La legitimidad en la lucha por los derechos (a propósito de la estrategia “patrimonial” de la PAH)

Javier de Lucas

Para Alicia Desahucio, con respeto y afecto y desde la distancia respecto a la PAH

Tengo el máximo respeto por quienes han padecido o padecen una situación que me parece tan injusta, inhumana e incluso cruel como es la legislación española aún vigente sobre desahucios. Respeto al que añado el agradecimiento por el valor, el coraje cívico que han demostrado a los ciudadanos que decidieron asociarse en PAH y mantener una firme voluntad de enfrentarse a esa estafa social.

Precisamente por eso, me parece obligado sumarme a algunas voces como la del blog teniente Kaffee, en su crítica a lo que provocativamente denuncia como una estrategia de  “postureo constitucional” por parte de la PAH y la Señora Colau.

Mi crítica se acrecienta ante la campaña lanzada por la propia PAH esta semana, el lunes 12 de agosto, con el propósito de que el Defensor del Pueblo presente el recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PlataformaQuizá deberíamos recordar que todo comienza cuando, con tanta contundencia como (a mi juicio) considerable imprecisión, los portavoces de la PAH (el para mí muy fiable letrado Sr Mayoral y la valiosa activista social Sra. Colau) anunciaron que la Plataforma había elaborado un “recurso de constitucionalidad” contra la ley que el PP impuso como reforma del  injusto marco legal de los desahucios, reforma que consideraban manifiestamente anticonstitucional. Pero cuando el PSOE anunció que se sumaba a esa iniciativa y que presentaría un recurso con la firma de 50 de sus parlamentarios, la PAH estalló ante lo que parecía considerar una usurpación de la legitimidad de la Plataforma. La respuesta del PSOE que en cierto modo plegó velas para no enfrentarse a la PAH puede verse  aquí.

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La PAH continuó su campaña manteniendo una, también a mi juicio, calculada ambigüedad sobre el hecho evidente de que no tiene capacidad jurídica para plantear un recurso de constitucionalidad y que, por tanto, debía recurrir a los partidos políticos o al Defensor del Pueblo para que así lo hiciera. Eso sí, aparentemente, con la condición de que no de debía modificar una coma de “su” recurso. El último paso, ante la evidencia de que el plazo para que el Defensor del Pueblo interpusiera recurso concluía esta semana, y que no cuentan con los 50 parlamentarios para hacerlo (pese al apoyo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo, apoyo recibido y aceptado a diferencia de lo que ocurrió con el PSOE), ha consistido en proponer la mencionada campaña de seudoescrache al Defensor, con las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y a través de la plataforma oiga.me.

A mi juicio, el verdadero punctum dolens de la estrategia de la PAH consiste en que estos últimos pasos en su  también a mi juicio legítima y justa causa de acabar con el fraude del mal parche frente al drama de los desahucios que fue la ley aprobada por la mayoría absoluta del PP, parecen poner de relieve algo que excede incluso a ese su problema, su tragedia. Porque esta línea de acción toca el núcleo mismo del debate sobre la necesidad de renovación de la legitimidad democrática. Y, a mi entender, la toma de posición de la PAH, que es legítima, claro, pero sólo respetable si sus argumentos lo fueran, podría implicar el riesgo de una considerable confusión acerca de la legitimidad social y política para luchar por los derechos, una cierta visión “patrimonial” de esa lucha (calificativo que sugirió en un debate en Facebook mi colega Pepe Calvo) en la que el copyright de quién fue primero y más ferviente defensor fuera más importante que los derechos mismos. Y, sobre todo, en la que con el agua sucia del desprestigio ganado a pulso por cierta clase política que ha hecho de la corrupción su sello, tirásemos el fundamento mismo de la legitimidad en cuestión que, para mí, es el respeto a lo acordado libre y razonadamente como marco legal: el respeto al Estado de Derecho, el respeto a lo que acordamos que debe valer como ley y a la tarea de los tribunales en ese Estado de Derecho. Quiero decir que, a mi entender, toda ley se puede modificar y aún tenemos la obligación de tratar de hacerlo. Pero sin arrogarse exclusividades o privilegios en esa tarea, en aras de supuestas superioridades morales o autenticidades políticas. Nadie puede pretender estar por encima de los demás en esa tarea, pública, de todos, que es la lucha por los derechos y por el Derecho, que es la tarea política básica de todos los ciudadanos y que da sentido al Derecho y al Estado de Derecho.

Y es que pareciera como si la tarea de garantizar la legitimidad democrática ahora hubiera cambiado de titular. No me refiero al soberano que es y no puede dejar de ser otro que el pueblo, todos los ciudadanos. Los representantes políticos son servidores de ese soberano. Hasta ahí podíamos llegar. No hablo de eso. Me refiero a una especie de pendant político, por otra parte explicable ante los excesos y  bloqueos impuestos por un perverso juego de mayoría alentado por leyes electorales y de financiación de partidos a todas luces necesitadas de profunda renovación, un juego perverso cuyo resultado más sucio es la corrupción. Proclamada por no pocos ese Delenda est la democracia representativa y sus instituciones, el garante y el instrumento de la democracia auténtica (ya estamos con los calificativos) serían los movimientos sociales, los únicos no sospechosos de manipulación de nobles causas en aras de intereses espúreos. El test de la legitimidad democrática consistiría, pues, en el papel de esos movimientos. Porque la otra cara de la moneda sería ésta: los clásicos agentes institucionales, en primer lugar los partidos políticos, pero incluso el propio Parlamento y otras instituciones constitucionales (el Defensor del Pueblo, los tribunales de justicia) estarían bajo sospecha. De forma que sólo admitiríamos que luchan por los derechos si lo hacen en apoyo o de consuno con tal o cual movimiento social. De paso, esa sospecha recae sobre la legalidad constitucional y sobre la actuación, insisto, de los tribunales de justicia que, debido a su rigidez e inadecuación a la realidad social, deberían ser orillados como procedimientos inservibles y que, más allá incluso de viejas apelaciones a un uso alternativo del Derecho, pasarían a un cuarto plano, mientras se nos propone (o se nos predica) que nos dispongamos al inminente advenimiento de una verdadera ruptura constituyente, quizá bajo la guía del sendero luminoso que nos señala el movimiento social de turno…

Lo reitero: no soy yo quien va a discutir el merecido reconocimiento con el que cuenta la PAH como movimiento social y político. Ni su aportación a la pedagogía democrática, tan abandonada por los clásicos agentes institucionales, por ejemplo, por partidos y sindicatos, pero también por buena parte de las instituciones, comenzando por la jefatura del Estado, el monarca y la casa real que le rodea. Y es que, por otra parte, ¿cómo vamos a creer o aprender de quienes con sus hechos contradicen lo que pretenden defender? Sí. La valía de la PAH, su contribución a una sociedad más decente, mejor, su reconocido trabajo ciudadano anclado genuinamente en la solidaridad y que ha denunciado eficaz y valerosamente una forma de hacer política que parece otra cara de los negocios y, sobre todo, que no deja de producir víctimas, es indiscutible. Son un activo social y político, en el sentido de la reivindicación de lo público y por eso me pareció muy merecido el premio con el que les distinguió el Parlamento europeo. Precisamente por ello, considero muy desafortunado que la PAH haya entrado aparentemente –es obvio que puedo equivocarme; ojalá sea así- en una dinámica que acaba creando otras víctimas y contribuye al descrédito de todo lo que no se pliegue a su estrategia. Con todos los respeto y matices necesarios, algo como lo que ha pasado con algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Así me lo parece ese juego según el cual ilusionan a la opinión pública con la confusión de que van a plantear un recurso, recurso que saben que no pueden llevar a término por sí solos. El hecho de convocar la rueda de prensa de presentación del “recurso”, el 7 de agosto, a las puertas del Constitucional,  contribuye a la confusión. Porque, evidentemente, el tal “recurso” no se presentó. Necesitaban que otros lo presenten (el Defensor o 50 parlamentarios): claro que quizá es que en su estrategia no les conviene mancharse las manos con el apoyo del PSOE, aunque eso sea incoherente con el hecho de que la PAH haya estado pidiendo que la sociedad civil y sus agentes -y los partidos lo son- compartan su problema. Tampoco me parece muy coherente descalificar obsoletas formalidades legales, para a continuación acudir sin empacho a triquiñuelas jurídicas propias de leguleyos, con la coartada de fondo de que su fin es bueno y legítimo. Y en tercer lugar, me parece indigno bloquear la comunicación de cualquier ciudadano con el Defensor del pueblo, que es el resultado –¿daño colateral, quizá?- de su última medida de presión, que no puede dejar de perjudicar a los demás ciudadanos que quieren, que necesitan contactar con el Defensor…y que acaban siendo victimas de la PAH, lo que me parece el colmo de la paradoja cruel…

11 pensamientos en “La legitimidad en la lucha por los derechos (a propósito de la estrategia “patrimonial” de la PAH)

    • Leo hoy en Infolibre la reacción de la PAH ante el envío del borrador del recurso que presentaría el PSOE mañana…El despatrimonializador que despatrimonialice será el que mejor recurso presente…las acusaciones de la PAH al PSOE de intentar sacar provecho del recurso contra la ley 1/2013 (“patrimonializar” el esfuerzo de la sociedad civil -¿ahora resultará que la PAH patrimonializa a LA sociedad civil?-) y su admonición para que el PSOE se limite a presentar lo que la PAH elaboró, me parecen las propias de un rifirrafe entre viejos partidos. La PAH habría adquirido así las mañas que criticaba…lamentable! Acaso lo más importante no es que se presente el recurso? Acaso lo más importante no es que el recurso esté bien fundado? a qué juegan?

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  2. No es tan difícil de entender, es más, si de verdad se entiende lo que es la PAH y el papel de los partidos políticos lo que no se entiende es su postura. Lo que debería d haber hecho el PSOE, partido no olvidemos que a ninguneado a la PAH, golpeado cuando estaba en el gobierno y menospreciado es haber apoyado el recurso o en todo caso, poner a disposición de la PAH lo que esta precisara, lo digo por su irresponsabilidad al no representar los intereses del pueblo y sí de los mercenarios del capital, es decir, apoyarlo sin más como han hecho otros grupos. De lo contrario, efectivamente es una vil utilización de un partido que siempre ha estado defendiendo al régimen. Un saludo.

    • No estoy de acuerdo. Una cosa es que el PSOE no haya estado hasta hoy ala altura de lo que se supone en un partido de izquierda, incluso simplemente en un partido que debe responder ante los ciudadanos. Otra muy distinta es que la PAH pretenda jugar como movimiento social, pero sin asumir responsabilidades políticas, como todo hijo de vecino: nada de privilegios y menos aún para quien lucha contra los privilegios. La PAH debe entender que se es responsable de los propios actos y que no se puede obligar a los demás a jugar al mismo juego que se ha denunciado en los otros…El PSOE o cualquier ciudadano, es libre de actuar como quiera y no tiene por qué someterse a la dictadura de nuevos guardianes de la verdad política…

  3. Naturaleza jurídico racionalista.
    Dentro de la teoría clásica algunas posiciones equiparan la dación en pago a una compraventa, en la cual el crédito figura como precio. No es extraño a esta asimilación el Código civil español, que equipara para algunos efectos la dación en pago a la compraventa, y la acepta, sobre todo, la jurisprudencia antigua del Tribunal Supremo, que ha declarado que constituye compraventa el convenio por el que se da cosa en pago de un crédito líquido. Se reconoce también como evidentes las analogías que, desde el punto de vista práctico, existen entre la adjudicación en pago y la compraventa.
    Frente a esta concepción, otra, más moderna, considera a la dación en pago como una novación por cambio, de objeto.
    Ambas teorías tropiezan con serios inconvenientes. De acuerdo con José Castán Tobeñas, destacado civilista al que me ciño, catedrático numerario de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, del Instituto de Derecho Procesal y de la Comisión de Codificación, hasta su muerte en el año 69, la solución preferible parece ser considerar la dación en pago como una modalidad o variante del pago (y, consiguientemente, una causa de extinción de las obligaciones), que implica, a la vez, una transmisión onerosa y ofrece, desde este punto de vista, analogías con el contrato de compraventa, teoría admitida por la moderna jurisprudencia.
    Requisitos
    Siguiendo a Castán la dación de pago supone los siguientes requisitos:
    • a) Una prestación realizada a título de pago (animo solvendi), que puede consistir en la transmisión de una cosa corporal (dación en pago en sentido vulgar), o en la de un derecho real o un crédito (caso de la llamada cessio pro soluto).
    • b) Una diversidad cualquiera entre la prestación que se debía y la que le sustituye (aliud pro alio).
    • c) El acuerdo de voluntades de las partes, deudor y acreedor, de tener por extinguida inmediatamente la obligación merced a la realización de la prestación distinta de la debida.
    La capacidad para esta operación se regirá por las reglas del pago, debiendo, por ende, el que da una cosa en pago, tener la propiedad de ella y capacidad para enajenarla (artículo 1.160).
    La forma del acto se ajustará a las reglas generales que rigen la de los contratos (arts. 1.278 y sigs.).
    Efectos
    La dación en pago produce los efectos del pago mismo: extingue la obligación primitiva. para cambiar la ley hipotecaria

  4. Parece lobbying a cara descubierta. El señor Mayoral sabe perfectamente cuales son los procedimientos, pero se han situado en el propio campo de juego de la banca, no del Estado. Zapatero y Rajoy se reúnen antes con banqueros y empresarios que con los parlamentarios, y la reforma de la CE no la ha dictado la PAH, pero alguien lo ha hecho; no parece una ocurrencia peregrina de Zapatero. Creo que la PAH está en ese punto, jugando con las reglas del juego real, el que dicta leyes SINDE y reformas de la Constitución. Por lo demás es un muy buen artículo, como el del teniente kaffee, y es evidente que el juego es peligroso, pero las reglas ni las ha cambiado ni las ha impuesto la PAH.

    • De nuevo, gracias.
      Estoy de acuerdo en que la PAH se enfrenta a la asimetría total de las reglas reales de juego. Pero si se actúa como movimiento social, se tiene responsabilidad política. Se debe tener. Y ese es justo el asunto que me interesa, que la PAH ha actuado irresponsablemente…ha de madurar, a mi juicio

  5. De acuerdo con el artículo de Javier de Lucas. Quienes pretendemos y luchamos por la regeneración política en este país desde posiciones totalmente abiertas, abogamos por el papel de los movimientos sociales ( la PAH tiene todo el reconocimiento por lo que hace diariamente) , pero también por la responsabilidad de nuestros representantes políticos en el ejercicio de sus funciones , una de ellas ,articular la defensa de los intereses de los mas vulnerables con todos los instrumentos a su alcance y es evidente que con todas las cautelas necesarias uno de los mas importantes es el recurso de inconstitucionalidad.
    La Defensora del Pueblo deberá ejecer las suyas.

    • Gracias! ese es el punto, a mi juicio. Pero sin olvidar que responsabilidad política la tiene todo aquel que quiere ser actor político, también los que apuestan por una nueva política. Mala política sería si por el hecho de no ser un partido se entendiera que no se tiene responsabilidad política por las iniciativas que se lleven a cabo. Por eso, a mi juicio, a la PAH le falta madurez y responsabilidad

  6. El PSOE ha tenido mucho tiempo mientras gobernaba de cambiar muchas cosas.
    Eliminar los indultos a corruptos y ladrones de guante blanco.
    Mejorar el salario mínimo y aplicar un salario máximo.
    Perseguir a los grandes defraudadores.
    Pagar a las viudas el 100% en vez de la mitad.
    Por supuesto no desahuciar a los trabajadores y primar a los banqueros.
    Y MANTENER EL SISTEMA PÚBLICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
    Si en España se cotizara por todo el Salario percibido, es decir se suprimiera el máximo de cotización que en 2012 ha sido de 39.148,91€/año, la Seguridad Social percibiría por cotizaciones comunes en torno a 5.000 MM de €/año más.
    Si se puede, pero no se quiere.
    http://tejodeneneltrabajo.blogspot.com.es/2013/06/si-se-puede.html

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