Rights International Spain lanza hoy una campaña dirigida a informar sobre la agenda de  reformas del Gobierno que restringen derechos y  libertades y reducen las  garantías de los  ciudadanos ante la Justicia. La intención de esta campaña es mostrar las conexiones entre las diferentes reformas (Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Justicia Gratuita, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Tasas ya en vigor) del gobierno como parte de un solo plan para dejarnos #SinJusticia

Esta es su presentación

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de nosotros impedirlo.

Frente a una sociedad civil que manifiesta de forma activa su rechazo a las políticas de recortes del Gobierno, éste, en lugar de atender a las demandas de la ciudadanía, se protege aplicando una agenda de reformas que restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia. No son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo plan para dejarnos #SinJusticia.

En Rights International Spain (RIS) creemos que es necesario conocer y denunciar esta situación. Por eso os proponemos una campaña informativa en la que podréis encontrar material elaborado por RIS con la intención de que cualquier persona, desde un ciudadano de a pie a juristas expertos, pueda usarlo para informarse e informar a otros sobre las siguientes reformas del gobierno.

Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana: el Gobierno quiere reformar la “Ley Corcuera”, en vigor desde 1992. La reforma actual ya ha sido calificada como “ley anti-protesta” y “ley mordaza” porque en ella se sancionan actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión.

Reforma del Código Penal: la reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno es muy criticable. Primero, porque no es necesario en este momento reformar precisamente el Código Penal; segundo, porque las modificaciones que incluye la reforma tendrán por consecuencia restringir derechos de la ciudadanía; tercero, porque aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son.

Tasas judiciales: parece que al Gobierno le preocupa que los ciudadanos vayamos a los tribunales para reclamar nuestros derechos y que la Justicia nos proteja. Por esa razón se están poniendo obstáculos para acceder a los tribunales.

Justicia Gratuita: el Proyecto de Ley para reformar la asistencia jurídica gratuita (es decir, el poder disponer de un abogado de oficio por no tener recursos económicos para pagarlo) supondrá que menos personas podrán beneficiarse de ese derecho.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la reforma que quiere hacer el Gobierno de la ley procesal penal hiere de muerte la acción popular, un derecho reconocido en la Constitución. Además pondrá en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado, la fase destinada a la investigación. Los fiscales tendrán el monopolio de la acción penal, sin contrapesos que hagan frente a su falta de independencia. 
 


Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: se ha disminuido la plantilla del Poder Judicial. Esto es una manera de debilitarlo y de reducir las posibilidades de los ciudadanos de obtener Justicia. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestran la desconfianza del Gobierno hacia los jueces. Para impedir las quejas y críticas por parte de los jueces también se pretende amordazarlos.

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informarnos, informa a los tuyos, comparte.