La democracia interna de los partidos: entre el vicio y la virtud

Fernando Flores

Hace unos años una militante asturiana del Partido Socialista, escandalizada por una discutible decisión de la ejecutiva regional del Partido (la suspensión de un proceso de primarias para elegir el candidato a alcade de Oviedo), escribió una carta al periódico La Nueva España, en la que se despachaba a gusto contra los miembros del órgano directivo. En esa carta pública calificaba la decisión de “arbitraria, torpe y burda”, de “espectáculo bochornoso y lamentable”, y tachaba a los compañeros que la habían adoptado de ser “mangantes, garrapatas”, y de “tener la lengua marrón”. Entre otras cosas.

La carta le costó a la articulista una sanción de 20 meses de suspensión temporal de militancia. Ella recurrió primero a los tribunales ordinarios, y más tarde en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Éste, diez años después de aquella publicación, ha entendido que la sanción del partido no ha vulnerado su libertad de expresión.

Se trata de una sentencia muy interesante desde varios puntos de vista (por ejemplo, la consideración por el TC a estas alturas de la relevancia constitucional del tema… los constitucionalistas me entenderán), pero para no hacerlo largo sólo comentaré, brevemente, un par de cosas: el sorprendente cambio de línea jurisprudencial que plantea la sentencia, y la decisión sobre el fondo del asunto.

Respecto al cambio de jurisprudencia, el TC “entiende que es necesario aclarar su doctrina en relación con el ejercicio de derechos fundamentales por los integrantes de asociaciones como son los partidos políticos”, y es por eso que decide por primera vez que su enjuiciamiento puede extenderse al análisis material de las causas de expulsión (o suspensión) de los militantes. Hasta esta sentencia, las pocas veces que el Tribunal había decidido admitir y valorar recursos de amparo sobre democracia interna en los partidos, se había limitado a comprobar si las decisiones disciplinarias habían sido adoptadas con las formas y procedimientos legales y estatutarios exigidos, y si existía una base razonable que justificara la sanción. Ahora, en cambio, el TC asume que puede entrar a ponderar (se entiende que a profundizar) las decisiones de los partidos que afecten a derechos como la libertad de expresión de sus afiliados.

En mi opinión, la doctrina del Tribunal en relación con el ejercicio de los derechos fundamentales de los militantes sí era clara, lo que sucede es que era, digamos, “contenida”. Ahora, sencillamente, ha decidido cambiarla, dando un “paso adelante”, un paso intromisivo a primera vista bienintencionado, pero que entraña algunos peligros, como creo que en este caso confirman la decisión de fondo y los argumentos que a ella le conducen.

Partiendo de aquí la cuestión de fondo no es, como dice la resolución del TC, si puede admitirse que la condición de afiliado a un partido limita su libertad de expresión cuando sus opiniones puedan considerarse contrarias a los intereses del partido. Este punto está claro desde hace tiempo: el ejercicio de la libertad de expresión de un afiliado, que de ninguna manera desaparece por serlo, debe conjugarse con su colaboración leal con el partido. No debe perderse de vista que no es sólo el derecho de opinión de ese afiliado el que está aquí en juego, sino también el derecho fundamental de asociación del partido como persona jurídica, que se manifiesta entre otras cosas en la potestad de la organización reflejada en la regulación por sus estatutos de las causas y procedimientos sancionatorios de los afiliados.

Por eso, la verdadera cuestión de fondo es, ante unas expresiones críticas de un afiliado, cómo se mide y pondera el grado de su lealtad con el partido, el daño que aquéllas producen a la organización, y quién está en condiciones de medirlos. Es decir, quién y con qué criterios (¿el alcance público de la crítica, su contenido “neutral”, injurioso o de menosprecio, la intención de la firmante, su autoridad dentro y fuera del partido, el momento electoral en que se realiza, la debilidad o fortaleza coyuntural de la organización, el apoyo mediático a la misma, el impacto o daño realmente producido…?) decide que unas opiniones son desleales y contrarias a los intereses del partido. Porque, y esto debe quedar claro, no se trata de discutir sobre si la ejecutiva asturiana actuó bien o mal paralizando el proceso de primarias; esto quizás fue un error político o una jugada rastrera por intereses personales o sectarios. De lo que se trata es de decidir si la duda y la crítica pública a aquella decisión por una militante ha sobrepasado lo estatutariamente aceptable, al provocar un daño grave en la imagen del partido.

A la vista de la subjetividad que alimenta los criterios para medir lealtad y daño, vemos que no se trata de una decisión fácil, y nos preguntamos si ésta puede ser valorada (más allá del cumplimiento de los aspectos formales de la decisión sancionatoria y la constatación de la existencia de una base razonable en la misma) por el Tribunal Constitucional y, por vía de su interpretación, por los tribunales ordinarios. Mi opinión es que no.

Porque ni siquiera la concurrencia de una “base razonable” que justifique la sanción deja de tener connotaciones políticas y, en consecuencia, es fácil de determinar. A mi modo de ver, si la crítica de la militante a la ejecutiva lo hubiera sido a la decisión concreta de suspender las primarias, o al comportamiento general del órgano de dirección; si hubiera prescindido del menosprecio y de términos valorativos fuertes y negativos sobre los miembros de esa ejecutiva (prescindibles en su mensaje de fondo), la sanción aplicada no hubiera tenido una base razonable. En tal caso, el ejercicio de su libertad de expresión (que es garantía institucional conformadora de una opinión pública libre) hubiera prevalecido sobre otros intereses, quizás defendibles, pero creo que de menor entidad. Por el contrario, al atacar directamente la honorabilidad de la ejecutiva con términos y expresiones de menosprecio hacia sus miembros, la afiliada dota de contenido a una base razonable para la sanción (y esto es independiente de que yo, personalmente, no esté de acuerdo con esa sanción), convirtiéndola en legal.

Aún así, determinar con nitidez la línea de lo razonable y no arbitario de una decisión disciplinaria como la que aquí se comenta no resulta fácil, y siempre será discutible. Pero, precisamente por eso, lo importante es que entendamos que si configurar esa base razonable que argumente la sanción es problemático, imaginemos lo que supone entrar en la discusión material de todo lo que rodea el conflicto. Es por eso que en este caso, a la hora de la verdad, el TC no hace uso de la propia cobertura intromisiva de la que acaba de dotarse. Rechaza la demanda de amparo y confirma la constitucionalidad de la sanción que suspende de militancia a la afiliada sobre la existencia de una base razonable, pero sin entrar a analizar realmente los términos del conflicto: si hubo lealtad o no, el grado de daño a la organización partidaria, etc. El TC se dota de unas alforjas para el viaje, pero después, una vez en camino, no se atreve a llenarlas.

En fin, los partidos políticos están sometidos a la tragedia que significa optar por hacer de la exigencia de la democracia interna un vicio o una virtud. Si la limitan se les flagela por antidemocráticos; si la respetan se les acusa de débiles e inconsistentes. Es un dilema de difícil solución pero, sea como fuere, los tribunales no deberían entrometerse en él más allá de lo razonable.

Las ilustraciones hacen referencia al mito de Escila y Caribdis.

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