha de producirse solo en casos excepcionales, muy graves y claramente justificados. Si se desactivan las pocas ventanas democráticas que nos quedan el sistema no podrá defender el adjetivo «constitucional», ya muy dañado a estas alturas.

Hace unos meses la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, fue suspendida de su cargo durante un mes por llamar corrupto al Presidente del Gobierno autonómico madrileño, Ignacio González. La decisión, a todas luces arbitraria y excesiva, dejaba fuera de juego hasta el siguiente período de sesiones (varios meses después) a una de las representantes de la oposición más trabajadoras e incisivas de la Cámara (sobre este suceso puede verse el post El extraño caso de la diputada Menéndez). Es decir, hurtaba a la oposición, y con ella a los ciudadanos, una pieza importante para llevar a cabo la función de control del Parlamento sobre el Gobierno, en realidad la única función que a duras penas realizan hoy sus señorías.

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No creo que el precedente madrileño haya hecho más fácil la decisión del PP valenciano, acostumbrado a crear precedentes antidemocráticos (por ejemplo el número de condenas de los tribunales por no dar la información preceptiva a los diputados de la oposición, o la imposición del crucifijo en la Mesa del Presidente el día de toma de posesión del acta de los parlamentarios), pero subraya la línea reaccionaria y anticonstitucional de un partido tan claramente antisistema que, a base de despropósitos, lo está desfigurando.

En el caso de Mónica Oltra la reacción del Partido Popular valenciano era previsible. Se trata, más que de una sanción reglamentaria por la desobediencia al Presidente Cotino, de un castigo político y personal. Personal porque Cotino ha sido el blanco (certero) de muchas intervenciones de la diputada de Compromís, hasta el punto de hacerle perder los papeles en más de una ocasión. Político porque desactivar parlamentariamente a Oltra evita al Consell de Alberto Fabra tener que aguantar andanadas directas, y en un lenguaje comprensible para muchos valencianos, sobre su nefasta gestión política.

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En sus alegaciones a la Mesa de Les Corts, Oltra, además de impugnar los hechos descritos en la propuesta de sanción, argumenta falta de imparcialidad del órgano que impone la sanción (mayoría del PP), animadversión del Presidente Cotino (se le recusa), oportunidad política frente a control de legalidad (se retrasó 34 días la decisión para evitar que coincidiera con las elecciones europeas), y ausencia de garantías mínimas para un procedimiento sancionador. Ninguna ha sido tenida en cuenta.

Como en el caso de la diputada Menéndez, llama la atención la diferente vara de medir, el trato desigual y en consecuencia ilegal, que el Partido Popular aplica según el papel que ocupe su interés. Al respecto debe recordarse cómo trató el Presidente del Congreso, Manuel Marín, al diputado popular Vicente Martínez Pujalte, en un lance mucho más grave que el comentamos aquí. En este caso, Marín trata por todos los medios de no llegar a la expulsión de Pujalte, a pesar de su falta de educación, de su actitud provocadora y chulesca. En el caso de Oltra, Cotino se comportó como si tuviera pensado desde un principio el desenlace final sancionatorio.

En fin, Compromís ha anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión sancionatoria de la Mesa, un recurso que, dada la lentitud que aquél acredita, no impedirá la efectividad del castigo. El tiempo dirá si, al menos para crear un precedente garantista y democrático, el Constitucional anula una decisión partidista, contraria al equilibrio, arbitraria, imprudente y desproporcionada. Una decisión que vulnera el derecho de la parlamentaria, deja sin efecto su función representativa y sustrae a los ciudadanos un derecho de participación que, éste sí, debería ser inviolable.

Un viejo test para la democracia y los nacionalismos: los derechos de los otros

Javier de Lucas

Comenzaré por una cortesía elemental. Reconocer que no soy nacionalista, de ninguno de los nacionalismos posibles aquí y ahora, que ya es decir. Porque es imposible negar que hay donde elegir en el mapa plural en el que vivimos hoy los europeos. No digamos los españoles.

Quizá la razón más importante que nos aparta a algunos de nosotros de una ideología como el nacionalismo, a la que tantas veces -equivocada e irresponsablemente- se ha dado por muerta y enterrada y que, evidentemente, goza de tan buen salud, son los derechos y en particular aquellos que se relacionan con el fenómeno de la diversidad. Más aún hoy, cuando su condición estructural y su visibilidad la han hecho imposible de ignorar.

Hablo en primer lugar de los derechos de los otros. De los derechos de los que no son, no somos como la mayoría. En particular, de los derechos de aquellos que se encuentran en situación manifiestamente vulnerable y heredada, por su condición de minoría. Minoría en el sentido, sobre todo, cualitativo, esto es, su posición de inferioridad, que se concreta en un status de discriminación y dominación, fruto de la ignorancia y el prejuicio y del afán de dominación de quienes victimizan esa condición minoritaria: sexo, clase, edad, opción sexual,  pero también otros marcadores de identidad: nacionalidad, raza, lengua, religión .

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Y por eso hablo también de diversidad. Nuestras sociedades se han vuelto tan interdependientes y tendencialmente abiertas que ya es imposible recurrir a los modelos de antaño con los que se ha gestionado política, cultural, socialmente la diversidad. Modelos que algunos parecen empeñados en mantener contra viento y marea o, lo que es peor, en resucitar para sus proyectos de nuevos Estados.  Son los modelos que consisten en ocultarla, invisibilizarla; no digamos expulsarla, eliminarla. Es decir, ocultar, invisibilizar, expulsar o eliminar a las personas que son agentes visibles de esa diversidad, sobre todo la que molesta a nuestra ignorancia y a nuestros prejuicios. La que resulta inconcebible, la que es vista como un mal, como patología, desde  la pulsión primaria del monismo. Cuando resulta que precisamente ese monismo, el que subyace al mito de Babel, es la verdadera patología social. Lo ha recordado recientemente entre nosotros el profesor de la Universidad de Montreal, Jean Leclair, en su bien argumentado alegato a favor de la solución federalista en sociedades complejas como Canadá o, desde luego, España.

Por eso, cada vez que me topo con amigos que hacen del nacionalismo bandera, sea el que fuere (españolistas, valencianistas, catalanistas, vascos, andaluces también, sardos, flamencos o escoceses) he decidido, en lugar de contar hasta diez, practicar un pequeño reflejo mental: recordarme a mí mismo lo que soy: un inmigrante. Un inmigrante laboral.  Eso me sirve para intentar saber si el nacionalismo de que se trata practicaría conmigo aquello que sigue pareciéndome, lo siento, una cuadratura del círculo: una sociedad plural e incluyente, construida desde ese nacionalismo como ideología-guía.

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Voy a recurrir a una experiencia personal, pero que es común a muchos de nosotros. Como otros muchos emigrantes interiores en España, salí de mi ciudad y región de origen y me fui a otra. Lo hice por razones de trabajo. Eso sí: tuve la inmensa suerte de poder hacerlo libremente (no como la inmensa mayoría de los inmigrantes que llamamos laborales), como he escogido también libremente otros destinos laborales. Algunos en otro país y durante un período de tiempo que bien podría considerarse propio de un título de residencia estable, casi ocho años. No por necesidad. No por obligación. Los elegí para tener mejor formación, más oportunidades laborales, una vida mejor.

Por eso me produce un rechazo inmenso cada vez que alguien ha intentado imponerme un criterio de aceptación de mi presencia en condiciones de igualdad con los indígenas de turno: lengua o acento lingüístico, aprecio por usos y costumbres (siempre mejores que los míos, claro), «amor por la tierra» (como Sarkozy pretendía exigir). Y me digo y les digo que los disfrute el que tenga esos sentimientos, el que tenga la suerte o el gusto de experimentar orgullo, satisfacción u orgasmo viendo su bandera, entonando sus himnos o practicando sus ritos y usos ancestrales (o no tanto). Pero ni hablar de imponérmelos. Menos aún, pretender condicionar mis derechos a esos sentimientos o mitos.

Y si eso me pasa a mí, ¿cómo no voy a rebelarme cuando unos y otros tratan de condicionar a esos sentimientos o mitos los derechos elementales de gentes que huyen de su país por necesidad, por supervivencia? No: ese “patriotismo” del que se disfrazan los nacionalismos monistas, excluyentes, discriminadores, siempre ávidos de dominar a algún otro, es sólo un refugio de indignidad, de la incapacidad para reconocer los vínculos con cualquier otro, por lejos que esté de mi sangre o mis sueños.

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Por eso, hay un test de aceptabilidad que, a mi juicio, debe superar cualquier proyecto político hoy, y en primer lugar el de los nacionalismos viejos y nuevos, los periféricos y los centralistas. También y sobre todo los de ese gran enemigo de Europa, del proyecto europeo en el que creo, que es el nacionalismo fundamentalista europeo construido desde otra ideología-eje. Esta vez, no una basada en el Blut und Boden, sino en un modelo de mercado presidido por el totem del beneficio y sus corolarios (el déficit fiscal como tabú). Una ideología de efectos profundamente desigualitarios y excluyentes, incluso entre los propios europeos, como sabemos los griegos, portugueses o españoles, por ejemplo.

Es el test es del reconocimiento de plenos derechos, de igualdad, a esos otros que son los inmigrantes. No digamos, el de reconocimiento de un primer derecho por el que pugnan millones de seres humanos, el de recibir refugio frente a la persecución: el derecho al asilo.

Por eso, creo que si queremos hablar de nueva democracia, podemos dar un primer paso: comenzar por modificar las política europeas de inmigración y asilo, incompatibles con una democracia incluyente y plural. Y algunos de nosotros valoraremos la actuación de partidos y movimientos (como lo hicimos con sus programas) con la atención puesta en sus hechos a este respecto.

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