El último vuelo del almirante Carrero Blanco

Joaquín Urías

Los delitos de opinión están de moda. Es una moda que vuelve periódicamente, pero esta vez lo hace con una virulencia desconocida. El repunte de condenas, investigaciones e imputaciones a quienes expresan sus opiniones políticas parece tener dos causas: la generalización del uso de las redes sociales que permiten que las expresiones personales lleguen ahora a miles de receptores y la aceptación social de los ‘delitos de odio’ que amparan a las víctimas de otros delitos y reprimen las expresiones de intolerancia.

Respecto a las redes sociales poco se puede decir que no resulte evidente. Las opiniones que se escriben en la red llegan a un número indeterminado de personas y por todo el mundo. Además permanecen indefinidamente, ya sea en los dispositivos del emisor ya en los de cualquiera que las capture y las reproduzca. Lo que antes se decía en un bar y lo oían sólo los parroquianos, ahora está escrito y a disposición del mundo. Eso es terreno abonado tanto para los ofendidos de piel fina que corren a judicializar todo lo que les molesta como para cualquier fiscal con vena de inquisidor.

Menos evidente resulta la actitud de los bienpensantes que persiguen el odio a la vez que se alzan en defensores de la libertad de expresión. Un ejemplo es la reacción frente a las persecuciones y condenas penal por difundir tuits que ironizaban o se congratulaban por el atentado contra Carrero Blanco, el militar fascista llamado a ser el sucesor de Franco y cuya muerte facilitó la llegada de la democracia.

Estas acciones judiciales, como previamente las imputaciones contra unos titiriteros por un cartel que usaban sus monigotes o la de cantantes y raperos por sus letras contra la monarquía, han provocado una ola de indignación entre intelectuales y juristas. Se ha escrito mucho criticando estas actuaciones, sin embargo la mayoría de tales críticas hace un flaco favor a la libertad de expresión.

Dos son los reproches principales que se les hacen. Uno político; el otro técnico jurídico. Y ambos son estrictamente ciertos.

Políticamente, la queja es que los jueces y fiscales españoles tienen una marcada tendencia a ver delito sólo en las opiniones de izquierdas. No me cabe ninguna duda de que es así y es algo empíricamente demostrable; basta observar el incontestable predominio de la asociación de jueces duramente conservadora dentro del asociacionismo judicial. La razón puede estar en la tendencia del poder judicial a defender el establishment, frente al deseo que se le supone a la izquierda de subvertirlo. Más sensato aún sería pensar que el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal en nuestro país fomenta que entren jueces de derecha: la endogamia del mundo judicial en el que el origen familiar tiene un peso trascendental, los años improductivos necesarios para estudiar la oposición, los precios y el peso de los preparadores, la evaluación basada en la memoria eliminando cualquier conciencia crítica. Esta ideología influye sin duda a la hora de sobrevalorar las ofensas ideológicamente más opuestas a su manera de pensar y, en definitiva, castigar más opiniones de izquierdas que de derechas.

Jurídicamente, la ofensiva judicial contra la libertad de expresión incurre en errores groseros. Así, por ejemplo, expertos en derecho penal señalan –con mucha razón- que en casos como el de los tuits de César Strawberry el Tribunal Supremo defiende el absurdo de que el ensalzamiento del terrorismo o la humillación de las víctimas dependen del tenor literal de lo que se publica, con independencia de la intención de su autor. Así, incluso la ironía o la misma crítica política pueden llegar a convertirse en conductas perseguidas penalmente. También, desde el punto de vista técnico, se destaca que es contradictorio perseguir la humillación a las víctimas incluso en los casos en que ellas mismas manifiestan no sentirse ofendidas. Fiscales y jueces actúan y condenan incluso cuando Eduardo Madina, Irene Villa o la nieta del infame Carrero Blanco afirman no sentirse ofendidos por expresiones que los nombran a ellos directamente. El que alguien se ofendido no puede justificar, en sí mismo, una condena a no ser que las expresiones sean objetivamente dañinas, sin embargo cuando la persona dice no sentirse humillada, el delito se vuelve imposible.

En fin, todo esto es una barbaridad, pero no mucho mayor que la posibilidad misma de perseguir una opinión. Y ése es el problema: que casi todas las críticas políticas y técnicas parten de quienes al mismo tiempo defienden la legitimidad de los delitos de opinión y de que se castigue la apología del odio.

Políticamente, lo que se viene a decir es que si se castigara a las ofensas proferidas desde posiciones ideológicas conservadoras con la misma dureza que se hace con las progresistas, desparecería el problema. ¿Deberían actuar los fiscales contra los profesores que escriben que la homosexualidad es una enfermedad? ¿Habría que sancionar a un sacerdote que clame desde el púlpito que la mujer es propiedad de su marido a quien tiene que complacer? ¿Debe ser delito burlarse de los muertos que aún yacen en las cunetas españolas y sus familiares? Muchos de los que ahora critican que se persiga a quien glorifica el atentado contra Carrero Blanco exigen al mismo tiempo que se prohíban las banderas nazis. Piden que desaparezca el delito de blasfemia, pero no quieren que se pueda publicar la autobiografía de Hitler.

Los penalistas que critican al Tribunal Supremo, por su parte, no ponen pegas a que se persiga el discurso considerado odioso. Sólo piden que se haga adecuadamente. Leyéndolos, uno concluye que no habría ningún problema en condenar penalmente a quien con intención de defender ideologías totalitarias clame desde el escenario de un teatro que los negros son una raza inferior o que no habría que gastar recursos ni energía en salvar inmigrantes ilegales que se estén ahogando en el mar. Por no hablar de quien defienda que jamás existió el genocidio nazi y que ha sido una invención de los judíos.

En efecto, desde estas posturas supuestamente progresistas se insiste en la necesidad de mantener en el ordenamiento los delitos de odio e incluso endurecer sus penas. Entre las élites de izquierda ha calado la idea de que la sociedad democrática no puede tolerar que se difundan ideologías y expresiones que incitan al odio, ni menos aún las que menosprecien a las víctimas. Y ésa es la cobertura, precisamente, de quienes reprimen la libertad de expresión.

Quién piense que sólo deben poder difundirse y debatirse las ideas que no sean extremas ni dañinas debe ser consciente de que eso implica dar a alguien –a los jueces– la facultad de discutir qué es dañino y qué no. Cualquier modelo de derechos fundamentales que excluya la difusión de ideas totalitarias, o que resulten ofensivas para un colectivo, termina siendo un sistema de control político de la expresión.

La democracia militante sólo es posible dando a los jueces ese extraordinario poder político para discernir entre las ideas y expresiones que caben dentro del debate democrático y las que llevarían directamente al totalitarismo. Lo mismo sucede con la prohibición del discurso que fomenta el odio y hasta con la humillación a las víctimas: supone dejar que sean los jueces los que definan, incluso históricamente, conceptos tan marcados políticamente como terrorismo, dictadura o víctima: ¿La bomba contra Carrero Blanco fue terrorismo, guerrilla o justicia? ¿Los familiares de represaliados durante el franquismo son víctimas o rencorosos? ¿El comunismo y el fascismo son ambas ideologías totalitarias al mismo nivel? Estas preguntas no debe resolverlas ningún juez. Seguramente ni siquiera es necesario que se resuelvan de manera definitiva, con el respaldo sólido de la verdad judicial.

Frente a eso, un modelo auténticamente democrático debería poner el límite en los hechos, no en las ideas. Las opiniones políticas son todas respetables, pero actuar no siempre lo es. Deben castigarse las acciones que lesionen los derechos de los ciudadanos, pero jamás la difusión de ideas. Razonablemente, sólo debe prohibirse el discurso que incite de manera clara y efectiva a cometer delitos o vulneraciones de derechos. Sólo cuando la palabra suponga un peligro claro e inminente para las personas. Algo así planteó nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia histórica que declaró inconstitucional y contrario a la libertad de expresión un artículo del Código Penal que castigaba la mera negación del genocidio. Hasta quienes defiendan los hechos o las teorías más disparatados e indignantes tienen derecho a participar en el debate público.

Sin embargo, esa sentencia dejó un hueco abierto que ha sido aprovechado y agrandado por jueces, legisladores, intelectuales progresistas y otros represores del libre debate de ideas para colar de nuevo los delitos de opinión disidente. Decía el Tribunal Constitucional que la difusión de ideas y opiniones debe ser libre con la salvedad de aquéllas que directa o indirectamente inciten a cometer delitos.

La incitación indirecta se ha convertido desde entonces en el caballo de Troya de la libertad de expresión. Los jueces castigan a quienes se alegran de las víctimas amputadas de un atentado porque –dicen- eso puede llevar indirectamente a crear las condiciones en las que pueda surgir más terrorismo. Los movimientos “contra la intolerancia” exigen que se castigue a quienes defienden la supremacía de la raza blanca, porque a alguien puede darle por usar esas ideas (como cualquier otra) mediante la violencia.

Para una vez que el Tribunal Constitucional toma una posición valiente y profundamente democrática en defensa de los derechos, las fuerzas vivas judiciales e intelectuales la revierten e intentan convertir la excepción en regla.

Estamos llegando a una situación en la que todos los bandos intentan que se prohíban las ideas ajenas que le resultan molestas. Y eso sólo puede acabar en la imposición totalitaria de los discursos que se consideren ‘aceptables’ desde un bando sobre los se a su modo de ver parezcan ‘desviados’.

En fin, la democracia necesita de una libertad deliberativa que no puede alcanzarse con trampas. No se puede hurtar al debate político las líneas ideológicas que consideremos infundadas, incoherentes o incluso peligrosas. Si lo hacemos, los fascistas como el almirante Carrero Blanco habrán ganado la batalla después de muertos. Sus ideas totalitarias triunfarán después de ese último vuelo sobre las azoteas de Madrid, y eso sería una pena.

Ilustraciones: Javier Zabala. El pájaro enjaulado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *