Google y el derecho a ser olvidados en Internet

Ana Valero

¿Es posible desaparecer de Internet hoy en día? En un caso que se remonta al año 2010, la Audiencia Nacional española formuló esta pregunta a la Justicia europea para resolver un caso que enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos y al gigante informático Google, y la respuesta, por ahora, ha sido negativa.

El 25 de junio de 2013, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un dictamen –no vinculante pero sí seguido por el Tribunal en un 80% de los casos–, en el que afirma que en el marco la legalidad europea vigente no se reconoce el derecho de una persona a pedir a los motores de búsqueda de Internet, esto es, Google en régimen casi de monopolio, que eliminen informaciones que contienen sus datos personales.

Actualmente podríamos decir que cada uno de nosotros posee una “identidad digital”. Así, es impredecible la cantidad de información personal que, como consecuencia de nuestra participación en las redes sociales o de las comunicaciones que llevan a cabo las administraciones públicas y los tribunales de justicia en sus boletines oficiales o las empresas privadas, existe en Internet. Dicha “identidad digital” está progresivamente superando en importancia a nuestra “identidad real”. Y ello porque, cuando tecleamos en buscadores como Google nuestro nombre y apellidos, se arrojan tal cantidad de aspectos de nuestra personalidad que cualquier internauta medianamente atento puede diseñar un perfil de nuestros gustos de consumo, nuestra ideología política, nuestra orientación sexual o nuestras creencias religiosas. A partir de ahí, la cantidad de imputs publicitarios que recibimos en nuestros correos electrónicos es sólo el primer paso de un camino que puede llegar a determinar nuestra reputación social o, incluso, nuestro futuro laboral.

Pero ¿qué sucede si nuestra “identidad digital” está diseñada, además, a partir de actos que pertenecen a nuestro pasado y que han dejado una huella imborrable en la web? ¿Es posible que nuestra “identidad real” no pueda apartarse de una sombra tan alargada?

Foto google

El caso que me sirve de excusa para escribir este artículo es un claro ejemplo de ello. Así, un ciudadano español solicitó en el año 2010 a la Agencia Española de Protección de Datos que exigiese a Google la eliminación de los resultados de sus búsquedas de los vínculos a un anuncio publicado en un periódico sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas ya saldadas a la Seguridad Social. La Agencia actuó a petición de tal ciudadano y sancionó a Google exigiéndole la cancelación solicitada, y el gigante informático recurrió tal decisión ante la Audiencia Nacional apelando a la sacro santa libertad de expresión, derecho que se vería lesionado si se le obligase a suprimir dicha información del resultado de sus búsquedas. Entre los argumentos de Google destaca, además, que, según él, corresponde a la fuente original de la información, esto es, al periódico que publicó la noticia en el presente caso, corregirla si es incorrecta.

           Pero ¿qué es el “derecho al olvido” en Internet?

Para entenderlo debemos atender a uno de los derechos implicados en el presente caso, si no el más importante, sí el que es vehicular de todos los demás: el derecho a la protección de datos personales frente al uso de la informática o “habeas data”. Este derecho fundamental aparece como un derecho autónomo en el artículo 18 de la Constitución española junto con los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones y, tiene como finalidad otorgar al ciudadano la facultad de controlar sus datos personales, esto es, los datos que lo identifican, ya sea directa o indirectamente, y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos a través de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable de un fichero de datos o del tratamiento de los mismos.

Pues bien, el “derecho al olvido” no es más que la concreción de los derechos de rectificación y cancelación de datos en el ámbito de Internet. El término “derecho al olvido” aparece por primera vez con tal denominación en el reciente borrador de Reglamento de la Unión Europea sobre datos personales y su libre circulación, que todavía no ha sido aprobado pero, en esencia, se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico español desde el 92, año en que se aprueba la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos.

La particularidad del derecho al olvido reside en que pretende operar en la red y, concretamente, frente al efecto expansivo, global y eterno que la inclusión de los datos personales en la misma provoca. Así, el derecho al olvido pretende amparar la voluntad de una persona a que se le reconozca el derecho a dirigirse a los motores de búsqueda, concretamente a Google, para que desindexe la información referida a su persona publicada en páginas web originarias, porque desea que no sea conocida por los internautas.

Pues bien, las dificultades que plantea su protección reside en aquello que singulariza al derecho al olvido frente al convencional derecho a la protección de datos. Así, el problema no reside en que existan unos datos personales en un sitio web concreto, si no en el efecto expansivo y perpetuo que su indexación en los motores de búsqueda, especialmente en Google, genera. De este modo, si se tratase simplemente de que los datos apareciesen en un sitio web concreto bastaría con solicitar su retirada y su cancelación en el ejercicio del derecho convencional a la protección de datos, siempre y cuando dicha publicación no esté amparada por la ley, como en el caso de lo publicado en los boletines oficiales. Pero la dificultad se produce cuando dicha publicación se actualiza y se hace presente constantemente en Internet como consecuencia de que las redes sociales y los buscadores no han sido diseñados en origen para garantizar una efectiva protección de los datos personales.

huella

Sin embargo, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho caso omiso de esta nueva realidad y ha mirado para otro lado al argumentar su rechazo a reconocer de un derecho al olvido realista y efectivo. Así, éste afirma en su dictamen que “es el editor originario de la información o de la página web fuente que contiene los datos personales de que se trate el único responsable del tratamiento de los mismos. Y ello porque un motor de búsqueda en Internet no crea un nuevo contenido autónomo si no que únicamente indica dónde pueden encontrarse contenidos ya existentes, puestos a disposición en Internet por terceros”.

Llama la atención que el Abogado General reconoce en su dictamen que en el momento en que se redactó y aprobó la Directiva 95/46//CE de la Unión Europea, sobre datos personales y su libre circulación, no era una realidad algo que hoy indudablemente lo es: “que pueda accederse desde cualquier parte del globo a inmensas masas de documentos y archivos electrónicos alojados descentralizadamente, y que sus contenidos pueden copiarse, analizarse y difundirse por partes que no guardan relación alguna con sus autores o con quienes los han cargado en un servidor de alojamiento conectado a Internet.” Sin embargo, según el Abogado General, esta constatación no es óbice para eximir de toda responsabilidad al proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet quien, según él, “se limita a proporcionar una herramienta de localización de información y no ejerce ningún control sobre los datos personales incluidos en las páginas web de terceros. Y ello porque el proveedor de servicios no es «consciente» de la existencia de datos personales en un sentido distinto del hecho estadístico de que las páginas web probablemente incluyen datos personales”. Al tratar las páginas web fuente a fines de rastreo, análisis e indexado, dice el Abogado General, los datos personales no se muestran como tales de modo específico.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba su dictamen apelando a las libertades de expresión e información para sostener que “la Directiva 95/46//CE, sobre datos personales y su libre circulación, no establece un derecho general al olvido, en el sentido de que un interesado esté facultado para restringir o poner fin a la difusión de datos personales que considera lesivos o contrarios a sus intereses”. Según él, “poner contenidos a disposición del público en Internet equivale, como tal, a la libertad de expresión, porque la publicación en la web es un medio para que los particulares participen en debates o difundan sus propios contenidos, o contenidos cargados por otros, en Internet.  Así, el derecho a la información de un usuario de Internet se vería comprometido si su búsqueda de información relativa a una persona física no generara resultados que ofrezcan un reflejo veraz de las páginas web relevantes, sino una versión «bowdlerizada» de las mismas”.

Es evidente que no comparto el sentido del dictamen del Abogado General pues, si bien es cierto que lo publicado un día en la prensa no se puede borrar, también lo es que el acceso a las hemerotecas no es habitual salvo para un investigador concienzudo. Es un hecho que son los buscadores de Internet, y Google en régimen casi monopolístico, quienes permiten a través de su indexación indiscriminada acceder en tiempo real a la información más recóndita y, en ocasiones, obsoleta de una persona. Creo, pues, que la pretensión de un particular de borrar los datos sobre su persona en la red, en los casos en los que su aparición no haya sido por voluntad propia sino como consecuencia de figurar en un archivo, público o privado, y el motivo de ello carezca de un interés público actualizado, debe ser objeto de reconocimiento y regulación.

Dicha regulación deberá basarse en la proporcionalidad de la protección de los intereses legítimos en pugna, pues es evidente que dicha pretensión debe decaer cuando se trate de casos en los que, por ejemplo, el particular aparece como autor de un delito por el que fue condenado por sentencia firme, dado que la comisión de un delito penal siempre es un hecho de interés público, con independencia de que se haya o no cumplido condena.

Por lo que respecta a los instrumentos técnicos necesarios para proteger el derecho al olvido de las personas, no me atrevería a afirmar con rotundidad si procede exigir que sean las administraciones de las web las que se doten de mecanismos que permitan evitar la indexación de la noticia, a través de los robots.txt –unos archivos con capacidad para ocultar determinadas páginas de una web a fin de impedir el acceso de los principales buscadores-, o si son los motores de búsqueda los que deben implementar instrumentos que discriminen los datos personales accesorios. Lo que sí creo es que se hace necesario dotarnos de instrumentos jurídicos que impidan la comisión de un daño desproporcionado e ilegítimo en el libre desarrollo de la personalidad de alguien cuando su pasado “real”, en ocasiones reparado, se convierte en su “presente” y “futuro digital”.

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