Teorema de las mujeres – Capítulo II

Maguy Borrás

Captura de pantalla 2015-03-25 a la(s) 10.04.26En este segundo Capítulo del Teorema de las mujeres sigo con la exploración del contenido de la norma «mujer». El vestido rosa como metáfora de esa norma. (primer Capítulo aquí). Esta vez las preguntas han ido más allá de consideraciones estéticas para cuestionar también el papel y el lugar que nos es otorgado dentro y por la sociedad. (Sólo extractos de las entrevistas que han sido a menudo largas conversaciones han sido expuestos).

Todas, en nuestra diversidad, hacemos malabarismos interiores con descripciones que son en realidad prescripciones. Ninguna puede extraerse de ellas, no importa de dónde sea ni dónde esté.

Entre adhesión, ambivalencia y ruptura, la identificación e interiorización de una imagen y de un rol de La Mujer por parte de Las Mujeres es constante.

Cada una compone su identidad singular en esa jaula de la que también somos las guardianas y de donde la evasión nos cuesta cara en aislamiento y exclusión cuando no en muerte para las que intentan salir.

En el momento actual en que la primera causa de mortalidad de las mujeres en el mundo es debida a las violencias masculinas, quiero sacar a relucir con este trabajo socio-artístico el vínculo que existe entre esa identidad impuesta y el no reconocimiento de nuestros derechos, incluso exterminación, por razón de nuestra pertenencia al colectivo mujer.

Desde que el mundo es mundo, el poder político, religioso, científico, social, ha escrito su orden moral sobre nuestro cuerpo.

Nuestra inferiorización, erigida en norma y en saber, ha sido institucionalizada.

El orden «natural» de las cosas es en realidad un mito que oculta la dominación de los hombres sobre las mujeres haciéndose pasar por justo y legítimo.

Sacralizadas en madres, malditas en mujeres, reducidas a nuestra envoltura corporal, se trata siempre de una identidad opresiva, definida por el exterior. El imaginario colectivo nos niega la capacidad de existir como sujetos autónomos y ese potencial se percibe como una desviación, un peligro o una amenaza.

No obstante, el acceso a la educación, al trabajo, a la esfera política, fruto de largas luchas contra los prejuicios y tutelas misóginas, han mejorado la vida de todas y todos, y han contribuido a construir un mundo más justo en donde la otra mitad de la humanidad es reconocida como igual.

No dejamos por ello, de ser buenas madres y compañeras. No nos impide amar a los hombres.

Así hoy me pregunto, ¿Cómo serían las mujeres si fueran libres de esos mandatos y dispusieran del derecho de elegir su destino?

¿Cómo sería el mundo si el poder fuera compartido ?

El camino que nos queda por recorrer es largo y difícil pero como diría Gide «La utopía de hoy es la realidad de mañana». Mujeres, atrevámonos a cambiar el mundo, a saltarnos los límites impuestos e inventémonos con nuestras propias reglas. Eso, a la humanidad, sólo le puede sentar bien.

Lucette

Maguy: ¿En qué te hace pensar este vestido ?

Lucette: Pienso en que es un vestido de fiesta, agradable de llevar, me hace pensar en las mujeres coquetas.

1 Lucette

M- De manera general, más allá de la estética ¿Qué sientes que la sociedad espera de las mujeres ?

L- La mujer es mucho más valiente que el hombre, tiene más trabajo que el hombre, es más digna que el hombre.

M- ¿Te parece que hay exigencias particulares que recaen en las mujeres?

L- No, creo que son las mujeres las que dominan un poco… Estuve casada pero poco tiempo…

M- ¿Cómo es que estuviste casada poco tiempo?

L- Porque tengo carácter y no dejo que hagan lo que quieran conmigo…

M- ¿Crees que si se tiene carácter y no dejas que hagan lo que quieran contigo no se puede permanecer casada?

L- Depende de las personas, pero no tengo intención de dejarme hacer, así que sigo como estoy, estoy bien así.

Trabajo para mí, no para un hombre.

 

Vimalalogini

M- ¿En qué te hace pensar este vestido ?

V- En una modelo, para mí es raro ponerme un vestido así, nosotras tenemos que ponernos mangas cortas. La gente no tiene que ver nuestros brazos.

2 Vimalalogini

M- ¿Por qué ?

V- Porque la gente me va a mirar, formo parte de una cultura tradicional, hay que vestirse correctamente.

M- ¿Qué significa vestirse correctamente ?

V- Un vestido así, la gente dirá que es demasiado sexy. Los hombres van a querer ligar conmigo.

M- ¿Qué crees que la sociedad espera de las mujeres?

V- Hay que ser activa, honesta, hablar amablemente, hay que sonreír, hay que hablar educadamente.

M- ¿Crees que se espera lo mismo de las mujeres que de los hombres?

V- Sí, ahora las mujeres son iguales que los hombres, por ejemplo ahora hay mujeres médicas.

M- ¿Cómo te sientes como mujer en la sociedad ?

V- Yo he estudiado, soy profesora de baile indio y he creado una escuela de danza franco-india. Doy clases aquí.

Clara

M- ¿Qué evoca para ti este vestido ?

C- Me recuerda mi infancia, tenía vestidos así.

3 Clara

M- ¿Cómo crees que son las mujeres en el imaginario colectivo?

C- Guapas, frescas..

M- ¿Sientes que la sociedad espera un comportamiento específico por parte de las mujeres?

C- Hay que ser buenas, pero no demasiado, sino la gente se aprovecha..

Hay que ir bien vestida, pintada y aparentar ser joven.

M- ¿Y tú qué piensas de eso ? ¿Cómo lo vives?

C- Me gusta cuando voy bien vestida y voy a algún sitio, siento que me reciben mejor… si visto sexy, tengo vergüenza…

M- ¿Qué es lo que te avergüenza cuando vistes sexy ?

C- Me da la impresión que las mujeres que visten sexy están más agredidas.

Cuando voy bien vestida la gente me trata con respeto.

 

Hanene

M- ¿En qué te hace pensar este vestido ?

H- No me gusta, no es mi estilo, es demasiado femenino, no me gusta el color ni la forma…

4 Hanene

M- Me acabas de decir que el año que viene cursarás una carrera de cuidados a las personas. ¿Hay muchos chicos en esta rama?

H- No, hay sólo chicas.

M-¿Por qué crees que no hay chicos?

H- No sé, porque solo las mujeres pueden hacer cosas así

M- ¿Un chico no puede ocuparse de alguien ?

H- Sí, pero es cosa de chicas.

M- Si es una cosa de chicas, ¿Qué competencias crees que se requieren para hacer este trabajo ?

H- Hay que tener paciencia, escuchar, saber cuidar…

M- ¿ Crees que estas cualidades están vinculadas al ser chico o chica ?

H- No

M- ¿Entonces por qué crees que en esas carreras sólo hay chicas ?

H- Por la imagen, a los chicos no tienen ganas de ir a una carrera donde hay sólo chicas, piensan que debe ser un trabajo de mujer.

 

Sofía 

M- ¿Qué evoca para ti este vestido ?

S- El verano, algo bucólico, pero nada de sexualizado.

5 Sofia

M- ¿Cuál sería la imagen de las mujeres en la sociedad a nivel estético ?

S- En el espacio público el cuerpo de las mujeres es un bien mercantil. Ya se ve lo que se espera de ella, que tenga un cuerpo deseable, que guste y llame la atención…

M- ¿ Sientes una presión particular en pertenecer a la categoría mujer ?

S- La única presión que siento es respecto a la procreación.

Si no cumples esa función no has ido hasta el final de tu misión sobre la tierra. Te reducen a eso…

M- ¿Cómo te llevas con eso ? ¿Cómo lo vives ?

S- (…) No lo vivo como algo que me obstaculice, no me frena, aunque vea la presión social no tengo la impresión de padecerla. Para mí la idea de hacer familia cuando se es joven es limitarse, fijarse, estas ante responsabilidades que no te permiten explorar todos los espacios de tu potencial de libertad.

 

Justicia militar ¿Justicia del siglo XXI?

Fernando Flores

Poco a poco se van apagando los ecos del Caso Cantera, pero en la retina de muchos permanecen las imágenes del tribunal militar que lo juzgó, con unos jueces y un fiscal visiblemente incómodos ante la circunstancia de tener que condenar a un teniente coronel. El simple hecho de que sean militares los que juzguen militares, sumado a la clara percepción de que, en ese juego de equilibrios que es el proceso, el peso de la jerarquía del acusado (y de algunos testigos que lo apoyaron) ha influido en el comportamiento del tribunal, y quizás determinado su decisión, trae o debería traer a la sociedad el debate sobre la existencia misma de la justicia militar.

¿Por qué existe una justicia militar diferenciada de la justicia ordinaria? ¿Quiénes son las personas que componen sus tribunales? ¿Son imparciales? ¿Qué conflictos conocen y por qué esos y no otros? ¿Hay garantías de que respeten rigurosamente los derechos procesales que exige la Constitución?

juicio

En España existe un régimen jurídico de la justicia militar, configurado como una jurisdicción especializada por razones del ámbito en que se ejerce (el castrense) y por el derecho específico que aplica (diversas normas específicas para lo militar). Desde 1987 (Ley 4/1987, de 15 de julio) la justicia militar se integra en el Poder Judicial único del Estado, de acuerdo con el principio de unidad jurisdiccional que exige el artículo 117.5 de la Constitución.

El origen de este “compartimento estanco” es histórico. La justicia entre militares nació con los ejércitos, con el objetivo de mantener un control férreo sobre sus miembros, y se mantuvo a lo largo de la historia con argumentos sostenidos en la singularidad de su organización (en la que disciplina y jerarquía son esenciales) y de sus funciones (la defensa del territorio y el uso de la fuerza). Partiendo de esta base resulta comprensible que triunfase la idea según la cual “quien manda debe juzgar”, y que la jurisdicción militar se configurase como una justicia no judicial que aplicaba un derecho penal propio. La consolidación hacia principios del siglo XVIII de un ejército permanente no hizo sino fortalecer ese esquema, un esquema según el cual la justicia militar era competente (con vis atractiva en perjuicio de la justicia ordinaria) para conocer de todos aquellos casos que presentasen un “elemento militar”, fuera éste subjetivo (personal militar), objetivo (materia sujeta al derecho penal militar) o espacial (en lugares militares).

CódigoJM

La llegada del constitucionalismo y la configuración progresiva de los Estados de Derecho, sociales y democráticos comenzó a revertir la situación, es decir, a delimitar la justicia militar al ámbito estrictamente castrense. Ahora bien, esa voluntad transformadora encontró tanta resistencia por parte de los ejércitos, que hasta la Constitución de 1931 no se suprimió el triple criterio competencial (subjetivo, objetivo y territorial). Por lo demás, esta civilización de la Justicia duró poco, pues el régimen franquista devolvió a la jurisdicción militar su poder anterior a la República, un poder, corregido y aumentado, que había de ser coherente con la función de control social que se atribuyó a los ejércitos.

Tras la dictadura, la Constitución de 1978 tampoco consiguió (como sí sucedió en Alemania, Austria, Francia, Noruega, Holanda, Dinamarca…) deshacerse de la “peculiaridad institucional de los ejércitos”. Así que tras proclamar en el art.117 que “el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización de los Tribunales”, a párrafo seguido admitió que la ley regulase “el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”. Es decir, se optó por mantener la posibilidad (bien es cierto que vía legislativa) de una justicia especial cuya justificación en un Estado democrático ya no era (ni es) tan clara. Dado el contexto de la Transición (en el que debe enmarcarse el difícil proceso de democratización de los ejércitos españoles), sólo en la segunda mitad de los ochenta comenzó a legislarse para adaptar la justicia militar a los principios constitucionales por los que había de regirse. A día de hoy los cambios han sido importantes (el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional consideran que la justicia militar en España se ajusta a los parámetros de la Constitución), pero todavía cabe plantear, aunque sea brevemente y a modo de planteamiento del debate, algunas preguntas y reflexiones.

¿Exige la singularidad del mundo militar, del “ámbito castrense”, una jurisdicción propia?

Como se ha comentado antes, esa singularidad vendría definida, en primer lugar, por el aspecto organizativo y por la función propios de las Fuerzas Armadas. Desde esta perspectiva se plantea que la justicia castrense, así como el derecho penal militar propio, resultan esenciales para mantener la disciplina y la eficacia de las misiones atribuidas a los ejércitos. Argumentos que merecen una reflexión detenida, pero que de entrada resultan discutibles, ya que, de una parte, las faltas de disciplina u otros delitos cometidos por militares también pueden ser, además de contenidos en un Código Penal común, revisadas eficazmente por jueces ordinarios. Por otro lado, no queda claro en qué puede influir una jurisdicción común (siempre que sea eficiente) en el incumplimiento de las funciones militares.

militar y cura

Por lo demás, y aunque es cierto que en los últimos años se ha ido reduciendo sus límites (en esa dirección han ido las decisiones tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional), es evidente que todavía no queda del todo claro qué debe entenderse por “ámbito estrictamente castrense”, pues, por ejemplo, resulta más que dudoso que un delito de acoso sexual o laboral (como el del Caso Cantera), o una falta de hurto en un cuartel, deban conocerse por la justicia militar y no por la ordinaria.

¿Hay garantías de que en la justicia militar se respeten rigurosamente los derechos procesales que exige la Constitución?

De entrada, los principios procesales constitucionales relativos a la legalidad de los delitos y faltas disciplinarias, la libertad personal, la publicidad, la oralidad, el derecho a la defensa y los derechos que de ella se derivan, la motivación de las sentencias, el derecho a un recurso… todos tienen fiel reflejo en las leyes militares (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar). Por ello debe deducirse que desde la perspectiva de la legalidad formal la garantía de esos derechos se cumple. Sin embargo, la eficacia de esa garantía esta directamente relacionada con la respuesta a la siguiente pregunta.

¿Están garantizadas la independencia e imparcialidad de los jueces militares?

En el Estado de Derecho la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado debe estar encomendada a un único conjunto de jueces, independientes e imparciales. Esa unidad jurisdiccional, establecida por unas normas de competencia y procedimentales previamente establecidas con carácter general por las leyes, se conecta directamente con la exigencia de independencia e imparcialidad, y es por ello que no caben manifestaciones de jurisdicción ajenas a ella.

Obviamente la justicia militar es una excepción admitida –no exigida, sino puesta a disposición del Legislador– por la Constitución, pero como toda excepción a la regla general, debe estar muy bien argumentada y muy bien delimitada. Más aún cuando se encuentran en juego derechos fundamentales de los ciudadanos, sean estos militares o civiles. En este sentido, cabe proponer dos reflexiones.

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La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de que los jueces (y los fiscales, ambos se extraen del Cuerpo Jurídico Militar) que conozcan los asuntos militares deban ser militares, un aspecto que se suele vincular a la necesidad de una “especial sensibilidad para la singularidad castrense”. De entrada, no queda claro que esa “especial sensibilidad” tenga que ser algo positivo (¿deben tener los jueces mercantiles ‘sensibilidad’ por lo comercial, o es suficiente con que tengan formación jurídica para resolver los conflictos que en esta materia se les plantean?); al contrario, podría pensarse que esa ‘empatía’ esconde intereses corporativos, intereses habitualmente favorables a los más fuertes (a los mandos de más alto rango).

La segunda tiene que ver directamente con su independencia e imparcialidad. Ciertamente, la Ley establece que los miembros de los órganos judiciales militares serán independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Su nombramiento, designación y cese se hará en la forma prevista en la Ley y no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni retirados, sino en los casos y con las garantías establecidas en las leyes. Además, si se consideran perturbados en su independencia, pueden ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial a través de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central. A partir de aquí, una vez más puede afirmarse que, en este ámbito y desde una perspectiva formal, la justicia militar española cumple con los requerimientos básicos, tanto los constitucionales como los establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: necesidad de dedicación permanente de los jueces, formación jurídica de los mismos, etc.

Sin embargo, la realidad muestra que esas garantías formales en muchos casos no pueden superar los pecados inevitablemente vinculados a toda endogamia, también la militar: amistades forjadas en promociones, confianza y protección de los oficiales de más alto rango, desconfianza en quien denuncia, valor de los testigos y sus declaraciones según su posición jerárquica, temor a no obtener apoyos de los superiores para ascensos o traslados, declaraciones que se realizan más ante un superior jerárquico militar que ante un juez o un fiscal… Aunque en la mayoría de los casos estas circunstancias no pueden probarse, la verdad es que existen, y vierten dudas legítimas sobre el cumplimiento de la exigencia de que el tribunal o juez esté “subjetivamente libre de sesgos y prejuicios personales” (así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Morris vs Reino Unido).

Concluyendo. Incorporadas plenamente las Fuerzas Armadas al siglo XXI, y en tiempos de paz, resulta discutible que argumentos de carácter organizativo y funcional justifiquen la configuración de una justicia militar separada de la justicia ordinaria. En realidad, es posible que el objetivo de dichas explicaciones sobre la singularidad castrense sea en algunos casos el de mantener un grado de autonomía poco compatible con el orden constitucional, antes que el de garantizar el buen orden y funcionamiento de los ejércitos.

La justicia debe ser absolutamente igual para todos, y solo argumentos muy poderosos pueden matizar o explicar desviaciones de ese principio. Sobre todo cuando con esa desviación se pone en juego algo tan esencial para los ciudadanos –sean estos militares o civiles– como el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Constitucion-1978

Para saber más:

– Beatriz López Lorca, Algunas reflexiones para la reforma de la Justicia Militar

– Francisco Fernández Segado, La reforma del ámbito competencial de la jurisdicción militar.

– Pablo Contreras, Independencia e imparcialidad en sistema de justicia militar: estándares internacionales comparados

– Consejo Económico y Social, Informe Decaux

La reputación constitucional de Dios

Fernando Flores

‘No sé si Dios existe, pero sería mejor para su reputación que no existiera’, decía el poeta francés Jules Renard. Yo, por mi parte, cada día le pongo una vela. Al poeta.

Los representantes oficiales de aquél no fallan. Semanalmente nos afligen con una o varias acciones, si no como creyentes (cada cual con sus contradicciones), sí como defensores de las libertades de conciencia, religiosa y del Estado laico. Es decir, como creyentes en un sistema constitucional decente.

En realidad todo encaja. En un país en el que los ministros y los altos cargos juran su Constitución teóricamente aconfesional frente a una biblia y un crucifijo, y en el que el homenaje institucional a los fallecidos (sean estos cristianos, musulmanes, ateos o budistas) por un accidente o un acto terrorista se realiza invariablemente en una catedral católica, el resto tiene que venir por añadidura.

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Estos días ha trascendido la Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la enseñanza de la religión católica en la educación obligatoria. Esta Resolución, desarrollo de la LOMCE y publicada en el BOE, lleva a cabo la decisión política del Partido Popular y la Conferencia Episcopal de hacer del catolicismo una asignatura de oferta obligatoria evaluable y cuya nota cuenta para hacer media del curso. Ana Valero ya advirtió hace unas semanas en este blog (A vueltas con la religión en la escuela: aclaraciones desde la Constitución), que la obtención de la carta de naturaleza académica de la asignatura de religión católica no es sino el paso previo a justificar su incursión en el currículo educativo de la escuela pública mediante el revestimiento de pretendidos tintes científicos. No ha pasado mucho tiempo para que los hechos le den la razón. En la Resolución, cuando se detallan las directrices curriculares, se afirma:

  • “la educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona”;
  • “la enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad”;
  • “la estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios”;
  • “si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene…”;
  • “no obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz”

Por lo demás se pide al alumno (quinto de primaria) que “dramatice con respeto algunos milagros narrados en los evangelios”, o que “argumente el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de Dios” (primero de secundaria).

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A muchas personas les ha sorprendido (en algunos casos indignado) que se haya utilizado la propia letra del BOE (no solo manuales, apuntes, videos o material al efecto) para decir estas cosas. Es decir, ha llamado la atención que haya sido el principal portavoz documental del Estado (obligado a respetar la Constitución –art.9.1 CE–, y por lo tanto la neutralidad, la aconfesionalidad y la libertad de conciencia) el que haya publicitado contenidos que como mínimo chocan con la historia (se habla de la intervención de Dios en ella, aunque en el currículo general de primaria no existen referencias a la evolución), y con las ciencias naturales. Por el contrario, para los obispos el currículo es coherente con una asignatura cuyo objetivo no es enseñar historia de la religión (o de las religiones), sino formar a los alumnos en los valores y creencias del catolicismo.

Mi opinión es que la Conferencia Episcopal acierta, por la sencilla razón de que quien puede lo más puede lo menos. Si impones –siquiera como optativa– una asignatura cuyo contenido es dogmático (al menos en parte), no puedes pretender que dicho contenido lo enuncie un funcionario civil; al revés, tiene todo el sentido que lo confeccione un funcionario religioso. Con el resultado referido. De hecho, la misma LOMCE (y antes la LOE) dispone que la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas” (DA 2ª.apdo 3).

Así que la clave no está en el currículo educativo, la clave está en el poder legislativo, en la Ley. Una vez incorporada la religión como asignatura evaluable, resulta coherente que exista una Resolución del Ministerio (que se publica en el BOE) que contenga sus directrices fundamentales. Así sucede con el resto de asignaturas y, en consecuencia, es normal que también suceda con la de religión. Lo que muestra esta consecuencia de aquella decisión política y legislativa es hasta qué punto con ella se permite a las confesiones –especialmente a la Iglesia Católica– penetrar en lo más profundo del Estado, hasta confundirse (en directa contradicción con el art.16.3 CE) con él.

Llama la atención que pocos hayan advertido el contenido de la Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Formación Profesional, por la que se publica el currículo del área Enseñanza Religión Islámica de la Educación Primaria. Las capacidades que respecto de la confesión islámica y con carácter general se establecen para toda la Educación Primaria son, entre otras:

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  • “conocer y arraigar la fe en Al-lah, Creador del Universo, de todos los seres vivos y Único Dios adorado“;
  • “valorar y apreciar la importancia de la Creación y reconocer en el mundo natural la acción y atributos de Dios“;
  • “apreciar el valor de la vida humana como don de Dios y derecho a su existencia, comprender su sentido para la vida mundana y la consecución de la vida venidera“;
  • “reconocer el Corán como palabra de Dios revelada al Profeta Muhammad (P.B.) y comprender el significado de su mensaje“;
  • “leer, recitar y memorizar diferentes fragmentos del Corán, profundizar en su estudio para comprender mejor su significado, lenguaje y, en último término, la palabra de Dios“; etc.

Esta Resolución también está publicada en el BOE.

¿Alguien se imagina una asignatura, siquiera optativa, en el marco de la libertad de conciencia, para Primaria o Secundaria, cuyo currículo negara la existencia de Dios o de Al-lah, que afirmara que el pecado no existe, que la religión es –además de contraria a las leyes de la física– perjudicial para el desarrollo de la personalidad, y que Dios es una ‘ficción suprema’? Probablemente la Iglesia y el Islam lo considerarían una afrenta y un ataque imperdonables, y reclamarían su supresión. Si Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos –que sólo propugnaba el aprendizaje de los valores de la Constitución española– acabó como acabó por la presión de la reacción católica institucional, no hace falta mucha perspicacia para intuir qué pasaría con una asignatura como la imaginada.

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No debe dejar de decirse que cada paso, cada acción que contribuye a la confusión del Estado, de los poderes públicos, de los servidores civiles, con una confesión religiosa, es un atentado contra los mandatos constitucionales y contra la libertad. Y por qué no decirlo,  también resulta un atentado contra la esencia de la propia religión, al menos de la religión católica, contra el principio de dar al (y recibir del, creo yo) césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios.

Hace unos días supimos que el cura de Santoña había intervenido (con hisopo) en la inauguración oficial de los juzgados de esa localidad. Si sucesos como éste no ocurrieran diariamente a lo largo del territorio español, lo comentaríamos como una anécdota graciosa o folclórica. Pero no lo son. Esta confusión de lo público y lo católico es habitual entre nosotros y vulnera la libertad de conciencia y religiosa de los ciudadanos, amén de la obligatoria aconfesionalidad del Estado.

La libertad religiosa y de cultos es un derecho tan respetable como cualquier otro recogido en la declaración constitucional, y debe ser garantizado, pero su límite está en la libertad de los demás (la de conciencia y la misma religiosa) y en la rigurosa aplicación de aquella aconfesionalidad. En España esos límites no son respetados, al contrario, por ahora la experiencia nos demuestra que los dioses oficiales se llevan mal con la Constitución y con la libertad. Si existieran, su reputación debería estar por los suelos. Al menos en una sociedad que creyera en el Estado democrático.

Ciencia-y-Religión