Del poder del fusil al poder del olvido

Carlos Gil Gandía

Después de la II Guerra Mundial nació un nuevo Derecho Internacional centrado en los derechos humanos internacionalizados por la Declaración Universidad de los Derechos Humanos. A partir de entonces se ha elaborado un corpus iuris para la protección de tales derechos frente al Estado todopoderoso del antiguo Derecho Internacional y con el deseo de que la lógica de la justicia se imponga a la del olvido. Veamos algunos ejemplos de Estados que sí han asumido sus obligaciones internacionales respecto de sus tenebrosos y recientes pasados. Y comparemos, finalmente, con España. Hete aquí la máxima de que las comparaciones son odiosas.

            La Alemania de la posguerra confeccionó programas de reparaciones de carácter administrativo y legislativo para con la población judía que durará hasta 2030. Entre 2014 y 2017 se han pagado 772 millones de euros para que las víctimas de la persecución nazi que estuvieran enfermas reciban atención médica.

            Las Cámaras Especiales de Camboya están juzgando a los Jemeres Rojos por los crímenes que cometieron durante su dictadura (1975-1979). La condena de Duch es un ejemplo de no permitir la impunidad y de dignificar y reparar a las víctimas de la dictadura.

            Las comfort woman son las mujeres que fueron violadas en su infancia por el ejército nipón durante la II Guerra Mundial. En el año 2015 recibieron las disculpas públicas del gobierno nipón, lo que supone una reparación de carácter simbólico y un alivio para mujeres que, en su día, fueron no solo violadas sino también estigmatizadas por la sociedad y olvidadas por el Estado. Ítem más: El 8 de enero de los presentes, un tribunal de distrito de Corea del Sur consideró que el gobierno nipón debía indemnizar a 12 mujeres surcoreanas violadas por el ejército japonés. No obstante, dudo que se indemnicen por la inmunidad estatal.

Sudáfrica, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador… han elaborado programas administrativos o legislativos o derogado leyes de amnistía o condenado a los criminales de las dictaduras sufridas por las gentes de aquellos países con el objetivo de luchar contra la impunidad y salvaguardar y proteger los derechos de las víctimas.

Todas las atrocidades cometidas por los países mencionados ocurrieron hace 30 o 70 años. Mientras los nuevos gobiernos y las élites, junto con la ciudadanía, de los países citados han sido conscientes de la necesidad de afrontar su pasado sobre la base de lo ocurrido realmente y de conformidad con los derechos de las víctimas, aquí, en España, se considera la apertura de heridas.

Nuestro país ha pasado del poder del fúsil al poder del olvido de las víctimas. La Transición española significó paz en detrimento de la justicia. Son dos elementos que en época transicional deben converger, aunque, en ciertas ocasiones no sucede, como ha sucedido en nuestro país.

En España se han invisibilizado jurídica y, hasta hace no mucho, cultural y sociológicamente a las víctimas del franquismo y, en parte, a las de la Guerra Civil. Eso, evidentemente, implica el sufrimiento de los familiares y víctimas directas y tranquiliza también a algunas personas. Pero el hedor de tal invisibilidad, estremece. En este sentido se pronunció Pablo de Greiff, antiguo Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición de las Naciones Unidas, en su informe de 2014. El Relator instó a las autoridades españolas y a los responsables públicos a adoptar medidas en materia de verdad y justica, y dejar de lado la confrontación por algo que, realmente, debería unir para reconstruir una memoria conjunta a fin de visualizar un futuro que garantice la no repetición de lo acaecido.

Hablar de y con las víctimas, en sentido jurídico y moral, implica una ética del reconocimiento, la actualidad de sus negados derechos, consiguientemente, no se trata de abrir heridas. No se trata de cobrar subvenciones, Rafael Hernando y demás infaustos que han vertidos similares comentarios. Se trata, sencillamente, de cumplir con el Derecho Internacional, de salvaguardar los derechos de las víctimas reconocidos internacionalmente en tratados de derechos humanos, de elaborar una memoria colectiva sobre la base de hechos y no de mitos, de saber cómo, dónde y cuándo mataron a una persona para velarla, para que su rol de sombra se torne a fenecido con memoria. Es la Justicia y el Derecho, estúpido.

España-Marruecos, ¿choque de ignorancias?

Carlos Penedo

Escuché a un embajador de Marruecos en España salir con éxito de una pregunta incómoda sobre derechos humanos señalando que los avances en las libertades individuales y colectivas, como la igualdad o la participación política, es un proceso histórico para todos los humanos, que según las circunstancias y el momento avanzan más en unas geografías que en otras. El embajador fue luego destinado a un puesto relacionado con la descentralización política de su país, labor sobre la que desconozco los resultados.

Digamos cortésmente que la iniciativa sobre conquistas sociales y políticas no se pilota hoy desde aquella orilla. Una afirmación, la anterior, compatible con el reconocimiento a que nuestro vecino del sur ha puesto en marcha avances políticos claros en los últimos años: un nuevo Código de Familia en 2004 que amplía los derechos de la mujer;  la Instancia Equidad y Reconciliación, una Comisión Marroquí de la Verdad creada ese mismo año con el objetivo de arrojar luz y testimonios sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999 -léase, represión de Hasán II, padre del rey reinante-, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, y elaborar propuestas de reformas; o la nueva Constitución de 2011, que entre otros contenidos contempla el voto de españoles/extranjeros residentes, que se vería acompañado del voto marroquí en España, posibilidad no desarrollada.

Aparece hoy muy limitado el impulso aperturista inicial de Mohamed VI tras su acceso al trono en 1999, como de otros gobernantes árabes que heredaron el poder en el cambio de siglo –Abdalá II en Jordania también en 1999 o Báshar al Ásad en 2000-, que despertaron mejores expectativas que resultados, a pesar de haber sobrevivido a las revoluciones-primaveras árabes, que no tiene poco mérito, aunque puede no ser suficiente para que sus hijos hereden el puesto.

Decimos que Estados Unidos no es Trump, no sólo, que Reino Unido no es Johnson (ni May ni Cameron), de donde se deduce que Marruecos no es Mohamed VI ni España Pedro Sánchez (o Rajoy), que estos países y sociedades son bastante más que sus dirigentes, incluidos los económicos y mediáticos, pero está claro que toman decisiones que pueden ser relevantes sobre la vida y hacienda, sobre el destino de los recursos públicos y sobre la seguridad. Por poner un ejemplo, el progreso social y político puede verse favorecido o torpedeado.

Mayo de 2021, el Gobierno marroquí (incluye la Corona) provoca una crisis política y diplomática con España -con una importante derivada humanitaria- sin precedentes desde Perejil 2002, abriendo la frontera con Ceuta que atraviesan miles de personas sin control. El momento claramente es consecuencia del reconocimiento en diciembre por el presidente de EEUU de la soberanía marroquí del Sáhara occidental, en compensación por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, leído por el poder político en Marruecos como una oportunidad para presionar a la UE, a España, a la ONU, para que muevan ficha a favor de su punto de vista de anexión incondicional y carpetazo al acuerdo de paz de 1991, un plan de arreglo que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos.

Existían sospechas, pero se ha confirmado ahora por sus protagonistas, de que el Gobierno de Marruecos utiliza el flujo migratorio como instrumento de presión diplomática, lo que parece poco responsable para sus intereses, para las personas afectadas y sirve ya de hecho acreditado que estará presente en todo tipo de negociación futura y costará difuminar.

La crisis tiene una clara relación con la seguridad, la soberanía y el pulso diplomático, y de su gravedad da idea el viaje inmediato a Ceuta y Melilla del presidente del Gobierno español, gesto que no se producía con o sin crisis desde Zapatero.

De máximo interés para especialistas en seguridad (que son pocos) y profesionales (muchos) es si estos acontecimientos se enmarcan en la zona gris, en estrategias y amenazas híbridas, si nos encontramos en el nivel de configuración del entorno, interferencia o desestabilización. En cualquier caso, cuando la seguridad pierde contacto con el ciudadano, como ha ocurrido en esta ocasión, estas decisiones están más relacionadas con la seguridad laboral de quienes se dedican a ella y de los responsables que manejan esos recursos.

No parece fundado el análisis, con defensores en ambas orillas del Estrecho, que sitúa el control de la inmigración, el terrorismo yihadista o el desarrollo económico de España-Europa en manos de Marruecos: recordemos los atentados en Casablanca de mayo de 2003, anteriores al 11-M; que cuanto más dura sea la política migratoria de España mayor será el problema para Marruecos, país de paso pero también de destino de poderosos flujos migratorios desde el sur; atendamos a que el desarrollo económico marroquí está bastante ligado a la relación con su primer socio económico, que es la UE, o comercial, que es España.

Provocado el conflicto surge la pelea por el relato, en el que situar imágenes como la del guardia civil submarinista salvando bebés de morir ahogados o la voluntaria de Cruz Roja abrazando a un inmigrante aterrado; o militares españoles dando porrazos a inmigrantes, según ilustra la prensa de uno u otro país, con un ganador claro.

En este mismo capítulo de la comunicación, el director de la agencia oficial de noticias de Marruecos -MAP-, vestido con traje de camuflaje, escribe algunas proclamas faltonas de consumo interno y explosivo nacionalismo, y otras frases con mayor interés sobre lo que parece haber descubierto en «la nueva realidad geopolítica»: «Ha llegado el momento de aclararse, especialmente después del reconocimiento por parte de los Estados Unidos de la plena soberanía de Marruecos sobre su Sahara. Qué vas a hacer?», aconsejando que España se alinee con EEUU (¿Trump, Biden?) y dar una oportunidad a la paz, inspirado por John Lennon.

«Estados miembros con un goteo de euros sin conciencia de un destino compartido. Y desvaríos infantiles en dirección a terceros países. Tu hechizo está roto», dice de la UE; «esta Europa desorientada, se debilita, que se alimenta a la fuerza de sus euros y se pierde en el siglo sin valores compartidos y sin un modelo gratificante ya no nos conviene, por qué entonces insistir en vivir juntos».

Además de cargar MAP contra las agencias EFE y AFP -entre bomberos no conviene pisarse la manguera-, el director de la marroquí opina que «Europa se está muriendo. Ni cohesión económica ni financiera. Sin capacidad para proteger realmente sus fronteras, ni en Oriente ni en Occidente. Ningún ejército capaz de asumir un desafío o imponer valores».

¿Imponer valores? Qué difícil debe ser dirigir un medio de comunicación público, visto el despiste generalizado en éstas y otras geografías.

Parece desconocer la comunicación oficial que no hay marroquí sin acceso a medios extranjeros ni español sin referencias marroquíes, con lo que estos esforzados cantores le dejan a uno algo asombrado. ¿Desconocen el millón de marroquíes en España su país de acogida o residencia? ¿Se creen estas cosas los marroquíes que vacacionan en la costa del Sol? ¿Hay algún marroquí con un móvil en la mano que no acceda a fuentes de información no oficiales?

Una de las lecciones de la última crisis Marruecos-España, sobre la que los medios no han conseguido imponer un nombre, aún no está bautizada con éxito (eso sería otra batallita que librar), es que los regímenes autoritarios y/o no democráticos en cualquier orilla del Mediterráneo, occidental u oriental, no son fiables, porque no son previsibles, y de forma imprevista actúan Turquía, Egipto, Israel o Marruecos; de donde se deduce que la pedagogía y el respeto a los derechos humanos debería formar parte de cualquier negociación de la UE con terceros, no por altruismo, sino porque interesa.

La crisis de Ceuta de mayo de 2021 está teniendo un claro coste reputacional para los responsables políticos marroquíes, de lo quizá aún no sean conscientes, y un deterioro claro de las relaciones con España y la Unión Europea (recordemos, por ejemplo, que es la UE quien negocia la pesca con Marruecos, no los países individualmente).

Hace medio siglo convivían en las dos orillas del Estrecho un príncipe de los creyentes y un general superlativo por la gracia de Dios, y no se llevaban mal, a pesar de que incluso intercambiaron disparos y algún muerto (800 en Ifni), o que el de aquí hizo carrera con la ocupación colonial de los súbditos del de allí.

La condición de súbditos es la clave, o ciudadanos, apostaría a que a ambos lados del Estrecho son mayoría los ciudadanos frente a los súbditos; la diferencia es que los ciudadanos opinan, tienen derechos y exigen responsabilidades a sus responsables políticos.

«La nueva realidad geopolítica» de la que escribe el director de MAP se remite a los acuerdos de normalización o de Abraham de algunos países árabes, más Bután, con Israel, disueltos como un azucarillo tras la última masacre de palestinos en Gaza de este mes de mayo. «¡Un gran avance para la paz en Oriente Medio!», escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.

El diciembre de 2020, ya perdidas las elecciones, la Administración Trump difunde un comunicado conjunto firmado por el primer ministro marroquí, Saad Din el Otmani; Jared Kushner, yerno de Trump; y por parte israelí Meir Ben-Shabbat, asesor responsable del Consejo de Seguridad Nacional, más un director de Exteriores que pasaba por allí.

Refiere la declaración una conversación telefónica entre Trump y Mohamed VI, y afirma que «el establecimiento de plenas, pacíficas y amistosas relaciones diplomáticas (entre Marruecos e Israel) se produce por el interés compartido entre ambos países y promoverá la causa de la paz en la región, impulsando la seguridad y desbloqueando nuevas oportunidades para toda la zona». Los acontecimientos recientes en Palestina no han confirmado los deseos expresados en la declaración tripartita.

Imaginando un hipotético ejercicio de prospectiva ‘Marruecos 2050’, ¿seguirá la frontera con Argelia cerrada como está desde 1994?; ¿habrán vuelto los embajadores de Marruecos en Alemania y España a su lugar de trabajo?; ¿se mantendrán los dos millones de turistas españoles que visitaron Marruecos en 2019? (20% del total); ¿continuará la Operación Paso del Estrecho  con cerca de cuatro millones de personas? ¿Cómo habrán evolucionado los 2.000 millones de euros que envían en remesas los marroquíes residentes en España a su país de origen?

Frente a 2002 (Perejil), 1975 (Marcha Verde),  1958 (guerra de Ifni), 1956 (independencia de Marruecos), 1912 (Protectorado) ó 1860 (toma española de Tetuán), ha cambiado el escenario, los actores, la comunicación, los intercambios, los ciudadanos y la información que reciben, elementos que esperemos contribuyan a disolver el nudo de desconfianza en menos de diez años.

Las autoridades marroquíes han realizado un diagnóstico erróneo de la oportunidad que parecía abrirse con la diplomacia tuitera de Trump, independientemente de lo que haga ahora Biden, probablemente nada, más allá de contemplar incómodo cómo chocan dos aliados cercanos. Para EEUU, Marruecos y España ni son un problema ni son indispensables, por lo que su reacción será siempre modesta.

El Gobierno marroquí ha realizado también una mala calibración del momento político de la Unión Europea, enfrentándose a Alemania y España y provocando una reacción del club que no tuvo en la crisis de Perejil; mal diagnóstico de una UE ultra sensibilizada hoy contra chantajes sobre migrantes, y que vive un refuerzo federal y un avance de políticas comunes -no sólo financieras- como reacción a la crisis del covid, avances con repercusión sobre su política exterior y de seguridad.

Las relaciones entre España y Marruecos, afortunadamente,  son más profundas y fuertes que la habilidad de sus dirigentes para leer el momento político. Historia común, cultural, medieval, colonial, de la que no somos responsables los vivientes, sí de la actual. La exposición en el Museo Reina Sofía sobre arte contemporáneo marroquí es un ejemplo a imitar.

Cultura e información, probablemente también la relación empresarial, son ingredientes para fortalecer una relación que la tozuda geografía hace obligada. Cuanto más complejas y densas sean las relaciones entre los dos países, incluida la sociedad civil, menos podrán ser manipuladas sus opiniones públicas y sus sociedades por intereses coyunturales; incluso podríamos decir que cada vez dependerán menos de decisiones personales.

La expresión «choque de ignorancias» del título fue la alternativa del intelectual palestino Edward Saíd a aquel «choque de civilizaciones» de rampante éxito a finales del XX.

La respuesta a la pregunta del título es claramente negativa, no puede haber ignorancia entre Marruecos y España, no la hay entre los que toman decisiones, choque de extremistas sí puede existir, no de ignorantes. Aunque sí se puede estar produciendo otro tipo de carencia, el desconocimiento o incapacidad de leer el momento: la cooperación y la interdependencia destacan como lecciones obligadas del covid, no por altruismo, sino por interés interesado. Otra actitud responde simplemente a quien piensa que puede conseguir más en solitario que en asociación, legítimo, pero ¿acertado?

 

 

Por qué luchar sólo contra los delitos de odio no acabará con el racismo institucional y estructural

Youssef M. Ouled

El pasado 18 de marzo, un centenar de organizaciones lideradas por Rights International Spain y el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España, tendimos la mano al Ministerio del Interior, ofreciendo el apoyo de la sociedad civil para abordar un problema real en nuestra sociedad: poner fin a la discriminación racial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En la misiva se expone de manera justificada y objetiva la existencia del perfilamiento racial en España, si bien se trata de un problema global. En el texto se apela a un diálogo horizontal y constructivo con la administración, ante una práctica policial con graves consecuencias en las comunidades afectadas, en particular, y en toda la sociedad, en general.

Como hemos explicado en anteriores ocasiones, la perfilación racial es una práctica policial discriminatoria a través de la cual las FCSE controlan, paran e identifican a personas únicamente en razón de sus características raciales. La policía identifica a personas racializadas sin tener realmente evidencias, convirtiendo en sospechosos a inocentes. Se trata de una actuación con múltiples consecuencias físicas, psicológicas y sociales que, entre otras cosas, crea una división en la población al apoyarse en la necesidad de identificar a determinados grupos de personas para garantizar la seguridad de otras, puesto que esas personas controladas representan la inseguridad. Pero en realidad, lo que se consigue es romper la cohesión social al criminalizar a nuestros vecinos y vecinas, mientras se vulneran sus derechos y libertades individuales.

La respuesta de Interior rechaza un diálogo entre autoridades, policía y sociedad civil que es fundamental para inspirar y fomentar confianza y, además, nos recuerda al dicho: “¿Dónde vas? Manzanas traigo”. Por un lado, no se reconoce la existencia y el uso del perfilamiento racial por parte de la policía. Esta negación que resulta preocupante para quienes a diario son víctimas de esta práctica se ve contradicha por informes como «La apariencia no es motivo, identificaciones policiales por perfil étnico en Cataluña» elaborado por SOS Racisme Catalunya en 2019. El estudio reveló que por cada persona con nacionalidad española que se identifica, se para a 7,5 con nacionalidad marroquí. En este sentido, durante la pandemia de la COVID-19 el informe «Racismo y xenofobia durante el Estado de Alarma en España», elaborado desde RIS y el Equipo del Decenio Afrodescendiente para la ONU, mostró como el 70% de las personas interpeladas por la policía denunciaron haber sufrido identificaciones por perfil racial.

Si no se reconoce que hay un problema difícilmente se pueden abordar soluciones. Estas son solo algunas de las que se apuntan en la carta de la sociedad civil enviada a Interior: establecer mecanismos independientes de supervisión policial y denuncia; sistematizar el uso de formularios de identificación y garantizar que los agentes de policía puedan ser claramente identificados al realizar operaciones de parada y registro; o llevar a cabo estudios sobre las prácticas policiales a nivel nacional para obtener una visión general del uso de perfiles, recopilando datos desglosados y publicando los resultados para realizar el seguimiento pertinente.

No obstante, la respuesta del Ministerio pasa de puntillas sobre el racismo institucional en el que se enmarca esta práctica policial discriminatoria, sin hacer mención a su existencia y, por lo tanto, obviando la forma de hacerle frente. Mientras que sí se centran, desde Interior, en señalar los prejuicios de la sociedad al fundamentar su respuesta únicamente entorno al trabajo de las instituciones en contra de los delitos de odio.

Los delitos de odio son conductas violentas o actos criminales contra personas que se encuentran en un plano de desigualdad, expuestas a la discriminación por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Para hacer frente a esta violencia se creó en el Código Penal una figura que permite proteger a las personas y grupos históricamente perseguidos y discriminados, con el fin de preservar su integridad física y moral.

La lucha contra los delitos de odio, por sí sola, no permite corregir las prácticas discriminatorias generadas desde y por las propias instituciones, como es el caso del perfilamiento racial. Es más, la existencia de una práctica policial discriminatoria que crea una distinción entre quienes componen la diversidad de la población, refuerza la discriminación racial en la sociedad y es un abono para los prejuicios que subyacen los delitos de odio.

El perfilamiento racial y los delitos de odio están estrechamente interrelacionados; el perfilamiento racial alimenta los delitos de odio y las víctimas de delitos de odio tienen altas probabilidades de ser víctimas de perfilamiento racial. Pero, luchar contra los delitos de odio no permite erradicar el perfilamiento racial. Igual que luchar contra las consecuencias del machismo no erradica de manera definitiva las raíces estructurales que generan la desigualdad entre hombres y mujeres.

Con su respuesta, el Ministerio del Interior evidencia una falta de compromiso para erradicar el racismo y la discriminación más peligrosa de todas, la que emana de las propias instituciones que deberían protegernos. Es importante que el Estado persiga los delitos de odio, pero no se puede hacer de manera honesta y efectiva si no se ha reflexionado sobre el papel del propio Estado en su proliferación.

En estas circunstancias, ¿Cómo pueden las personas y grupos afectados denunciar o acudir a la justicia y confiar en que las instituciones abordarán de forma efectiva los delitos de odio cuando a diario son discriminadas por las propias instituciones? Si tampoco se fomenta un diálogo y acercamiento entre la población afectada e instituciones y la actitud de estas últimas exacerba el distanciamiento, sólo se contribuye a alimentar un caldo de cultivo para tensiones mayores.

Si desde las administraciones se quiere hablar de delitos de odio cuando se les interpela sobre qué están haciendo para poner fin al uso de perfil étnico-racial o en materia de brutalidad policial, deberían hacerlo únicamente cuando se tomen medidas efectivas para abordar la naturaleza estructural del problema. Está fuera de lugar tratar de dividir en pedazos un problema del que no se reconoce su existencia. Mientras no se dé ese reconocimiento, las respuestas de Interior a las propuestas de la sociedad seguirán siendo discursos vacíos que perpetúan las injusticias.