¿Que no debata qué?

Fernando Flores

Aquí estoy, escribiendo un artículo para defender la libertad de expresión y de debate en la Universidad. De todas las expresiones. De cualquier debate.

Quizás sepan por qué. Por el caso de unas jornadas sobre prostitución que han acabado suspendiéndose en la Universidade da Coruña, pues el rectorado no podía garantizar la seguridad y la celebración adecuada del encuentro.

No es la primera vez. Independentismo, aborto, vientres de alquiler, transgénero, nacionalismo, religión e igualdad, terrorismo… Son temas que activan el sistema nervioso y la sensibilidad de muchas personas, provocando debates encendidos, a veces ásperos y muy enfrentados.

No me preocupa esa sensibilidad, ni siquiera la acritud. Al contrario, me anima, porque refleja una sociedad viva y plural, que defiende sus opiniones e intereses. En cambio, me asusta que esta misma sociedad, cada vez menos democrática, interiorice que se puede excluir al molesto, al que ofende, al que defiende “sus intereses”, al que no tiene la visión de la sociedad que tengo yo. Esta polarización de amigo – enemigo tiene un final escrito: siempre termina en que solo podrá ofender el más fuerte.

¿Qué temas no deben discutirse en una Universidad? ¿Qué jornadas o conferencias no deben permitirse?

Son algunos los argumentos, no pocas las ocurrencias, y abundante la demagogia con que se justifica la postura limitadora de la libertad de opinión y del debate.

En la Universidad “no caben debates que pongan en duda o vayan en contra de los derechos humanos”, afirma una profesora de la UCM. Quien dice esto habla como si los derechos humanos no fueran controvertidos. Todos lo son. Hasta la posibilidad de practicar torturas lo es.

¿Puedo prohibir un seminario en el que se planteen las razones para defender el derecho a la interrupción del embarazo? ¿Y sobre la eutanasia? Aunque somos muchos los que los consideramos derechos no protegidos, también son numerosas las personas que están convencidas de que ambos son atentados contra el derecho a la dignidad y la vida. ¿No pueden exponerse en la universidad las posturas de unos y otros? ¿De quiénes no?

 “No caben debates que vayan en contra de la legalidad. Y menos los que ‘promuevan’ delitos”. Decir que no me gusta la Constitución o una ley y que quiero cambiarlas no va contra la legalidad. Organizar un seminario que explique por qué prefiero la república inexistente a la monarquía constitucional no va contra la legalidad. Dar una conferencia en la que el ponente exprese que –a pesar de las resoluciones de la ONU– no debe haber referéndum en el Sahara, no va contra la legalidad. Contra la legalidad va impedir que alguien lo diga.

De otro modo habrá que aceptar que, en cuanto la sentencia del Supremo decida lo que se prevé, no puedan celebrarse debates sobre el procés. Ni que los haya sobre la prostitución, aunque esta tenga una regulación parcial en España, sea legal en países como Alemania, Suiza o Grecia, e ilegal en Suecia, Noruega o Francia. ¿De verdad se quiere prohibir que se trate en la Universidad una posición que –por mucho que nos pueda repeler– es legal en otros países de la UE? ¿No se podrá invitar a dar una charla en mi Universidad al abogado de Junqueras sobre el juicio que perdió?

“Las jornadas tienen que ser plurales, deben dar voz a todas las posiciones”. ¿Las prohibimos si no lo hacen? La pluralidad de ponentes es preferible, sin duda, da calidad a un seminario, pero no impide nunca un público exigente y crítico. Si una jornada no es plural se la puede criticar por pobre, parcial y carente de interés, pero no se puede prohibir. A veces se habla como si no existiera el público, como si éste fuera menor de edad, o como si le hubieran prohibido la asistencia al que pide la prohibición del acto.

Por lo demás, la exigencia radical de pluralidad descartaría por definición las conferencias de una sola persona. ¿Debe prohibirse una charla al profesor de Georgetown y congresista republicano que defiende la Patriot Act, la existencia de la cárcel de Guantánamo y la necesidad del waterboarding en los interrogatorios a terroristas? No hay pluralidad y va en contra de los derechos humanos. ¿Debería prohibirse?

No con mis impuestos… No defenderé su derecho a utilizar dinero público (el que supone utilizar las instalaciones de una Universidad) para promover una visión de la sociedad que yo combato”, afirma categórico un periodista en redes. Pero, aunque él no lo defienda, ese derecho existe. Es un valor constitucional y democrático, el pluralismo político, que se refleja en la libertad de pensamiento y de expresión, y que la Universidad debe favorecer. La Universidad –sobre todo la pública– debe acoger todas las visiones que la sociedad expresa, nos gusten o no. Porque esa es su esencia. La Universidad nos da precisamente un espacio sagrado para expresar y combatir las visiones que no comparto, promoviéndolas o criticándolas, ridiculizándolas si pensamos que lo merecen.

¿Pero prohibirlas? ¿A instancia de quién? ¿Con criterios ad hoc, o elaborando al efecto una norma pseudoadministrativa, que determine cómo deben componerse los seminarios para ser plurales, que detalle en qué casos puedo limitar el derecho fundamental a expresar opiniones en sede universitaria? ¿Y quién toma la última decisión al respecto: el decano, el rector, un comité de sabios? No es serio.

Claro que se puede protestar por la celebración de una jornada. En la puerta de la sala en que se celebra si se quiere. Y denunciar que es sesgada y que sus ponentes son lo peor. Y pedir el boicot para los patrocinadores. Y afirmar que el departamento que las auspicia es mediocre. Y que el profesor que las organiza un pésimo académico. Y retirarle la palabra en los pasillos. Y polemizar con dureza (y ojalá con respeto) en redes. Se trata siempre de la libertad de expresión. El único límite a todo esto es que no se convierta en censura. Es decir, la protesta no puede impedir, directa o indirectamente, que un seminario o conferencia se realice. Eso, además de contraproducente, es ilegal, por vulneración de los derechos fundamentales.

Del mismo modo que defiendo que la Universidad debe investigar y tratar aquellos temas que no están de moda en el debate público, o que no interesan a los grupos de poder, no puedo imaginar que las bibliotecas y las aulas queden al margen de lo que está presente en la calle y en los medios de comunicación.

En fin, puedo entender que esa pulsión hacia la censura se deba, en ocasiones, a una indignación razonable contra posiciones que consideramos retrógradas. También al miedo a que las mismas triunfen, o al cansancio de oponernos tantas veces a ellas. Sea como fuere, el instrumento para luchar contra una sociedad que no nos gusta no puede ser silenciar al otro, y menos en la Universidad.

Gestación subrogada y mercantilización: debatámoslo

Gabriel Moreno González

En la actualidad se potencia hasta el absurdo una confusión entre el deseo individual y la categoría, cada vez más desfigurada, del derecho subjetivo. No todo deseo personal se ha de convertir en derechos garantizados por el Estado, pues éstos son el fruto del consenso social en torno a la necesidad de articular cauces de protección y promoción de bienes públicos que están indisolublemente unidos a valores y principios superiores. Lo mismo ocurre hoy con la denominada eufemísticamente como “gestación subrogada”, cuya ausencia de regulación está impulsando uno de los debates más interesantes de los últimos tiempos por lo que refleja de las concepciones en juego y por el grado de descomposición social que ilustra.

La persona ha venido siendo considerada desde hace siglos como una esfera indisponible en su dignidad para el mercado. Sin embargo, éste ha ido copando cada vez más ámbitos, hasta el punto de mercantilizar las propias relaciones sociales que antes se daban en campos de gratuita y alegre fraternidad. La búsqueda única del propio interés, la monetarización de todo lo que nos rodea y la valorización del mundo de las cosas sobre el mundo de las personas, son características hoy de nuestra decadencia moral y ética como comunidad. Pero el cuerpo humano, materialización más prístina de aquel núcleo de dignidad indisponible, parecía hasta ahora ajeno a la mercantilización absoluta. El Código Penal español, por ejemplo, prohíbe la venta de órganos propios, aun cuando ello sea una decisión supuestamente libre y autónoma del sujeto.

Los vientres de alquiler, sobre los que hoy se discute, pueden ser la última lanza de vanguardia que rompa con la sacralidad de la persona y su dignidad para que el mercado, y sus intereses espurios, entren en el último reducto que resistía. No nos engañemos: detrás de la venta del derecho de uso del vientre materno habrá mayoritariamente una posición de desigualdad material de la madre biológica, sí, pero aun en el hipotético caso de que no la hubiera, estaríamos dando entrada a que los meros deseos individuales de algunos ciudadanos se conviertan en derechos garantizados por el Estado. Pretendidos derechos que no tienen reflejo ni pueden cobijarse en ningún valor o principio, pues la dignidad de la persona es la que debe sustentarlos, y no hay algo más vejatorio contra la dignidad que la utilización del propio vientre, de nuestro propio cuerpo, para la satisfacción personal de terceros. Claro que aquí entra en juego una concepción de lo corpóreo que hemos heredado desde los comienzos de la Modernidad y que quizá, incluso en el seno del propio feminismo, entra en contradicción con el rechazo a la gestación subrogada.

El sujeto moderno se ha construido sobre la base del “cogito” de Descartes, de un “yo pensante” separado de un cuerpo al que se posee y que es distinto de ese “yo” consciente, interno y, a veces, oculto. Lo material es extraño a la sustancia que piensa, es su propiedad y una mera extensión que puede ser troceada a disposición del sujeto soberano. La concepción liberal del derecho de propiedad se extiende así sobre el cuerpo, fundamentándose en un dualismo que no es del todo ajeno a la tradición antigua y cristiana, pero que la supera en su radicalidad. En la teología cristiana la idea de “encarnación” aúna ambas realidades en la sacralización de la persona como un todo, como un sujeto que piensa (alma) y como materia que conforma sagradamente ese propio sujeto (cuerpo). Cuerpo y alma son uno y no por casualidad el mismo Dios se hace “hombre”, se encarna y sacraliza con su decisión a lo humano como totalidad. Siguiendo a Roger Scruton, “yo y mi cuerpo no somos dos cosas, sino una, ya que con la venta de mi cuerpo se endurece y pervierte el alma”. Lo sagrado, hemos de recordarlo, ha constituido siempre un ámbito de indisponibilidad, de alejamiento intangible para la acción humana, de ahí que sea también una res extra commercium, algo con lo que no se puede mercadear, vender o comprar. El “sobre mi cuerpo yo decido” que blande el movimiento feminista no cabría, pues, en esta concepción unitaria de la persona, ni muchos menos la venta que ese “cogito” cartesiano moderno pretende hacer del uso del cuerpo para satisfacer a un tercero, se mueva o no por intereses mercantiles. Entre esta última intención y el primer lema, el cual ilustra ciertas concepciones patrimonialistas que se han heredado (y es normal) de la Modernidad, subsiste un fundamento dualista último que no puede pasar desapercibido, y menos en una cuestión tan controvertida.

            Por la existencia de estas contradicciones, por la concurrencia de paradigmas opuestos e intereses contrapuestos, se hacen necesarios el debate y la discusión teórica, académica y política en torno a la gestación subrogada. Muchos estamos en contra de su regulación, por los motivos expuestos en torno a la mercantilización o la utilización individualista que de lo humano supondría, pero eso no implica que rechacemos de plano a quienes sostienen otras posturas o el intercambio de opiniones fundamentadas y razonables sobre tan espinosa cuestión. De ahí que en su momento decenas de profesores universitarios firmáramos un manifiesto contra la intención de ciertos grupos de boicotear e impedir, en el foro de la academia, un congreso sobre la materia. Mis motivos de rechazo a la gestación subrogada pueden ser religiosos, éticos, morales o filosóficos, pero quiero y deseo que se confronten con quienes dicen blandir justificaciones liberales o individualistas, y más si ese encuentro se produce en la Universidad, en ese espacio sin condición que debería volver a situarse en el centro de la palestra de nuestra comunidad política. Y ello desde la serenidad y sin histrionismos.

Además, si el debate es profundo y sincero, podrán aparecer en escena las aristas que definen hoy muchas de las problemáticas sociales actuales. ¿Puede disociarse la libertad del sustento material que la apoya en su realización? ¿Hasta dónde queremos que llegue la mercantilización del mundo de lo real, de todo lo que nos rodea? Las consecuencias biopolíticas del neoliberalismo más obsceno pueden y deberían aquí argüirse no sólo como barreras frente a los vientres de alquiler, sino también como palancas desde las que idear nuevas formas de pensar lo social, más fraternas y humanas. La cuestión de la gestación subrogada y la profundidad ética que alcanza abren, de este modo, una espita en la pirámide de un orden político, el actual, que se basa en falsos mitos y principios. Por ello, nuevamente, la discusión es más necesaria y conveniente que nunca, y puede ser una oportunidad única para introducir consideraciones morales y éticas, tan denostadas hoy, en el actuar teórico de unas ciencias sociales demasiado autorreferenciales en sus pretensiones de cientificidad.

Así que…sí, por mi parte: rechazo pleno a la regulación de la gestación subrogada y apoyo pleno, también, a la celebración continua de un renovado debate sobre la misma. Las mujeres han de ser libres, pero esta libertad no puede confundirse con una falsa autonomía neoliberal, sino con la eliminación de las barreras, sociales, culturales y económicas que, en una sociedad cada vez más mercantilizada y venial, le impiden hoy serlo de forma integral. Debatámoslo.