La doble vida de la Ley de Amnistía

Pepe Reig Cruañes

¿Quién le iba a decir a la famosa Ley de Amnistía que viviría, 40 años después, un renacimiento de su fama como el que ahora contemplamos? Lo que entonces nos parecía la fuerza imparable de la razón, se nos muestra ahora como el truco final e inapelable de la fuerza. La puerta cerrada a cal y canto. Misterios de las cosas hechas a medias, o sea, de casi todo lo que hacemos por aquí, al parecer.

Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley para derogar la Ley de Amnistía, una norma que su partido matriz, el PCE, impulsó en su día más que nadie. El propósito explícito es superar “40 años de franquismo y otros 40 años de impunidad garantizada”. En esto de la derogación IU ha cambiado de postura, porque en 2010 lo que pedía era una reforma de la Ley, para recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben e impedir su utilización como “ley de punto final”.

Esa iniciativa conecta bien con la nueva sensibilidad pública hacia los derechos de las víctimas del franquismo, que desde mediados de los noventa no ha hecho más que extenderse, y también con la desafección creciente hacia el “régimen” de la transición, visto ahora como culpable de todas las disfunciones que la crisis puso dramáticamente de relieve. El ataque a aquella Ley se justifica por el uso y abuso que de ella vienen haciendo quienes se oponen al esclarecimiento de los crímenes del franquismo, al levantamiento de las fosas y al relato de la naturaleza criminal de aquel régimen. A la cabeza de todos ellos el juez ultraconservador Adolfo Prego, ponente que fue de la causa contra Baltasar Garzón, a quien acusó de ignorar la Ley de Amnistía cuando pretendió investigar la desaparición forzada de más de cien mil personas.

La forma en que alguna de las fuerzas políticas emergentes se ha hecho eco de la propuesta de derogación –de “infamia”, nada menos, calificó Errejón a la Ley de Amnistía-, adolece de cierto desconocimiento del contexto histórico de aquella norma clave de la transición. Lo que quizá, visto desde hoy, sea difícil de entender es la importancia estratégica que para la oposición democrática tenía el cierre simbólico de la guerra y la dictadura. Como nos ha enseñado Paloma Aguilar, el recuerdo de la guerra y el miedo a la violencia franquista, cuidadosamente cultivados por el régimen hasta el último día, llegaron a estar indeleblemente inscritos en el imaginario social de los españoles y jugaron un papel determinante en la forma que adoptó finalmente la transición. La legitimidad de la nueva democracia exigía ese “cierre simbólico”.

Quizá cueste verlo desde el más estricto presente, pero a la altura de 1977, recién estrenadas las primeras Cortes de la Democracia, la izquierda era muy consciente de que no sólo los vencedores y sus herederos, sino los vencidos y sus descendientes reclamaban ese cierre. La amnistía adquirió ese poder cancelador porque aparecía como la garantía de que la salida de la dictadura sería hacia la democracia y no hacia cualquier otra cosa. Los debates de aquel parlamento revelan que la amnistía era la llave para la Constitución y, además, tenía la legitimidad de haber sido la reclamación más unánime del pueblo movilizado.

¿Pero qué amnistió la amnistía?

Como recordó en 2010 el historiador Santos Juliá, de este “proceso, más que acto, de amnistía” hay varios detalles que es conveniente contemplar:

a) En primer lugar, a diferencia de las leyes de “punto final”, no fue una autoamnistía del dictador, sino la primera ley de un parlamento democráticamente elegido y a pocos meses de la firma por España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

b) En segundo lugar, fue una ley preconstitucional, ya que data del 15 de octubre de 1977, más de un año antes del referéndum que aprobó la constitución vigente. No pasaría nada, por tanto, si se aboliera o reformara.

c) En tercer lugar, no fue una medida del gobierno Suárez para, so pretexto de amnistiar a la oposición democrática, arreglar un escudo de impunidad para los crímenes del franquismo, como algunos pretenden ahora que creamos. Fue una iniciativa parlamentaria, nacida en la izquierda y que recibió el apoyo de toda la cámara, menos la neofranquista Alianza Popular de Fraga, para resolver lo que no había resuelto el Real Decreto de Amnistía de 30 de julio de 1976, ese sí gubernamental: amnistiar los delitos de intencionalidad política que hubieran afectado a “la vida o la integridad de las personas”. Lo que proponía la oposición era una amnistía “total”, como medio para una verdadera clausura de la guerra y la dictadura y como precondición para la apertura de un proceso constituyente.

d) En cuarto lugar, la Ley de Amnistía de octubre de 1977 se aplica (art. 1) “a los actos de intencionalidad política cualquiera que fuera su resultado”, “hasta el 15 de junio de 1977”, es decir, a los delitos de terrorismo cometidos por ETA, GRAPO, FRAP, etc. que eran los que quedaban aún en pequeño número en las prisiones. Los demás estaban ya fuera y sus delitos extinguidos por el indulto y la amnistía parcial anteriores.

e) En quinto lugar, la inclusión en el artículo 2º, letras e y f, de los delitos cometidos por funcionarios y policías en la persecución de actividades democráticas y contra los derechos, suponía de hecho un pacto que ahora concita la ira de los abolicionistas y sirve de argumento a los “devaluadores” de la transición, porque comete la infamia –a esto debía referirse Errejón- de igualar verdugos y víctimas. Pero, como ha señalado Santos Juliá, la inclusión del artículo 2º encierra desde luego un pacto, pero no el que ahora se aduce para deslegitimar aquella ley, sino otro acaso menos vistoso: la ley de Amnistía no iguala los “delitos” del antifranquismo democrático con los crímenes de la guerra y el franquismo, sino los delitos de terrorismo y los de represión. Ese pacto amnistiaba sencillamente a terroristas y policías.

f) En sexto lugar, en ninguna parte de la Ley se establece ninguna protección para los delitos de genocidio, desaparición forzada o tortura, es decir, los crímenes de lesa humanidad. Ni la establece ni tendría hoy vigor, caso de haberse establecido, porque lo prohíbe el derecho internacional.

¿Punto final?

Pero que se use por los jueces como “ley de punto final” no quiere decir que lo sea, ni que esa fuera la intención de sus impulsores. Una cosa es lo que la amnistía hace y otra muy distinta lo que la magistratura y el poder político dicen que hace. La resistencia a toda revisión del pasado franquista ha convertido indebidamente esta Ley en el obstáculo principal, pero, tal como señala el Relator Especial de la ONU de misión en España, Pablo de Greiff, en su Informe sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a ello se han unido otros argumentos en un eficaz despliegue silenciador: el principio de no retroactividad (los delitos de genocidio y de lesa humanidad no se incorporaron al Código Penal español hasta 2004 y no serían aplicables); el principio de “norma más favorable” al reo o al administrado; la prescripción de los delitos (por más que el derecho internacional humanitario lo ha descartado para las desapariciones forzadas al señalar que el cómputo para la prescripción no empieza hasta que aparece la persona o su cadáver); la seguridad jurídica (que, sin embargo, no debiera estar por encima del derecho de las víctimas).

Lo que la magistratura y el gobierno están diciendo es que la amnistía impide investigar los hechos, pero eso es, justamente, lo que la amnistía no puede hacer. La extinción de la responsabilidad penal, es decir de la consecuencia jurídica el delito, requiere, precisamente, la investigación de los hechos para determinar su existencia. De lo contrario no habría responsabilidad penal que extinguir. Incluso los delitos del apartado e y f del artículo 2º, cometidos por funcionarios y policías contra activistas demócratas, requieren un esclarecimiento previo, para poder ser amnistiados.

Lo que esta derecha, que no votó la amnistía, hace con esa ley es bloquear una función básica de la justicia, cual es el “conocimiento de los hechos”. Al impedir siquiera investigar las desapariciones o las fosas vulnera el derecho a la justicia y vulnera el derecho a la verdad.

Cuando el relator de la ONU, Pablo Greiff, pide la reforma de la Ley de Amnistía, no lo hace porque sea en sí misma una “ley de punto final”, sino para impedir que se siga usando como tal, debido a las “interpretaciones restrictivas” que emanan de un Poder Judicial que es “la esfera del Estado que ha acusado menos reformas estructurales desde la transición”. Esas interpretaciones carecen de base y son una manifestación del conservadurismo de los jueces y de las artimañas del poder político que, al principio por cobardía y luego por vocación, decidió que una revisión del franquismo no tendría nunca lugar. Para darle continuidad a ese veto, bastaba con envolver el miedo y la complicidad en una conveniente ideología de “modélica transición” y malversar el sentido de la “reconciliación”, que nunca hubiera debido fundarse en el silencio. Esa ideología ha tenido el respaldo oficial y mediático suficiente –no así el académico que ha seguido su ritmo lento de revisiones críticas- para convertirse en casi intocable. Tan intocable como la propia Ley de Amnistía.

El relato también importa

La amnistía fue lo que pudo conseguir, con las fuerzas de que disponía, una oposición débilmente unida, pero lo bastante legitimada como para imponer una salida democrática al régimen y evitar cualquier otro sucedáneo continuista. Y si luego no se tuvo el valor o la fuerza para revisar lo hecho o para impedir que aquella amnistía se volviera parapeto y punto final, hágase ahora, pero no le demos al postfraquismo residual la baza retrospectiva de arrebatarnos también esa bandera simbólica. No lo hagamos de forma que legitimemos a toro pasado el relato apócrifo de la transición como “evolución natural” del régimen de Franco una vez desaparecido el dictador. Ese relato sobre las “previsiones sucesorias” que aún sostienen los nostálgicos de la dictadura, resulta sospechosamente simétrico de aquel otro “revisionismo” de izquierda que, puesto que no se cumplieron las previsiones de ruptura revolucionaria, reduce la transición a una decepcionante traición y renuncia.

Transición hubo y no fue modélica, porque tuvo un coste elevado en violencia oculta y en silencios impuestos, pero condujo a una democracia no mucho más “defectiva” que las de nuestro entorno, en libertades y garantías. Razonablemente homologable, por tanto, con las democracias “burguesas” de Europa, salvo quizá en un aspecto que ha sido poco resaltado: nuestros déficits de “cultura política”, es decir, de aquello que la gente sabe y siente hacia el sistema político y su papel dentro de él. Ese déficit tiene mucho que ver, precisamente, con la falta de revisión, enjuiciamiento y condena de los crímenes del franquismo. Es decir, con la falta de justicia transicional y de reparación simbólica de las víctimas. De ahí que sea tan necesaria la Comisión de la Verdad que hace años se viene reclamando. Si bien ese silencio no fue propósito, ni siquiera oculto, de los promotores de la amnistía, es bien cierto, que se ha venido usando como pantalla por quienes se oponen a la pedagogía de la memoria. Reformémosla, pues, pero no se la regalemos a los de siempre.

El impedimento no es principalmente jurídico sino claramente político. Lo que impide la búsqueda de la verdad no es la Ley de Amnistía, sino la interpretación torticera de la Ley de Amnistía, para ponerla al servicio de un objetivo político: la impunidad y la desmemoria, tan útiles para devaluar la democracia. Es, pues, una cuestión de voluntad y valentía políticas.

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