Otra vez sobre la reforma penal

Joan Carles Carbonell

La reforma del Código Penal que se debate en las Cortes Generales va a suponer, como ya señalamos al conocer el Anteproyecto, un retroceso histórico en materia de respeto a los principios limitadores del poder punitivo del Estado. No puede extrañar que la inmensa mayoría de Catedráticos de Derecho penal nos hayamos manifestado absolutamente en contra del Proyecto. Y que lo hayamos hecho con contundencia y conscientes de nuestro compromiso con el Estado de Derecho y con la libertad como valor superior y fundamento esencial del mismo.

1

Podrá decirse, y el Gobierno insiste en ello, que algunas de las instituciones que se van a introducir ya existen en otros países de nuestro entorno. Y es que el caso español no está aislado; forma parte de una dirección político-criminal global y muy regresiva. La relativización de los principios liberales –en el sentido más digno de ese término-, el auge del Derecho penal del enemigo, la exacerbación de la peor manera de entender la seguridad y el correspondiente dominio de la peligrosidad como fundamento casi exclusivo y sobre todo ilimitado de la intervención punitiva son las notas características de una irrefrenable tendencia a la vuelta atrás hacia los momentos más oscuros del Derecho penal desde el período anterior a la Ilustración. Cada día es más evidente que corremos el riesgo de perder referencias fundamentales que creíamos logros inamovibles. El principio de culpabilidad como expresión rotunda de la dignidad de la persona, que nunca puede ser privada de sus derechos y de su estatuto cívico si no es en virtud de que lo merezca tras incumplir los deberes que también como ciudadano le corresponden, y justamente en esa medida, va a verse especialmente afectado. Sigue leyendo

Prisión permanente revisable: Reforma o contrarreforma

Diego Blazquez 

Ayer El País titulaba “Salto hacia atrás” su editorial sobre la aprobación por el Congreso de los Diputados de la denominada pena de privación de libertad permanente revisable.

En mi opinión es algo mucho más grave. Y es que a pesar del carácter simbólico (o no) que pudiera tener esta decisión legislativa, estamos ante la destrucción del espíritu y la cultura constitucional del 78. Precisamente por ese carácter simbólico (o no) creo que ayer se ha culminado un proceso de contrarreforma frente a lo que fue el espíritu humanista, democrático y social de la Constitución del 78. Sigue leyendo

Transparencias las menos

Pepe Reig Cruañes

La entrada en funcionamiento del Portal de la Transparencia a finales de 2014 es la primera, o quizá segunda, concreción práctica de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Un hito de modernidad en un país empedernidamente opaco desde mucho antes de aquel “vuelva usted mañana” con que Larra nos tenía retratados.

Esa opacidad, medio ambiente natural del autoritarismo, tenía su reverso en una administración ineficaz, redundante y sórdida, que tenía por costumbre no sólo negarte información que te concierne, sino pedirte por duplicado documentos que producía ella misma.

Sin título

La ley, aprobada en su día con votos del ala derecha (PP, CiU, PNV, CC, UPN y Foro), viene a democratizar las relaciones del ciudadano con la Administración. Democratizar significa, según creemos saber, ajustar las procedimientos a los derechos de quienes los ejecutan y, sobre todo, de quienes los sufren. Y aquí es, justamente, donde emerge la primera objeción de fondo a la Ley que nos ocupa. Como recuerda Juan Luis Manfredi, investigador principal de un proyecto interuniversitario sobre transparencia local, que la ley no se tramite como orgánica ya es un indicio de que no se considera el acceso a la información como un derecho fundamental, pese a que así lo considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 2009 y el Comité de Derechos Humanos de la ONU desde 2011. Sigue leyendo

¡Igualdad, no tolerancia!

Javier De Lucas

Los abominables crímenes terroristas cometidos en Paris han provocado una reacción ciudadana contundente y han permitido escenificar –como casi siempre- una supuesta unidad de las fuerzas políticas, incluso más allá del marco europeo. Tiempo habrá para valorar cuánto haya de representación escénica y cuanto de voluntad real a la hora de formular medidas que puedan ser aceptadas por la mayoría de los ciudadanos y, además, que respeten las exigencias básicas de la legitimidad democrática. Recordemos que no hay seguridad si no es ante todo seguridad en los derechos. Una seguridad que recorta la libertad no es tal: es la victoria precisamente de aquellos a quienes se trata de combatir, porque significaría reconocer que nuestra prioridad no es garantizar los derechos y libertades.

Pero quisiera dedicar estas líneas para llamar la atención sobre lo que considero un error fatal: esa apelación a la tolerancia que, como mantra o monserga habitual, como tópico del catecismo de lo políticamente correcto, se reitera y predica enfáticamente en muchas de esas manifestaciones y declaraciones. Quiero tratar de volver a proponer a los lectores una tesis que me parece capital para la cultura de los derechos: la necesidad de dejar de hablar de tolerancia para tomar en serio la igualdad o, como propone Balibar, la egalibertad. Sigue leyendo

Charlie es libertad de expresión, no incitación al odio

Ana Valero

Lo sucedido en París el pasado 7 de enero nos debe conducir a plantearnos, una vez manifestado nuestro profundo dolor, indignación y solidaridad con las víctimas de la brutalidad cometida contra la Revista satírica Charlie Hebdo, si deben aplicarse límites a la libertad de expresión cuando ésta vulnera las creencias o los sentimientos religiosos de otras personas o comunidades. Y mi respuesta es un rotundo no, pero vayamos por partes.

El Consejo de Europa aprobó, poco después de la publicación de las viñetas de Mahoma en el periódico danés Jyllands-Poste, en el año 2006, una Resolución en la que afirmaba que la libertad de expresión, tal y como está protegida en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no debe ceder ni un ápice ante las exigencias derivadas de las crecientes sensibilidades de ciertos grupos religiosos. Ahora bien, la incitación al odio o el hate speech contra un determinado grupo religioso no es compatible con los derechos fundamentales y las libertades garantizadas en el Convenio. Lo cual exige, para determinar adecuadamente el ámbito de protección de la libertad religiosa, una graduación de las injerencias que en ella pueden producirse.

Con dicho fin, el Consejo de Europa en el año 2007, a través de su Recomendación 1805, estableció una importante distinción entre “blasfemia”, “insultos religiosos” y “discurso del odio contra las personas por razón de su religión”. Sigue leyendo

Planeta de Derecho

Fernando Flores       

Captura de pantalla 2016-04-11 a la(s) 10.12.13

La Ley Mordaza no es una cuestión local que deba preocupar solo a los españoles. Tampoco la imposición de tasas para acceder a la Justicia, ni la penalización del aborto, ni el control de las empresas sobre los medios de comunicación, ni la violencia de la reforma laboral. Los ingleses deberían sentirse concernidos por ellas, al igual que los argentinos, los taiwaneses y los australianos. Y viceversa. Nosotros habríamos de ser conscientes del racismo policial en EEUU, del maltrato a los pueblos indígenas en Chile, del precio humano que se cobra el coltán en el Congo, de las condiciones de trabajo de las maquiladoras pakistaníes, de las talas incontroladas de los bosques amazónicos, de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por drones israelíes, de las estrictas limitaciones a la autonomía de las mujeres en Arabia Saudí…

copérnico

Sentirse concernido no significa que tengamos que saber todo lo que sucede en el mundo, y menos aún que tengamos que “ocuparnos” de lo que ocurre en Venezuela o en China; ni siquiera en España. Significa, al menos, interiorizar que el abuso, la restricción o la supresión de derechos de las personas son inaceptables donde quiera que se den y a quienquiera que se apliquen, y que los responsables de esos abusos y sus cómplices deben ser despreciados, perseguidos y, si se da el caso, nunca votados. Supone, digamos, una actitud de empatía y solidaridad con la dignidad humana y con la efectividad de los derechos que la hacen real.

Los derechos humanos no son un tema local, o solo local. En un mundo en el que una persona puede llegar de Freetown a París en menos tiempo que un campesino del siglo XIX tardaba en cubrir la distancia entre su aldea y el mercado metropolitano, pensar que lo que ocurre con los derechos y las libertades de otros seres humanos con los que no compartimos ciudadanía nacional es irrelevante, supone un grave error.

Sin duda se trata de una cuestión moral. Nadie debería permanecer intacto frente a la vulneración de los derechos de los demás, sea cual sea su nacionalidad, raza, sexo o creencias. Pero no solo. Se trata también de una posición pragmática de autodefensa ante la instalación progresiva en la sociedad global de una forma de poder absoluto llamado capitalismo. En un mundo en que los privilegios sin fronteras se acumulan alrededor del dinero y sus dueños, va a hacer mucha falta que aquella empatía y solidaridad hacia el ser humano y sus derechos tenga carácter global, aunque solo sea como mecanismo de autodefensa.

Que el mundo en el que vivimos está mal organizado y es injusto no es una novedad. Que afrontamos este inconveniente con una mirada provincianamente nacional, tampoco. En la escuela nos enseñan que el feudalismo fue una forma oscura y más bien atroz de organización política, social y económica, pero al mismo tiempo aceptamos con contemporánea naturalidad la suerte de haber caído en el lado bueno del Planeta, algo así como el hecho de formar parte de la nobleza de la Tierra.

geocentrico-ptolomeo

No obstante, sabemos que esta nobleza (a la que pertenecemos por nacimiento y de la que se derivan una serie considerable de ventajas), no reproduce el orden natural de las cosas, como tampoco lo reproducía la división estamental y profundamente desigual del feudalismo. Y sabemos que las cosas no deberían ser así, ni entonces ni ahora, y que pueden ser de otra forma. Es por eso que la decencia nos obliga a reconocer (aunque sea en nuestro fuero interno) que los inmigrantes tienen todo el derecho a saltar la valla. Porque si hubiésemos nacido entre los siervos de la gleba nos gustaría que se nos reconociese el de liberarnos de nuestro dueño.

Los sistemas políticos se construyen y mantienen por los seres humanos, pero también se transforman por ellos. Decir, frente a un orden inaceptable, “esto es lo que hay”, es aceptar precisamente que lo que se está construyendo en este mismo instante es inevitable.

El orden global que se está construyendo en este mismo instante hunde sus bases en los principios de desigualdad, restricción calculada de derechos y libertades, control social por el poder e irresponsabilidad de quienes lo ejercen. Estos cimientos, inaceptables y evitables, deben ser impugnados y destruidos. Así, de igual manera que el Estado de Derecho fue una respuesta al Estado absolutista (caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder), hoy es urgente configurar los pilares de un Planeta de Derecho que responda a su versión totalitaria. En esa dirección, las luchas cotidianas y locales por los derechos están tejiendo una vasta red de resistencia y creación de alternativas, una red insuficiente pero imprescindible. Aupados en ella tenemos la obligación de escribir el futuro.

planeta-tierra