Es libertad de expresión, estúpidos

Ana Valero Heredia

El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acaba de abrir diligencias contra la revista satírica El Jueves, por un presunto delito de injurias ante el escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado por los principales cinco sindicatos de policía en el que se denuncia el artículo publicado el pasado 5 de octubre bajo el título: “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña”.

Con el tono propiamente satírico de la revista, el artículo señala que los cárteles colombianos han advertido que son “incapaces de abastecer tanta demanda” tras la actuación policial contra la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña. Tras abrir diligencias, la juez ha citado como investigado al director de la revista.

Asimismo, ha quedado visto para sentencia el juicio celebrado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra doce raperos que integran el grupo llamado La insurgencia por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. La Fiscalía solicita dos años y un día de prisión para cada uno de los integrantes del grupo musical por estimar que las letras de sus canciones hacen apología de la violencia y ensalzan a la organización terrorista GRAPO.

Como es sabido, estos dos nuevos casos no son los primeros ni los últimos pues se suman a los del rapero Valtonyc, César Strawberry, Pablo Hásel, el del concejal Zapata, Cassandra, los titiriteros, Rita Maestre, Abel Azcona, Javier Krahe, Leo Bassi, los manifestantes que quemaron la foto del rey, el autobús de Hazte Oír y tantos otros. Algunos de ellos han sido condenados penalmente, otros han sido absueltos. A algunos se les imputan delitos como el escarnio religioso, las injurias, el enaltecimiento del terrorismo, o, el discurso del odio, pero en todos ellos subyace, la limitación de un derecho fundamental: la libertad de expresión.

Ante esta realidad, una empieza a preguntarse con preocupación a qué responde este evidente retroceso en la protección de tal derecho en nuestro país, pues es evidente que la Fiscalía y determinados órganos jurisdiccionales, incluido el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 31 de julio de 2015 relativa a la quema de fotos del rey, parecen haberse empeñado en contradecir uno de los principios definitorios del sistema constitucional español, el de que España no es una “democracia militante”, lo que significa, a diferencia de otros modelos de nuestro entorno cercano, que aquí cabe la defensa de cualesquiera ideas y opiniones, incluso, aquéllas que contradigan el propio modelo constitucional democrático, siempre que se haga respetando los procedimientos previstos para ello y sin emplear la violencia.

En este sentido, parece que procede reiterar, una vez más y hasta la extenuación si es necesario, que el ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión de nada nos sirve respecto de ideas u opiniones generalmente aceptadas por la sociedad, o consideradas inofensivas por ésta. La verdadera utilidad y eficacia de este derecho radica, precisamente, en relación con el tratamiento que reciba la manifestación de aquellas expresiones más radicales o extremas respecto del propio sistema democrático.

Centrándome ahora en el artículo de la revista El Jueves, es importante recordar que el artículo por el que se ha citado a su director por incurrir en un presunto delito de injurias, se sitúa bajo el paraguas del ejercicio de la sátira y la caricatura como manifestación de la libertad de expresión.

A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que

“la sátira es una forma de expresión artística y comentario social que, exagerando y distorsionando la realidad, pretende provocar y agitar. Por lo que, es necesario examinar con especial atención cualquier injerencia en el derecho de un artista -o de cualquier otra persona- a expresarse por este medio”.

Ello significa que, al ya carácter preferente que de por sí goza la libertad de expresión en todo sistema democrático, cuando además la misma se ejerce en el marco del humor, los límites que le son aplicables son todavía más restringibles.

Sin embargo, es evidente que nuestros tribunales no parecen tener muy en cuenta esta jurisprudencia. Baste recordar la reciente condena penal de un año de cárcel a César Strawberry por parte del Tribunal Supremo por sus tuits relativos a víctimas de ETA o de los GRAPO, sin tener en cuenta su perfil artístico ni su actitud no violenta. Y no hay que olvidar, tampoco, que en el año 2007 los dibujantes de la revista El Jueves, Guillermo Torres y Manel Fontdevilla, ya fueron condenados por un delito de injurias a la Corona por la portada de los entonces príncipes de Asturias en actitud sexual.

El caso de los raperos del grupo La Insurgencia es todavía más grave, pues el delito que se les imputa es el de “enaltecimiento del terrorismo”, que lleva aparejada pena de privación de libertad. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 578 del Código Penal, a través de dos conductas diferenciadas. Por un lado, el elogio hacia los actos terroristas o sus autores; y, por otro, el desprecio, humillación u ofensa a sus víctimas, siempre que dichas conductas sean realizadas a través de cualquier medio de expresión o difusión pública.

Como señalé en posts anteriores, si se observa la interpretación que los tribunales han hecho del artículo 578 del Código Penal al aplicarlo, se llega a la conclusión de que éste establece un verdadero delito de opinión pues, para poder ser aplicado no es necesario que el discurso o las expresiones emitidas inciten directa o indirectamente a la comisión de un delito o a la incitación al uso de la violencia.

Pues bien, letras como

“Leyendo a presos de los Grapo entendí muchas cosas, como que la lucha de clases no se gana con rosas”, o

“Yo no lleno salas, diciendo que el Rey tiene una bala con el nombre de Lasa y Zabala, terrorismo institucional”, o

“Estoy de lado, estoy con los parias, quiero ver a Rajoy atado a una vida precaria, con rabia me revelo, con la misma que se hizo volar a Carrero, vuelos altos bajo esta dictadura. Franco murió pero Juan Carlos siguió con la tortura”,

han llevado a la Fiscalía a afirmar, en su escrito de conclusiones, que estas composiciones “propagan un método violento para combatir un sistema que (los acusados) consideran injusto”, y que “enaltecen al grupo terrorista PCE(r)-Grapo y a miembros del mismo que llevaron a cabo múltiples secuestros, atracos y asesinatos”. Así, continua que “los acusados tienen una religión que es la lucha sindical obrera y que la explotación de los oprimidos merece una lucha armada contra determinados colectivos”.

Este escrito de la Fiscalía, así como las sentencias condenatorias o de imputación relativos a otros casos anteriormente citados, se empeñan en desconocer la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia del discurso del odio, según la cual, lo será el desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular. Algo a tener en cuenta ya que en el cálculo del cumplimiento de estándares en materia de Derechos Humanos parece que nos encontramos enfrascados.

Ilustraciones: 1. Eneko. 2. Hermano Lobo. 3. Rac.

 

6 pensamientos en “Es libertad de expresión, estúpidos

  1. Un punto de vista interesante y globalmente acertado. Falla en precisarnos cuando la satira o la critica pasa del otro lado de la «linea roja» como cuando la «radio mil colinas» ruandesa comenzo a tratar de «cucarachas a exterminar» a los tutsis. Y ya sabemos lo que paso luego. El discurso de odio, generico, sustentado en la «defensa de los parias» puede hacerse pasar por «libertad de expresion» en casos aislados, pero su acumulacion y repeticion pueden constituir una amenaza a la convivencia social. Quizas sea la reiteracion en los propositos lo que merezca ser tenido en cuenta.

    • Bueno… Quien aquí va camino de tratar de «cucarachas» a quienes no comulgan con la versión oficial de los hechos son los media como RTVE, Antena3, la Sexta, etc., donde personajes como Inda y Marhuenda se permiten insultar, deshumanizar y ridiculizar a quienes no opinan como ellos. Caso paradigmático de este tipo conducta antipieriodística es el Sr. Jiménez de los Santos.

      Ellos son los auténticos valedores del «periodismo» de los media del odio, como lo fuera la Radio Televisión de las Mil Colinas, y no el semanario satírico El Jueves ni los artistas citados en el artículo. De momento, ellos son los injustamente reprimidos, mientras que las cadenas dominadas por lobbies poderosísimos, quedan dolorosamente impunes, a pesar de publicar verdaderas barbaridades y puras mentiras.

  2. Cuidadín, señora Valero… Tanto Vd por este artículo, como yo por aplaudir su valentía, podemos ser reos de la Ley Mordaza. País…

  3. Sin entrar a valora los casos de los que habla el artículo de la señora Valero, entiendo que hay mucha confusión entre el personal sobre la «Libertad de expresión». A mi entender, existe libertad de expresión cuando se puede decir lo que se quiera sin censura previa. Otra cosa es que lo dicho sea objeto de sanción. Eso lo juzgarán los jueces y como es evidente tendrán en cuenta (o deben tener) todas las circunstancias que conciernen al caso. Y si uno no está de acuerdo con la sentencia, hay una serie de recursos procesales y de jurisdiciones superiores a disposición del condenado, incluso hasta llegar a los tribunales Europeos correspondientes. En eso se basa un sistema garantista.
    Lo que no podemos hacer es pretender que nuestra visión del caso sea la adecuada.
    Yo puedo salir a la calle y llamar «ladrón» a mi vecino. Dependerá de las circunstancias las que hagan entender si es una broma, una manera cariñosa de referirme a él, una metáfora, etc., o simplemente una injuriosa acusación. En este último caso, le estoy calumniando. nadie me puede impedir que haga dicha manifestación, pero puede ser punible. La libertad de expresión me protege de la censura previa, pero no me exime de mi responsabilidad calumniosa, si es lo que que pretendía.

    Personalmente creo que soy muy liberal en materia de libertad de expresión, especialmente cuando se trata de manifestar las propias ideas. No me parece que quemar una bandera del propio país (o comunidad) sea punible si con ello se muestra disconformidad con el sistema político imperante, pero actos así pueden ser provocativos según el contexto. ¿Que sucedería si en un Camp Nou lleno hasta los topes en un partido del Barça yo quemara una bandera estelada? Es indudable que, independientemente de mi derecho a manifestar mi idea contra el independentismo, no es el lugar ni el momento adecuado para hacerlo. Estaría provocando la ira de cuántos me rodean.

    Otra cosa es la Ley Mordaza, que sanciona expresioness (improperios) realizadas al calor de situaciones con los ánimos caldeados. En esa sistuación, proferir improperios contra la policía en general, y no contra un miembro especifico, por malsonantes o injuriosos que sean, no reflejan un ánimo de ofender a alguien concreto ni a los miembros del cuerpo. Más bien son exprtesiones contra la institución del sistema, que puede excederse bajo órdenes políticas.

    En fin. que es muy delicado establecer axiomas claros (o estándares, como dice la señora Varela) milimetrados, tipo test, para enjuiciar bajo unmismo prisma cualquier manifestación pública.

  4. Mi mujer y yo nos queremos ir de este país, tenemos un hijo en Alemania desde hace 7 años y lo echamos de menos y ahora mismo hace un frío de narices pero viendo los que está pasando en este desgraciado país, nos queremos bajar del mismo e irnos esto ya no tiene solución.
    Sra. Valero excelente artículo y tiene Vd. toda la razón, siga así

  5. Pingback: La criminalización del rap | Al revés y al derecho

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