La perspectiva de los derechos humanos

Fernando Flores

El jueves pasado asistí en Valencia, en el Colegio Notarial, a un seminario titulado “Soluciones para los desahucios”. El encuentro estaba organizado por los notarios y por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València. En él intervino la Defensora del Pueblo, un alto funcionario de la Generalitat, un notario, el juez decano de Valencia, una abogada de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y yo mismo.

Al terminar la sesión, ya por los pasillos y entre las felicitaciones que los asistentes dedican con amabilidad a los conferenciantes, se abrió paso la de una mujer que me dijo:

“Su intervención, aunque muy provechosa y didáctica, poco nos sirve a los abogados como yo, que intentamos mediante escritos creativos, y casi rogando clemencia, nos paralicen las subastas y posteriores lanzamientos”.

Yo había hablado de las necesarias garantías de los derechos en el procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, en el juicio que lleva a las familias a perder su casa y a ser desahuciados. Y citaba con argumentos y cierta pasión las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que habían de servir a los aplicadores del Derecho (legisladores, jueces, abogados y funcionarios de la Administración) para proteger a los ciudadanos de las graves injusticias que aquel procedimiento les produce.

Pero a la abogada esas garantías no le servían; no le se servían porque, sencillamente, no se aplican. Y es que el realismo jurídico mira con escepticismo a la teoría de los derechos, y por ello no le falta razón al que se pelea cada día con el muro de la formalidad, si escucha con sonrisa indulgente contar a un académico cómo deberían ser las cosas, pues su lucha cotidiana consiste en poder soportar cómo son las cosas.

De todo esto se deduce que el trabajo (uno de los trabajos) por hacer es ir al encuentro de la realidad, y cambiarla (no solo pero también) exigiendo sin descanso que la prioridad es que se cumplan los derechos reconocidos a las personas. Es decir, y por seguir con los desahucios, que primero está el derecho a la vivienda y la intimidad familiar, y después el derecho de obligaciones y contratos. Si hay conflicto entre unos y otros (como sucede), deben ponderarse las circunstancias y los intereses en cada caso, pero no puede dejarse el cumplimiento de los derechos humanos a la indulgencia de los jueces y la ejecución hipotecaria al estricto cumplimiento de la ley. Hay que exigir una perspectiva de derechos humanos a la hora de resolver los conflictos sociales, y reivindicar su peso (que es moral pero también jurídico) frente a otros intereses protegidos por el Derecho.

Últimamente escucho una frase repetida con la que, refiriéndose a los ciudadanos, políticos y tertulianos acompañan sus análisis y comentarios de la crisis que vivimos.

– “La gente lo está pasando mal”- se dice…

Y es verdad, las personas lo están pasando muy mal. Pero sobre todo, lo que pasa, es que a las personas se les está vulnerando sistemáticamente sus derechos constitucionales.

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