El manoseo a la Constitución: el referéndum y el Matadero

Ana Valero

El manoseo de la Constitución está de moda…Tomar el nombre de la Constitución en vano es algo a lo que siempre ha sido muy propicia la derecha política española, y que alcanza su máxima expresión cuando de la unidad territorial del Estado se trata. Pero lo más preocupante es que a ello se han sumado algunos sectores del Poder Judicial.

El último ejemplo lo encontramos en auto dictado el día de ayer por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, por el cual declara la suspensión, sin posibilidad de recurso, de la autorización por parte del Ayuntamiento de Madrid de un acto de apoyo al referéndum convocado en Cataluña el próximo 1 de octubre, como consecuencia del recurso interpuesto por el Grupo Municipal Popular.

El juez José Justy Bastarreche declara, para justificar dicha suspensión, que se trata de un acto de apoyo a la Ley 19/2017, del Parlamento catalán, que regula la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña, la cual ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional y es claramente contraria a la Constitución española en lo referente al principio de soberanía e indisoluble unidad de la Nación española. De este modo, concluye que, los actos de apoyo a un referéndum ilegal no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular.

Las barbaridades jurídicas no me sorprenden cuando del partido gobernante se trata, pues es conocida su facilidad para retorcer las normas y la Constitución y hacer decir a esta última lo que a ellos se les antoja, en orden a satisfacer sus intereses partidarios. Pero cuando semejantes interpretaciones proceden del Poder Judicial y, además, afectan directamente a derechos y libertades de la ciudadanía, después del sonrojo lo que a una provocan es una inmensa indignación.

De sobra debería saber el señor juez firmante del presente Auto, que vivimos al amparo de una Constitución que, además de proclamar la libertad de expresión como uno de sus derechos fundamentales dotados de la máxima protección y garantías jurídicas, el Tribunal Constitucional ha dicho hasta la saciedad que el nuestro no es un modelo de democracia militante. Esto es, que en la medida en que la Constitución española es reformable en todos y cada uno de sus preceptos, la lealtad a la misma lo único que exige es el respeto a los procedimientos previstos para su reforma y no una adhesión acérrima a los principios y valores por ella proclamados.

Esto es lo que permite que en España no se ilegalicen los partidos de corte falangista –siempre que no se utilicen medios violentos para defender sus objetivos, o se incluya la violencia entre sus fines-, o puedan quienes todavía añoran la dictadura manifestarse, con el consentimiento consistorial, para homenajear al dictador en el aniversario de su muerte.

Es por ello que, con independencia de la opinión que el Juez Bastarreche tenga sobre la constitucionalidad o no del referéndum que pretende celebrarse el próximo 1-O, sobre la que nadie le ha preguntado y al que no corresponde pronunciarse, su obligación hubiera sido dictar resolución en este caso concreto de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión y, en este sentido, el camino es uno y es claro: un acto ciudadano de apoyo al movimiento político que pretende la independencia de Cataluña, aun cuando su impulso haya caído en la ilegalidad, incluso catalana, es un acto de libertad de expresión perfectamente compatible con la Constitución española en tanto en cuanto los organizadores no hayan previsto el empleo de la violencia en la celebración del mismo, de conformidad con la legislación reguladora de reuniones y manifestaciones.

Foto: Preámbulo de la Constitución. Grabados de Acaymo S. Cuesta.

Un pensamiento en “El manoseo a la Constitución: el referéndum y el Matadero

  1. Creo que se confunden dos cosas: la legalidad o ilegalidad del acto, es una; la otra, la conveniencia de que el Ayuntamiento de Madrid cediera gratis un local para celebrarlo. Probablemente, el acto habría sido legal y el juez se ha equivocado, pero con seguridad, la cesión del local fue inoportuna e injustificada. Supongamos que el acto hubiera sido, en vez de para cantar las excelencias del referendo por la independencia, para censurar con acritud la despenalización del aborto. No es ilegal ni anticonstitucional pedir que el aborto se penalice de nuevo. Es posible, incluso que el Ayto. de Botella hubiera estado encantado de colaborar con esa causa, pero habría metido la pata gravemente igual que ahora la ha metido Carmena con la del referendo catalán. En primer lugar, porque un Ayto. no debe ceder gratis un local cuando la experiencia demuestra que los organizadores tienen dinero para alquilar un local. En segundo, porque no se entiende que el Ayto. de Madrid, precisamente de Madrid –ese lugar tan caro a los secesionistas catalanes– colabore desinteresadamente a la causa secesionista, por muy legal que sea esa inoportunísima colaboración. Creo que la metedura de pata le costará votos a Carmena, por muy legal que pudiera ser el acto.

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