Disculpen si molestamos: precisiones sobre el derecho de reunión en Democracia

Por Patricia Goicoechea

Desde hace cuatro años hemos escuchado en innumerables ocasiones que una crisis es una oportunidad. Y esta que vivimos lo está siendo, entre otras cosas, para calibrar la solidez de nuestra democracia. O, mejor dicho, está dándonos a los ciudadanos la oportunidad de comprobar que muchos de quienes desempeñan funciones y cargos públicos no se sienten cómodos cuando ejercemos algunos de nuestros derechos fundamentales, inherentes a todo régimen democrático. En fin, que quizá con lo que no se sienten cómodos algunos de nuestros políticos es con el propio concepto de democracia.

Ello ha quedado especialmente patente con el ejercicio del derecho de reunión. Derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 21, y derecho humano reconocido y protegido por multitud de instrumentos internacionales de los que España es parte y que, por ello, han de ser obligatoriamente respetados por las administraciones y autoridades. Este derecho de reunión al que se refieren la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no es el derecho a reunirse, en privado, para una celebración familiar. Este derecho a la libertad de reunión que protegen la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales no es el derecho a juntarse en un lugar apartado, lejos de la vista de terceros, y en silencio. El derecho humano a la libertad de reunión, el derecho fundamental de reunión, incluye evidentemente la posibilidad de que los ciudadanos nos manifestemos, nos concentremos, nos unamos para reivindicar, protestar, quejarnos o apoyar aquello que consideremos oportuno, siempre que lo consideremos necesario y allí donde nos parezca apropiado. En definitiva, lo que se protege es una forma de ejercer el derecho a la participación en asuntos públicos a través del derecho de reunión y manifestación. Ello tiene una contrapartida para los poderes e instituciones del Estado: su obligación de proteger el disfrute de este derecho y asegurarse de que pueda ser efectivamente ejercido.

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Sin embargo, antes, durante y después de cada una de las manifestaciones masivas a las que venimos asistiendo en estos últimos años, son habituales las declaraciones de cargos públicos en las que se pone en duda que el ejercicio de este derecho fundamental se esté ejerciendo de forma legítima, en las que se califican de ilegales aquellas concentraciones que no han cumplido con el requisito de la comunicación previa o, en fin, se apela a la necesidad de revisar nuestras leyes y modular el ejercicio de este derecho fundamental.

Tanta es la confusión, que hace unos días el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, tuvo que recordar lo obvio: que una concentración pacífica es un ejemplo de ejercicio del derecho fundamental de reunión. Esta demostración de sentido común y, sobre todo, de conocimiento jurídico por parte del señor Moliner dio lugar a que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, volviera a repetir ese argumento al que se viene aferrando desde que tomara posesión de su cargo para tratar de restringir sistemáticamente toda manifestación o concentración: que el artículo 21 de la Constitución establece que el ejercicio del derecho de reunión debe ser previamente comunicado. De este argumento, que la Delegada del Gobierno repite como un mantra, concluye ella misma que toda concentración no comunicada es ilegal y, por tanto, ha de ser restringida (mediante la imposición de sanciones administrativas a los participantes, despliegues policiales desproporcionados y cargas arbitrarias por parte de los agentes antidisturbios).

Es cierto que el artículo 21 de la Constitución prevé que se dé comunicación previa a las autoridades en el supuesto de manifestaciones en lugares de tránsito público. Ahora bien, ese requisito de notificación previa tiene como único fin asegurar que las autoridades pongan los medios necesarios para que pueda darse un ejercicio efectivo del derecho de reunión. En ningún caso la ausencia de notificación previa puede considerarse un motivo legítimo para la obstaculización del ejercicio del derecho, ni para la disolución de la manifestación, ni tampoco para la posterior sanción a los participantes. Así lo vienen recordando los tribunales internacionales (entre otras, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Barraco c. Francia), las organizaciones internacionales (por ejemplo, las Líneas Directrices sobre el Derecho de reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea) y más recientemente el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho de reunión en su último Informe al Consejo de Derechos Humanos. Estos estándares internacionales han de ser respetados por las autoridades y órganos judiciales españoles cuando interpretan los derechos fundamentales que reconoce y protege nuestra Constitución, como ésta prevé expresamente en su artículo 10.2. En definitiva, el carácter esencial del derecho de reunión, inherente a toda democracia y forma de ejercicio del derecho a la participación en asuntos públicos, exige que su ejercicio sea protegido siempre, aún cuando no se haya cumplido con el requisito de la comunicación previa.

Otra costumbre que va arraigando entre nuestros cargos públicos, y a la que es especialmente aficionada la Delegada del Gobierno en Madrid, es la sistemática confusión entre “concentración no comunicada” y “concentración ilegal”. Sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas manifestaciones que entran en la descripción del artículo 513 de nuestro Código Penal; es decir, aquellas que se celebren con el fin de cometer un delito o a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos y objetos contundentes o peligrosos. Luego, el mero hecho de que una manifestación no haya sido previamente comunicada a la autoridad competente no es motivo para considerarla ilegal, mucho menos para calificarla como tal. Sólo puede haber dos motivos para tal confusión. El primero, el mero desconocimiento de las normas por parte de quien mezcla ambos conceptos. El segundo, la descarada voluntad de confundir con ello a la opinión pública, trasladando el mensaje de que quienes acuden a tales concentraciones no comunicadas previamente están incurriendo en comportamientos ilegales, peligrosos, dignos por tanto de ser reprimidos. Esto último es una gravísima irresponsabilidad por parte de quien desempeña funciones públicas. Es aterrador que quien tiene la responsabilidad de asegurar y proteger el ejercicio de los derechos constitucionales en la Comunidad de Madrid (y la posibilidad de dar las órdenes necesarias para restringir e impedir su ejercicio) demuestre sin sonrojo tan poco respeto por esos mismos derechos y tan poco apego a las normas que regulan su ejercicio.

Finalmente, venimos escuchando otros dos argumentos también inquietantes: que los mensajes críticos transmitidos en algunas manifestaciones son considerados ofensivos por nuestros dirigentes, y constitutivos por ello de violencia verbal, y que convendría que las manifestaciones, de no poder ser evitadas, se realicen a suficiente distancia del lugar en el que están aquellos a quienes van dirigidos los mensajes (300 metros, se ha llegado a decir). En primer lugar, el derecho de reunión en una democracia incluye, necesariamente, la posibilidad de que quienes lo ejercen sostengan mensajes incómodos, chocantes y ofensivos. Incluye también, por supuesto, que el ejercicio de este derecho resulte perturbador para terceros, en particular para aquellos que no comparten el mensaje y, sobre todo, para aquellos contra quienes éste va dirigido. Cuando la movilización social busca hacer llegar un mensaje de desafección, de protesta, de queja a los dirigentes y cargos públicos es obvio que para estos últimos tal mensaje será incómodo. Pero esa incomodidad no es motivo para que se pretenda obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental, ni mucho menos para pretender anularlo, aún cuando para ello se utilice el absurdo eufemismo de la modulación. Si bien existe un derecho humano a la libertad de reunión, no se reconoce en ningún texto internacional ni en nuestra Constitución un derecho humano o fundamental a no ser ofendido. En segundo lugar, el ejercicio del derecho de reunión debe venir presidido por el principio de la percepción visual y auditiva (“sight and sound principle”), que implica que el mensaje que la movilización pretende transmitir llegue efectivamente a sus destinatarios y también al resto de la población. Toda pretensión de alejar la concentración de un espacio físico concreto elegido por quienes en ella participan, o de censurar consignas, puede resultar en una restricción del derecho de reunión de entidad suficiente como para conducir a una negación de su ejercicio, atentando contra la esencia misma del derecho. Ello resultaría desproporcionado e injustificado en una sociedad democrática.

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No olvidemos que en los regímenes totalitarios se protege también el derecho de reunión y la libertad de expresión. Eso sí, siempre que la expresión sea favorable al régimen y el ejercicio del derecho de reunión sirva para dar lugar a baños de multitudes afines. De ese entendimiento de los derechos de reunión y expresión sabemos mucho en este país, pues esa fue la interpretación que perduró durante los cuarenta años de dictadura. Quizá lo que proceda preguntarse ahora, ante las declaraciones de algunas y algunos que ejercen cargos públicos, es si es allí donde queremos volver o si, por el contrario, es precisamente ahora cuando nos corresponde defender nuestros derechos fundamentales que tanto costó ver reconocidos y protegidos. Estos derechos nuestros no son en modo alguno un lujo que nos fuera otorgado y que pueda recortarse, sino el producto de una larga y difícil conquista social.

5 pensamientos en “Disculpen si molestamos: precisiones sobre el derecho de reunión en Democracia

  1. Es evidente que el gobierno y el partido que lo sustenta, practica la corrupción, la mentira y como aqui se demuestra tambien hacen practicas anti-democraticas.En otros paises ya los hubieran hechado a patadas, nosotros no lo hacemos y mientras no seamos capaces de hacerlo, debemos avergonzarnos por ello como sociedad.

  2. Una gran duda: ningún colectivo de Jueces, ni fiscales, ni abogados y tampoco las dos redes sociales más importantes (Facebook y Twitter) me han contestado a esta pregunta: ¿es legal que Rajoy y Gallardón usen sus cargos de Presidente de Gobierno y Ministro de Justicia respectivamente, en beneficio propio y de familiares, amigos y colectivo profesional (Registradores de la Propiedad)? La duda que tengo es si hay miedo, censura, ignorancia o indiferencia. Saludos

  3. La respuesta es que no es legal utilizar un cargo público para beneficio propio, pero debe concretarse el beneficio personal o de familiares a que te refieres. No todos los miedos tienen miedo, sufren censura, son ignorantes o indiferentes. Pero algunos sí.

  4. El articulo esta muy bien “empaquetado” y dirigido, pero se olvida lo fundamental, el dereco de unos termina donde empieeza el de los demas y la mayoria (que no se reune/manifiesta) ya estan hartos de tantas tonterias, por favor vean hemerotecas de no hacen mucho tiempo: ahora si, antes no.

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