El TEDH: no es Tribunal para viejos

 Fernando Flores

El Gobierno acaba de decretar que con más de 61 años no se puede optar a ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que esta limitación es arbitrariainconstitucional, por varias razones.

La primera es su justificación. El Gobierno dice que la alta cualificación exigida a los candidatos solo puede reconocerse si estos están en condiciones de cumplir el mandato de nueve años por el que son designados (como el Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé los 70 años como edad de jubilación, 61 sería el tope de acceso). Sin embargo, es difícil, por no decir ilógico y absurdo, relacionar la alta cualificación de un candidato con el tiempo que vaya a ejercer su cargo. Sencillamente, nada tiene que ver una cosa con la otra.

La segunda y principal es por su impacto en los derechos fundamentales de las personas. De una parte, resulta patente que la limitación de edad se entromete, de forma desproporcionada y arbitraria, en el derecho a no ser tratado de forma discriminatoria por la circunstancia personal de ser mayor de 61 años. Es por ello que el Gobierno vulnera frontalmente el derecho a la igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución. Además, nuestra Ley Fundamental reconoce en su artículo 23 el derecho de acceso a cargos públicos por lo que, para no vulnerarlo, el Gobierno debería haber pensado en un argumento limitativo algo más consistente que el de que no puedan cumplir íntegramente nueve años en el cargo.

La tercera es la norma utilizada: una resolución administrativa. Si algo caracteriza en los Estados democráticos la limitación de los derechos es que tal restricción debe cumplir el principio de legalidad. Dicho de otra forma, debe ser decidida por el Parlamento, no por el Gobierno. En nuestro ordenamiento, además, esa ley debe ser orgánica, es decir, debe aprobarse por la mayoría absoluta de las Cortes. Tomar una decisión como la de impedir a personas mayores de 61 ser candidatos mediante resolución de la Subsecretaría de Presidencia, sin cobertura legal o convencional alguna, es una vulneración constitucional que se enseña en primero de Derecho.

Podrían añadirse algunos otros argumentos para mostrar el abuso y atropello de la decisión del Gobierno, como que limita gravemente al Congreso su intervención en el proceso de selección (quizás el Congreso pudiera entender que alguien con 65 años tiene una gran cualificación y merezca más que nadie ser juez del TEDH, aunque sea por cinco años); o como que va en contra de la política de transparencia y rigor con que el Consejo de Europa trata de elegir en los últimos años a los jueces que forman el Tribunal.

Pero con los primeros cometarios es suficiente. La verdad es que es para nota que nuestro Gobierno no tenga problemas en vulnerar los derechos humanos en el mismo procedimiento de selección de candidatos para el Tribunal que protege a nivel europeo esos mismos derechos humanos.

Para los no iniciados debe decirse que este despropósito podría tener, quizás, a lo mejor sólo es un rumor, un motivo. El candidato del Gobierno a ocupar esa plaza de juez en el TEDH (Francisco Pérez de los Cobos, excelente jurista conservador, exmilitante del PP, y actual presidente del Tribunal Constitucional) es menor de 61 años; y la aspirante Emilia Casas, excelente jurista progresista, expresidenta del TC, no candidata del Gobierno, dura competencia para cualquier otro candidato (incluido el del Gobierno), y mujer, es mayor de 61 años.

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