No acatar ideológicamente la Constitución es un derecho fundamental

Ana Valero

Un año más conmemoramos el aniversario de la Constitución, pero este no es un aniversario cualquiera, la crisis catalana ha hecho que no lo sea.

Muchos somos los que pensamos que ésta nos ha conducido a una auténtica crisis constitucional, pues ha puesto en jaque el pacto del 78; otros, sin embargo, se envuelven en la bandera de la Constitución para defender posturas inmovilistas; los más osados se atreven a afirmar que aquel pacto nació muerto por ser de herencia franquista y que ha llegado la hora de desprenderse de sus ataduras.

Sea como fuere, lo cierto es que la crisis catalana ha llevado a buena parte de la esfera política y mediática, tanto española como catalana, a generalizar una maniquea distinción entre ‘partidos constitucionalistas’ y ‘partidos soberanistas’. Mientras este último término es empleado para referirse a los partidos políticos que defienden la independencia, el término ‘constitucionalistas’ se emplea con alusión a aquéllos que se oponen a ella. Se trata de una distinción manipuladora que está haciendo creer erróneamente a la opinión pública que dentro de nuestra Constitución sólo caben determinadas líneas políticas.

Sin embargo, esto no es así, pues, a diferencia de la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución española vigente no exige la adhesión ideológica hacia sus principios fundamentales. Es cierto que para el acceso a determinados cargos públicos resulta necesaria una declaración pública en forma de juramento o promesa de acatar la Constitución, pero, incluso en este caso, como ya señaló el Tribunal Constitucional, estamos ante una declaración formal que no entraña necesariamente una adhesión ideológica o una conformidad a su total contenido.

El Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el deber de lealtad constitucional sólo puede ser entendido desde una perspectiva procedimental, esto es, en el deber de acatamiento de los procedimientos previstos por la Constitución para defender cualesquiera fines políticos, incluso aquellos contrarios a la misma. Por lo que, en nuestro modelo cabe la defensa de ideologías que pretendan, por ejemplo, instaurar la pena de muerte, defender la separación de una parte de España o acabar con el propio sistema democrático, basta con que se respeten los procedimientos constitucionalmente previstos para alcanzar dicha aspiración.

De tal modo que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, sólo cabe ilegalizar aquellos partidos que incurren en alguno de los supuestos tasados en el artículo 515 del Código Penal (ilicitud penal), esto es, los que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidos, promuevan su comisión, empleen medios violentos o fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia; o en el artículo 9 de la Ley 6/2002, de Partidos Políticos (la llamada ilicitud civil), que se resumen de la siguiente manera: la promoción, justificación o exculpación de los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o la persecución de éstas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual; el fomento, propicio o legitimación de la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas; o complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines. Supuestos en los que no incurre, en ningún caso, la propuesta soberanista.

Por lo que se hace evidente que, tras el uso político y mediático que se está dando al término “constitucionalista” con motivo de la crisis catalana, se esconde la voluntad política manipuladora de defender una determinada interpretación de la Constitución en lo relativo a su organización territorial. Y ello porque, en la medida en que en el ordenamiento jurídico español cabe la defensa de cualesquiera ideas o fines políticos, los partidos que defienden la independencia de una parte de su territorio no dejan de estar fuera de la Constitución, -como no lo están los que defienden su unidad-, incluso si para alcanzar dicho fin defienden la necesidad de desbordar el marco jurídico vigente abogando por la desobediencia civil o por una declaración unilateral de independencia, pues el límite que no se puede traspasar se encuentra en la defensa del uso de la violencia para alcanzar dicho fin.

Algo distinto, evidentemente, es la puesta en práctica del método propuesto, pues, en la medida en que, como he afirmado, el principio de “lealtad constitucional” es de carácter procedimental, esto es, requiere del respeto de los procedimientos constitucionalmente previstos para alcanzar cualesquiera fines políticos, la subversión de estos hará que reaccionen legítimamente los resortes del Estado de Derecho. Sin embargo, lo que no puede perseguir el Estado es la mera reivindicación de la desobediencia.

Estos días estamos asistiendo a grandes debates en este sentido, siendo necesario arrojar algo de luz sobre los límites que el principio de lealtad constitucional establece en nuestro ordenamiento, junto con cómo deben interpretarse determinadas libertades de los actores implicados en el Procés.

En este sentido, el desaparecido Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, condicionó su petición de prisión provisional del expresidente Oriol Junqueras y los ocho exconsellers del Govern al acatamiento de la Constitución y a la búsqueda de sus objetivos políticos dentro de los cauces legales. Algo que ha reiterado el Auto del Magistrado del Tribunal Supremo que actualmente instruye la causa contra ellos y contra los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Pablo Llanera. Haciendo depender de dicha declaración, entre otras cosas, el riesgo de reiteración en los delitos de rebelión y sedición imputados.

Desde mi punto de vista, resulta cuando menos sorprendente que se haga depender de un “acto de fe” constitucional, claramente atentatorio de la libertad ideológica de los investigados, su propia libertad personal, teniendo en cuenta además que junto a ella se vulnera un derecho tan importante como el de negarse a declarar, ya que de no hacerlo en ningún caso deberían derivarse consecuencias sancionatorias como la prisión, incluso la provisional. Además, cuando los investigados comparecieron ante la Judicatura evidenciaron que reconocían la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por lo que exigirles una manifestación verbal expresa al respecto, condicionante de su libertad, es una clara vulneración de su libertad ideológica. Libertad, esta última que, de acuerdo nuevamente con la jurisprudencia constitucional, se ve vulnerada por el mero hecho de que se deriven consecuencias de proceder o no a la declaración de las propias ideas o creencias.

Ahora bien, que no se lleven a engaño aquellos que afirman que Junqueras y los exconsellers están en prisión –a día de hoy se mantienen el exvicepresidente, el exconseller de interior y los dos Jordis– por sus ideas políticas. Pues lo están por sus actos que, en opinión del magistrado instructor de la causa, son constitutivos de los delitos de rebelión y sedición, con independencia de la opinión negativa que personalmente me merezca tal presunción. Cosa distinta es que éste, en una interpretación restrictiva de la libertad personal de los investigados, haga depender de su libertad ideológica y con carácter cautelar, algo que es perfectamente defendible en una campaña electoral, la vía unilateral hacia la independencia. Algo que, mientras no implique violencia en el método, tiene cabida en una Constitución no militante como la nuestra.

6 pensamientos en “No acatar ideológicamente la Constitución es un derecho fundamental

  1. La justicia belga ha demostrado que las acusaciones contra los políticos catalanes eran infundadas.Desobedecieron y basta. Ni rebeldes, ni sediciosos y mucho menos violentos. Pueden consultar las cívicas manifestaciones del 11 de septiembre anuales donde no queda ni un triste papel al suelo

  2. En mi opinión la Constitución del 78 (con el dictador aún tibio, sus partidarios copando las instituciones del Estado, el ejército en la situación propia de cualquier régimen militar golpista y una ciudadanía atontolinada y asustada bajo el peso de tantos años de dictadura) nació con carácter temporal. Y ya ha llegado el momento de alcanzar una Democracia y un Estado de Derecho presidida por una Constitución limpia de recolgajos y temores, acorde con la España de hoy.
    Separación de Poderes del Estado Laico, igualdad de todos los ciudadanos (todos) ante la Ley, transparencia absoluta en el manejo de lo público, listas abiertas electorales, Hacienda pública solidaria…

  3. Esa Constitución ya no nos sirve, se nos ha quedado chica, han cambiado los tiempos, ya no se llevan los pantalones de campana y no se pueden bajar más los bajos. Habrá que comprar una nueva.y, a ser posible, que siente las bases de una democracia participativa verdadera. Estuvo bien para los tiempos en que se hizo, tampoco nos dieron más opciones, nos cuentan que no las hubo y, bueno, tendremos que creernoslo, no queda otra. Pero las costuras ya no hay quien las arreglé.

  4. Nuestra Constitución que fue proclamada en 1978, la cual nos instauró una democracia cuya vida a día de hoy es relativamente joven en unos momentos en los que hubo que hilar muy fino, puesto que eran tiempos muy delicados porque por desgracia veníamos de una dictadura que duró casi cuarenta años y nos avocó a un retraso que hoy en día aún nos pasa factura. Es por ello, que necesitamos una reforma constitucional de toda nuestra Carta Magna, puesto que se está quedando obsoleta y vacía de medidas que prevengan casos como el de Cataluña, el cual es un verdadero fracaso porque desde el primer momento por parte de los gobernantes no se ha sabido gestionar. Empezando por el Sr. Rajoy Brey que se ha escudado en el poder judicial para defender el Estado de Derecho, y de esta manera escurrir el bulto, e imponer su criterio mediante la aplicación del Código Penal, y utilizar así el derecho penal para reprimir (cosa que a los suyos les gusta). Luego del otro lado tenemos al Sr. Puigdemont Casamajó que lo tenía todo muy bien estudiado desde el primer momento, y tampoco estaba por la labor de colaborar mediante el diálogo para llegar a una solución con el presidente del gobierno no poniendo las cosas fáciles de esta manera ni a los suyos ni al resto de los catalanes que no piensan como él. Lo que no se puede hacer ni tanto el uno, como presidente del Gobierno, ni el otro como presidente de la Generalitat, que se olviden de los intereses de la colectividad y entre en un plano individual de a ver quien puede más, porque verdaderamente lo han hecho muy mal los dos, uno escondiéndose tras el poder judicial, y el otro huyendo a Bruselas en busca de refugio y dejando aquí a sus compañeros con todo el problema. Para mi son unos verdaderos cobardes.
    Y para terminar, no podemos entrar siempre en el mismo juego de la vulneración de determinados derechos fundamentales tales como el art. 16 y 14 CE cuando nos interesa y utilizarlos a nuestro favor. Como tampoco podemos ir en contra de un auto dictado por un Tribunal Superior de Justicia e ir así en contra de la Ley, hacer lo que nos de la gana aunque sea mediante la resistencia pasiva y utilizar la vía democrática para legalizar determinados partidos políticos que se sabe que son partidarios de determinadas causas antidemocráticas los cuales utilizan la Constitución para fines no determinados.

  5. Es evidente que la Constitución española se ha quedado obsoleta y no abarca un procedimiento específico que proporcione al Estado de instrumentos precisos para hacer frente a las crisis constitucionales. Y a pesar de que el sentimiento independentista catalán no es nuevo, a mi parecer tampoco justifica la viabilidad de una proclamación de independencia fácil y rápida como la que se ha pretendido llevar a cabo sin dialogo y sin mediación tanto por parte del Gobierno de España como del Gobierno Catalán que en mi opinión deberían dejar al margen los intereses individuales y mirar más por los intereses generales de los ciudadanos que son los verdaderos perjudicados.

  6. Este artículo comienza lanzando la premisa de que en España estamos en un período de crisis constitucional, en el sentido de que el marco jurídico constitucional del 78 actualmente vigente no es el adecuado a la realidad política y social contemporánea. Esto sin embargo no es novedoso, hace ya muchos años Julio Anguita hablaba de reforma constitucional desde la crítica a aquellos que no la cumplen. Pero es cierto que la magnitud del proceso catalán ha sido verdaderamente significativa, y que no es la única manifestación de voluntad de autodeterminación de un territorio español. Hace muy poquitos años, los catalanes eran buenos españoles, y los vascos eran los independentistas. Ahora la situación parece ser, al menos al modo de ver del Gobierno, radicalmente la contraria, pues el PNV irradia sentido de estado donde antes lo hacía CiU.

    El asunto de los partidos constitucionalistas vs los partidos soberanistas es a mi modo de ver, efectivamente una manipulación dirigida por los partidos y ejecutada en los medios. Parece lógico pensar que unos y otros quieren aprovechar la situación para conseguir un rédito político. Desconozco si el cambio del termino nacionalista por el de soberanista responde a la voluntad de llevar a cabo la separación efectiva de una parte del territorio, pero lo cierto es que desde que se celebran elecciones en España, los partidos que defendían un mayor autogobierno progresivo han estado presentes en la vida política, lo estuvieron desde el principio, y no puede decirse ahora que no se contaba con ellos. Es decir, que tan válido es, como acertadamente se señala, defender la integridad del territorio español, y la igualdad de todos, sin reconocer privilegios históricos, cupos ni beneficios de ninguna clase, como lo es defender un mayor autogobierno e incluso una independencia total.

    Lo anterior nos lleva a analizar el deber de lealtad constitucional, y este es el punto fundamental del debate. Sabemos que por un lado España no es una democracia militante, pero por otro, sí es exigible el respeto de los procedimientos constitucionalmente protegidos para alcanzar cualquier fin político. Es decir, se puede ser independentista en España, se puede ser republicano, se puede defender casi cualquier idea, pero para poder ejecutarla se debe ajustar al procedimiento dado en el marco constitucional. Esto quiere decir que se puede defender la independencia de un territorio, y que de hecho la consecución de este fin no es irrealizable dentro del marco constitucional, aunque la cierto es que de tan difícil que sería conseguirlo, puede deducirse que de facto es imposible. Este es a mi modo de ver el corazón del asunto, aquí es donde no se puede llagar a más acuerdos, porque unos y otros saben lo que hay.

    En cuanto a la vulneración de la libertad ideológica al condicionar su puesta en libertad a algunos de los políticos que participaron de la Declaración Unilateral de Independencia, coincido en que es una vulneración de su derecho, también del de no declarar. En mi opinión esto deben de justificarlo de forma que si el deber de lealtad constitucional solo puede ser entendido desde esa perspectiva procedimental, al haberse saltado el respeto requerido a los procedimientos constitucionalmente previstos, entonces se convierte en exigible la declaración de lealtad, errando porque una cosa no quita la otra, sino que cumplen funciones diferentes.

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