El ingreso mínimo vital, una cuestión de derechos

María Dalli

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno de España va a poner en marcha, previsiblemente en el mes de mayo, el ingreso mínimo vital (IMV). Se trata de un hito, pues por primera vez el gobierno central pondría en marcha una política de prestaciones de último recurso con independencia del historial de contribución del solicitante y más allá de las prestaciones familiares o por discapacidad. De esta forma, el IMV iría más allá de las prestaciones no contributivas o asistenciales de la seguridad social que han existido hasta el momento, con la finalidad de cubrir a toda persona en situación de pobreza o de exclusión social, cuyos recursos económicos no superen un determinado límite. Esta actuación del Estado se enmarca en el artículo 41 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la seguridad social. Hasta ahora, como prestaciones asistenciales de último recurso han existido las rentas mínimas de inserción autonómicas, que surgieron a raíz de la atribución a las mismas de la competencia en materia de asistencia social según el artículo 148.1.20ª de la Constitución.

Más allá del acogimiento con el que cabe esperar esta medida, es importante no olvidar que, cuando hablamos de asistencia social, hablamos de derechos humanos. En este sentido, sería conveniente que el nuevo IMV estatal no reincidiera en los problemas en relación con los cuales ya se ha llamado la atención a España repetidamente por parte de organismos internacionales de derechos humanos. Por estas razones, tras mencionar las principales características hasta el momento conocidas del nuevo IMV, con este texto pretendo destacar la consideración de la asistencia social como derecho humano así como recordar los problemas que, desde una perspectiva de derechos, el IMV debería abordar.

Previsiblemente, el IMV consistirá en una prestación económica para aquellas personas con menos de 200€ de ingresos mensuales si viven solas, o con menos de 450€ si viven en pareja. La cuantía a reconocer sería de aproximadamente 500€, aunque también se ha barajado que podría consistir en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), actualmente situado en 430€ mensuales. Además, a esta cantidad se sumarían 250€ más si hay otro adulto sin ingresos en el domicilio familiar, más 150€ por hijo en casos de familias monoparentales, o de 100€ por hijo en los demás casos.  Así pues, la cuantía se aumentará para cada caso según las características del hogar familiar, la existencia de hijos y según exista o no algún miembro en la familia con discapacidad. El IMV se espera implementar de forma progresiva, a lo largo de los tres últimos ejercicios presupuestarios de la legislatura. A partir de este IMV, las Comunidades Autónomas podrán introducir los complementos que decidan en términos de dotación o adoptando otras direcciones de integración. En este sentido, el IMV irá acompañado de estrategias de activación laboral, así como de itinerarios de acogida y de integración.

Como comentaba, la asistencia social es un derecho internacionalmente reconocido, por lo que el IMV ha de analizarse desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos. Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 1.3 insta a los Estados a implementar sistemas universales de protección social. Tradicionalmente, la lucha contra la pobreza así como las ayudas a familias en situación de exclusión se han abordado más como una cuestión de caridad que como una obligación del Estado. Ahora bien, este paradigma se transforma con el reconocimiento internacional de los derechos humanos y con la asunción de obligaciones en la materia por parte de los Estados. Así, si bien el derecho a la asistencia social no se ha reconocido de forma explícita en el sistema de protección de las Naciones Unidas, sí se reconocen derechos como el derecho a un nivel de vida adecuado así como el derecho a la seguridad social, los cuales incluirían la asistencia social. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como más tarde, el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho a un nivel adecuado de vida para toda persona, lo cual incluye alimentación, abrigo y vivienda adecuados, así como la mejora continua de las condiciones de existencia. El derecho a la seguridad social se reconoció asimismo en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, posteriormente, en el artículo 9 del PIDESC.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisión del PIDESC, ha desarrollado, a través de las Observaciones Generales y, en particular, la Observación General núm. 19, una serie de principios que son relevantes para entender las implicaciones del reconocimiento de la seguridad social como derecho humano. Así, ha de cumplirse con los elementos de disponibilidad de las prestaciones, la adecuación y la accesibilidad, la cual incluye cuestiones como la asequibilidad de las prestaciones y la importancia de la participación y la información. Además, la tipología de obligaciones estatales incluye tanto deberes negativos (de no intervenir negativamente) así como deberes positivos (de actuación; como la protección, la promoción y la realización o el cumplimiento). El IMV supondría el avance en el cumplimiento de esta obligación positiva de realización del derecho a la seguridad social, siempre y cuando la prestación cumpla con los estándares de los derechos. ¿Y cuáles son estos estándares? En este punto, los Principios Rectores sobre Pobreza Extrema y los Derechos Humanos de Naciones Unidas recomiendan la incorporación de los principios de la dignidad, la universalidad, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en la protección social.

El sistema europeo de protección de los derechos aporta una mayor clarificación en relación con las características concretas que habrían de incluirse en el diseño e implementación de las rentas mínimas. Estos desarrollos se deben al reconocimiento del derecho a la asistencia social en el artículo 13 de la Carta Social Europea, así como a la actividad de monitorización de la Carta llevada a cabo por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Así pues, el artículo 13 de la Carta Social Europea reconoce el derecho a la asistencia social junto con la asistencia médica, por el que los Estados parte se comprometen ‘a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado’ (artículo 13.1).

De acuerdo con el CEDS, el derecho a la asistencia social supone una ruptura con el concepto tradicional de asistencia ligado al deber moral de prestar caridad a los necesitados.  La asistencia social se entiende como prestaciones que tienen como objetivo responder a situaciones de necesidad individual, sin requerir ningún tipo de afiliación a la seguridad social ni requerir tampoco actividad profesional o cotizaciones sociales. Como parte de mi investigación postdoctoral, financiada por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo, pude identificar un listado de estándares para definir el derecho a la asistencia social y sus implicaciones, lo cual fue el resultado del estudio de las conclusiones del CEDS a todos los Estados parte de la Carta obligados al cumplimiento del artículo 13. Con la finalidad de contribuir a la clarificación de este derecho y de las obligaciones de los Estados, estos estándares guardan relación con una amplitud de cuestiones como la titularidad, la duración de las prestaciones, la cuantía, la organización territorial, el test de recursos económicos, las medidas de activación, o el sistema de sanciones y de recursos (puede accederse a las conclusiones de este estudio en el artículo publicado por la European Journal of Social Security en su primer número del volumen 22 de 2020, con el título ‘The content and potential of the right to social assistance of Article 13 of the European Social Charter’).

Aquí me interesa recordar los motivos por los cuales el CEDS consideró que España no cumplía con el derecho a la asistencia social del artículo 13 de la Carta, según las últimas conclusiones en 2017 (Conclusiones XXI-2). De acuerdo con el Comité, el Estado español no se situaba de conformidad con la Carta Social Europea y con las previsiones del artículo 13 debido a los requisitos de edad para acceder a las rentas mínimas de inserción regionales, la duración máxima de las prestaciones, la cuantía de las mismas y los requisitos de residencia o empadronamiento en la Comunidad Autónoma. Así pues, la mayoría de las Comunidades requieren que los solicitantes de las rentas mínimas tengan como mínimo 25 años de edad, salvo algunas excepciones. Además, las rentas mínimas no suelen reconocerse durante todo el tiempo que dure la situación de necesidad. La duración de la residencia requerida afecta a las personas que se mueven entre una región y otra, pues pierden el derecho a la renta mínima durante un periodo de tiempo hasta que vuelven a ser elegibles. La cuantía de las prestaciones tampoco es la adecuada. Así, en 2014, la cuantía media de las rentas mínimas era de entre 300€ y 665.9€ mensuales según la Comunidad Autónoma, mientras que el límite por debajo del cual una persona se consideraba en situación de pobreza era de 552€ al mes, en 2014. La asistencia social, así pues, caía por debajo del límite de pobreza en la mayoría de comunidades españolas.

En cuanto las medidas de activación laboral, el derecho a la asistencia social del artículo 13 de la Carta Social Europea permite la implementación de este tipo de medidas. Ahora bien, la activación laboral debe ser consistente con la finalidad de las prestaciones, la cual es la superación de la situación de pobreza y de las dificultades del individuo. En caso de que la prestación quede suspendida por el incumplimiento de las obligaciones de activación, la ayuda de emergencia siempre debe estar disponible pues no se puede dejar a las personas sin ningún tipo de ayuda económica en caso de necesidad. Sin embargo, la realidad en España es muy diferente. Las rentas mínimas de inserción suelen imponer estrictas obligaciones en materia de activación laboral, cuyo cumplimiento es necesario para el mantenimiento de las prestaciones. Dada la situación de precariedad laboral que existe en España, el resultado de las medidas de activación puede ser la obtención de empleo de bajo salario, temporal, que puede empeorar las dificultades de las personas beneficiarias de las ayudas. Además, de acuerdo con la European Minimum Income Network, no se estarían poniendo en marcha mecanismos de inclusión para las personas en situación de exclusión social a través de un trabajo conjunto entre las oficinas de empleo y los servicios sociales.

Así, un sistema demasiado enfocado en la activación laboral podría estar dejando de lado la implementación de medidas de inclusión social más amplias que sean capaces de abordar de forma adecuada el problema de la exclusión social. Las medidas de activación deben aplicarse de forma flexible teniendo en cuenta los horarios dedicados al cuidado, en especial en el caso de las familias monoparentales. Además, los beneficiarios deben poder participar en la elaboración del plan de integración.  Otras críticas comunes de las rentas mínimas de inserción autonómicas son las diferencias territoriales, el tiempo de espera desde que se solicita la prestación hasta que se recibe (de dos a tres meses en la mayoría de las regiones), las restricciones para acceder a las prestaciones, que afectan principalmente a los inmigrantes recién llegados, los jóvenes, las unidades familiares formadas de forma reciente y a las personas sin hogar, de acuerdo con la European Social Policy Network. Otro problema es la falta de precisión y claridad de las regulaciones lo cual deriva en la toma de decisiones discrecional por parte de las administraciones.

La Plataforma DESC, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil española, en su informe alternativo a las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal a España, recomendó ‘garantizar el derecho a las rentas mínimas reconociéndolo legalmente con regulaciones precisas que eviten las decisiones arbitrarias; asegurando que cumplen las condiciones mínimas que permita reducir las desigualdades territoriales de forma que no excluyan a grupos vulnerables ni causen discriminación; incrementando los niveles de las rentas mínimas de inserción, para ser suficientes para llevar un nivel de vida digno’. También es relevante tener en cuenta que la mayoría de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo sobre el funcionamiento de las rentas mínimas de inserción, guardan relación con las demoras en la tramitación de las solicitudes, las dificultades en la tramitación de los expedientes, la sujeción del reconocimiento del derecho a la disponibilidad presupuestaria o la implementación estricta de las medidas de activación laboral.

En el repaso de los principales problemas de las rentas mínimas ya existentes en España, y de las principales recomendaciones para abordarlos, no puedo dejar de lado una reclamación de vital importancia para la lucha contra la violencia de género en materia de prevención. Por parte de organizaciones no gubernamentales internacionales y de instituciones extranjeras de derechos humanos, se ha denunciado el hecho de que las rentas mínimas siempre suelen transferirse a una cuenta bancaria única, lo que deriva en una ausencia de independencia financiera y no ayuda en la prevención de situaciones de violencia doméstica, pudiendo utilizarse la prestación como medida coercitiva. El Women’s Budget Group en el Reino Unido, la Equaliy and Human Rights Commission y, recientemente, el Comité de Trabajo y Pensiones del Parlamento británico han recomendado que los pagos deberían ingresarse en cuentas separadas, o bien deberían ingresarse al principal cuidador de la familia, permitiendo así que exista una fuente independiente de ingresos necesarios para vivir. Así pues, esta es una reclamación cuya aplicación también se debería considerar en el contexto español, en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.

Para finalizar, ahora sí, una demanda más y la recapitulación. En el contexto de la crisis del coronavirus, y en el caso de que se implementen sistemas digitales para procesar las solicitudes y el mantenimiento de las prestaciones, debe garantizarse que las personas sin acceso a los ordenadores o sin las habilidades necesarias para su manejo no quedan excluidos del sistema de ingresos mínimos. Por último, recapitulación: las rentas mínimas, o la asistencia social, es una cuestión de derechos humanos. No es caridad, es cumplimiento de obligaciones internacionales y constitucionales asumidas por el Estado. En el diseño del nuevo IMV, y en el camino hacia su implementación, no se olviden de las demandas de los derechos.

Foto: Fernando Flores

Estado de alarma y limitación de derechos: ni excepción, ni suspensión

Joaquín Urías

Los apartados más bizarros y a la vez más peligrosos de la Constitución son aquellos que prevén la posibilidad de dejar de aplicar el orden constitucional. Se suelen explicar con la idea de “defensa de la Constitución” a partir de un malabarismo ideológico como es el de pensar que a veces la Constitución necesita suspender su vigencia para defenderse de una amenaza.

Detrás de esa forma de razonar, está para muchos la sospecha -o el convencimiento- de que la democracia no es el mejor sistema para afrontar una crisis. Esa añoranza de las dictaduras es un enfoque simplista. En realidad, la democracia se sustenta en un complejo equilibrio de facultades y voluntades que concurren y se enfrentan, hasta configurar la gestión colectiva de lo público. Ante determinadas amenazas, que exigen procedimientos rápidos, claros y operativos, el sistema democrático puede necesitar reducir su complejidad de manera temporal: se trata de simplificar el ordenamiento, sin perder la esencia que lo caracteriza como democrático.

Cuando se hace, hay que estar especialmente vigilantes de que sea sólo por una necesidad real e imperiosa; de modo temporal y provisional; y conforme a lo que establece la propia Constitución.

En este sentido, además de la suspensión individual de garantías (art. 55.2 CE) y la intervención de Comunidades Autónomas (art. 155 CE), la Constitución contiene la posibilidad de declarar alguno de los tres estados excepcionales previstos en el art. 116 CE. Su desarrollo aparece en una vetusta Ley Orgánica aprobada en el año 1981, poco después del intento de golpe de Estado del 23F. Así, el estado de alarma permite enfrentar epidemias, catástrofes naturales o desabastecimientos. El de excepción se prevé para alteraciones graves del orden público. El de sitio para ataques armados contra la soberanía o la integridad territorial del país.

Cada una de estas situaciones excepcionales permite al gobierno adoptar una serie de medidas. Respecto a ellas, la Constitución señala que durante la vigencia del estado de alarma pueden establecerse limitaciones al ejercicio de los derechos, pero no pueden suspenderse éstos. En los estados de excepción y sitio, en cambio, sí se pueden suspender algunos derechos: esencialmente los relativos a las garantías de la detención, a la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, a circular libremente, a manifestarse, a la libertad de expresión, y a la huelga.

En nuestro sistema, claramente, la diferencia entre los tres estados excepcionales no es de grado. No se trata de que a medida que una situación se hace más grave el Gobierno puede ir subiendo la entidad de la declaración, sino de que, según la naturaleza de la emergencia, cabe adoptar uno u otro. Las medidas permitidas están en consonancia con las necesidades derivadas de la naturaleza de cada una de las amenazas previstas.

El 14 de marzo pasado el Gobierno aprobó el decreto 463/2020 que instaura el estado de alarma. Es razonable, puesto que la epidemia del COVID-19 supone una amenaza a la salud que entra plenamente en lo previsto para la alarma.

En consonancia con ello dictó algunas medidas destinadas a unificar la dirección política y sanitaria de la crisis para todo el Estado, otras que permitían la intervención de bienes privados y la movilización de personal si llegara a ser necesario y, sobre todo, acordó el confinamiento obligatorio de toda la población en sus casas con la salvedad de los casos en los que se permite salir de ellas.

Algunos políticos de la oposición, y hasta algún jurista despistado, afirman que las medidas acordadas para frenar esta epidemia suponen una suspensión de derechos. Es una afirmación falsa que, sobre todo, ignora la esencia de los derechos fundamentales.

España, con la pesada carga de una historia donde la libertad nunca ha sido bien recibida, tiene aún enormes carencias en cuanto a la doctrina de los derechos fundamentales. Nuestros juristas suelen hablar del contenido de uno u otro derecho, sin preocuparse demasiado por mantener una teoría coherente y operativa sobre qué son y cómo funcionan los derechos fundamentales.

Los derechos son espacios de libertad ciudadana resistentes frente al poder. Son facultades que los poderes públicos no pueden limitar ni restringir, pues configuran lo que en términos grandilocuentes se conoce a veces como la libertad. Son intocables para todos los poderes del Estado.

Aún así, en España ya prácticamente hemos aceptado que los derechos no vinculan a los jueces, que se los pueden saltar alegremente alegando que los “ponderan” con otros valores más importantes. Ahora -al hilo del estado de alarma- se está recuperando la idea decimonónica de que los derechos fundamentales son sólo principios inspiradores: normas filosóficas sobre cómo debían ser las cosas, sin contenido jurídico claro. En ese batiburrillo desaparece también la diferencia entre limitación y suspensión de un derecho.

Pese a ello, lo cierto es que en una democracia los derechos tienen un contenido esencial intangible. El núcleo del derecho no admite restricciones, es algo que se tiene o no se tiene, sin matices posibles. Durante el estado de alarma los derechos no desaparecen, durante el de sitio, en cambio, pueden dejar de estar provisionalmente en vigor.

Así, el derecho de manifestación es el derecho a protestar colectivamente utilizando el espacio público, aunque la Constitución permite prohibirlas cuando haya peligro para las personas. Si el derecho de manifestación estuviera suspendido, simple y llanamente no se podrían convocar manifestaciones de ningún tipo. Como estamos en estado de alarma, el derecho sigue tal cual. Igual que en situaciones normales, todos podemos convocar una manifestación pero si eso supone un peligro para la vida de las personas, nos lo pueden prohibir.

Evidentemente, el riesgo de contagio llevará a que se prohíban muchas manifestaciones. Pero, como el derecho no está suspendido, cada vez que eso suceda los convocantes podrán acudir a un juez para que controle si efectivamente en ese caso había peligro o no.  Si estuviéramos en estado de excepción con el derecho suspendido, no sería posible ese control judicial de cada caso. Estaría prohibido manifestarse y punto.

Lo mismo sucede con la libertad religiosa: el derecho a tener una religión y a efectuar actos privados de culto es intocable y ni siquiera se puede suspender durante el estado de sitio. La celebración de actos de culto externo, en cambio, es una manifestación de religiosidad sometida al respeto de otras normas. Igual que no es evidente que se puedan tocar las campanas de una iglesia o hacer un llamamiento a la oración a las tres de la madrugada, tampoco lo es que se puedan reunir centenares de personas en una iglesia durante la pandemia. Quienes dicen que en estos momentos la libertad religiosa está suspendida no tienen ni idea de lo que es suspender un derecho: si lo estuviera -cosa imposible en democracia- se podría prohibir rezar incluso en privado.

Pongo estos ejemplos por no hablar del derecho fundamental a la libertad deambulatoria del art. 19 CE. Nadie con un mínimo de formación jurídica puede pensar que el contenido esencial de ese derecho incluya la facultad de pasar por cualquier sitio o usar cualquier calle. Si el desarrollo de unas meras obras de reparación urbana es constitucionalmente suficiente para prohibir pasar por determinado lugar o a determinada hora, sería absurdo pretender que las medidas actuales han suspendido un derecho de contenido tan dúctil. No estamos ante una prohibición absoluta de desplazarse sin previa autorización. Es evidente además que si estuviera suspendido ese derecho, no serían impugnables las limitaciones de movimientos inútiles para la protecciónde la salud. Pero ése, afortunadamente, no es el caso.

Así, durante el estado de alarma pueden limitarse proporcionadamente algunas manifestaciones accesorias de los derechos fundamentales, pero no está prohibido el núcleo de los derechos.

En estos momentos, es un disparate proponer la declaración del estado de sitio. Tan sólo el sueño húmedo de algún totalitario reprimido podría llegar justificar que para afrontar una epidemia sea necesario suspender los derechos fundamentales y el normal funcionamiento de la democracia o militarizar la administración pública.

La amenaza que sufrimos es de las que se enfrentan con el estado de alarma. Eso no excluye que en esta ocasión algunas de las medidas aprobadas contra la epidemia pueden ser desproporcionadas. Tampoco que su aplicación puntual sea en ocasiones inconstitucional.

Si, por ejemplo, el confinamiento impuesto resulta innecesario en algún caso y no contribuye a combatir la epidemia, la medida concreta puede ser anulada por el Tribunal Constitucional.

En cuanto a la aplicación, no me cabe duda de que al amparo del estado de alarma está habiendo excesos de las fuerzas de seguridad y hasta de los destacamentos militares que sancionan sin motivo o vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía.

Todos esos casos deben ser revisados judicialmente. Y pueden serlo, precisamente, porque los derechos no están suspendidos. Quien crea que se han suspendido los derechos tendrá que aceptar que, entonces, no es posible violarlos.

No puede violarse lo que no se tiene, pero si eso sucediera, con estado de alarma o de excepción, en estos momentos sería un atentado al sistema democrático. Afortunadamente, con mayor o menor acierto en las medidas aprobadas y su aplicación, en esta ocasión la declaración de estado de alarma es absolutamente conforme a lo que exige nuestra Constitución. Podremos salir de la crisis y volver al funcionamiento normal de las instituciones sin que se haya producido una quiebra de la Constitución que ponga en riesgo la legitimidad del sistema.

Los riesgos del Covid-19 más allá de la salud

Rosario Serra Cristóbal

Utilizando la expresión de Ulrich Beck, “vivimos en la sociedad del riesgo”, porque son muchos los riesgos a los que se enfrentan nuestras sociedades, riesgos que pueden suponer, todos ellos, una amenaza para la seguridad.

Claro que hablar de riesgo exige matizar, porque a veces se trata de verdaderas amenazas, y en otras ocasiones de desafíos a los que nos enfrentamos. Y cuando referimos a la seguridad que se puede ver damnificada, esta también puede ser de diversa naturaleza. La seguridad no es un concepto unívoco. Así, podemos referirnos a la seguridad nacional, a la seguridad pública, a la seguridad económica, a la seguridad humana, a la seguridad democrática y a un largo etcétera.

Entre los riesgos o desafíos a los que me refiero pueden encontrarse las crisis medioambientales, los conflictos armados, el terrorismo yihadista, las ciberamenazas, las grandes crisis económicas, los grandes flujos migratorios o las epidemias sanitarias, solo por poner algunos ejemplos. Lo que caracteriza a todos ellos es su carácter global, el ser fenómenos cuya afección ha de predicarse más allá de las fronteras de cualquier Estado.

Ahora nos ha tocado vivir una de esas crisis epidemiológicas que los ciudadanos solo hubiésemos imaginado en una de esas obras distópicas que los libros o la pantalla nos han brindado. El Covid-19 ha puesto en jaque a las sociedades y gobiernos de los más variados puntos del planeta, sin distinción entre sociedades más o menos desarrolladas.

Al igual que otras amenazas u otros riesgos, la pandemia incrementa la vulnerabilidad de los Estados y el equilibrio económico de los mismos y sus ciudadanos, además de la afección a la salud y vida de los individuos. Pero, las decisiones que se adoptan para luchar contra tales amenazas pueden poner también en riesgo otros bienes preciados cualquier sistema democrático, empezando por los derechos fundamentales de los ciudadanos y continuando con la propia democracia.

La experiencia nos ha demostrado, y lo hemos podido ver en las medidas que se han tomado frente a amenazas como la del terrorismo yihadista, que las respuestas de los Estados desmesuradas o indebidamente dilatadas en el tiempo generan a su vez una amenaza contra los derechos de la ciudadanía. Las medidas adoptadas contra el fenómeno del terrorismo global constituyen un ejemplo de cómo la sobrevaloración de la seguridad en nuestros días ha derivado en la aceptación social de que nuestras libertades deben ceder en favor de dicha seguridad hasta unos límites preocupantes. Ello ha conducido, en ese caso, a una involución en derechos tan fundamentales en democracia como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de reunión, la libertad religiosa, o los derechos de participación asociativa y política.

El covid-19 nos sitúa de nuevo ante ese mismo escenario.

Como decía, más allá del riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos, sin duda el Covid-19 ha puesto de relieve la forma tan rápida en que los derechos de la ciudadanía pueden verse coartados.

No es la primera vez que un Estado reacciona frente a una situación de excepcionalidad decretando un estado de emergencia como el estado de alarma que el Gobierno español acordó el pasado 14 de marzo. Los estados de excepción habilitan a los gobiernos y sus agentes con mayores poderes con el fin de que puedan ofrecer una respuesta más ágil y apropiada a la situación de emergencia sanitaria. Entre otras cosas, ello puede conllevar incómodas consecuencias para el ejercicio de la libertad y demás derechos por parte de los ciudadanos. Pero, no olvidemos que los estados de excepción constituyen un mecanismo de defensa de la propia Constitución, que esos estados de excepción establecen unas cautelas, unos tiempos y la necesaria intervención del parlamento para evitar el abuso de poder.

Con la declaración del estado de alarma nos hemos visto privados de nuestra libertad deambulatoria, confinados en nuestras casas como en una especie de prisión domiciliaria, y no caben los desplazamientos de una residencia a otra, lo cual supone a su vez la limitación del pleno ejercicio del resto de derechos que tenemos como ciudadanos: no es posible ejercer el derecho de reunión o de manifestación, no podemos desarrollar nuestra actividad económica o disfrutar de algo tan ligado a la intimidad familiar como el despedir a nuestros seres queridos, solo por poner algunas muestras.

Pero, además, hemos sido conocedores de la puesta en marcha de programas de geolocalización a través de nuestros móviles para obtener datos de los desplazamientos de los ciudadanos para estudiar cómo se generan sinergias de transmisión del Covid-19. La pregunta que se hace el ciudadano es, ¿de verdad están anonimizados esos datos? ¿Lo estaban haciendo ya antes? ¿Lo van a seguir haciendo cuando esta crisis sanitaria pase al igual que sabemos que nuestros datos podrían estar siendo tratados asiduamente? Al final, todo ello puede producir el denominado chilling effect en la ciudadanía, esto es, el efecto desalentador por el miedo a estar siendo vigilado. Es un efecto inhibidor del comportamiento personal que la sobrevigilancia del Estado produce en el libre ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. El saber que existe una posibilidad de que nos monitoricen constantemente puede generar un efecto inhibitorio sobre otros derechos como la libertad de movimiento, la libertad de expresión, el derecho de reunión y de asociación e incluso a la vida familiar o al derecho a la salud.

Sin duda, ahora nos encontramos ante un riesgo serio de salud, que es global, ante el cual hay que responder y han de adoptarse determinadas medidas. Y esas medidas obviamente pueden afectar a nuestros derechos. Para analizar cuándo cabe tal limitación de las libertades con el fin de protegernos de ese presunto peligro podrían ser útiles las reflexiones del filósofo Rawls sobre la llamada “regla del peligro claro y presente”. Su argumentación teórica le lleva a concluir que solo debe limitarse el contenido de un derecho si ello es necesario para evitar una pérdida mayor y más significativa, bien directa o indirecta, de las libertades.. Sin duda, con el Covid-19, los graves riesgos para la salud parecen ser tan obvios, y las consecuencias tan graves, que ello justificaría el mantenimiento actual de esas limitaciones a los derechos de los que he hablado (aunque no tengo claro que todos y cada uno de ellas pasarían ese test de proporcionalidad en la ponderación de intereses de la que hablaba Rawls).

La limitación de derechos, en todo caso, es asumida hoy por la ciudadanía como algo necesario. Es una crisis que muestra que la población, en el mundo entero, tiene una responsabilidad. Y así es. Vaya de paso que esta es una llamada y una actitud que debiéramos rescatar y mantener frente a otros desafíos como, por ejemplo, la crisis climática, entre otros muchos.

Esa limitación de nuestras libertades es aceptada por los individuos hasta extremos impensables cada vez que nos enfrentamos a una situación de amenaza. Porque la amenaza genera miedo y el miedo hace que los ciudadanos renunciemos casi a cualquier cosa con tal de sentirnos seguros. Y, esa capacidad de generar miedo, de transmitir una sensación de peligro, es conocida por cualquiera que ejerza el poder. El recurso a la seguridad es tan efectista, si se me permite la expresión, tan populista, que, es fácil aceptar socialmente ese tipo de limitaciones sin crítica alguna. El mensaje del miedo ha enraizado de tal modo frente a algunos fenómenos, que la mayoría de los ciudadanos están dispuestos a sufrir individualmente un nivel de merma en sus libertades ordinarias como nunca hubiese aceptado en el pasado o, lo que es peor, despojar a otros ciudadanos del igual ejercicio de los derechos.

Sin duda, un instrumento fundamental para manejar la opinión pública y auspiciar cualquier tipo de sentimiento colectivo, sea de miedo o de responsabilidad, son los medios de comunicación y las redes sociales.

Maximizar la circulación de información y de opiniones debiera ser la prioridad en un Estado democrático, porque ello contribuye a que esa opinión pública sea plural, formada y libre.  Lo cierto es que la sociedad de la información en la que vivimos ofrece tantas fuentes de información por vía tradicional o telemática que hace difícil al ciudadano hacerse con la imagen completa de todos los datos como para tener una opinión verdaderamente contrastada y, por lo tanto, fundada. Más bien diríamos que esto es una quimera. Es en este campo de la superinformación donde determinados mensajes pueden acabar calando en la opinión pública frente a otros, cosa que puede suceder de manera fortuita o, en la mayor parte de las ocasiones, de una forma pretendida.

De hecho, se habla del empleo de las emociones en las democracias actuales, de lo que ha venido a denominarse emocracia. Consiste en propiciar la comunicación o trasmisión de emociones que acaban predominando sobre la razón; ello conduce a la formación de una voluntad colectiva, basada en las emociones mayoritariamente aceptadas y exacerbadas por quien tiene la capacidad de hacerlo (los medios, los gobiernos, los movimientos populistas…). Lo cual supone reconocer que la soberanía individual acaba siendo menor de lo que creíamos. A veces la libertad individual de opinar, de criticar, de expresar las propias ideas viene anestesiada por el discurso único que acaba generándose espontáneamente o potenciado desde el gobierno o por grupos de interés.

La cobertura de los medios de comunicación puede ser crucial para estimular el debate informado en situaciones de crisis. Los profesionales de la información también pueden hacer una contribución positiva a la lucha contra las amenazas y en la conformación de una opinión pública crítica, en particular, informando lo más objetivamente posible (si cabe seguir soñando con ello) sobre cómo responden los Estados miembros y las organizaciones internacionales a la amenaza del Covid-19. Y, en la transmisión de esa información, también es importante el uso que se hace de las palabras. Así, no es lo mismo la recurrente utilización el término guerra, que los propios líderes políticos utilizan, que la de lucha o desafío. Ahora más que nunca hay que apelar a su responsabilidad a este respecto.

Me refería al debate público lo más informado y libre posible (también en tiempos de crisis) porque la eficacia del Estado democrático de derecho está ligada al principio de la rendición de cuentas de las autoridades públicas ante la ciudadanía. Y me estoy refiriendo ahora exclusivamente a la rendición de cuentas de carácter político. Lo que caracteriza particularmente a la pandemia del coronavirus es que ha debilitado una de las maneras más evidentes de controlar al gobierno (o a los gobiernos).

En España, los parlamentos, el estatal y los autonómicos, han quedado relegados en esa función de control tan característica en democracia. Es innegable que algo de ello se ha podido materializar en los momentos de autorización de la prórroga del Estado de alarma, en las preguntas parlamentarias y en alguna comparecencia de miembros del Gobierno ante las Cámaras, pero se ha reducido severamente. Y esa labor de control ha quedado minimizada y es prácticamente inexistente en muchos de los parlamentos regionales. Bien es verdad que el ejercicio de esa función de control, más en los momentos en los que nos encontramos, debiera ser constructiva y no meramente crítica o censora, pues la urgencia de la situación precisa de respuestas rápidas y proactivas, pero no es menos cierto, que también cabe arbitrar mecanismos que superen la necesaria distancia física para asegurar la continuidad de la participación del resto de fuerzas políticas en el debate democrático.

Luego vendrá la rendición de cuentas ante los ciudadanos. En democracia los ciudadanos queremos información para cubrir necesidades de naturaleza muy distinta, desde la defensa de nuestros propios intereses y la adopción de medidas de precaución ante los posibles peligros, ¾que conocemos que existen porque fluye la información¾, hasta el poder ejercer un control-crítica sobre la respuesta de las instituciones públicas a las amenazas que se ciernen sobre el Estado, sus instituciones y sus ciudadanos.

Mantener la confianza pública en estos momentos de la crisis sanitaria es crucial, pues la responsabilidad y los esfuerzos que se están exigiendo de los ciudadanos son de un calado como nunca habríamos imaginado. Pero, cuando esta crisis sanitaria pase, esa confianza pública se tornará en una actitud más libre y más crítica sobre el modo en el que los poderes públicos actuaron y gestionaron la crisis generada por el Covid-19. Se corre incluso el riesgo de que la opinión pública pueda llegar a considerar que se controla mejor esa pandemia en regímenes autoritarios como el de China que en un régimen democráticos. Esperemos que esta consideración no consolide, pues, entre otras cosas, sus éxitos, que no serán mejores que los nuestros, se han construido sobre limitaciones de los derechos de la ciudadanía de un calado mucho mayor.

Por último, quería aludir al serio riesgo de que los gobiernos utilicen esta situación de emergencia y las medidas adoptadas para luchar contra ella para ampliar sus poderes de forma permanente. Incluso es probable que los gobiernos de algunos Estados no renuncien en adelante a esos nuevos poderes. Es más, más de uno utilizará esta emergencia para auspiciar el miedo contra otros fenómenos como podrían ser los flujos migratorios y seguirán alentando determinadas políticas de exclusión. Todos tenemos en mente ahora a ciertos líderes políticos que, probablemente, recurrirán al recuerdo de la crisis u otras pseudocrisis para arremeter contra determinados grupos de la sociedad o para reprimir formas legítimas de disenso político.

De todos modos, del mantenimiento de medidas excepcionales en tiempos de normalidad no nos salvamos ningún Estado, pues incluso los considerados más democráticos hemos pecado de ello en el pasado, incluso seguimos haciéndolo en nuestros días. Precisamente, uno de los fenómenos que más reservas suscita en relación con el derecho de excepción es la tendencia a incorporar al ordenamiento, de forma prácticamente permanente, institutos hasta entonces considerados por su carácter específicos de ese derecho de excepción. Prestemos atención al ejemplo que nos ha dado la lucha contra el terrorismo yihadista, donde no pocas medidas que fueron adoptadas para luchar en esos momentos contra el fenómeno, amparadas en la situación de emergencia, acabaron siendo incorporadas a la normativa ordinaria o a la jurisprudencia, convirtiendo en normal lo que hasta entonces solo era comprensible en un estado de excepcionalidad. En definitiva, se ha normalizado en no pocas ocasiones una respuesta que entonces se consideró excepcional. Con ello se olvida que, como decía Cruz Villalón, “el derecho de excepción debe cumplir el objetivo de protegerse frente a sí mismo, es decir, tiene que garantizar no solo la superación de la crisis, sino la vuelta a la Constitución legítima”.

En estos días, el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger afirmaba algo que hacía referencia a la superación de la crisis con vistas a lo que vendrá luego. Decía: “el desafío para los líderes es manejar la crisis (del Covid-19) mientras se construye el futuro”. Esperemos que los líderes estén pensando en construir un futuro que sea más seguro, pero, como mínimo, tan garante en derechos como era el que teníamos.

En definitiva, se trata de evitar las respuestas irreflexivas, desmesuradas o injustificadamente prolongadas en el tiempo y mantener la firmeza de convicciones en los valores propios del Estado democrático de derecho por los que tanto se ha luchado.

Como advertía Innerarity, nuestras principales discusiones futuras van a girar en torno a la cuestión de cómo valoramos los riesgos y qué conductas recomendamos en consecuencia. Y este es un desafío global. No hay duda de que el coronavirus es una emergencia global. Y, ante una amenaza que es global, las respuestas han de ser también globales, lo cual nos conduce a la necesidad de aludir a los espacios supranacionales y, entre ellos, a la Unión Europea.

Como en todas las grandes crisis, Europa se enfrenta a un nuevo desafío, tiene por delante la oportunidad de salir reforzada en lo que representa o de perder su sentido en el curso de la historia. Solo necesita visión política. Porque no hay que olvidar que, junto a los tradicionales riesgos o crisis (grandes movimientos migratorios, crisis de la eurozona, el Brexit…), se abren cada día amenazas que son más nuevas.

La del Covid-19 y la crisis económica que acarreará nos están dando un nuevo aviso, pero existen otras amenazas vinculadas a las nuevas tecnologías, al cambio climático u a otros elementos, que están al acecho. Frente a todas ellas la Unión Europea tendrá que estar a la altura si no quiere correr el riesgo de acabar desapareciendo.

 

La prima de riesgo social

Carlos Penedo

Ha cambiado el foco en la respuesta inicial a las dos últimas crisis, la Gran Recesión y la covid-19 

La prima de riesgo nos obsesionó en 2008 y la curva de infectados y fallecidos en 2020, dos actitudes diferentes por parte de responsables políticos y por derivación de ciudadanos.

Riesgo país y riesgo ciudadano: se podría decir que en el fondo son lo mismo, pero la experiencia ha demostrado que el enfoque condiciona el resultado y los destinatarios no coinciden.

En cuanto a la respuesta a la crisis 2008/2018, no existen pruebas de laboratorio que hayan confirmado que el saneamiento financiero a costa de un endeudamiento público ingente haya desbordado las cuentas de resultados empresariales para beneficiar al común de la gente.

Hace poco más de una década anduvieron dos presidentes del Gobierno español con una aplicación en el móvil que les indicaba en tiempo real el estado de ánimo de los mercados financieros; quizá hoy Pedro Sánchez tenga algo similar para la curva de fallecidos o ingresos hospitalarios.

Las diferencias entre las dos crisis se pueden detectar también en otras políticas públicas.
La seguridad tradicional ha delimitado el ámbito de actuación a las fronteras del Estado, del propio y de los vecinos. Es decir, la seguridad física organizada sigue siendo estatal, cuando las amenazas son globales. Por éste y otros motivos con la crisis provocada por la enfermedad covid-19 el secretario general de la OTAN anima a no dejar de aumentar los presupuestos de Defensa, algún nubarrón percibe en el horizonte. En el marco de esa Alianza España ha pedido ayuda y la ha recibido de Turquía y Chequia, hasta ahí la multinacionalidad de la respuesta, a la espera de lo que los Gobiernos nacionales decidan mancomunar bajo el paraguas de la UE.

Tres novedades se pueden destacar de esta crisis sanitaria que evolucionará a económica, social y por supuesto política.

La primera novedad es la apuntada: la primera preocupación de esta crisis es humana, a diferencia de la Gran Recesión, y por eso chirría y se entiende la movilización de quienes defienden sus intereses económicos con fuerza, actores con gran capacidad de presión, de interlocución y de presencia mediática.

Segunda novedad, desde el punto de vista de la seguridad: el enemigo no es humano. Tras una década de indefinición con el final de la guerra fría, el terrorismo ha copado los tres primeros lustros del siglo XXI como amenaza omnipotente y omnipresente, recurso ya agotado -no se sostiene ni por número de víctimas ni como justificación militar- que ha sido sustituido el último quinquenio por las ciberamenazas.

En ambos casos hay personas detrás, incluso Estados en algunos casos, la seguridad podía apuntar sus instrumentos hacia algo físico y hacia responsables humanos; no sucede hoy con los virus. En esta crisis tenemos muchos héroes y víctimas, pero nos falta un villano humano o estatal a la altura de las consecuencias.

En cuanto a lo cíber, reconozcamos que el virus real se presenta más peligroso que el virus de la desinformación, con evidentes exageraciones que parecen pretender que esta novedosa pandemia se parezca a la geopolítica de siempre.


Tercera novedad: las estrategias de seguridad nacional han incluido las pandemias y las crisis sanitarias, pero no como amenaza directa, sino como riesgo indeterminado en compañía de otros que no se sabe muy bien cómo calibrar («desafío» la denomina la española de 2017); se equivocaron, no es uno de los desafíos (una especia de cajón de sastre), sino amenaza directa. Lo relevante es que la respuesta a esta amenaza no puede descansar en los medios tradicionales.

Por supuesto que las Fuerzas Armadas cuentan con capacidades de extrema utilidad para hacer frente a una crisis sanitaria como la que vivimos: sólo hay que ver la actuación de la Unidad Militar de Emergencias; también la vigilancia de infraestructuras críticas; la sanidad militar probablemente esté infradotada, pero contamos con un gran hospital de la Defensa que aunque no tiene capacidad para albergar a dictadores amigos sí da servicio a un importante barrio de Madrid, y es muy útil como respaldo de emergencias, igual que la farmacia militar, que habrá que fortalecer de alguna forma.

Cosa distinta es el empleo de los militares en tareas de seguridad ciudadana, como se ha anunciado, muy discutible en un país con 250.000 agentes policiales (la mitad bastante bien formados) y hasta el momento afortunadamente no llevado a la práctica por imposición de la sensatez, más que por celos entre organismos públicos, esperemos.

Triple novedad de la crisis provocada por la enfermedad del coronavirus, entonces: las personas están en primera línea de preocupación; el adversario no es humano; y la amenaza a medio y largo no tiene respuesta militar-policial, sino que requiere un reforzamiento de los servicios públicos de sanidad y protección social.

Todo lo anterior apunta hacia un concepto que se ha ido abandonando y emerge con la fuerza de la lógica de forma intermitente y ahora mismo aparece en primer plano: la seguridad humana. Se trata de un marco amplio que incluye la seguridad física, pero también la personal, laboral, sanitaria, más allá del equilibrio en el número de carros de combate o la disuasión nuclear; se plantea garantizar unas condiciones aceptables de vida, que el ciudadano sienta que tiene cierto control sobre lo que sucede.

Abundan ejemplos de cómo la prioridad en crisis recientes ha sido la economía financiera, las aguas territoriales, la soberanía estatal delimitada, y luego al final se supone que las personas dentro de esa economía y esos límites geográficos; pero en la respuesta se encuentran también casos de recorte de libertades individuales en aras de una mayor seguridad, de desconexión entre ciudadano y seguridad.

La crisis del covid-19 ha dado la vuelta a la ecuación: no hay seguridad sin personas.

Hemos pasado del riesgo-país al bienestar del ciudadano en su sentido más amplio, que empieza por la salud y sigue por el trabajo.

Las circunstancias de este comienzo de 2020 obligarán en cualquier caso a replantearse estrategias sociales, de seguridad, defensa, empresariales, laborales; y sobre todo y antes de nada resolver una cuestión de fondo: ¿tiene capacidad hoy la suma de lo público para mantener controlada la prima de riesgo social?

Garantizar los derechos humanos durante estado de alarma

Jose Antonio García Sáez

Jorge Correcher Mira

Profesores de la Facultad de Derecho, Universitat de València

No, esto no es una guerra. El lenguaje bélico que han adoptado los responsables políticos hace un flaco favor a la cultura de los derechos humanos que debe acompañar a todo estado de derecho. Y hay que tener claro que aun durante la vigencia del estado de alarma, España sigue siendo un estado de derecho, es decir, un sistema político en el que cualquier autoridad que ejerza un poder lo hace sometida al imperio de la ley. Pero la lógica de la legalidad es una lógica incompatible con la lógica de la guerra. Como nos recuerda el jurista italiano Luigi Ferrajoli en Razones jurídicas del pacifismo, la idea de la guerra representa en última instancia la negación del propio derecho, que es —o, más precisamente, debe ser— un orden racional orientado a conseguir la paz social. En la guerra, la auténtica guerra, se vale todo. La guerra es la ausencia de normas por excelencia. Lo que podría denominarse como cultura de la legalidad o cultura de los derechos palidece ante situaciones como la actual, donde, paradójicamente, la excepcionalidad parece convertirse en norma, apelando —como en otros momentos históricos— a la creación de enemigos internos, o a la tolerancia cero como modelo de ordenación social.
Por eso resulta preocupante la retórica de la guerra que se ha apoderado del discurso oficial y del debate público. Es necesario emplear todos los medios posibles para terminar con un virus que ha creado una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. Pero es al mismo tiempo necesario hacerlo sin abonar el camino de otro virus que puede ser igualmente fatídico: el virus del autoritarismo, que late en el discurso bélico y que se alimenta del caldo de cultivo que supone una sociedad que descuida los derechos. Deben ser cuidados por igual tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos civiles y políticos. Respecto de los primeros, si alguna enseñanza podemos extraer de esta crisis multinivel, es nuestra gratitud con quienes defendieron en el pasado unos servicios públicos de calidad, al tiempo que se pone de manifiesto la deslealtad de aquellos que, amparados en (i)lógicas neoliberales, pretendieron reducir a su mínima expresión esa sanidad pública que ahora ensalzan.

Por su parte, el cuidado de los derechos civiles y políticos exige una actitud de permanente vigilancia a quien ejerce el poder. No se trata necesariamente de desconfiar de los servidores públicos, sino de establecer los mecanismos y garantías para que estos rindan cuenta de sus actuaciones. Es ahí donde la retórica belicista utilizada en la gestión de esta crisis contribuye a generar un nefasto estado de ánimo que tiende a exaltar las supuestas virtudes del incremento de la vigilancia policial y de la militarización del espacio público. Todos hemos podido ver estos días no pocos vídeos de tratos degradantes dispensados por policías a personas que aparentemente incumplían las medidas de confinamiento decretadas por el estado de alarma. Y lo más sorprendente de todo es que en varios casos la actuación de la policía era no afeada, sino jaleada por las personas que presenciaban la escena desde sus balcones: la cada vez más activa policía de balcón. Encontramos aquí una nueva forma de linchamiento, reprobable per se, pero especialmente grave cuando los autoproclamados justicieros se dedican a abuchear a vecinos que se dirigen a su puesto de trabajo, a personas con problemas de salud mental, o incluso a los mismos sanitarios a los que aplauden cada día a las ocho de la tarde.

No se nos entienda mal. Pensamos que las medidas de confinamiento social decretadas por el gobierno y convalidadas por el parlamento tienen, en general, todo el sentido. Y consideramos que para hacer efectivas esas medidas se necesita intensificar la vigilancia policial y aplicar el régimen sancionador correspondiente. Pero hasta ahí. Como ha dejado claro la propia Oficina del Defensor del Pueblo, incluso en el estado de alarma los derechos humanos siguen vigentes porque “la democracia no se suspende”. Precisamente por eso, los vínculos y límites al ejercicio de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad son exactamente los mismos que rigen fuera del estado de alarma. Como es evidente, insultar, abofetear o empujar a una persona está tan fuera de lugar y es tan sancionable en el estado de alarma como fuera de él. El confinamiento no nos puede hacer perder la perspectiva de que el uso de la fuerza ejercido por los cuerpos policiales siempre está sometido a estrictos criterios de legalidad, proporcionalidad y congruencia. Sobre esto, cabe considerar que el estado de alarma no supone ninguna modificación excepcional dentro del Código penal, tampoco respecto del régimen sancionador en materia administrativa. No obstante, este último ámbito continúa regido por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como ley mordaza), normativa criticada desde distintos colectivos por la tanto por vaguedad de su articulado, como por el amplio margen de actuación que permite a los cuerpos policiales.

Medidas tan urgentes y graves como las adoptadas por el Real Decreto 463/2020,  por el que se declara el estado de alarma, o la Orden del Ministerio del Interior 226/2020, ciertamente ponen a prueba el talante y la actitud de los funcionarios policiales, puesto que —como ya ocurriera con la ley mordaza— la imprecisión de sus disposiciones les dota de un considerable margen de discrecionalidad. ¿Qué se considera, por ejemplo, una actividad análoga a las actividades permitidas por el Real Decreto? ¿Cómo se puede justificar debidamente un desplazamiento imprescindible? La urgencia propia de la redacción de la norma, incluso después de algunos ajustes, sigue siendo un coladero de imprecisiones, de términos ambiguos y vagos, que necesitan ser interpretados por el agente encargado de su aplicación. Eso es lo que llamamos discrecionalidad: la elección de uno de los posibles significados que permite una norma. La discrecionalidad es, en mayor o menor medida, inevitable en cualquier sistema jurídico, puesto que las normas están hechas de palabras y las palabras son, por su propia esencia, imprecisas. Pero esa discrecionalidad no puede ser nunca arbitrariedad, prohibida en el artículo 9.3 de la Constitución. Actuar de forma arbitraria es actuar sin ofrecer motivos válidos, sin ofrecer razones. Actuar, en suma, de forma autoritaria. En este sentido, no cabe recurrir a la defensa de la seguridad para justificar una limitación de los derechos y libertades de la ciudadanía, pues supondría reforzar la errónea dicotomía seguridad vs. libertad, tan repetida siempre que se introducen medidas de carácter coercitivo en el ordenamiento jurídico. Así, la seguridad debe predicarse precisamente respecto de la libertad, también en relación con los derechos, de manera que cualquier arbitrariedad, por mucho que se quiera justificar por razones securitarias, sigue siendo contraria a la garantía de los derechos de la ciudadanía.

El mantenimiento de la distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad es el requisito sine qua non de un estado democrático y de derecho. Por eso, incluso en las difíciles circunstancias del estado de alarma, la actuación policial no puede tornarse arbitraria. Evitar que eso ocurra depende de que seamos capaces de establecer tanto los oportunos sistemas de monitoreo y de responsabilidad en la actuación policial como de aumentar el conocimiento de sus propios derechos por parte de la ciudadanía. Una persona informada, que conoce sus derechos, aceptará ser sancionada si ha cometido una infracción, pero no admitirá un trato arbitrario y desconsiderado por parte de la autoridad.

Estas reflexiones nos permiten presentar el trabajo realizado estos días por nuestros estudiantes de la Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Con los ánimos intactos para seguir con sus prácticas, han trabajado colaborativamente desde sus casas en la elaboración de este folleto, proporcionando una guía básica que ayude a la ciudadanía a conocer sus derechos durante el estado de alarma. Precisamente, la realización de este proyecto persigue una de las finalidades básicas de la enseñanza jurídica clínica, como es la aproximación del derecho a la sociedad. Los derechos fundamentales no pueden entender de excepciones, máxime cuando la manera en que solucionemos esta crisis determinará significativamente el tipo de sociedad que queremos ser. En lugar de exaltar esa guerra que supuestamente estamos librando, sería más conveniente animarnos a cuidar a las personas que tenemos a nuestro lado, a repensar determinadas actitudes vistas estas semanas y a poner siempre en el centro, como bien muestra la actitud de nuestros estudiantes, la defensa de los derechos como medio para conseguir una sociedad democrática.