Minería y derechos humanos en América Latina

Fernando Flores

América Latina se ha visto sometida desde inicios de los años 90 a un incremento significativo de la inversión –nacional y extranjera– en el ámbito de las industrias extractivas. Las compañías que allí operan son mayoritariamente norteamericanas, especialmente de Canadá, pero también las hay europeas, brasileñas y argentinas (y últimamente chinas), dedicadas en gran parte a la extracción de gas y petróleo.

Instituciones Financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la
 Corporación Financiera Internacional, así como los bancos europeos, facilitan créditos a las exportaciones y garantías de inversión para permitir que estas compañías puedan operar.

Sin embargo, el aprovechamiento de estos recursos minerales, muy atractivos para la financiación de los Estados y el trasiego en los mercados globales, viene necesariamente acompañado por grandes proyectos de infraestructura (oleoductos, hidrovías, carreteras, gasoductos, represas, tendidos eléctricos, etc…) que violentan de forma muy considerable el hábitat indígena y el medio ambiente.

selva amazónica

Las comunidades indígenas

Para los indígenas la tierra no es objeto sino sujeto, y su relación con ella no es de apropiación sino de reciprocidad. Más allá de los cambios que un larguísimo período de aculturación ha podido producir en muchas comunidades, es necesario partir de esa idea para entender la racionalidad indígena, el fundamento de su espiritualidad y la singular vinculación que mantienen con la tierra. Una vinculación que es de naturaleza no mercantil.

El territorio es la base de la supervivencia. En la tierra cultivan los productos que comen, venden o intercambian. En ella se crían sus animales. Su identidad se construye en el hábitat de los bosques, los ríos, los lagos, las sabanas. En él se organizan y se educan, de él depende su salud. En él construyen sus redes sociales y determinan un espacio psicosocial propio e intransferible. En él habitan sus dioses, sus mitos, su historia, y se encuentran enterrados sus familiares. En consecuencia, para los indígenas no cabe distinguir territorio y comunidad, pues ambas son parte de una sola identidad.

El conflicto y el Derecho aplicable

Existe, pues, una contradicción entre las políticas estatales dirigidas a aprovechar los recursos naturales en beneficio del desarrollo económico de cada país y la pervivencia de las comunidades indígenas en sus territorios.

Ciertamente, hasta hace unos años, la violación de derechos humanos que sistemáticamente acompañaba a las actividades mineras en territorios aborígenes carecía de atención y castigo por el Derecho. Sin embargo, la potente movilización indígena  que a comienzo de los años setenta se produjo en América Latina (y cuyo origen es precisamente la defensa de sus territorios) ha producido a lo largo de las últimas décadas un cambio, un reequilibrio, en la naturaleza del conflicto, que también ha afectado a lo jurídico.

destrucción selva 2

A día de hoy tanto el Derecho internacional como la mayoría de las constituciones nacionales de los Estados latinoamericanos reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas. Así, de forma pionera, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1989 el Convenio núm.169, asentado en los principios de respeto a la identidad de los pueblos indígenas, a su participación en los asuntos que atañen a su desarrollo, y al derecho de propiedad y posesión sobre las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado. Por su parte, en 2007, el sistema de protección universal de Naciones Unidas ha incorporado a su acervo (no sin problemas), a través de su Asamblea General (61ª Sesión), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y finalmente, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha comenzado a aplicar (a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1969 en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

De forma paralela, los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas se han reconocido por los textos constitucionales de Panamá (1971), Nicaragua (1986), Brasil (1988), Colombia (1991), El Salvador (1992), Guatemala (1992), México (1992 y 2001), Paraguay (1992), Perú (1993), Argentina (1994), Bolivia (1994), Venezuela (1999) y Ecuador (1994, 1998 y 2008). Y en casi todos los países (incluso en aquellos como Honduras, Chile o Costa Rica, en los que sus constituciones no reconocen aquellos derechos), se han aprobado legislaciones que de uno u otro modo han regulado la naturaleza y alcance de los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento por el Derecho internacional, constitucional y legal, los problemas en torno a la efectividad de esos derechos no han dejado de presentarse, siendo especialmente intensos y graves cuando de lo que se trata es del reconocimiento del derecho a la tierra frente a la facultad de los Estados y las empresas extractores de explotar los recursos minerales. La realidad es que, a pesar de la teórica protección jurídica de los derechos indígenas y las sentencias de los tribunales, tanto de los internos como los de la Corte Interamericana, se van consumando hechos que muestran que aquel “reequilibrio” está todavía muy lejos de ser justo.

Las protestas, la criminalización y la represión

Como es natural, el abuso del más fuerte, unido a la inaplicación o inefectividad de los derechos, causa rechazo, frustración y protesta social. Una protesta que, inutilizado el Derecho, es el único instrumento que les queda a las comunidades para defender el hábitat al que tienen derecho y que es base de su supervivencia.

Ciertamente, las movilizaciones ponen en peligro las inversiones millonarias de las industrias extractivas, y los Estados, dependientes de un sistema global de mercado dirigido por las transnacionales, optan por renunciar a la protección de los derechos humanos y al ejercicio de la soberanía que supone la aplicación del ordenamiento jurídico, encarando las protestas como actividades subversivas, peligrosas e incluso terroristas.

MapaConflictosMineros_ok

Como muestra el mapa del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), la criminalización de las personas que se oponen a la imposición del extractivismo es un problema de nivel continental (el cual, aunque con matices, concierne a gobiernos de diferentes orientaciones políticas), que afecta de forma grave a líderes de comunidad y activistas que rechazan la minería en sus comunidades y territorios y luchan por sus derechos.

Es verdad que algunas luchas mantenidas durante años (con enormes costes personales y sociales), por determinadas comunidades han finalizado con sentencias favorables que, en principio, han puesto las cosas en su sitio. Probablemente el caso paradigmático sea el Caso Chevron-Texaco en Ecuador, un caso que sin embargo todavía colea, y que muestra la tenacidad y capacidad de las transnacionales (y la impotencia o sumisión de los Estados) a la hora de defender sus intereses, sin importarles ni derechos humanos ni soberanías nacionales.

En este sentido, llama la atención que a principios de agosto Ben Emmerson, Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y contraterrorismo, llamase a las autoridades chilenas a abstenerse de aplicar la ley antiterrorista 18.314, en relación con las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche. O que la Corte Interamericana considerase hechos probados en la sentencia de 2013 que resolvía el Caso Sarayaku c. Ecuador que el Ministerio de Defensa y el Ejército habían colaborado en 2003 con la empresa petrolífera argentina CGC en la detención de varios miembros del pueblo sarayaku. O el tan terrible como silenciado caso de la recientísima masacre (7 de septiembre, 11 muertos, más de 15 heridos) en la comunidad maya kakchikel opositora a la Mina El Tambor, en Guatemala, acto brutal precedido de un proceso de intimidación en el que participaron individuos privados vinculados a las empresas extractivas y la Policía Nacional Civil.

El problema es la efectividad de los derechos. El problema es el modelo económico.

Los casos que podrían ponerse como ejemplo son muchos más, pero los relatados son suficientes para dejar constancia de que existe un grave conflicto entre los intereses de las grandes empresas multinacionales dedicadas a la explotación de los recursos naturales, intereses coincidentes con los de financiación y crecimiento económico de los Estados, que chocan frontalmente contra los derechos reconocidos a los pueblos indígenas (derecho al territorio, a la vida, a la consulta… ). En ese conflicto el Estado vive en una especie de esquizofrenia en la que es parte y juez, resolviendo como juez lo que como parte le interesa, y renunciando a la responsabilidad que le corresponde como garante de la efectividad de los derechos humanos.

Queda mucho camino por recorrer pero, para terminar, puede afirmarse que el creciente protagonismo social y político (a través de su lucha por los derechos y el territorio) que los pueblos indígenas vienen adquiriendo en las últimas décadas en muchas regiones del Planeta, y concretamente en América Latina, nos está enseñando (sin necesidad de creer en el mito del buen salvaje) algunas cosas importantes:

–       que existe otra manera de vivir bien, no consumista y apegada al dinero.

–       que la naturaleza y el medio ambiente deben protegerse como el objeto más preciado de la Humanidad.

–       que la garantía y protección de los derechos humanos que los Estados deben proporcionar a las personas cede ante los intereses económicos de las empresas transnacionales.

–       que capitalismo y derechos humanos no caben en una misma frase afirmativa.

foto - no a los canadienses y a los chinos

Un pensamiento en “Minería y derechos humanos en América Latina

  1. Pingback: Honduras: capitalismo vigente, derechos olvidados | Al revés y al derecho

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *