Diez motivos para el cierre de los CIE (II)

Paco Solans

(Continúa el post de ayer: Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

6.- Sesgo social.

Todas las reformas que se han implementado para que el internamiento en un CIE no fuera una norma general, sino para racionalizarla, han derivado en un indudable e innegable sesgo social. Si hablamos de no internar a quienes tienen arraigo en el país, debemos darnos cuenta que estamos consagrando el internamiento de quienes no tienen como atribuible ese concepto tan difuso. Dicho a lo bruto y para entendernos: se interna más a los pobres, por ser pobres, que a los que tengan algo de dinero (no hablaré de ricos, pues en el contexto de nuestras leyes, éstos tienen alfombra roja para entrar o salir o residir). Si de las cárceles de cualquier país civilizado se critica con mucha razón el que haya un alto índice de ocupación de un “extracto social bajo”, o sea, de pobres, no veo por qué no se deba criticar igual de los CIE y se asuma acríticamente ese sesgo.

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Otro aspecto de este mismo efecto aparece cuando se insiste en el carácter delincuencial de los que son internados, falsedad que no por repetirse más veces va a ser más cierta. Si a los que se interna son delincuentes ¿por qué no están en la cárcel, como los demás?. No será que estamos calificando de delincuentes a quienes nos parece, en la estela de la vieja y aciaga ley de vagos y maleantes. Basta rascar un poco y los supuestos antecedentes de todos sólo son de algunos, y no son penales sino esa entelequia antidemocrática llamada “antecedentes policiales”, y muchos de ellos son acusaciones sin fundamento sobreseídas…

7.- Falsedad de la intencionalidad cautelar: meter miedo.

Se nos machaca con la cantinela de que el internamiento no es un castigo, sino un instrumento de eficacia de la Ley, para esconder así su verdadera intencionalidad: meter miedo. Nuestras leyes de extranjería han consagrado la expulsión como instrumento represivo máximo, y aun en él, han aplicado sistemas draconianos carentes de toda proporción y mesura, en la absurda intención de evitar que vengan quienes son expulsados por la realidad de sus países. Algún energúmeno ha propuesto poner cañoneras en el estrecho y responder con sangre y violencia. Nuestras instituciones no pueden caer en semejante barbarie, pero lo cierto es que si el máximo instrumento represivo que tienen es la expulsión, para la visión del desesperado esa es una amenaza risible: si me echan, pues volveré, puesto que no puedo hacer otra cosa. Consciente de esa consciencia, nuestro empático pero poco compasivo gestor público responde, en el más puro estilo mafioso: pues te vas a enterar, no sólo te voy a echar, sino que antes voy a hacer que te arrepientas de haber caído en mis manos. Y nacen los CIE.

No negaré que tiene efecto: en un despacho de abogado extranjerista se explica a gentes muy diversas las consecuencias de quedarse en situación irregular en el país: cuando se habla del retorno forzado o la expulsión la gente piensa en una especie de “volver a la casilla de salida”, y lo afrontan como que ello supone que no van a estar peor de lo que estaban antes de venir. Pero cuando se menciona la posibilidad de caer en ese agujero negro llamado CIE aparece el pánico, y el pánico funciona un cierto número de veces. Para los maquiavélicos cálculos de nuestros próceres, seguro que ese número merece la inversión y el esfuerzo, por mucho que desde una perspectiva ética suponga lo que supone.

8.- Falsedad de la naturaleza no penitenciaria

Desde esa perspectiva, inconfesable pero real, la deducción siguiente resulta elemental: la supuesta naturaleza no penitenciaria de los CIE es una falacia más, quizá la más sangrante, que no sirve sino para ahondar el mal que se causa. Cualquier extranjero que haya pasado por cualquier cárcel del estado español, y después haya pasado por cualquier CIE nos dirá, sin dudar un momento, que su estancia en éste fue de mucho más ingrato recuerdo. Nadie pretende ni que la cárcel ni los CIE sean hoteles de lujo, pero si bien la Constitución exige para los centros penitenciarios, por propia naturaleza gravosos, una serie de derechos, éstos se olvidan en los CIE, sea unas veces por lo limitado de la estancia –vulgar excusa a la que fácilmente se le puede dar la vuelta– como porque el destino final es una forma de desaparición o eliminación del ejecutado para quien ejecuta la expulsión, una forma de eliminar el problema mediante la vía de eliminar a la persona, que no lo genera, sino que lo constituye.

cie algeciras mugak

El delito para tal condena no es otro que ser extranjero. Legalmente además debe estar sin permiso de residencia, aunque no sólo, y la mentira de que sólo se interna a delincuentes se rebate fácilmente: la ley faculta el internamiento de cualquier extranjero en un expediente de expulsión, y un abrumador porcentaje de casos lo son sólo por estancia irregular. Lo que la ley prohíbe a veces ocurre, lo que no prohíbe, simplemente ocurre. Y en ningún lugar se prohíbe internar por la simple carencia de permiso, cosa que ocurre de forma diaria y cotidiana. Digan lo que digan.

9.- Proceso sin garantías reales: desde el procedimiento con resolución preconcebida hasta la dispersión geográfica.

Todo el proceso que acompaña el internamiento en un CIE, tanto el de expulsión del país como el propio de la decisión de internamiento, resulta apresurado, farragoso, complicado, y carente de garantías, sometido a la suprema autoridad de la autoridad gubernativa, la ejecutividad inmediata de sus resoluciones, la dificultad o imposibilidad de paralizarlas, por injustas que sean, el control judicial difuso y a posteriori, la presunción de legalidad de los actos administrativos por más que se reiteren hasta la saciedad los que después serán anulados por ilegales.

El procedimiento preferente de expulsión, un exabrupto creado ex profeso para ello, no es sino un “aquí te pillo, aquí te mato” que sólo busca la elusión de garantías de defensa mediante un atropellado embrollo del que no se tiene en cuenta sino lo que se quiere tener en cuenta; la actitud acrítica de firmar todo lo que se les presenta de los Delegados y Subdelegados, supuestos responsables de las expulsiones, no ayuda en nada a la limpieza del funcionamiento. A los jueces de instrucción se les presenta entonces un extranjero que ya tiene una orden de expulsión administrativa sobre la que ellos no tienen competencia alguna y se sienten con obligación de acatar, y del que la policía, esa con la que cada día colaboran en la persecución de delitos graves, les dice, “déjame que lo tenga aquí guardado unos pocos días que si no a lo mejor se me pueda escapar”. A ver. Con ese esquema se entiende que un juez, que además no ha visto un CIE ni en pintura, autoriza lo que le pongan por delante, añádase que en no pocas ocasiones bajo engaño, por omisión de datos esenciales.

10.- Subterfugio constitucional. ¿Qué es la privación de libertad administrativa?

Finalmente, sin que esta sea una cuestión directamente abordada por el Tribunal Constitucional hasta el momento, pues hábilmente la ha eludido en varios pronunciamientos, pesa sobre nuestras conciencias el artículo 25.3 CE: “La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad”. Nos dirán entonces que el internamiento no es una sanción ni una pena, que la sanción es la expulsión, y el internamiento es una medida para facilitar su ejecución, y no se aplica el precepto. Nos dirán que “subsidiariamente” no quiere decir “indirectamente”, sino que sólo se refiere a que a alguien se le ponga cárcel por impago de una multa administrativa, y que la privación de libertad indirectamente provocada por la sanción administrativa para su ejecución, pues no se incluye tampoco. Nos dirán que no es una privación de libertad administrativa porque la autoriza un juez, en las condiciones ya comentadas. Hasta nos dirán que no es una privación de libertad porque son libres de irse a su país, y nos tendremos que aguantar la risa tonta.

Concluiré este punto sólo con la definición del DRAE del término “subterfugio”: “Evasión, salida, recurso para sortear una dificultad, escapatoria, excusa artificiosa”. El rigor es someterse a la Ley aunque no nos convenga ni nos guste, el subterfugio es la escapatoria, y la falta de rigor la disolución de los derechos. El ejemplo es claro.

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En estos diez puntos hemos hecho un esfuerzo por resaltar aspectos estructurales, esenciales, se podría decir, a los CIE, a su propia definición. Frente a la oprobiosa realidad de los CIE se articulan sin embargo dos formas de oposición: uno el cuestionamiento del internamiento en su forma y modo coyuntural, que tiene como resultado la búsqueda de alternativas al mismo, sin cuestionar el sistema general de extranjería. Otro la negación del internamiento en su contexto y como culmen de la política represiva de la inmigración.

Reconociendo a los compañeros que caigan en la tentación de la primera postura, creo que tras la exposición de estos diez puntos se comprenderá por qué en este debate no caben medias tintas. Habrá quien defienda la estructura legal, y creerá que con una fuerte carga de garantías, mejoras, reformas, y vigilancia, son salvables. Pero no es así, porque en ese caso perderían su función oculta, y simplemente no merecerían la pena, ni el esfuerzo y la inversión para los que se mantienen.

Los CIE son estructuralmente perversos, intrínsecamente una aberración jurídica. No sólo su diseño, sino las características profundas del mismo son las que hacen que se produzcan los abusos y vulneraciones de derechos. No es una cuestión coyuntural, no es una noticia de unos días, no es la protesta de Madrid o la huelga de hambre de Barcelona, ni las ya decenas de informes donde se relatan abusos sin cuento, porque los presentados como errores no son tales, sino consecuencias de toda una concepción previamente asumida: el tratamiento a los extranjeros como bárbaros, subhumanos, seres inferiores y por tanto inferiores en derechos, los no ciudadanos, esas cosas molestas que debemos eliminar de nuestras vidas y no importa demasiado cómo. Y el CIE es la cúspide de esa concepción en la que para vivir, para trabajar, amar, respirar, estar sano o ponerse enfermo, aprender, ser niño o adulto, envejecer y hasta morir, hay que pedir permiso.

No es concebible un buen CIE, y por mucho que sean vigilados, en el mejor de ellos habrá abusos, sufrimiento innecesario, crueldad, arbitrariedad, opacidad, y sobre todo mucha mentira y demagogia para ocultarlo todo.

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Ilustraciones: 1. CIE de Barranco Seco, Gran Canaria; foto de Alejandro Ramos. 2. CIE de Algeciras; Mugak3. CIE de Murcia; foto tvregióndemurcia.

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