El CGPJ vulnera las libertades públicas, y lo sabe

Fernando Flores

Cuando dentro de unos años el Tribunal Constitucional declare (si para entonces le queda dignidad) que la decisión del CGPJ contra el juez Vidal vulnera sus libertades ideológica y de expresión, éste llevará jubilado mucho tiempo, así que el doble objetivo del gobierno judicial, castigar a un juez por su ideología (nacionalista no españolista) y la prevención general (quien se atreva ya ve lo que le puede pasar), se habrá conseguido. No habrá marcha atrás y de nuevo habrá vencido la disolvente (para las libertades, las instituciones y la confianza de los ciudadanos en ellas) práctica política de los hechos consumados.

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Según el instructor del caso, el juez Santiago Vidal habría participado, sin la cobertura formal exigible, en la elaboración de un texto constitucional para Cataluña, habría realizado de forma reiterada “declaraciones públicas en defensa de la independencia de Cataluña”, y habría participado “activa y públicamente en iniciativas políticas que adoptaban instituciones públicas catalanas y entidades privadas sobre un proceso por y para la independencia de Cataluña». En su opinión (la del promotor de la acción disciplinaria contra Vidal), dos habían sido las faltas graves cometidas por el juez: vulnerar su deber de observancia del régimen de incompatibilidades (art.417.6 LOPJ), e ignorar de forma inexcusable el cumplimiento de los deberes judiciales” (art.417.14). En consecuencia, la sanción merecida era la expulsión de la carrera judicial.

El pleno del CGPJ ha rechazado que el juez haya inobservado el régimen de incompatibilidades. Parece que el descubrimiento de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha realizado, “sin cobertura”, trabajos remunerados por la Comunidad de Madrid, ha provocado efectos colaterales. Sin embargo, la mayoría del Consejo (12 votos contra 9) ha apoyado que se le sancione por su “ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes judiciales”, y ha determinado que la sanción sea de tres años de suspensión de la carrera (el máximo previsto en la Ley). En realidad se trata de una expulsión encubierta, pues Santiago Vidal tiene 61 años.

Según el Consejo, el deber judicial básico que ha sido vulnerado por el Juez con la exteriorización de su libertad ideológica es el de “fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico”. Una interpretación que sorprende al sentido común y a la argumentación jurídica más sencilla. No hay que ser un gran jurista para saber que esa exigencia de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento se le exige al juez en el ejercicio de su función. Es decir, el juez, al juzgar, debe aplicar el Derecho y no su ideología. Y punto. Además de ilegal, resulta absurdo e inútil exigir a un juez que sea ideológicamente fiel a las normas vigentes, sean estas constitucionales, legales o reglamentarias.

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Primero, porque no hay norma constitucional que se lo exija (la Constitución sólo impide a los jueces desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos). Además, si una ley (la LOPJ) pretendiese limitar el ejercicio de una libertad como la ideológica, o la de expresión, debería determinar claramente en qué casos actuaría la restricción, y no es el caso. Segundo, porque la Constitución admite sin límites su propia reforma. Y si ella, rechazando adscribirse a la “democracia militante”, no objeta las aspiraciones políticas de los ciudadanos, cualesquiera que éstas y éstos sean ¿con qué derecho habría de hacerlo el Consejo?

Decir, como hace el instructor, que la actuación del juez no puede quedar amparada bajo el derecho fundamental de libertad de expresión porque choca con “la dignidad, integridad e independencia del Poder Judicial”, es tan vago y decepcionante como argumento jurídico, que dan ganas de expedientar al mismo instructor. Lo que atenta contra la independencia del Poder Judicial (además de su propia configuración), son ciertas decisiones del Consejo General como la referida, no que un juez opine que Cataluña debe constituirse en Estado por su cuenta, o que España estaría mejor sin autonomías.

Conociendo la consideración de ariete que el Partido Popular otorga al Consejo (para atacar al Gobierno y sus propuestas legales si se está en la oposición, para hacer política por otros medios cuando gobiernan), no sorprende la intervención selectiva y discriminatoria con la que escoge a sus víctimas, pero preocupa el atrevimiento con que despachan la flagrante vulneración de las libertades constitucionales. En el caso del juez Vidal, pueden apuntarse una más.

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Por una inyección letal a la pena capital

Ana Valero

El pasado 24 de enero el Tribunal Supremo de Estados Unidos admitió a trámite una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la inyección letal como método de ejecución de la pena de muerte. Los reclusos demandantes, que se hallan en el corredor de la muerte, argumentan que la sustancia anestésica encargada de sedar al reo antes de que se le suministren las otras dos que acaban con su vida, no siempre produce los efectos deseados, lo cual le provoca un largo y enorme sufrimiento físico antes de morir, algo contrario a la Octava Enmienda de la Constitución.

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En aras a cumplir lo dispuesto por dicha Enmienda, según la cual quedan prohibidos los castigos “crueles o inhumanos”, Estados Unidos ha tenido que ir modificando sus legislaciones con el paso del tiempo con el fin de “humanizar” algo tan inhumano como el método con el que el Estado cumple la ley del talión. De las ejecuciones públicas en la horca, propias del siglo XIX, se pasó al empleo de la silla eléctrica durante el siglo XX, acompañado del gas letal como alternativa en algunos Estados. A partir de su incorporación a la legislación penal de Oklahoma en 1977, aunque no empleada hasta 1982 en Texas, se generalizó el uso de la inyección letal por considerarse, inicialmente, un método rápido e indoloro. Sigue leyendo

Democracia interna, derecho de participación y resultados electorales

Fernando Flores

De Santa Bárbara nos acordamos cuando truena y de la democracia interna de los partidos cuando llegan las elecciones y se elaboran las listas electorales. Casi siempre demasiado tarde, casi siempre categóricamente. Siempre desde el cálculo político, nunca desde lo que de exigencia constitucional (jurídica, exigible) tiene.

Leyendo los documentos que han girado alrededor de la defenestración de Tomás Gómez y su equipo (la Resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, el Recurso de Tomás Gómez ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, los Estatutos del PSOE, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva…), uno se pregunta cómo tanta gente tiene tan claras las cosas que han pasado, y tan claro lo que ha estado bien y ha estado mal en la decisión de unos y en el comportamiento de otros. La realidad es que el peso de esos criterios viene dado en buena medida por la simpatía o antipatía hacia el verdugo o el ejecutado, o, si por ninguno, por la evaluación de los pros y contras resultantes de una decisión tan radical. Es comprensible. Pocos ámbitos como el de la vida interna de los partidos para experimentar el verdadero significado de palabras como sectarismo, ambigüedad y escurridizo.

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Aún así, en esa decisión se ha aplicado el Derecho, se han ejercido derechos fundamentales (el derecho de autoorganización como ejercicio del derecho de asociación, por parte de la CEF), y se ha afectado gravemente a derechos fundamentales (al menos el derecho de participación política de los militantes suspendidos de sus cargos). Así que, además de valorar el acierto o desacierto político de la medida, resulta conveniente preguntarse si ésta ha respetado la exigencia constitucional de funcionamiento democrático del partido y de respeto de los derechos de los militantes. Una pregunta que, como va a verse, no tiene una respuesta fácil. Sigue leyendo

España, de nuevo condenada por incumplir la Carta Social Europea

Belén Cardona

De nuevo el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) llama la atención al Estado Español por la disconformidad de la legislación interna laboral con los preceptos reconocidos en la Carta Social Europea (CSE), Tratado Internacional que incluye el catálogo más completo a nivel europeo de los derechos humanos de carácter social, ratificado en su totalidad por España en 1980, en su versión originaria.

El CEDS, a través del procedimiento de control de informes, y a partir del informe periódico que España tiene la obligación de elaborar (como los otros estados parte de la CSE), constata los incumplimientos de la Carta Social Europea por parte del Estado Español, en esta ocasión en relación al período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.

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En las Conclusiones XX-3 del (2014) sobre el cumplimiento por España del grupo de artículos sobre derechos laborales de la CSE (arts. 2, 4, 5 y 6 y 2 y 3 del Protocolo Adicional de 1988) el CEDS dictamina el incumplimiento de España de la Carta Social Europea hasta en siete materias diversas, relacionadas con derechos laborales individuales, condiciones de trabajo, negociación colectiva, libertad sindical y ejercicio del derecho de huelga (arts. 2.1, 2.4, 4.1, 4.2, 4.4, 6.2 y 6.4). También emite nueve conclusiones de conformidad con los arts. 2.2, 2.3, 2.5, 4.3, 5, 6.1, 6. 3 CSE y arts. 2 y 3 del Protocolo Adicional. Amén de solicitar ulterior información al Ejecutivo Español, que considera imprescindible, para poder pronunciarse sobre algunas de las cuestiones objeto de análisis.

Estas conclusiones llegan en un momento particularmente interesante a nivel interno, puesto que nuestro Tribunal Constitucional ha convalidado la reforma laboral del 2012 (Ley 3/2012), confirmando su constitucionalidad. Reforma que, sin embargo, a la luz de las Conclusiones XX-3 del (2014) no supera el control de convencionalidad. Es precisamente el CEDS, desempeñando su papel de salvaguarda y control del cumplimiento de la CSE por los estados parte, quien señala, de nuevo, la conculcación por parte de nuestro ordenamiento jurídico laboral de preceptos del texto internacional. Sigue leyendo