La mentira como método político y la grabación como desenmascaramiento

Por Sergi Tarín y Fernando Flores

Se reunió el concejal de Policía del Ayuntamiento de Valencia, señor Domínguez, la concejala de Medio Ambiente, señora Ramón Llin, y el gestor de la oficina municipal del Plan Cabanyal-Canyamelar, señor Mifsut, con la asociación Sí Volem, asociación de vecinos favorables (como el gobierno municipal) a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez sobre el barrio del Cabanyal. El encuentro tuvo lugar el día jueves 25 de abril, fue abierto al público y se celebró en el Ateneo Marítimo del Canyamelar.

La reunión fue recogida en video por Sergi Tarín, en principio con ciertas reticencias por parte de los organizadores, y después colgada en YouTube. Tras visionar con calma la grabación nos reafirmamos en la idea de que el contenido de estos actos públicos debe ser puesto a disposición de todos, como elemento fundamental del derecho a la información y a la participación política, y como pieza esencial del sistema democrático, pues permite a los ciudadanos conocer mejor a sus representantes políticos, y a éstos decir a sus electores que después no se quejen por desconocer a quienes votaron.

De lo hablado en este encuentro pueden decirse muchas cosas, porque hay intervenciones muy interesantes y reveladoras, tanto las realizadas desde la Mesa (por los representantes del gobierno municipal y las portavoces de Sí Volem), como las vertidas desde el público. Aquí señalaremos sólo algunas relativas a temas que consideramos especialmente importantes: la utilización impune de la mentira, el rechazo de la responsabilidad por el cargo público que se ocupa, y el daño social que todo ello provoca.

1.         La utilización de la mentira como método.

En la reunión se pidieron explicaciones a los miembros del gobierno municipal porque en campaña electoral el Partido Popular afirmó reiterada y vehementemente que si Rajoy llegaba a la presidencia del Gobierno el tema del Cabanyal (conflicto sobre el Plan que prevé derribar más de 400 inmuebles y 1600 viviendas de un barrio declarado Bien de Interés Cultural) se resolvería en un abrir y cerrar de ojos. Pero va para año y medio de la victoria popular, nada se ha movido sino a peor (la degradación del barrio, la suciedad en las calles, la negativa arbitraria a dar licencias de obras, la falta de inversión, la desatención social…), y la asociación Sí Volem, que apoyó abiertamente al Partido Popular en las elecciones, ve cómo su predicamento entre los vecinos ha caído en picado. En consecuencia, es más que comprensible que pidan públicamente argumentos y explicaciones al concejal señor Domínguez.

Aquí (minuto 15:45 de la grabación) entra en escena el concejal. Cómo se puede faltar a la verdad de ese modo, tratar (con éxito) de confundir a los vecinos, contradecirse en la misma frase, y no pestañear siquiera, es algo que forma parte de una rara habilidad al alcance de muy pocos. Pero no empecemos por la valoración, vayamos a las palabras. Dice el concejal:

“Hemos tenido nueve sentencias a favor … para sacar el Plan adelante”.

Esta es una de las piezas clave del argumentario de la alcaldesa Barberá y su gobierno en defensa de la legalidad del Plan del Cabanyal. El relato consiste en que el Ayuntamiento tendría todas esas sentencias a su favor y que los malos de Salvem el Cabanyal (y los grupos políticos de la oposición) obstaculizarían la ejecución del Plan, en perjuicio de todo el vecindario. Pero uno se pregunta: ¿cómo es posible que con todas esas sentencias a favor y una mayoría absoluta tantos años disfrutada por el PP, Rita Barberá no haya podido ejecutar ese Plan? En principio no se entiende. O sí. La respuesta es porque lo que dice es, sencillamente, mentira. Una mentira amparada en la complejidad de los distintos procedimientos judiciales.

El Ayuntamiento no ha podido ejecutar el Plan que destruye una parte del barrio porque ha sido declarado ilegal por dañar el patrimonio histórico. Las sentencias a que se refiere la alcaldesa y sus concejales son las relativas a las competencias de urbanismo, pero no a las de protección del patrimonio. Es como si a Domínguez le acusan de asesinato y para defender su inocencia saca la declaración de la renta. Ni cumplir con tus deberes tributarios demuestra que no disparases el arma homicida, ni ejercer tus competencias en urbanismo impide que lo hagas destruyendo el patrimonio histórico (que es lo que ocurre en el Cabanyal).

De modo que el concejal Domínguez airea unas sentencias a su favor (las relativas a su competencia exclusiva en materia urbanística) que ya nada tienen que ver con el conflicto, y además, y esto es fundamental, oculta las sentencias que sí tiene en contra. Estas sentencias, las que le condenan, declaran la ilegalidad del Plan por atentar contra el patrimonio histórico, son posteriores a las famosas “nueve sentencias” y, si nos empeñamos en insistir en la cantidad (aunque esto es irrelevante), resulta que son muchas más.

Domínguez, ya embalado, y a la vista que nadie va a poder probar en contra, afirma (minuto 16:27) que

“…a pesar de las sentencias (las teóricas nueve a su favor, que nada tienen que ver con lo que sigue) el Gobierno del PSOE sacó una Orden paralizando toda la situación … era una Orden que no había derecho a esa Orden … y los tribunales avalaron esa Orden”.

Vaya, así que no había derecho a esa Orden del Ministerio de Cultura (la que declara el Plan ilegal por suponer expolio) pero los tribunales la avalaron. ¿Cómo es esto posible? ¿Si no había derecho cómo es que los tribunales la apoyaron? Es evidente que a estas alturas los vecinos ya están confundidos, y el concejal, al ver sus caras de desconcierto, afirma (minuto 17:00):

“…que no lo entiende nadie… yo el primero”.

Pero Domínguez sí lo entiende, desde luego que lo entiende. Domínguez sabe que la Orden del Ministerio de Cultura no solo es legal, sino que fue obligada. Sabe que esa Orden Ministerial es la consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio a emitirla. Sabe que esa Orden, que él ha impugnado, ha sido declarada legal por la Audiencia Nacional. Lo sabe todo y, sin embargo, actúa como si el varapalo legal que el Ayuntamiento lleva sufriendo varios años ya, no existiera.

Acto seguido, Domínguez, en la teatralización de su impotencia y victimismo llega a decir (minuto 17:30):

“Las nueve sentencias anteriores del Tribunal Supremo al final no han servido para nada… para ganar pleitos, para que al final un ministerio lo haya paralizado…”.

¿Del Supremo? De nuevo el concejal falta a la verdad. Ni el Ayuntamiento ha ganado nueve sentencias en el Supremo, ni un ministerio hubiera podido paralizar lo que el Supremo ordena. La verdad es que el Ayuntamiento ganó una sentencia (convertida en cuatro por ser cuatro los demandantes, pero sobre la misma pregunta), sobre el tema de la competencia urbanística, no sobre la destrucción del patrimonio histórico. Una sentencia que pasó a la historia. Después de esa sentencia favorable (ganada en el año 2006), el concejal y el resto del gobierno municipal han perdido varias veces en el Supremo y en la Audiencia Nacional, sentencias y autos que consideran competente al Ministerio de Cultura para intervenir en el Cabanyal, y que consideran ilegal el Plan por atentar contra el patrimonio histórico. Pero el concejal no nombra ni una de las resoluciones que declaran la ilegalidad de su Plan.

Llegados a este punto, la conclusión es simple: el Ayuntamiento no quiere cumplir la legalidad que le impide ejecutar su plan destructivo sobre el barrio, y prefiere engañar y confundir a los vecinos antes que buscar una salida consensuada y legal.

Sin embargo, algo está cambiando. El Ayuntamiento marea y confunde a los vecinos en las cuestiones técnicas, pero la grabación demuestra que muchos vecinos ya no se creen la buena fe del gobierno municipal. En este sentido, es más que reveladora la intervención (min.21:18) de un asistente que deja las cosas bastante claras:

“¡¡El PP nos ha engañado, nos ha engañado el PP, totalmente!! Porque un gobierno que está gobernando con mayoría absoluta no se preocupa de esto … esto es política barata todo, y nadie se complica la vida en nada”.

2.      La falta de responsabilidad por el cargo que se ocupa y el daño social que se provoca

Una de las informaciones que nos da la grabación de la reunión con el equipo del Ayuntamiento es que los vecinos plantean cuestiones pertinentes, y que conocen las obligaciones que van aparejadas al ejercicio de lo público. El concejal trata de escapar de su responsabilidad amparándose en la judicialización del conflicto, pero los vecinos no quieren hablar de tribunales, sino de aspectos sociales que nada tienen que ver con los jueces (minuto 21:49):

“Hay una familia extranjera que no está empadronada, que está ensuciando nuestras calles. Los niños no están escolarizados, no trabaja nadie, no sabemos de qué viven, de dónde sacan el dinero… ¿Quién se preocupa de eso? Las mismas personas que no dan licencias (el gobierno municipal, arbitrariamente, se niega a darlas al barrio hasta que no se desbloquee su Plan) se tendrían que preocupar de eso…”.

Sin entrar (por ahora) en la valoración que hace de sus vecinos (empadronados o no, con empleo o no, responsables de la suciedad o no …), la vecina da en el clavo. Ella está apelando a obligaciones del Ayuntamiento que nada tienen que ver con los tribunales, está preguntando por la responsabilidad del concejal. Pero no recibe respuesta, tan solo un capote al político de una de las organizadoras (“yo no vengo aquí a defender al Ayuntamiento…”), preguntándose retóricamente a quién le interesa que esos extranjeros estén ahí, cuántos vecinos se benefician de los alquileres ilegales de las plantas bajas a estas personas. Aún así, otro vecino demuestra que no es tan fácil engañarles, pues señala que cómo no lo va a hacer los vecinos si el propio Ayuntamiento realiza esos alquileres ilegales… (minuto 22:50). Los miembros del gobierno municipal, responsables de la estrategia de deterioro material y social del barrio, guardan silencio.

Todo esto tendría una gravedad relativa si no fuera precisamente por dos cuestiones asociadas que sí son graves, y que se contienen en la última intervención transcrita. El creciente sentimiento de criminalización y odio racial hacia los gitanos y hacia los extranjeros (fundamentalmente rumanos) que se han venido instalando en el barrio, y el sufrimiento de muchos vecinos por el contexto de inseguridad y suciedad creado en él. Ambas circunstancias como elementos de la estrategia central del Ayuntamiento para conseguir su objetivo.

Dice la dirigente vecinal desde la Mesa (minuto 22:55):

“Cada vez tengo más visitantes de otros países, y cada vez la convivencia es más insoportable… entonces no solo es el Ayuntamiento el que se está lucrando, también se están lucrando muchos propietarios…”.

Sorprendentemente, quien debería exigir con más fuerza al Ayuntamiento acciones sociales y responsabilidad reconoce con naturalidad delante de los concejales (que no mueven una pestaña) que es la propia Administración la que ha alquilado y alquila ilegalmente casas de propiedad municipal a familias en situación de exclusión social (viviendas sin cédula de habitabilidad, luz, agua…). Sin embargo, ella centra su discurso en lo insoportable que es vivir con los extranjeros (antes ya ha hecho otros comentarios xenófobos). Naturalmente, este argumento encuentra eco en la desesperación de una vecina (minuto 24:55), que relata su contexto: “venta de droga, suciedad, malos tratos, rumanos, gitanos, viviendas sin las mínimas condiciones, los niños no van al colegio, orinan en la calle…” Se nota que no quiere ir contra los extranjeros, pero la realidad es que le hacen la vida imposible. Aún así apunta a los verdaderamente responsables, y acierta:

“¿Ahí no puede llegar sanidad y decir algo? a mi no me ayuda nadie del Ayuntamiento, aquí no se hace nada… no es un tema de partidos, ni PP ni PSOE, aquí ninguno nos ayudaNo se podrá hacer la prolongación, eso tardará más o menos, pero ayudarnos a las personas que están ahí, no lo hacen porque no les da la gana o no les conviene…”.

El aplauso general que recibe obliga al concejal Domínguez a cambiar de estrategia (o engaño o silencio) y a prometer que “toman nota y harán el seguimiento” (minuto 33:00). Pero ya es tarde, una asistente, escéptica, le dice:

“Por mucho que nos digan hágannos llegar, ustedes ya lo saben todo… lo único que estamos pidiendo es voluntad política”.

La gente sí sabe de lo que habla.

Conclusiones

La grabación de esta reunión, de este tipo de reuniones, es fundamental para el ejercicio efectivo del derecho a la información y a la participación ciudadana, porque sirve para varias cosas:

– Para descubrir qué políticos (y dirigentes vecinales) renuncian a la sinceridad en su relación con los ciudadanos, y hacen uso premeditado de las verdades a medias, o de la mentira directa. El uso de la mentira muestra desprecio al ciudadano.

– Para comprobar cuándo, en vez de aclarar la complejidad de los conflictos sociales (lo que como cargos públicos es su obligación), se amparan en esa complejidad para no responder de los propios errores, inacciones y arbitrariedades, así como para conseguir sus objetivos, aunque estos sean ilegales.

– Para denunciar a los cargos públicos que crean, utilizan y alimentan el conflicto social (polarización vecinal, criminalización racial, xenofobia) en beneficio propio. Es muy revelador que ninguno de ellos matizase o mostrase desaprobación ante las expresiones xenófobas vertidas desde la propia Mesa, por las dirigentes vecinales, y desde el público.

– Para advertir que las mentiras no convencen sino a los entregados, que los ciudadanos sí saben hacer las preguntas acertadas, y que los vecinos exigen que sus políticos, sean del color partidista que sean, respondan (aunque los del gobierno municipal valenciano, por lo visto en el video, no piensan hacerlo por ahora).

– Para demostrar el drama social que provoca el uso perverso de la acción política.

– Para comprobar cómo no todo sucede como los medios de comunicación afines al poder nos cuentan en sus crónicas sectarias.

cabanyal

* Video de Sergi Tarín

* Sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio de 
Cultura a emitir una Orden Ministerial sobre el Plan del Cabanyal

* Orden del Ministerio de Cultura que declara expolio el Plan del 
Ayuntamiento sobre el Cabanyal

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