Desinformando sobre desinformación

Carlos Penedo

En la pequeña e intensa historia -bien reciente- de la lucha contra la circulación masiva de contenidos digitales manipulados, acaba de pasar bastante desapercibido un ejemplo muy claro de desinformación sobre desinformación. Contemos la historia al revés, así adelantamos conclusiones y desenlace.

Epílogo. Imaginemos que un referente moral, ético, profesional sea inmoral, antiético, inepto, o directamente un delincuente, como un cura o un docente pederasta, un médico que ataca al paciente, un militar golpista, un juez prevaricador, el mundo al revés. En estos casos ni el nivel estadístico de degradación media es admisible, la tolerancia debe ser cero. En asuntos relacionados con la información averiada ocurre a menudo y si se considera material sensible habría que ser intransigente en los casos en que quien nos alerta sobre la desinformación nos está desinformando.

Desenlace. Nota de Europa Press de 22 de octubre de 2021: «El Tribunal Supremo avala el procedimiento de las ‘fake news’ impulsado por el Gobierno y señala que no se excedió en sus funciones».
Agradezcamos a esta agencia privada de noticias la cobertura de la sentencia, lo que tiene dos implicaciones: que llegó a la mayor parte de los medios de comunicación del país, que tienen sus servicios contratados, y que muy pocos la recogieron.
Dice la agencia: «El Tribunal Supremo ha avalado el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación aprobado por el Gobierno para luchar contra las ‘fake news’ recordando que el Ejecutivo cumplía con directrices de la Unión Europea y señalando que no se excedió en sus funciones».

En realidad las sentencias han sido dos, inadmitiendo sendos recursos presentados por un medio de noticias jurídicas llamada Confilegal y una entidad llamada Club Liberal Español, asociación que tiene «como único fin la defensa de la libertad en todos sus ámbitos y manifestaciones, la profundización en el pensamiento liberal y la promoción y difusión del conocimiento del liberalismo como ideología política y como sistema de organización y comportamiento social», dicen de sí mismos; y que tiene entre sus vicepresidentes a un tal Pablo Casado Blanco.

Nudo. Ante la supuesta gravedad del contenido del Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 30 de octubre de 2020 y publicado en forma de Orden Ministerial en el BOE del 5 de noviembre (aquí enlace del BOE), el Partido Popular anunció la interposición de un recurso ante la Audiencia Nacional para que «estudie, valore y desmonte» el llamado ‘ministerio de la verdad’ de Sánchez.

En una entrevista televisiva de diciembre de 2020, Teodoro García Egea, diputado por Murcia y secretario general del Partido Popular, declaraba rotundo que “éste es el Gobierno de la mentira, el que más mentiras por minuto ha lanzado en la historia de la democracia”. Anunciaba García Egea una campaña en Twitter sobre el asunto, con el hashtag #MinisterioDeLaVerdad, con imágenes del dirigente venezolano Nicolás Maduro mezcladas con Sánchez y Pablo Iglesias, y gente con esparadrapo en la boca para denunciar el ataque del Gobierno a la libertad de información.

Pablo Casado, en enero de 2021, escribía en Twitter: «Jefferson decía que es preferible un país con prensa sin gobierno que con gobierno sin prensa. En España sufrimos el peor gobierno de la democracia que encima señala a periodistas críticos. Llevaremos a la UE el ‘ministerio de la verdad’ y los ataques a la libertad de información».
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tildó en noviembre de 2020 de «cacicada» que «el Gobierno de las mentiras» quisiera llevar a cabo un plan contra la desinformación y anticipó que su partido lo denunciaría en Europa. El jefe de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, advirtió de que era un “mazazo a la democracia” que además podía poner en riesgo la llegada de los fondos de recuperación y pedía a la Comisión que interviniera.

En febrero de 2021, Macarena Olona, diputada por Granada, portavoz y secretaria general del grupo parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados y abogada del Estado en una vida anterior, declaraba rotunda que el objetivo del Gobierno era «controlar la opinión pública, controlar los medios de comunicación a través del Ministerio de la Verdad».

Se pudo escuchar sobre este asunto a algún periodista de referencia (Carlos Herrera, COPE, 6.11.2020) que dejó dicho: «¿Existen las ‘fake news’? Claro que sí. ¿Existen los bulos? Claro que sí. Pero, oiga, para eso no hace falta crear un comité antidesinformación. Para eso que trabaje el CNI y que después, cuando el Gobierno tenga todos los datos, actúe en consecuencia (…). El Gobierno más mentiroso que ha habido en España en toda su historia, con el presidente más embustero que ha habido, que no dice la verdad ni al médico (…). Tiene a la mayoría de los medios casi sodomizados y a su servicio, pero quiere más (…). ¿Desde cuándo el Gobierno es juez y parte de la verdad? ¿Desde cuándo puede poseer la verdad absoluta, especialmente uno que está presidido por un embustero cósmico? Aquí, oiga, no se trata de proteger a los ciudadanos de mentiras, de lo que se trata es de proteger a Sánchez de verdades (…). Este Gobierno sueña con la censura previa. Los bulos y la pandemia son una coartada para blindarse ante las críticas».

Presentación. Como consecuencia de la publicación en el BOE de 5 de noviembre de 2020 del llamado Procedimiento de actuación contra la desinformación, se generó una seria polémica en España en ámbitos políticos y periodísticos con consecuencias jurídicas.

El mencionado Protocolo fue una iniciativa del Gobierno central, que decide crear desde Moncloa en el marco del sistema de seguridad nacional una serie de mecanismos relacionados con la desinformación, en concreto la elaboración de una estrategia y la constitución de una comisión permanente (aquí enlace a un artículo del autor explicando en caliente el Protocolo).

Acabaron presentando denuncia o recurso ante los tribunales PP ante la Audiencia Nacional, Vox ante el Supremo y Ciudadanos ante la Unión Europea; más los recursos citados de Confilegal y el Club Liberal Español.
Con una rapidez digna de destacarse, la Asociación de la Prensa de Madrid redactó y difundió un comunicado el mismo día de la publicación en el BOE del Protocolo: «La APM alerta de que el plan del Gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura. Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos». Nada ha dicho sobre el archivo de los recursos.

El 15 de febrero de 2021 tras analizar en profundidad la Orden Ministerial, la Comisión Europea se pronunció oficialmente señalando que el texto «actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación» y, por otro lado, «no constituye una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación».

A juicio de la Comisión, «el Comité Permanente se encarga de supervisar y evaluar las campañas de desinformación en línea, investigar su origen y determinar si el caso debe elevarse al Consejo de Seguridad Nacional para que se adopte una respuesta política, como actuaciones diplomáticas o medidas de represalia cuando el autor sea un Estado extranjero».

La labor respecto a las referidas campañas de desinformación «es responsabilidad del Gobierno central y está en consonancia con el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 (de la propia UE), en el que se pedía a los Estados miembros que reforzaran sus capacidades en la lucha contra la desinformación».
Con esta respuesta, la Comisión Europea avala oficialmente que el Procedimiento de Actuación contra la desinformación aprobado por el Gobierno de España no supone ninguna merma de la libertad de prensa ni intento alguno de control sobre los medios de comunicación, sino que tiene el único cometido de investigar y evaluar las campañas de desinformación.

Prefacio. En unos días del otoño de 2020, un viento de libertad y denuncia recorrió España, bueno, una ráfaga, un calambre de libertad. En el otoño de 2021 descubrimos que se había tratado de un simple catarro, no el tsunami democrático que nos prometieron los denunciantes de las supuestas barrabasadas del Gobierno social-comunista. Como en tantas ocasiones, mucho ruido, mucha denuncia engolada que quedó en nada y un silencio significativo sobre su resolución. Ninguno de los defensores de Jefferson se ha retractado de sus declaraciones.
Por aprender algo del cuento: hay vida desinformativa más allá de Rusia y a menudo la tenemos muy cerca. Segundo aprendizaje: las metáforas y referencias a 1984 de George Orwell quedaron antiguas hace ya 38 años. Y ni el mismísimo Orwell podría haber imaginado el desparpajo de algunos al hablar de la libertad de expresión.