El lento camino de Marruecos en derechos humanos

Diego Blázquez

Tras nueve largos años de gestación, el Plan Nacional de Democracia y Derechos Humanos del Reino de Marruecos fue presentado el 13 de diciembre pasado en sociedad, antes de ser elevado al Consejo de Gobierno para su adopción oficial, el 21 de diciembre. Por el momento no ha sido publicado, aunque el pasado 8 de enero sí se ha mantenido una reunión informativa de trabajo con la sociedad civil respecto de su puesta en marcha.

Sorprende la fecha de la adopción cuando, según la prensa marroquí, tan solo una semana antes un grupo de diputados de los dos grupos mayoritarios en la Cámara de representantes, a través de la Comisión de Legislación de esta cámara, había solicitado al Ministro Delegado de Derechos Humanos, Mustapha Ramid, una revisión y actualización de este antiguo proyecto.

Hay que recordar que la elaboración de una Estrategia Nacional sobre Derechos Humanos comienza en 2008 con un diálogo nacional, en forma de gran seminario. Durante prácticamente tres años, una comisión de elaboración formuló una propuesta para un Plan de Acción Nacional de Democracia y Derechos Humanos que, finalmente, fue presentado en 2011 al Primer Ministro.

Sin embargo, paradójicamente, las convulsiones sociales y políticas de la Primavera Árabe hicieron que ese proyecto quedará en un cajón tras las primeras elecciones legislativas celebradas bajo el marco de la Constitución del 2011, elecciones que ganaron los islamistas moderados del PJD y que les llevaron a formar Gobierno en una compleja coalición. Desde entonces, y a pesar de los muchos intentos de sacar adelante este documento estratégico de planificación de políticas públicas de derechos humanos, todo esfuerzo ha sido en vano… hasta este momento.

De nuevo, nos encontramos con otra de las paradojas tan propias de la política. Y es que Mustapha Ramid, quien durante la legislatura pasada protagonizó desde el Ministerio de Justicia alguno de las polémicas mediáticas más importantes en materia de derechos humanos, es quien ha sido capaz de recuperar el dossier y hacerlo aprobar por el Consejo de Gobierno.

Lo cierto es que este éxito se basa en la retirada de algunos de los asuntos más espinosos, que incluía el proyecto original, como la abolición de la pena de muerte, la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, la revisión del estatuto personal; o algunas suscitadas a lo largo de este largo proceso de elaboración: como la igualdad entre mujeres y hombres en la herencia, las garantías de la paridad; o fruto de las recomendaciones de los órganos de DDHH, como la ratificación del Tratado de Roma.

Durante su presentación en sociedad, el Presidente del Gobierno afirmó que estas y otras cuestiones no se habían abordado en el Plan porque la sociedad todavía no había generado el adecuado consenso. Efectivamente, como ya señalé en un post previo sobre las elecciones legislativas de 2016, Marruecos se encuentra en un momento de importante división social, propia seguramente del mismo dinamismo de los últimos años y de su mayor inserción internacional.

Sin embargo, en materia de derechos humanos, como en tantos otros países, el debate se centra en las cuestiones que polarizan más el debate político y social, y respecto de las cuales es más difícil poder llegar a acuerdos maduros. En este sentido, la adopción del Plan de Derechos Humanos marroquí es una buena noticia ya que permite desbloquear un importante proceso, o incluso culminar algunas de las medidas en curso, como puede ser paradigmáticamente cerrar el proceso de reparación de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante los conocidos como “años de plomo”.

Aunque es necesario ser optimista, y todo paso en la mejora en la eficacia y garantía de derechos humanos es importante, no obstante, la desproporcionada duración del proceso (¡NUEVE AÑOS!), el singular sistema de adopción y hasta los personajes implicados en esta importante tarea pueden hacer resonar viejos ecos desde que en los años 90 Marruecos decidió poner en marcha una política de derechos humanos: la centralidad de la acción estatal, el uso de instrumentos esencialmente legales, básicamente formales y un enfoque internacional.

Así, el Plan se refiere en su mayor parte a acciones cuasi internas al Gobierno y la administración, y en algo más de un 70% son reformas legales. Estas características son congruentes con el principal objetivo estratégico de la política de derechos humanos: la sociedad internacional. Lo cierto es que Marruecos ha desarrollado un importante número de acciones hasta convertirse en un activo e importante sujeto del sistema multinacional de derechos humanos. No debemos olvidar que la polémica más importante que afecta desde hace varios años al conflicto del Sahara es la aplicación o no de un enfoque de derechos humanos, y que se centra en el debate sobre la ampliación del mandato de la MINURSO y los complejos procesos judiciales ante la Corte Europea de Justicia, primero sobre el acuerdo comercial y actualmente el acuerdo pesquero.

En definitiva, una buena noticia cuya puesta en práctica debemos seguir día a día, más allá de los debates mediáticos y del escenario geoestratégico.

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