Sin esperanza y sin desaliento

Fernando Flores

Me fascina la facilidad que tiene el ciudadano español para desenfundar el Código Penal en cuanto se siente ofendido. Si apoyado en el muy poco apreciado principio de proporcionalidad le argumentas que quizás la acción que le ha incomodado sea ciertamente fea, deplorable, de mal gusto o discutible, pero que sancionarla como corresponde a un delito es matar moscas a cañonazos (imagen que suele traernos a la mente a la pobre mosca esquivando un proyectil descomunal, pero que también debería alertarnos sobre el destrozo que la bala produce en los alrededores), téngase la seguridad de que el interpelado no se va dar por aludido. Al contrario, con amargura o desdén (según carácter) insistirá en el profundo daño (normalmente moral) que se le ha infligido y del que, a la vista de la pena que reclama para el agresor, nunca se va a recuperar.

Creo que es conveniente reiterar –sin esperanza y sin desaliento– que esta actitud, generalizada en la derecha (esta misma semana el ministro del interior ha relacionado el declarar persona “non grata” a Rajoy con un delito del odio) pero con no pocos entusiastas seguidores en la izquierda, es una barbaridad. Una barbaridad que no es que no conduzca a ningún sitio, es que conduce a un sitio al que mejor no llegar. Sigue leyendo

La razón de Estado y los derechos humanos. ¿Un Ministerio de derechos humanos?

Javier de Lucas

Entre las ideas interesantes que se encuentran en los diferentes documentos presentados por los partidos políticos a propósito de las negociaciones para investidura y/o Gobierno en estas semanas, una de las que apenas ha recibido atención es la formulada por Podemos, la propuesta de crear una Secretaría de Estado de derechos humanos.

En la estructura actual de la Administración central del Estado no existe tal cosa (si dejamos aparte el Defensor del Pueblo, porque su naturaleza es muy diferente, comenzando por el hecho de que es Comisionado de las Cortes generales y, por tanto, independiente del Ejecutivo). Sí hay departamentos de menor rango, con competencias específicas y limitadas. Por ejemplo, durante mucho tiempo existió la oficina de derechos humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, transformada por un Decreto de 9 de enero de 2015 del Gobierno Rajoy que creó la Dirección general de Naciones Unidas y derechos humanos. Con todo, conviene tener en cuenta el propósito con el que tomó esta iniciativa, en el que parece decisivo el contexto político, esto es, medidas que acompañaran al papel que alcanzaba España al ser elegida miembro del Consejo de Seguridad en ese período. Sigue leyendo

«BREXIT»: una cuestión de derechos

Diego Blázquez

A lo largo de las últimas semanas mucho se ha escrito y comentado desde la publicación el pasado 2 de febrero de la carta del Presidente Ronald Tusk a los miembros del Consejo Europeo sobre su propuesta para un nuevo acuerdo con el Reino Unido en la Unión Europea.

Se trata de un documento complejo en la forma y en el fondo, que se puede analizar desde los más diversos puntos de vista. Todos ellos importantes, ya que sin duda estamos ante una encrucijada para el proyecto comunitario. Pero además, lo que hoy se discute en el Consejo Europeo es también un problema de derechos fundamentales.

Y estamos ante esta encrucijada no solo por la posibilidad de salida del Reino Unido, sino porque estamos ante una situación de crisis de la UE. Una crisis compleja de carácter económico-financiero, político, social, pero sobre todo una crisis de identidad. De la identidad de la Unión que surge y se forja en un compromiso ético basado en la protección y extensión de los derechos humanos. Sigue leyendo

Rita Maestre: criticar y reivindicar no es delito

Ana Valero

Este jueves, 18 de febrero, tendrá lugar ante el Juzgado de lo Penal núm.6 de Madrid, el juicio oral contra la concejala del Ayuntamiento Rita Maestre, por un delito contra los sentimientos religiosos tipificado en el artículo 524 del Código Penal con la pena de un año de prisión y, subsidiaria o alternativamente, por el delito del artículo 525 del Código Penal castigado con la pena de doce meses de multa.

La acusación (encarnada por el Ministerio Fiscal, el Centro de Estudios Políticos Tomás Moro y Alternativa Española), sostiene que Rita, junto con otro compañero, guiados por el ánimo de ofender los sentimientos religiosos de los allí presentes y de todo el colectivo católico, entraron en la capilla de la Universidad Complutense y, en presencia del capellán y de varios estudiantes que se hallaban allí orando, invadieron el espacio destinado al altar portando imágenes del Papa con una cruz esvástica. Ella, junto con otras mujeres se desnudaron de cintura para arriba y, posteriormente, abandonaron la capilla gritando las siguientes frases: “vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, “el Papa no nos deja comernos las almejas”, “menos rosarios y más bolas chinas”, “contra el Vaticano poder clitoriano”, “arderéis como en el 36”, y “sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios”. Sigue leyendo

De la retórica del «Welcome Refugees!» a la realpolitik del «Help me OTAN!»

Fernando Ntutumu Sanchis

Es increíble cuán contingentes podemos llegar a ser las personas en nuestros posicionamientos. Y digo más: es abrumadora la extraordinaria variabilidad que exhiben las masas –en el sentido más orteguista del término– en sus pendulares vaivenes emocionales. No resulta tan abrumadora como preocupante la sospecha de que estas masas, como se demuestra tras los sucesos acaecidos en Colonia en Nochevieja, no son tan autónomas como su autoconocimiento les hace percibirse. Es cierto, por otro lado, que la aceleración social de los tiempos (Scheuerman, 2004) puede desconcertar a cualquiera. Y también lo es que algunas posturas adoptadas por actores políticos, y que aquí señalo, desconciertan en sí mismas (por sorprendentes) más incluso que sus posicionamientos opuestos, estados hacia los que la sociedad transita con asombrosa facilidad (como de la solidaridad al rechazo y del rechazo al belicismo, por ejemplo). Me explico. Sigue leyendo

Titiriteros y títeres

Fernando Flores

Se toman los hechos y se les hace pedazos. Los pedazos se separan para que no se mezclen. Se condimentan con especias para potenciar su sabor o anular su presencia, según conviene al paladar al que se dirigen. Hiérvase rápido, sin muchas contemplaciones. Cocinado el plato, no dejarlo reposar, servirlo muy caliente como realidad informativa en bandeja antiterrorista, crujiente y a punto de opinión. La receta, propia de fogones informativos de larga tradición, sin duda será del gusto de muchos, nula en matices pero sustanciosa y picante.

La lección negativa de periodismo que muchos de los medios que el sábado cocinaron, sirvieron o copiaron la noticia sobre el caso de los titiriteros, aparte de provocar vergüenza ajena, representa el estado de debilidad que sufre el derecho a la información en España. Si a ella sumamos las reacciones de la mayoría de los dirigentes políticos, temerosos en sus respuestas de que se les pueda atribuir simpatía o falta de firmeza frente a grupos terroristas como Al Qaeda o ETA, la desolación es el único estado de ánimo que cabe albergar sobre el futuro de nuestros derechos y libertades. Sigue leyendo

Disolver el PP: teoría y práctica

Fernando Flores

Con la que está cayendo, no extraña en absoluto que algunas voces reclamen la ilegalización del Partido Popular. Hace unos meses, cuando se destaparon los entresijos más abyectos del Caso Bárcenas, ya se propuso esa petición en Change.org, y ahora, coincidiendo con los escándalos de corrupción que están apareciendo estos días, notoriamente en territorio valenciano, han arreciado las opiniones a favor de declarar al partido conservador como “organización criminal”.

Más allá de la indignación y el desasosiego que produce constatar que el saqueo de las arcas públicas por no pocos cargos populares ha sido formidable, y anotados los brindis al sol de quienes reclaman públicamente y “a pelo” la declaración del PP como organización criminal, tiene interés saber si tiene sentido (jurídico) la solicitud de que, a la vista de los incontables casos de criminalidad que les afectan (y que de paso afectan a los ciudadanos), el partido en el Gobierno de España sea disuelto. Sigue leyendo