¡VIOLACION EN MANADA!

Joan Carles Carbonell Mateu

La Sentencia anunciada dela Sala II del Tribunal Supremo sobre el caso “La Manada” -a falta de su publicación y consiguiente lectura- casa las que procedían de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y acoge todos los argumentos que  mantuvimos en su día en este diario: existía una manifiesta incongruencia entre el relato de hechos probados y la calificación jurídica. Lo que se produjo fue una situación de tal violencia e intimidación que la voluntad de la víctima quedó negada; no tenía capacidad alguna ni física ni psíquica para mantener una oposición. Y no se produjo un delito continuado sino tantos como agresiones, sólo el hecho de que nadie haya recurrido este aspecto impide que el Tribunal pueda reflejarlo en la calificación y en las correspondientes consecuencias jurídicas. La víctima recibió un trato vejatorio, en ningún momento fue considerada como persona sino como mero objeto para la satisfacción sexual y el pavoneo grupal de unos energúmenos que, no suficientemente contentos con sus heroicas hazañas, expresión obvia de su condición de machos dominadores, las grabaron, publicaron y mostraron al mundo entero.  En su comportamiento posterior, por cierto, no han mostrado el más mínimo arrepentimiento.

La Sentencia, según se anuncia, condena por un delito continuado -porque no puede variar esa condición si bien deja clara su opinión contraria- de agresión sexual (violación), con las agravantes de trato degradante o vejatorio y comisión conjunta de más de dos personas, contemplado en el artículo 180.1, 1ºy 2º y de acuerdo con el párrafo 2 de dicho precepto, a la pena de 15 años de prisión a cada uno de los acusados en su condición de autores.

La Sentencia deja claro, por otra parte, que a esas condenas se podía -se debía- llegar con la ley actual. El Gobierno trabaja en un proyecto de reforma, para el que se solicitó la colaboración de la Sección IV de la Comisión General de Codificación que emitió su Dictamen, proponiendo la desaparición de la figura de abusos sexuales y haciendo pivotar los tipos penales en torno a la no existencia de consentimiento y a la naturaleza del atentado a la libertad sexual; se pretende adecuar la legislación española a los Acuerdos internacionales en la materia y, concretamente, al Tratado de Estambul que impone la idea de que sólo el consentimiento expreso de la víctima deshace la naturaleza agresiva de cualquier acto contra la libertad sexual, el ya célebre “No es no” o, por mejor decir “sólo un sí no es un no”. La Reforma es, sin duda, conveniente. Pero no era necesaria para que no se hubiera producido un pronunciamiento jurisprudencial tan insensible ni tan desatinado. En definitiva, el problema no era la Ley sino el Tribunal. Y eso pone de manifiesto algo que, lejos de producir tranquilidad, comporta una preocupación mucho más grave: para cambiar el Código penal basta la voluntad y 176 votos favorables; para conseguir que los Tribunales lo apliquen como deben es imprescindible por supuesto la voluntad, pero también un cambio radical en los procesos de selección y de formación.

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