Vivienda y menores: lejos de un sistema político digno

Fernando Flores

El Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto (marzo 2013), comienza así:

El mundo actual está sumido en una crisis de inseguridad en la tenencia. Si bien el acceso seguro a una vivienda y a tierras es una condición necesaria para la dignidad humana y un nivel de vida adecuado, muchos millones de personas viven bajo la amenaza constante del desahucio o en una situación ambigua en la que las autoridades o algunos agentes privados pueden cuestionar su tenencia en cualquier momento.

La magistrada del Juzgado de Instancia núm.39 de Madrid, Lourdes Menéndez, ha dictado una providencia por la que suspende el desahucio de una familia con tres menores de edad (de 12 años, 11 años y 11 meses), hasta que la Administración (la ejecutante, pues la vivienda pertenece al Ayuntamiento de Madrid) explique qué medidas concretas piensa a adoptar para garantizar el debido alojamiento de los menores afectados por el proceso de ejecución.

Tres meses atrás, el 6 de marzo, la juez había emitido un auto en el que, constatando que concurrían los requisitos para el desahucio (falta de pago de rentas debidas), llamaba la atención sobre la presencia de otras circunstancias normativas también relevantes que afectaban a los derechos de las personas.

Advertía así que el Código Civil, concretamente el artículo 158, obliga al juez “a dictar las disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios, medidas que podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria”.

Que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece que en su aplicación “primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir” (artículo 2).

Que en España es de aplicación la Convención de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, que reconoce el “derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.

Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido recientemente, en decisión adoptada en fecha 6 de diciembre de 2012, que debe conjugarse el derecho de la parte actora a la ejecución de la sentencia con que ésta se produzca de modo que respete los derechos de los menores y una vez que se conozcan las medidas concretas que adoptarán los poderes públicos a fin de garantizar su debido alojamiento.

Y que, en fin, la Constitución española reconoce una serie de derechos (vivienda, educación, salud… y su repercusión en la dignidad de las personas) que, si bien no gozan todos de la misma eficacia directa, sí deben ser considerados de algún modo, pues de otra manera su constitucionalización sería un acto vacío.

En vista de todo ello, la magistrada suspendió el lanzamiento y requirió a la Administración para que informara al Juzgado sobre las medidas concretas que, una vez ejecutado el desahucio, iban a adoptar para garantizar el derecho de los menores de edad a una vivienda digna y adecuada.

Tres meses después ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid habían explicado qué alojamiento pensaban proporcionar a los menores y a su madre. De hecho, en su informe al Juzgado, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid respondía a su requerimiento dando a entender que solo intervendría en caso de que la madre se los diera en guarda a la Administración, o que los hijos solicitaran por sí mismos las separación de su madre. Un despropósito. En conclusión, la magistrada Lourdes Menéndez ha decidido no poner fecha al lanzamiento hasta que los derechos de los menores estén garantizados.

Hace unos días, lo recogimos Sergi Tarín y yo mismo en este blog, la Generalitat Valenciana trató de desalojar a una familia con tres menores de una casa del Instituto Valenciano de la Vivienda. Sin ofrecerles salida habitacional alguna. En este caso el juez no atendió a los argumentos para la protección de los menores, ni siquiera resolvió a tiempo la medida cautelarísima solicitada por la abogada de la familia para impedir el desalojo. Fue la presión social de los vecinos la que impidió el desahucio de una casa que, una vez desalojada, iba a ser inútilmente tapiada por los operarios públicos. Esta situación se repite diariamente en muchas ciudades españolas.

¿Es lógico que en un país que se define como Estado constitucional, que cuenta con una extensa declaración de derechos y un Tribunal Constitucional que debe velar por ellos, que se jacta de pertenecer al Consejo de Europa y a las Naciones Unidas, cuyas facultades de Derecho imparten todo esto a los estudiantes como algo “real”… es lógico que estos sucesos sean el pan de cada día?

En absoluto. Lo que ocurre es que muchas instituciones utilizan el discurso de los derechos como imagen favorecedora ante la sociedad, pero a la hora de aplicarlos no quieren asumir el coste que su aplicación rigurosa les va a acarrear, frente a sus propios intereses o frente a los intereses particulares de los más poderosos.

Esto explica por qué un Gobierno como el de Rajoy impugna por inconstitucional una ley antidesahucios como la andaluza. Porque el decreto por el que se pueden expropiar viviendas a bancos por situación de alarma social en realidad crea alarma entre los bancos, el mercado y los intereses financieros de algunos. O explica por qué administraciones autonómicas se empeñan en desahuciar a familias sin recursos ¡y con menores! de viviendas públicas que luego cerrarán. Porque para ellas no existe la perspectiva de los derechos humanos. Ésta, más allá de los discursos políticos, resulta administrativamente farragosa y, sobre todo, beneficia a sectores de la población poco interesantes, los no favorecidos o excluidos socialmente.

Sucede, además, que aquellos que resuelven los conflictos, los jueces, mayoritariamente asumen el texto constitucional y los tratados internacionales de protección de derechos como programas o guías de actuación bienintencionadas, pero aplicables solo en la medida en que otros intereses (normalmente protegidos por el derecho privado) no estén en juego. Sólo así se comprende que las llamadas de atención de los Relatores de Derechos Humanos o las vinculantes decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que fundamentalmente piden atender al contexto en que se aplican los derechos, tener en cuenta la prioridad de su protección y la necesidad de ponderar los intereses en juego) parezcan no contar para la mayoría de jueces.

Así las cosas, mientras sea noticia que una juez de Madrid, aplicando el Derecho vigente, suspende el desahucio de menores de una vivienda pública hasta que se les ofrezca una solución que garantice sus derechos. O tengamos que ver cómo los vecinos del Cabanyal se plantan ante los operarios de la Generalitat Valenciana para evitar que una familia con niños se quede en la calle. En tanto las Administraciones no cumplan con su obligación protectora de los más débiles, o la mayoría de los jueces eviten aplicar el Derecho de los derechos humanos. En fin, mientras que el derecho a la tenencia del que nos habla la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada no esté cubierto para todas las personas, no podremos hablar de un sistema digno.

2 pensamientos en “Vivienda y menores: lejos de un sistema político digno

  1. Hola Fernando,

    Muchas gracias por este texto. Actualmente estamos realizando una investigación llamada «Más allá de los desalojos forzosos» centrada en la Cañada Real Galiana de Madrid y tu texto nos ha sido de ayuda. Gracias por ello.

    Una abrazo,

    Adrián Penedo

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