Ladrillo en vez de política social: el psiquiátrico penitenciario

Ana Sánchez Guerrero

Pepe Reig Cruañes

Si no sabes bien cómo afrontar un problema social o socio-sanitario, construye un macro-centro lo más vistoso que puedas. Luego llámalo hospital Zendal o Súper Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas.

El anuncio de construcción de un gran centro psiquiátrico penitenciario en la población de Siete Aguas (Valencia), con una capacidad prevista para 500 plazas, forma parte de ese síndrome nacional consistente en desarrollar obras en vez de políticas públicas. Pensado en principio como centro penitenciario convencional, se anuncia su conversión en macrocentro psiquiátrico, con resonancias del viejo institucionalismo que creíamos superado entre las corrientes psiquiátricas actuales. Máxima perplejidad y hasta indignación entre las asociaciones de profesionales, de familiares y usuarios de salud mental. Por no hablar de las ONGs y asociaciones del ámbito penitenciario y ciudadano, comprometidas con los Derechos Humanos de las personas con sufrimiento psíquico y encarceladas, que se han expresado a través de la firma de un manifiesto (disponible aquí). El proyecto va, a juicio de profesionales y usuarios, justo en la dirección contraria de lo que todos los sectores involucrados en la salud mental proponen y de lo que vienen confirmando desde hace decenios estudios y evidencias. Ignora, dicen, las recomendaciones y estudios de los organismos internacionales (ONU, OMS, Comité Europeo para la prevención de la tortura o Consejo de Europa). Se salta a la torera orientaciones de la Estrategia de Salud Mental prevista en el Sistema Nacional de Salud, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Todos ellos han señalado que el enfoque penitenciario no es el más adecuado para el manejo de situaciones de criminalidad con trastorno mental. Y, sobre todo, han advertido de que se están vulnerando de los Derechos Humanos (DDHH) en la población afectada por sufrimiento psíquico y este ya no es un asunto que interese solo a profesionales.

Todo es cuestión de enfoque o, como diría un teórico de la comunicación, de cómo construyes el “marco lingüístico”. En vez de interrogarse acerca del deterioro social y la desigualdad, acentuadas por decenios de neoliberalismo, que coadyuvan al delito y se ceban en las personas con antecedentes de trastorno mental. En vez de preguntarnos porqué los delitos de las personas con problemas mentales apuntan siempre a la búsqueda de abrigo y alimento (Warner, 2018) y sacar de ello la debida consecuencia. En vez de observar que estas personas visitan antes la prisión que los servicios de salud mental comunitarios (un 67% de ellos nunca fue atendido antes de ingresar) y recordar lo que sabemos sobre internamientos penitenciarios tempranos y cómo juegan en favor de la reincidencia. En vez de considerar la complejidad socio-sanitaria del asunto y desmentir la asociación mecánica entre enfermedad mental y delito, como señala la propia Fundación Abogacía, quien insiste en que “las razones que le llevan [al enfermo mental] a delinquir no difieren significativamente de las que conducen al crimen a los sujetos sanos o imputables”. En vez de considerar el fondo del asunto, hagamos un macro centro.

Las deficiencias de las políticas preventivas y las carencias de la atención primaria convierten a la prisión en la “única alternativa realmente disponible” (Ministerio del Interior). Consecuentemente, la tasa de personas con trastornos mentales en instituciones penitenciarias no ha dejado de crecer y este hecho presenta dos caras a cuál más deprimente: es sabido que esta clase de internos, que a menudo empeora con el tiempo, acceden cada vez menos a los beneficios y derechos penitenciarios del resto de la población reclusa. Los organismos de vigilancia de los derechos humanos vienen alertando de la sistemática violación de los derechos de este colectivo. Y, cuando finalmente, salen de la institución, estas personas deben cargar con el doble estigma de enfermo y ex preso.

Es necesario un nuevo enfoque que deje de apostar por medidas punitivas, de aislamiento y marginación. Es preciso superar la obsesión por el “ladrillo”, que refleja ese macro proyecto de Centro Psiquiátrico Penitenciario, y avanzar de verdad en el cumplimiento de las normas y recomendaciones nacionales e internacionales, basadas en las evidencias científicas y en el respeto a los DDHH de las personas con problemas de salud mental.

Se precisan menos edificios y más recursos humanos que garanticen la atención comunitaria para la prevención de patología mental y la continuidad de cuidados necesaria para la reducción de la reincidencia de delitos. Se precisa una búsqueda activa del enfermo en su entorno, que facilite el seguimiento y adherencia terapéutica con el equipo sanitario, sociosanitario y los recursos comunitarios. Del mismo modo se ha de desarrollar la coordinación de todos los recursos asistenciales, con los penitenciarios y judiciales, cuando sea necesario por estar sometidos a medidas de seguridad. Y no podemos olvidar la acción coordinada del conjunto de administraciones públicas, para desarrollar campañas de sensibilización que contrarresten la doble estigmatización que sufren los enfermos mentales que están sometidos a un proceso judicial.

La grandilocuencia de las fórmulas es directamente proporcional al vacío de las soluciones que aportan. Como nuestro sistema de salud no funciona correctamente en lo que se refiere a la salud mental, el debate público deriva hacia enfoques centrados en la seguridad, en vez de lo sanitario. Y cuando la seguridad es lo primero, la salud nunca es lo segundo, sino que queda bastante más allá. Antes quedan el gueto, la exclusión y el estigma. Por esa vía se acaba imponiendo el “marco lingüístico” de la derecha más conservadora, que en realidad es un marco mental y nos instala en el populismo punitivo y en el atajo de las infraestructuras en lugar de las políticas sociales. Ningún gobierno progresista puede asumir sin daño ese marco mental. Al contrario, tiene que superarlo en nombre de la ciencia y los derechos.

Jugando entre la bruma (Jorge J. Fernández Barreiro, ca. 2010)

Entrada: 283. “Fondo de armario”. Exposición de Jorge J. Fernández Barreiro.

2º Premio Psiquifotos 2015, coordinador Óscar Martínez Azumendi

España no es racista…¿o sí?

Ángeles Solanes

El 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El tema elegido por Naciones Unidas para esta fecha, en 2021, es “la juventud se alza contra el racismo” en un intento de involucrar a cada uno de nosotros en el fomento de una cultura mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación, a través del lema #LuchemosContraElRacismo (#FightRacism). Recordar esta fecha supone insistir en la importancia de luchar contra los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes.

Combatir el racismo y la discriminación exige abordar la diversidad desde un punto de vista positivo (como variedad y riqueza, no como diferencia excluyente) y hacerlo desde el principio de igualdad (formal y material), con el derecho antidiscriminatorio. Por eso, es importante recordar los sucesos que dieron lugar al día que hoy celebramos: la manifestación contra las leyes del apartheid, el 21 de marzo de 1960, en Sharpeville (Sudáfrica), durante la que fueron asesinadas 69 personas. Esta masacre provocó tal indignación que hizo que, en octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Resolución número 2142 XXI, y declarara el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En 1979, dicha Asamblea instó a todos los Estados a desarrollar una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra la discriminación racial, a través de la realización de actividades que dieran comienzo cada 21 de marzo.

Un año después de los acontecimientos de Sharpeville, en 1961, en Israel, se iniciaba el juicio a Adolf Eichmann por genocidio contra el pueblo judío durante la II Guerra Mundial. En este contexto, Arendt acuñó la expresión “banalidad del mal” para expresar que algunas personas actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. Para Arendt, Eichmann era un burócrata, sin ser inocente, que trabajó al servicio de un sistema articulado para el exterminio. De ahí la importancia de reflexionar sobre la complejidad de la condición humana y de estar alerta para evitar ese mal que subyace en ella, sin banalizarlo. Este es el aprendizaje imprescindible para afrontar los actuales prejuicios raciales y las actitudes intolerantes.

Desde los mencionados acontecimientos hasta el reciente movimiento Black Lives Matter, múltiples sucesos han conmocionado a la opinión pública a nivel mundial y han impulsando el derecho antidiscriminatorio, sin que se haya conseguido superar las desigualdades basadas en la raza y la etnia. ¿Por qué persiste la discriminación racial o étnica, acaso no tenemos la percepción de que somos racistas? En nuestra cotidiana existencia ¿entendemos que esta es una cuestión que afecta a países como Estados Unidos, que tiene una deuda con la comunidad negra desde las promesas de los founding fathers, pero que queda lejos de la realidad española? Ciertamente podemos pensar que España no es racista (la tendencia positiva en la tolerancia de los españoles hacia la inmigración en algunos momentos, así podría avalarlo) ¿o sí? Una radiografía rápida de la situación española actual ofrece una nítida respuesta.

España recibió en el último Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 257 recomendaciones propuestas por 110 Estados para mejorar en la garantía de los Derechos Humanos. De ellas, el gobierno español se ha comprometido a aceptar en su totalidad 252, entre las que se encuentran las relativas a incorporar en la legislación medidas para prohibir el perfil racial en las políticas de seguridad y la eliminación de los controles de identidad basados en el perfil étnico y racial; continuar con los esfuerzos para combatir todas las formas de discriminación contra los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas de ascendencia africana, en aspectos como al acceso al empleo, la vivienda y la atención médica; y aumentar los esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de salud, seguridad social y educación de calidad por parte de los sectores vulnerables, incluidas las minorías.

Estas recomendaciones no son nuevas. En su último informe sobre España, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ya había insistido a las autoridades españolas sobre cuestiones como, entre otras, la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una legislación general contra la discriminación y atender así a su Recomendación nº 7 de política general; penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo; sancionar toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo público o de una ocupación de carácter público; adoptar medidas con carácter urgente para crear un organismo de promoción de la igualdad o para asegurar que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) sea totalmente independiente y actualizar la estrategia de lucha contra el racismo.

Desoyendo esas llamadas de atención, España se abstuvo en la votación de la Resolución aprobada por la Asamblea General, el 31 de diciembre de 2020, en relación al llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aunque la resolución fue finalmente aprobaba con el apoyo de 124 Estados.

De este contexto internacional se desprende un doble racismo evidente y latente en la política española, que puede constarse también en la dimensión social. Los datos a nivel nacional avalan la persistencia de prejuicios raciales y actitudes intolerantes, y vienen a confirmar que en España sí hay discriminación racial y étnica, con una tradicional falta de voluntad política para combatirla, aunque no siempre sea fácil detectarla.

Como se constata en el último Informe sobre la evolución de delitos de odio en España (Ministerio del Interior, 2019), de los cuatro ámbitos que mayor número de incidentes registraron en 2019, el de “racismo/xenofobia ” es el que presenta un mayor aumento, en concreto del 20,9%. Este informe recoge por primera vez el nuevo ámbito “antigitanismo”, con 14 hechos conocidos y evidencia así la tradicional discriminación que sufre el pueblo gitano, no solo en España. De hecho, la primera sentencia en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla directamente de racismo institucional y lo conecta con el perfil étnico utilizado por la policía en sus actuaciones se refiere precisamente al pueblo gitano, en el caso Lingurar c. Rumanía.

En el mismo sentido, el reciente informe presentado por el CEDRE sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020, apunta que los colectivos que se perciben más discriminados por el color de piel y rasgos físicos son las personas de África no mediterránea (82%) y las personas del pueblo gitano (71%); los ámbitos en los se percibe mayor discriminación por su origen étnico son el de acceso a la vivienda (31%), el de establecimientos o espacios abiertos al público (30%), y el ámbito laboral (26%); los límites de detección y percepción de la discriminación se vuelven más difusos, siendo cada vez más patentes los “micro-racismos”; y persiste la infradenuncia.

Ante esta realidad, la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, presentada a nivel nacional por el grupo socialista en enero de 2021 y que se encuentra en trámite parlamentario, puede suponer un avance hacia la mayor igualdad si se atienden las recomendaciones internacionales y las demandas sociales. Ciertamente dicha proposición abre la posibilidad de tener una norma más garantista, ese mínimo común normativo que permita la protección real y efectiva de las víctimas, respaldada por una autoridad independiente (que denomina Comisionado) y en el marco de una estrategia estatal. Sin embargo, queda mucho por concretar.

Tendrá que plantearse la discusión sobre cuestiones como si ese Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación del que habla la propuesta, como órgano específico, debe o no integrarse dentro del Defensor del Pueblo. Con ello se evitaría solapamientos, se garantizaría la independencia y se avanzaría en la línea del exitoso modelo francés. Habría que salvar en tal caso inconvenientes como el que se desprende del artículo 54 de la Constitución, según el cual el Defensor puede supervisar solo la actividad de la Administración, además del hecho de que el Defensor no tiene capacidad sancionadora, de mediación, arbitraje y asistencia a las víctimas. Otras alternativas serían también posibles, si no se vinculara a dicha institución, a partir del actual CEDRE, siempre que se respetara la imprescindible independencia.

Sin una normativa antidiscriminatoria garantista, ni un organismo fuerte, puede considerarse que no importa que las Administraciones públicas o las empresas discriminen porque esa actuación no genera responsabilidad. Es igualmente fundamental reforzar la tutela política y jurídica de los rasgos protegidos (los factores exclusógenos) por el derecho antidiscriminatorio. Dichos rasgos son abiertos y tienden a expandirse. Las discriminaciones sociales mutan y aparecen nuevas formas a las que habrá que prestar atención, como las derivadas de los sistemas automatizados de datos, la inteligencia artificial o la discriminación “genética”.

Esta estrategia de política pública, con garantías normativas e institucionales, tiene que venir acompañada de la acción social, para la prevención, la sensibilización y la denuncia (también en el ámbito virtual en el que ha crecido el discurso de odio y se ha aprobado un protocolo para combatirlo. Solo la conjunción de ambas permitirá frenar el racismo y la xenofobia manifiestos, y combatir las prácticas y actitudes de discriminación líquida, esa que pasa prácticamente desapercibida, que es banalizada, pero conduce a un mal mayor. Quizás así llegue el día en el que no sea necesario recordar esta fecha.

La excepción española, último capítulo

Jorge Rodríguez Rodríguez

España como excepción puede ser leída en numerosas claves; desde aspectos absolutamente banales, hasta situaciones que han puesto en riesgo el disfrute de los más elementales derechos humanos, como las que aquí se tratarán. Excepciones, en fin, que se corresponden con actuaciones que se distinguen totalmente del ejemplo que, en determinadas situaciones, representan lo que se ha venido denominando comúnmente “los países de nuestro entorno”. Así, por ejemplo, podremos mencionar todas aquellas ocasiones en las cuales, habiendo ganados las elecciones un partido que había sido ilegalizado por la dictadura y sus miembros exiliados, una vez ha llegado al poder nunca ha llevado a cabo las políticas necesarias y suficientes para, al menos, reparar y reconocer el daño que desde 1936 se ha infringido a todo un espectro de la sociedad española. La vigencia de nuestra Ley de amnistía da buena muestra de ello.

Sin embargo, la excepción española va más allá, porque la misma ha traspasado ya nuestras fronteras y ha quedado tristemente instalada en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. En efecto, pese a la más reiterada jurisprudencia, asentada en nuestros sistemas universal y europeo de protección de derechos humanos, que obliga a los Estado a investigar las violaciones de derechos humanos (con especial ahínco en el caso de las desapariciones forzadas) ocurridas en el territorio bajo su jurisdicción, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el pasado (especial referencia al caso Canales Bermejo en 2012), ni ahora el Comité de Derechos Humanos, han aplicado esta dilatada práctica al respecto a los casos que se les han presentado sobre hechos ocurridos desde la Guerra Civil y durante el franquismo; y con unos razonamientos, de hecho, bastante parecidos.

La puerta cerrada hace pocos días por el Comité de Derechos Humanos, encargado de fiscalizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido especialmente (como poco) decepcionante. Y es que estamos hablando de un órgano que en 2015 decía sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo: “El Comité reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe también velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas.”

Con todo lo anterior como marco general, en 2019 se presentó ante el Comité de Derechos Humanos el primer caso sobre estos hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo: el caso Francisca Alomar et al c. España, presentado por la hija y la nieta de Antoni Alomar y Margalida Jaume, ambos desaparecidos en Mallorca desde 1936. Veremos a continuación porque este caso representa la penúltima excepción española:

Estamos hablando de unos hechos que, efectivamente, comenzaron antes de la entrada en vigor del mencionado Pacto para España, sí. Pero esta situación no es nueva para el Comité, pues no son pocas las ocasiones que este órgano ha admitido casos ocurridos antes de la fecha en cuestión. Sin embargo, en el que aquí nos ocupa, el Comité interpreta que estamos ante hechos que ocurrieron “hace tanto tiempo”, que no se considera competente para pronunciarse sobre ellos; incluso, de hecho, si la inacción del Estado al respecto llega hasta nuestros días.

Y es que, esta inadmisibilidad es aún más excepcional al estar tratando un asunto de desaparición forzada, y donde el propio Comité ha reconocido siempre el sufrimiento de las víctimas por el desconocimiento del paradero de la persona desaparecida y, también, el carácter continuado de la misma. Práctica del Comité que, por lo visto, es desconocida para nuestra Abogacía del Estado, que afirmó durante el procedimiento que este órgano carecía de competencia material para conocer de un caso de desapariciones debido a que existe un Comité de Desapariciones Forzadas… Razonamiento que sorprende ya que el Comité de Derechos Humanos lleva conociendo de casos de desapariciones forzadas desde los años 80.

Pese a ello, y a todas las trabas que este órgano ha reconocido a lo largo de los años que existen en España para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, el Comité considera “que, incluso comunicaciones que aleguen desapariciones forzadas no deberían de ser presentadas con una excesiva o inexplicada demora por parte de los autores, una vez que se den cuenta, o que deberían de darse cuenta, de que no se ha iniciado ninguna investigación o (…) no haya perspectiva realista de investigación efectiva sobre la suerte de las víctimas”. A este respecto, las demandantes desarrollan todo un largo periplo de recursos judiciales y administrativos orientados a la búsqueda de sus familiares (lo que se conoce en el argot del Comité “la necesidad del agotamiento de los recursos internos” antes de acudir ante su jurisdicción), siendo el último de ellos una denuncia en el Juzgado de Instrucción núm.1 de Manacor, la cual fue archivada el 3 de agosto de 2017 alegando la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, en la conocida sentencia de 2012 sobre el caso Garzón. La pregunta que se presenta entonces es: ¿cuál habría de ser esa fecha? ¿Cuándo las víctimas deberían haberse dado cuenta de ello? ¿No han mostrado una diligencia más que debida para resolver su caso en la jurisdicción española? Todo parece indicar que sí, pero para el Comité, no.

Otro de los asuntos que suscitan más desconcierto es el referente a la falta de agotamiento de recursos internos sobre la otra gran queja de las víctimas: el sufrimiento, similar a una tortura, que les produce la desaparición de sus familiares. Una conexión, entre desaparición y tortura, que fue realizada en su momento por el propio Comité y que, de hecho, reconoce que se está produciendo en España. Por ello, causa estupor que dicho Comité alegue la falta de agotamiento de recursos internos, como manifiestan algunos de sus miembros en un voto disidente. Y es que, ¿cuáles habrían de ser esos recursos? La pregunta no es baladí porque la mayoría del Comité no dice nada al respecto. Según sobreentendemos, en España no hay más recursos que los ya agotados por las víctimas. Por ello, los miembros disidentes del Comité califican los argumentos de la mayoría como “desconcertantes”, ya que es perfectamente “demostrable” que las víctimas sí los han agotado. Como ejemplo de todo ello, bastaría con aludir, como se hace en el voto particular, tanto a la Ley de amnistía, como a la referida sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que “condicionó la posición de los tribunales de inferior instancia en relación a la demanda de las víctimas”. Es decir, según alegan estos miembros del Comité, y concuerdo, en España “no hay recursos efectivos que agotar”, lo que debería haber llevado al Comité a admitir la demanda, al menos, por el sufrimiento que las víctimas siguen padeciendo hoy en día.

Además, estamos hablando de dos víctimas que forman parte de la querella argentina; que forman parte del colectivo de víctimas que, ante la ausencia de justicia en su propio país, han tenido que acudir a los tribunales de un tercero. ¿Por qué cree el Comité que dos personas, rebasando una de ellas ya la barrera de los noventa años de edad, acuden a los tribunales de otro país, si no es porque consideran que no hay futuro posible para su causa en el suyo propio?

En definitiva, la ausencia de respuesta a nivel de protección internacional de los derechos humanos se ha erigido como la penúltima piedra en el camino en esta odisea que es la búsqueda de justicia para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Piedra inesperada por todo lo ya relatado, sí, pero piedra, al fin y al cabo. Retomando el inicio de este artículo, el caso de España es una auténtica excepción en materia de búsqueda de los más elementales derechos de las víctimas; derechos de obligatoriedad jurídica indiscutible e inexcusable (que no ya solo moral o etérea) pero que vienen siendo negados tras cada una de las puertas que las víctimas tocan; incluso en aquellas que parecían (y deberían) estar de su lado, como la puerta del Comité y anteriormente la del Tribunal Europeo. Pues, recordemos, son órganos de derechos humanos. Se dedican a ello. Aunque a veces, como esta, cueste creerlo.

A vueltas con el burka

Ana Valero

El domingo Suiza aprobó en referéndum -con el 52 % de votos- la prohibición del uso del velo integral o burka en los espacios públicos, algo que ya habían hecho anteriormente países como Francia o Bélgica. Quiero comenzar mis reflexiones al respecto reafirmando mi condición de mujer progresista y feminista, atributos que bien podrían predisponer al lector, para desilusionarlo después, sobre la inclinación con la que abordaré una cuestión tan polémica. Sé que me adentro en un debate especialmente sensible en entornos feministas, pero trataré de salir indemne siendo fiel a mi propósito: hablar a favor de la igualdad y la libertad de la mujer musulmana desde una posición que rechaza todo tipo de paternalismo hacia ellas.

Dilucidar si una prohibición de este tipo vulnera derechos fundamentales, requiere comenzar dejando claro que ataviarse con el velo integral constituye una manifestación de la libertad de conciencia de quien lo hace. Por ello, su prohibición no puede entenderse más que como una limitación de ésta que debe, para ser constitucionalmente legítima, cumplir dos requisitos: por un lado, perseguir la protección de otro u otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos; y, por otro, ser una medida proporcional, esto es, necesaria e idónea para alcanzar dicho fin.

El primer derecho en conflicto aducido por los partidarios de la prohibición sería la dignidad y la igualdad de la propia mujer musulmana, al entender que el velo que cubre el rostro es un instrumento de opresión sexista y un símbolo del fundamentalismo islámico, que evidencia cuán lejana se encuentra dicha cultura de los valores de la sociedad occidental. Sin entrar a valorar el significado real del burka y su carácter más o menos imperativo, me limitaré a apuntar la hipocresía de una medida que, adoptada en pro de la mujer, deja de lado su voluntad. Si su finalidad es garantizar la libertad de la mujer en el espacio público, parece incoherente adoptar una medida que puede conducirla a su aislamiento en el ámbito familiar o cultural del que presuntamente proviene la discriminación.

El segundo de los motivos invocados no adolece del carácter paternalista del anterior, pero sí incurre en el desafortunado estereotipo que identifica Islam con terrorismo, pues apela a la seguridad y al orden público como bienes que pueden verse amenazados por el uso de la prenda. A este respecto conviene recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó en el año 2010, en el caso Arslan contra Turquía, que “el simple hecho de encontrarse en la vía pública un grupo de personas vestidas de una forma concreta -en este caso era un turbante y una túnica negra- no constituye una amenaza para el orden público -en su versión de seguridad pública- o una coacción sobre los demás”. Y ello porque no es admisible limitar “preventivamente” derechos fundamentales sobre la base de hipotéticos y futuribles riesgos o amenazas. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional español, “para activar la cláusula de orden público no bastan las meras sospechas, sino que es preciso siempre una real alteración del orden (material), entendiendo por tal la que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que ponen en peligro la integridad de las personas o de los bienes”.

La necesaria lucha por la igualdad no pasa, en mi opinión, por la adopción de normas que proscriben el derecho de algunas mujeres musulmanas a exteriorizar sus convicciones, sino por favorecer su inserción de la forma que les resulte más cómoda en el espacio público. Lo que exige de su reconocimiento aunque sea a través de una rejilla. 

 

¿Qué hay detrás del bastón que sorprendió a Matías Prats? Edadismo con mayúsculas

Sacramento Pinazo

Para entender cómo nuestra sociedad aborda las cuestiones que tienen que ver con la vejez es fundamental comprender cómo se ha construido y cómo se representa la imagen de esa etapa de la vida. La psicología social estudia el modo en que las personas elaboran sus propias explicaciones acerca de cómo funciona el mundo y sus relaciones. Es lo que se llama el estudio de la cognición social.  Lo primero que hay que entender para abordar la cognición social es que el pensamiento humano se construye con palabras y por tanto reposa en el uso de símbolos. ¿Cómo se construyen esos símbolos?

Para responder a esa pregunta Serge Moscovici, eleboró la Teoría las Representaciones Sociales. La respuesta, en su versión breve, es que esos símbolos se construyen en el proceso de la comunicación social en el que distintos grupos sociales confrontan su visión del mundo. Eso ocurre en los medios de comunicación, pero también en las redes sociales, en las aulas, en las consultas médicas, en el Congreso de los Diputados, en definitiva, en un sinfín de conversaciones cotidianas. Otros autores, como Jerome Bruner, ya habían manifestado su preocupación por cómo se construyen, en el pensamiento de sentido común o en la folk psychology, los significados. En Actos de significado, Bruner plantea que nuestra mente es narrativa y que contando historias creamos significados, por tanto, símbolos.

Lo más interesante de la Teoría de las Representaciones Sociales es que identificó dos procesos en la construcción de esos símbolos: la objetivación y el anclaje. La objetivación es justo lo que ocurre cuando un concepto abstracto se resume en un icono y el anclaje es cómo un concepto abstracto se incorpora a nuestro almacen cognitivo estableciendo relaciones con otros conceptos que ya tenemos ahí. Esos dos procesos acaban arrojando una imagen, una representación social, que nos permite integrar un concepto abstracto en nuestras comunicaciones cotidianas. Estas representaciones sociales son fundamentales a la hora de determinar cómo nos relacionamos como el mundo e incluso cómo nos concebimos a nosotros mismos. Se entiende pues, la importancia que tiene la construcción de una representación social de la vejez tanto para la sociedad en su conjunto como para la vida de las personas concretas.

Quienes nos dedicamos a la Gerontología llevamos décadas advirtiendo del problema que supone sostener una imagen de la vejez que no se ajusta ni social ni individualmente a la realidad del siglo XXI, pero la semana pasada el tema saltó a la opinión pública porque el conocido presentador Matías Prats señalaba lo inoportuno que había sido el icono utilizado en la misma cadena de televisión en la que él trabaja, para representar a las personas mayores de 55 años en el protocolo de vacunación. El presentador tiene 71 años (más cerca de los 75 que de los 55), Pablo Motos tienen 55, Ana Blanco, 60, Iñaki Gabilondo, 76… y el icono no les representa. Ese grafismo era una representación sintética de una persona, con pocos trazos, en una figura encorvada y apoyada en un bastón.

Y yo me pregunto: ¿Representa esa imagen a las personas de más de 55 años? ¿Representa acaso a todas las personas mayores de 75 años? Pues no.  Lamentablemente si ponemos en el buscador de google “icono & persona mayor”, o si buscamos en señalética de tráfico, nos encontraremos con esas mismas imágenes: bastones, andadores, figuras encorvadas, moños. Pero… ¿es que aún no nos hemos dado cuenta de la heterogeneidad de los modos de envejecer?  ¿No sabemos que la vejez con dependencia afecta a un porcentaje de la población pequeño? ¿Sabemos que menos del 4% de las personas mayores viven en residencias? Dejemos de representar a la vejez de un modo que no la representa.

Es cierto que no debemos obviar las pérdidas funcionales o cognitivas que suceden en la vejez. No se trata de sostener una visión naïf. Todo no es envejecimiento exitoso ni todo es envejecimiento con dependencia, conceptos que, además, habría que redefinir. No quiero restar importancia a la necesidad de atención y cuidados de las personas en situación de dependencia, o al trabajo que realizan los profesionales de cuidados o los familiares cuidadores, pero la mayor parte de las personas mayores viven de manera autónoma en sus domicilios, acompañadas o solas.

Si además de los iconos hablamos de las palabras, los términos “ancianos”, “viejos”, “jubilados”, “abuelos”, “tercera edad”, o los posesivos “nuestros mayores” no son adecuados. ¿Por qué? Porque no representan las diferentes maneras de envejecer.

Los significados se construyen en los encuentros sociales. Vivimos en una sociedad diversa multigeneracional donde cabemos todos y donde todos nos necesitamos.

Matias Prats ha bromeado sobre el tema del icono. Comenta divertido que es “algo exagerado, algo negativo”… , y perdona al grafista por su descuido. Pero este tema no es una broma, porque no es la primera vez que ocurre. Es necesario dejar de usar un lenguaje que estigmatiza, excluye y daña. Lo que hay detrás del bastón que sorprendió a Matías Prats es el Edadismo. Un prejuicio que hay que desterrar y que consiste en asumir que las personas de cierta edad no pueden o no deben hacer toda una serie de cosas.

Eso es lo que hay detrás de ese icono y palabras: EDADISMO con mayúsculas. Es necesario que entre todos y todas construyamos una nueva representación social de la vejez. De la variedad de modos de envejecer de hombres mayores y de mujeres mayores. Algunas autoras como Anna Freixas, en su libro Tan Frescas, ya han empezado. Recientemente, Mari Luz Esteba, ha seguido sus pasos con la obra Manifiesto de las Mujeres Viejas. Ahí les dejo unas interesantes lecturas. El camino está abierto, el esfuerzo ha de ser de todos y todas.