Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

Paco Solans

Cuando un debate se estanca, se anquilosa, y con pocas variaciones, como un oleaje perenne, se repite insistentemente cada cierto tiempo, denota la existencia de un problema estructural que probablemente no se está sabiendo afrontar por alguna o por todas las partes. La existencia de los CIE, por un lado quienes aducen su necesidad o conveniencia y adecuación a nuestro ordenamiento jurídico frente a quienes rechazan de plano su existencia misma, resulta uno de estos debates que desde 1985, fecha de entrada en vigor de la vieja Ley de Extranjería que los creó, sigue esas pautas.

Desde las primeras actuaciones al respecto por parte del Defensor del Pueblo, el primer informe que yo conozca elaborado por la sociedad civil data de más de 20 años, de 1994, y tuve el dudoso honor de haberlo elaborado con la colaboración de unos cuantos compañeros del Colegio de Abogados de Valencia. Tras él han venido muchos otros, y lamentablemente, la situación no ha variado en lo sustancial, evidenciándose sólo – y en honor a la verdad – una serie de parches y reformas, importantes pero a la postre anecdóticas, que sospecho no tenían otra intención que hacer soportable lo insoportable. La experiencia de todos estos años me ha hecho decantarme cada vez más por la opinión de que es un problema cuya única solución es radical, es decir, su cierre, pero entiendo que ante las muchas demagógicas opiniones vertidas estos días al respecto, y no pocas mentiras descaradas, conviene aclarar los términos y los motivos para tal postura. Expondré los mismos con una muy discutible y abierta gradación en importancia de menor a mayor:

CIE Zapadores

1.- Motivos coyunturales varios.

Si bien los distintos casos individuales no dejan de ser un reflejo de las previas condiciones de posibilidad o de la falta de garantías, tienen su importancia indudable, en primer lugar porque afectan directamente a quienes les toca, pero desde una perspectiva general porque en ocasiones los árboles no nos dejan ver el bosque, y brindamos la excusa de ser sólo fallos de funcionamiento de una estructura correcta. Reclaman nuestra atención así como errores puntuales, pero no los son, sino que deben ser tratados como emergencias de una serie de aspectos estructurales. Si un día se producen unos malos tratos no deja de ser grave, pero no sería trascendente si fueran debidamente castigados los responsables y se pusiera coto. Si en una ocasión se produce una mala o insuficiente alimentación de los internos, igualmente, siempre que se den los mecanismos y sobre todo el interés por superar esos fallos. Si las celdas no tienen condiciones, pues se hace que las tengan, se diría.

Sin embargo, como razonaremos con el resto de elementos, no sólo no existe un interés por mejorar esas cosas, corregir esos errores, sino que podemos afirmar que la propia intencionalidad de la institución es mantenerlas y aun empeorarlas, por lo que mal pueden llegar a solucionarse. El aburrimiento supremo, el aislamiento, la incomunicación, la mezcla de unos con otros sin mayor criterio, las limitaciones para salir al patio, para recibir visitas, el mal estado de las instalaciones… todo eso, no carece de sentido, sino que es una consecuencia lógica de una concepción perversa. La reiteración de esos aparentes fallos es un primer motivo, pero situémoslos.

2.- La crueldad de la indefinición.

La estancia en los CIE se torna en un conjunto de crueldades presididas por la indiferencia ante el destino del prójimo. Nada de lo que te ocurra me importa, puesto que tu destino es la eliminación de mi universo, mi completa desresponsabilización con respecto a ti, ergo ningún sufrimiento que tengas me atañe, es más, lo celebro como parte de la tortura que quiero que sufras. Además, como abundaremos, para que la cuentes a otros, y así el próximo que quiera venir se lo pensará dos veces. No hay que olvidar que la falacia del llamado “efecto llamada” no tiene otra traducción que si todo lo bueno que se permita provocará que otro se sienta llamado, el corolario lógico es que si no quiero que venga nadie más, debo hacerle al que está aquí, literalmente, la vida imposible.

Cie Madrid Sos racismo

Parte de esa crueldad, no la más pequeña, es la indefinición a la que se somete a los internos. Hasta a los condenados a muerte – al menos en aquellos lugares donde tan inhumana condena se aplica con formas de legalidad – se les reconoce el derecho a un día y una hora. A los inmigrantes que van a ser expulsados desde un CIE ni eso. Con la excusa de que utilizarán ese dato para buscar formas de impedir su expulsión, se les somete a la angustia que reflejaba Buero Vallejo en “la fundación”, reflejo de lo que fueron las cárceles franquistas, en las que no se sabía el día de la saca. Un día serás expulsado, o no. Mañana, o pasado, o nunca, y así un día y otro día, hasta sesenta, constituye una forma de tortura psicológica poco y mal valorada.

3.- Expresión del derecho penal del enemigo

Todo el aparato represivo de extranjería, pero especialmente los CIE, no son sino manifestación de una aciaga doctrina nacida en la Alemania de los 70 y que, apartándose del principio clásico de la igualdad ante la ley (sobre todo ante la ley penal) entre todas las personas –uno de los motivos fundacionales de las revoluciones liberales del XIX y uno de los puntos esenciales del liberalismo, que sorprende que los llamados neoliberales abandonen con tanta facilidad– consagra la idea de un derecho penal garantista para ciudadanos –que lo merecen porque son quienes al cabo han construido esa estructura para sí mismos– y otro derecho distinto, donde categorías como la presunción de inocencia, la proporcionalidad, la finalidad reinsertora de la pena, etc., etc., queden en agua de borrajas, para los que de una manera u otra podemos apartar de esa categoría, para “los otros”: la colocación de los extranjeros en esta segunda categoría se sirve en bandeja de plata.

Con esa doctrina en una mano, construimos un auténtico marasmo jurídico sin esquema claro, donde los pies y la cabeza no son sino la conveniencia y el interés de quien aplica el derecho, al cual, por otra parte, poco acceso de elaboración tiene el extranjero. Desaparece en la práctica la separación entre derecho administrativo sancionador y derecho penal, cuyos instrumentos utilizaremos en cada caso a nuestra pura conveniencia, y de esa manera se llega a la suprema aberración de que un instituto de radical exclusividad penal, como es la privación de libertad preventiva, sea utilizado en el marco y a conveniencia de un expediente administrativo, y ni tan siquiera como sanción, sino como medida de facilitación y eficacia al servicio de aquel.

4.- Los jueces como excusa: alejamiento del juez que en teoría es garante e indefinición del juez de vigilancia.

Los defensores de la existencia del CIE llenan su boca con la autorización previa por un juez, a cuya disposición se encuentra el interno. Que esto es en realidad una falacia se manifiesta en muchos aspectos, como el alejamiento práctico y en no pocas ocasiones geográfico de los centros de internamiento respecto del juez que autoriza. Cierto que no conozco muchos jueces de instrucción que visiten las cárceles a donde mandan a los presos preventivos, pero sí que hay un juez de vigilancia penitenciaria cuya competencia clara abarca todo el régimen de vida del preso. Sin embargo, ya me dirán que suerte de disposición es que un juez “autorice” un internamiento ni tan siquiera en un centro específico, sino en cualquiera de los ocho centros que hay en nuestro país, con traslados arbitrarios, y seguramente muy alejados del juzgado. El juez garante de las libertades de la persona se torna en una especie de lejano señor del castillo, inaccesible e invisible, salvo para ese primer momento en que decidió olvidarse de esa persona entregándola a la autoridad gubernativa. De hecho, en casi todos los juzgados la llamada “entrega para ejecución de la expulsión” se realiza como un mero formalismo final del que ni tan siquiera se da traslado a la defensa.

migra_cies Barna jesuitas.net

Poco vino a mejorar esta situación la creación del llamado “Juez de vigilancia del CIE”, como poco había cambiado antes la responsabilidad de las fiscalías provinciales. La única forma de evitar que se produzcan en los CIE las lamentables vulneraciones de las que a diario tenemos noticia sería que una de estas autoridades tuviera la potestad inmediata de paralizar la expulsión y ordenar la puesta en libertad, como medio para garantizar sus derechos superiores y la investigación de los abusos. Pero ya se ha encargado el avieso legislador de evitar que tal competencia quepa o pueda motivarse por las condiciones de la estancia en el CIE o los tratos recibidos en el mismo.

5.- Disposición absoluta de la autoridad gubernativa, impunidad garantizada.

Como continuación del anterior punto aclaremos de una vez por todas este extremo: los internos de un CIE no lo son por “orden” de un juez, sino por “autorización” del mismo. De un juez de instrucción penal sobrecargado de trabajo al que de forma incoherente se le somete una cuestión de derecho administrativo que recibe como ajena a su competencia. De un juez de instrucción penal acostumbrado a la colaboración y servidumbre policial. De un juez de instrucción penal cuyo cometido es instruir delitos, y al que al resultarle absolutamente ajena la cuestión de la justicia del expediente de expulsión, la elude, junto con las condiciones de vida de los centros, pues “doctores tiene la Iglesia” y él a lo suyo. De un juez que en muchas ocasiones no tendrá ni tiempo, ni ganas, de recorrer una larga distancia para asegurarse de que el CIE en el que autoriza el internamiento de una persona está en condiciones, y que recibe con incredulidad la noticia de que los probos funcionarios policiales puedan cometer la tropelía de tener a esas gentes –delincuentes peligrosos todos ellos, por cierto– en tan mal estado.

En teoría, el interno se encuentra a disposición de ese juez, pero esa disposición es una mentira burda, pues quedando el extranjero bajo la custodia de las mismas personas que van a decidir su destino, la “disposición” real y efectiva por parte de éstos es absoluta. La concreción de esto es el abuso de que cualquiera que denuncie malos tratos va a ser expulsado más rápida y contundentemente, con la doble finalidad de reprimir de antemano su denuncia, o de evitar la consecuencia lógica de ésta, que es la debida investigación de responsabilidades. Ante esta situación, el alarde que se hace por parte de las autoridades de la escasez de denuncias o del archivo de las mismas supone un cinismo repugnante digno de personajillos que en la Historia han manchado sus libros y que ni menciono.

Si una persona está sometida al cuidado y vigilancia de quien tiene en su mano su destino, su expulsión o su libertad, lo que significa a veces sus perspectivas de vida o muerte, no hace falta ser muy inteligente para ver el supremo poder a que está sometido, la infinita capacidad de coacción, la amenaza implícita –o expresa– de quien ostenta ese poder.

(…) Mañana segunda parte del post.

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Ilustraciones: 1. CIE Valencia (foto web Campaña cierre CIEs). 2. CIE Madrid (foto sosracismo). 3. CIE Barcelona (foto jesuïtes Catalunya).

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