Blasfemar en el siglo XXI: un pecado constitucionalmente inadmisible

Ana Valero

Hace unas semanas se produjo la imputación de varios representantes de CGT Andalucía por llevar en procesión el llamado “coño insumiso”, como consecuencia de la querella interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos. La misma asociación que ha interpuesto otra querella contra el artista Abel Azcona por su exposición titulada Desenterrados, en la que se exhiben 242 hostias consagradas para formar la palabra pederastia. La Delegación de Gobierno de Navarra, ha trasladado al Ministerio Fiscal un informe para que estudie si la obra incurre en el delito previsto en el artículo 525 del Código Penal, el mismo en el que se fundamentaron las causas emprendidas en su día contra el cantante Javier Krahe y el cómico Leo Bassi, y que tipifica el escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa para ofender los sentimientos de sus miembros. Sigue leyendo

‘Los refugiados no son trigo limpio’: ¿odio o libertad de expresión?

Ana Valero

Las declaraciones realizadas el pasado miércoles por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, en las que cuestionó que los refugiados que llegan a Europa fueran “trigo limpio”, han generado una gran polémica, y no es para menos, pues ponen en evidencia que hay personas dentro de la jerarquía católica que no creen en el mensaje de solidaridad y de identificación con el más débil que supuestamente debería presidir la acción de tal institución.

Es evidente que las palabras de quien es cabeza visible de la Iglesia católica en la Comunidad Valenciana, son éticamente inaceptables y que, además, estigmatizan a las personas refugiadas y de origen inmigrante, pero ¿son, asimismo, incitadoras al odio contra ellas? Sigue leyendo

El Rey y la libertad de expresión hecha ceniza

Ana Valero

Con fecha de 31 de julio de 2015, el Tribunal Constitucional ha confirmado la condena penal impuesta por la Audiencia Nacional por un delito de injurias a la Corona del artículo 490.3 del Código Penal, a dos personas por quemar una foto del entonces Rey de España Don Juan Carlos I de Borbón y su esposa.

La mayoría del TC ha utilizado un argumento jurídicamente insostenible para corroborar la aplicación de un tipo penal, que por otorgar una “prebenda” a quien lo ostenta, -una figura no elegida democráticamente ni sometida a la confrontación con un adversario-, debería ser eliminado del Código Penal propio de un sistema democrático.

Y ¿por qué afirmo con tanta rotundidad que se trata de un argumento jurídicamente insostenible? Porque el Tribunal Constitucional ha recurrido a la doctrina del “discurso del odio” para afirmar que es constitucionalmente admisible la imposición de una pena de 15 meses de prisión, por quemar una foto de los Monarcas en el contexto del fin de una manifestación de protesta contra la institución monárquica. Dejando con ello de lado, no sólo su propia doctrina, sino la del Tribunal de Estrasburgo, por la que está irremediablemente vinculado, y la del Tribunal cuya jurisprudencia acuñó el término del que ahora se sirve, el Tribunal Supremo estadounidense. Sigue leyendo

Frente a la Ley Mordaza, el derecho a la protesta

Ana Valero

En los últimos días se han dicho muchas cosas sobre la llamada “Ley Mordaza” que acaba de ser aprobada por el Congreso con el rechazo de todos los grupos parlamentarios de la oposición a excepción de UPN. A pesar de las importantes modificaciones que ha experimentado el proyecto de ley ante las aplastantes recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial que alertaban al Gobierno de la inconstitucionalidad de muchos de sus preceptos, es evidente que la filosofía del texto persiste. Filosofía que no es otra que la de evitar, a golpe de ley, el ejercicio de lo que el constitucionalista argentino Roberto Gargarella ha calificado como el primer derecho: el “derecho a la protesta”.

Cuando hablamos del derecho a la protesta nos estamos refiriendo a una concreción de la libertad de expresión que, ejercida en el ámbito de la esfera pública, se plasma en la manifestación de la queja o de la crítica política por parte de la sociedad, y, por lo tanto, de uno de los elementos definitorios del sistema democrático. Y ello porque, a través de su puesta en práctica, se dinamiza la acción colectiva y se llevan al espacio público los requerimientos de la ciudadanía, especialmente los de aquellos sectores sociales que, sin este mecanismo, no podrían ser atendidos y representados en los canales de diálogo institucionales.

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Es cierto que la protesta social representa el último de los instrumentos a través de los que canalizar las demandas o los descontentos sociales, y que su activación evidencia el fracaso de los demás canales que el sistema institucional debería haber ofrecido para satisfacerlos. Es cierto que la protesta evidencia el “mal hacer” de quienes ostentan el poder político, pero también lo es que su escenificación representa una oportunidad más para que el Estado, aunque de manera tardía, conozca la problemática denunciada antes de que de lugar a una mayor conflictividad y, enmiende, en su caso, los errores cometidos.

Sin embargo, lejos de reconocer el valor central que la protesta social ocupa en el sistema democrático, en el poder público persiste un claro interés por reprimirla y criminalizarla. Y en el caso de España ha bastado una sola sesión parlamentaria para que la mayoría que apoya al Gobierno aprobase dos proyectos de ley gubernativos que lo ponen de manifiesto: la reforma del Código Penal y la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”.

No han pasado ni dos días desde su aprobación en el Congreso y los relatores de Naciones Unidas ya han hecho un llamamiento urgente al Gobierno de España para que recapacite sobre ambas normas por contener preocupantes aspectos contrarios al derecho internacional que cercenan la libertad de expresión y criminalizan la protesta social.

Sin ánimo de realizar aquí un análisis exhaustivo de los distintos preceptos de las normas citadas que pueden contradecir la Constitución y la normativa internacional en materia de Derechos Humanos, pues son numerosos los estudios que se han publicado en este sentido en los últimos días y a ellos me remito, me limitaré a señalar qué aspectos de la llamada “Ley Mordaza” suman a España a lo que parece ser una tendencia generalizada entre los Estados por reprimir la protesta social a través de instrumentos tales como: el aumento del poder punitivo del Estado en materia de seguridad y orden público; la utilización abusiva de la fuerza policial; la introducción de tipos penales específicos para inhibirla; y el impulso de leyes ad hoc que atentan contra el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación, de reunión y manifestación (aquí puede verse una sesión muy interesante al respecto en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

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Así, un breve repaso a las conductas que la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sanciona, evidencian dicho espíritu:

Desde que en el año 1939 el Tribunal Supremo norteamericano acuñara la llamada doctrina del “foro público” en Hague vs. CIO, en virtud de la cual existe un derecho constitucional a la utilización de las calles y parques para la discusión de cuestiones públicas, es indiscutible que éste es el espacio natural para el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación y, por ende, de la protesta social. Por ello, el legislador español no puede apelar, como lo hace el artículo 1 de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, a la “tranquilidad pública”, que ni siquiera es un bien constitucionalmente protegido con el que ponderar los citados derechos fundamentales, para limitar su ejercicio.

Es más, ni siquiera cuando el bien jurídico apelado sea el de la “seguridad pública” cabe priorizarlo sin más sobre los derechos que se activan cuando se ejerce la protesta social. Pues existe una sólida jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual los límites que el poder público imponga al ejercicio del derecho de libre reunión y manifestación siempre han de ser diseñados del modo más restringido posible, deben dejar abiertos medios alternativos razonables de expresión y deben ser aplicados de manera no discriminatoria.

Partiendo de ello, es claro que cuando la nueva Ley sanciona como falta “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos”, se está restringiendo el ejercicio de los derechos de manera “desproporcionada” y, por tanto, vulneradora de la libre expresión ciudadana.

Es evidente que la nueva “Ley Mordaza” antepone la “seguridad” al libre ejercicio de los derechos, otorgando, a su vez, amplias y discrecionales facultades a las autoridades policiales para velar por la primera, como objetivo único y prioritario de sus funciones, a costa de la limitación o restricción de los segundos. Esto contradice frontalmente el orden constitucional vigente en el que los derechos fundamentales ocupan un lugar privilegiado y preeminente frente al resto de bienes constitucionalmente protegidos, debiendo la limitación de aquellos estar justificada, ser razonable y proporcionada.

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En segundo lugar, la nueva ley sanciona “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”. La vaguedad de la norma puede, como han puesto de manifiesto otros expertos, conducir al poder público “a considerar una alteración de la seguridad ciudadana la mera falta de comunicación previa”, algo que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, no está justificado.

Si con la aprobación de la presente ley lo que se pretende es, entre otras cosas, dar cobertura legal a algunos casos que por la vía de los hechos ya se han producido en España en el último año, como por ejemplo, la disolución de manifestaciones porque no se habían cumplido con determinados requisitos burocráticos, como la necesidad de contar con un permiso previo o la imposición de limitaciones derivadas de lugares, recorridos y horarios, debe tener en cuenta el Gobierno español que con ello no sólo se estarían vulnerando las garantías constitucionales del derecho de manifestación sino ignorando, también, los estándares internacionales sobre la materia.

Por último, al sancionar administrativamente conductas que antes estaban tipificadas como faltas en el Código Penal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana las “desjudicializa” y otorga al poder gubernativo facultades descomunales de inspección, retención, investigación, represión y sanción fundadas, además, en meras sospechas. De este modo, se instaura un “derecho administrativo preventivo sancionador”, con multas desproporcionadas, que despoja al infractor de las garantías judiciales que antes le asistían, y que está dirigido a desmovilizar y a desactivar la protesta social, fragilizando con ello el ejercicio de los derechos fundamentales.

No nos extraña que Gobiernos como el actual se sientan amenazados por el derecho a la protesta y quieran reprimirlo a golpe de ley, pues viven anclados en una idea reduccionista de la democracia, aquella según la cual, la constitucional soberanía del pueblo tiene suficiente plasmación en las elecciones que se celebran cada cuatro años, que les otorgan, a su parecer, legitimidad suficiente para hacer y deshacer a su antojo lo comprometido en el programa electoral con el que concurrieron, por no hablar del uso abusivo y arbitrario de todos los instrumentos que tienen a su alcance, incluido el Derecho, para satisfacer intereses que en nada se identifican con el interés general.

Roberto Gargarella señala, haciendo referencia a modelos de democracia representativa de corte presidencialista como el estadounidense o el argentino, pero que, desde mi punto de vista, son perfectamente exportables a sistemas parlamentarios como el español, que éstos carecen de instrumentos que permitan la deliberación entre la sociedad y sus representantes en orden a consensuar los asuntos públicos de interés general. Y ello porque la presencia de legisladores subordinados a sus partidos y no a sus electores, la ausencia de mecanismos destinados a mejorar la representatividad y la responsabilidad de los mandatarios electos, y la inexistencia de mecanismos de control por parte de los electores hacia sus representantes, lo impide. Y es precisamente por eso por lo que el derecho a la protesta cobra especial importancia.

El sistema institucional actual ofrece pocos cauces para hacer oír la voz de la ciudadanía, y los que existen son menospreciados por nuestros representantes.

Mientras no se activen nuevos y mayores instrumentos de democracia deliberativa, seguiremos protestando.

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La reputación constitucional de Dios

Fernando Flores

‘No sé si Dios existe, pero sería mejor para su reputación que no existiera’, decía el poeta francés Jules Renard. Yo, por mi parte, cada día le pongo una vela. Al poeta.

Los representantes oficiales de aquél no fallan. Semanalmente nos afligen con una o varias acciones, si no como creyentes (cada cual con sus contradicciones), sí como defensores de las libertades de conciencia, religiosa y del Estado laico. Es decir, como creyentes en un sistema constitucional decente.

En realidad todo encaja. En un país en el que los ministros y los altos cargos juran su Constitución teóricamente aconfesional frente a una biblia y un crucifijo, y en el que el homenaje institucional a los fallecidos (sean estos cristianos, musulmanes, ateos o budistas) por un accidente o un acto terrorista se realiza invariablemente en una catedral católica, el resto tiene que venir por añadidura.

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Estos días ha trascendido la Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la enseñanza de la religión católica en la educación obligatoria. Esta Resolución, desarrollo de la LOMCE y publicada en el BOE, lleva a cabo la decisión política del Partido Popular y la Conferencia Episcopal de hacer del catolicismo una asignatura de oferta obligatoria evaluable y cuya nota cuenta para hacer media del curso. Ana Valero ya advirtió hace unas semanas en este blog (A vueltas con la religión en la escuela: aclaraciones desde la Constitución), que la obtención de la carta de naturaleza académica de la asignatura de religión católica no es sino el paso previo a justificar su incursión en el currículo educativo de la escuela pública mediante el revestimiento de pretendidos tintes científicos. No ha pasado mucho tiempo para que los hechos le den la razón. En la Resolución, cuando se detallan las directrices curriculares, se afirma:

  • “la educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona”;
  • “la enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad”;
  • “la estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios”;
  • “si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene…”;
  • “no obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz”

Por lo demás se pide al alumno (quinto de primaria) que “dramatice con respeto algunos milagros narrados en los evangelios”, o que “argumente el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de Dios” (primero de secundaria).

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A muchas personas les ha sorprendido (en algunos casos indignado) que se haya utilizado la propia letra del BOE (no solo manuales, apuntes, videos o material al efecto) para decir estas cosas. Es decir, ha llamado la atención que haya sido el principal portavoz documental del Estado (obligado a respetar la Constitución –art.9.1 CE–, y por lo tanto la neutralidad, la aconfesionalidad y la libertad de conciencia) el que haya publicitado contenidos que como mínimo chocan con la historia (se habla de la intervención de Dios en ella, aunque en el currículo general de primaria no existen referencias a la evolución), y con las ciencias naturales. Por el contrario, para los obispos el currículo es coherente con una asignatura cuyo objetivo no es enseñar historia de la religión (o de las religiones), sino formar a los alumnos en los valores y creencias del catolicismo.

Mi opinión es que la Conferencia Episcopal acierta, por la sencilla razón de que quien puede lo más puede lo menos. Si impones –siquiera como optativa– una asignatura cuyo contenido es dogmático (al menos en parte), no puedes pretender que dicho contenido lo enuncie un funcionario civil; al revés, tiene todo el sentido que lo confeccione un funcionario religioso. Con el resultado referido. De hecho, la misma LOMCE (y antes la LOE) dispone que la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas” (DA 2ª.apdo 3).

Así que la clave no está en el currículo educativo, la clave está en el poder legislativo, en la Ley. Una vez incorporada la religión como asignatura evaluable, resulta coherente que exista una Resolución del Ministerio (que se publica en el BOE) que contenga sus directrices fundamentales. Así sucede con el resto de asignaturas y, en consecuencia, es normal que también suceda con la de religión. Lo que muestra esta consecuencia de aquella decisión política y legislativa es hasta qué punto con ella se permite a las confesiones –especialmente a la Iglesia Católica– penetrar en lo más profundo del Estado, hasta confundirse (en directa contradicción con el art.16.3 CE) con él.

Llama la atención que pocos hayan advertido el contenido de la Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Formación Profesional, por la que se publica el currículo del área Enseñanza Religión Islámica de la Educación Primaria. Las capacidades que respecto de la confesión islámica y con carácter general se establecen para toda la Educación Primaria son, entre otras:

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  • “conocer y arraigar la fe en Al-lah, Creador del Universo, de todos los seres vivos y Único Dios adorado“;
  • “valorar y apreciar la importancia de la Creación y reconocer en el mundo natural la acción y atributos de Dios“;
  • “apreciar el valor de la vida humana como don de Dios y derecho a su existencia, comprender su sentido para la vida mundana y la consecución de la vida venidera“;
  • “reconocer el Corán como palabra de Dios revelada al Profeta Muhammad (P.B.) y comprender el significado de su mensaje“;
  • “leer, recitar y memorizar diferentes fragmentos del Corán, profundizar en su estudio para comprender mejor su significado, lenguaje y, en último término, la palabra de Dios“; etc.

Esta Resolución también está publicada en el BOE.

¿Alguien se imagina una asignatura, siquiera optativa, en el marco de la libertad de conciencia, para Primaria o Secundaria, cuyo currículo negara la existencia de Dios o de Al-lah, que afirmara que el pecado no existe, que la religión es –además de contraria a las leyes de la física– perjudicial para el desarrollo de la personalidad, y que Dios es una ‘ficción suprema’? Probablemente la Iglesia y el Islam lo considerarían una afrenta y un ataque imperdonables, y reclamarían su supresión. Si Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos –que sólo propugnaba el aprendizaje de los valores de la Constitución española– acabó como acabó por la presión de la reacción católica institucional, no hace falta mucha perspicacia para intuir qué pasaría con una asignatura como la imaginada.

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No debe dejar de decirse que cada paso, cada acción que contribuye a la confusión del Estado, de los poderes públicos, de los servidores civiles, con una confesión religiosa, es un atentado contra los mandatos constitucionales y contra la libertad. Y por qué no decirlo,  también resulta un atentado contra la esencia de la propia religión, al menos de la religión católica, contra el principio de dar al (y recibir del, creo yo) césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios.

Hace unos días supimos que el cura de Santoña había intervenido (con hisopo) en la inauguración oficial de los juzgados de esa localidad. Si sucesos como éste no ocurrieran diariamente a lo largo del territorio español, lo comentaríamos como una anécdota graciosa o folclórica. Pero no lo son. Esta confusión de lo público y lo católico es habitual entre nosotros y vulnera la libertad de conciencia y religiosa de los ciudadanos, amén de la obligatoria aconfesionalidad del Estado.

La libertad religiosa y de cultos es un derecho tan respetable como cualquier otro recogido en la declaración constitucional, y debe ser garantizado, pero su límite está en la libertad de los demás (la de conciencia y la misma religiosa) y en la rigurosa aplicación de aquella aconfesionalidad. En España esos límites no son respetados, al contrario, por ahora la experiencia nos demuestra que los dioses oficiales se llevan mal con la Constitución y con la libertad. Si existieran, su reputación debería estar por los suelos. Al menos en una sociedad que creyera en el Estado democrático.

Ciencia-y-Religión

Por una inyección letal a la pena capital

Ana Valero

El pasado 24 de enero el Tribunal Supremo de Estados Unidos admitió a trámite una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la inyección letal como método de ejecución de la pena de muerte. Los reclusos demandantes, que se hallan en el corredor de la muerte, argumentan que la sustancia anestésica encargada de sedar al reo antes de que se le suministren las otras dos que acaban con su vida, no siempre produce los efectos deseados, lo cual le provoca un largo y enorme sufrimiento físico antes de morir, algo contrario a la Octava Enmienda de la Constitución.

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En aras a cumplir lo dispuesto por dicha Enmienda, según la cual quedan prohibidos los castigos “crueles o inhumanos”, Estados Unidos ha tenido que ir modificando sus legislaciones con el paso del tiempo con el fin de “humanizar” algo tan inhumano como el método con el que el Estado cumple la ley del talión. De las ejecuciones públicas en la horca, propias del siglo XIX, se pasó al empleo de la silla eléctrica durante el siglo XX, acompañado del gas letal como alternativa en algunos Estados. A partir de su incorporación a la legislación penal de Oklahoma en 1977, aunque no empleada hasta 1982 en Texas, se generalizó el uso de la inyección letal por considerarse, inicialmente, un método rápido e indoloro. Sigue leyendo

Charlie es libertad de expresión, no incitación al odio

Ana Valero

Lo sucedido en París el pasado 7 de enero nos debe conducir a plantearnos, una vez manifestado nuestro profundo dolor, indignación y solidaridad con las víctimas de la brutalidad cometida contra la Revista satírica Charlie Hebdo, si deben aplicarse límites a la libertad de expresión cuando ésta vulnera las creencias o los sentimientos religiosos de otras personas o comunidades. Y mi respuesta es un rotundo no, pero vayamos por partes.

El Consejo de Europa aprobó, poco después de la publicación de las viñetas de Mahoma en el periódico danés Jyllands-Poste, en el año 2006, una Resolución en la que afirmaba que la libertad de expresión, tal y como está protegida en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no debe ceder ni un ápice ante las exigencias derivadas de las crecientes sensibilidades de ciertos grupos religiosos. Ahora bien, la incitación al odio o el hate speech contra un determinado grupo religioso no es compatible con los derechos fundamentales y las libertades garantizadas en el Convenio. Lo cual exige, para determinar adecuadamente el ámbito de protección de la libertad religiosa, una graduación de las injerencias que en ella pueden producirse.

Con dicho fin, el Consejo de Europa en el año 2007, a través de su Recomendación 1805, estableció una importante distinción entre “blasfemia”, “insultos religiosos” y “discurso del odio contra las personas por razón de su religión”. Sigue leyendo

La esclavitud del siglo XXI: la trata de mujeres para su explotación sexual

Ana Valero

El pasado 16 de octubre la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat publicó las cifras relativas a la trata de seres humanos en Europa en los últimos dos años analizados. En su Informe sobre el Trafficking in Human Beings señala que entre 2010 y 2012, último periodo del que se dispone de datos, se contabilizaron 30.146 casos de trata, un 28% más que en el trienio 2008-2010.

Aunque la “esclavitud del siglo XXI” puede recaer sobre cualquier ser humano y sus fines son diversos: la explotación sexual, laboral o para el tráfico de órganos, venta de bebés o robo forzoso, etc., lo cierto es que el 80% del tráfico recae sobre las mujeres y su finalidad es la explotación sexual. De ellas el 67% son adultas y el 17% niñas: el 45% de víctimas registradas son mayores de 25 años, el 36% tienen entre 18 y 24 años, el 17% comprende la franja de edad que va desde los 12 a los 17 años, y el 2% entre 0 y 11.

Si se atiende a las cifras ofrecidas por la Oficina Comunitaria se observa que el 65% de las víctimas poseen la nacionalidad europea. Así, los cinco países que tienen el mayor número de víctimas registradas son Rumanía, Bulgaria, Países Bajos, Hungría y Polonia. Y, de entre los extracomunitarios, se encuentran a la cabeza Nigeria, Brasil, China, Vietnam y Rusia. Sigue leyendo

TVE y servicio público: ¿De qué estamos hablando?

Ana Valero

El pasado martes 25 de febrero TVE emitió, como todas las tardes desde el pasado mes de agosto, el más polémico de los programas de su parrilla, Entre Todos. Un programa que la propia web de RTVE define, propagandísticamente, como de “servicio público”, entrevista a personas que se encuentran en situaciones extremas de necesidad, cuando no de exclusión social, para que cuenten en directo su drama personal. Una presentadora con un discutible sentido de la ética y la estética periodística, hurga en su desgracia mientras canaliza las llamadas de ayuda de los tele-espectadores. En un país donde el “Estado del bienestar” está siendo desmantelado a marchas forzadas, y donde se hacen retroceder los derechos sociales y las libertades civiles, no puede negarse cierta coherencia a eso de sustituir servicio público por caridad. Si quitas algo, lo mejor es que pongas otra cosa, aunque sean migajas. Esta es la ideología que nos traen los que abominan de la ideología, y nos la traen desde la radio y la televisión públicas.

En el último programa de Entre todos, la presentadora Toñi Moreno traspasó la línea roja al alentar a una presunta víctima de la violencia de género a que volviese con el que definió como el “hombre de su vida” y la reprendió afirmando que “quien no denuncia los malos tratos, debe callar para siempre”. Pero es que esa misma semana, en otro magazine llamado La Mañana de la 1, su conductora, Mariló Montero, organizó una mesa de debate sobre un curso que se iba a celebrar en Barcelona el 22 de febrero bajo el título “Ser puta no es fácil”. En dicho debate la directora del curso defendió el interés que en tiempos de crisis puede tener para las mujeres aprender las “claves del oficio” y la presentadora se negó a que, lo que muchos podríamos entender como “apología de la prostitución”, pudiera ser discutido y contrarrestado por el punto de vista de otra de las invitadas, la abogada y feminista Lidia Falcón, al suspender de manera inesperada el debate.

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La libertad de expresión del fascista

Ana Valero

El pasado 10 de octubre el Congreso de los Diputados rechazó la Moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió que pretendía que se incorporase al Proyecto de reforma del Código Penal que se halla en tramitación un nuevo tipo penal, entre los llamados “delitos de odio”, que castigase, entre otras conductas, la utilización de las expresiones “nazi”, “nazista” o “nazismo” en lo referente a la adjetivación de ciudadanos, representantes democráticos, organizaciones políticas democráticas, entidades e instituciones. Dicha Moción incorporaba, además, las enmiendas de los Grupos Parlamentarios de PSOE, IU, UPyD y UPN e instaba al Gobierno a la tipificación de conductas que impliquen apología del franquismo, el fascismo, el totalitarismo o el nazismo. Concretamente, que se tipificase como delito “cualquier acción, propuesta, discurso, propaganda, gesto o símbolo propio o apologético del nazismo y del delito de negación o banalización del Holocausto o de cualquier genocidio”.

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Esta Moción parlamentaria, destinada a poner nuevos frenos a las recientes actuaciones de grupos neofascistas que hacen ostentación de sus convicciones antidemocráticas, nos sitúa de lleno ante el hate speech o “discurso del odio”, una de las figuras más controvertidas en las legislaciones y en la jurisprudencia de los Altos Tribunales de Justicia occidentales. Acuñado por primera vez por el Tribunal Supremo Norteamericano, el término hate speech hace referencia a aquellas expresiones verbales dirigidas contra grupos humanos que han sido históricamente discriminados por motivos de género u opción sexual, raza, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, y que, además, constituyen minorías tradicionalmente excluidas socialmente. Por lo que la cuestión que subyace a su tratamiento jurídico tiene que ver con: por un lado, el valor que los sistemas democráticos otorgan a la libertad de expresión como baluarte de una opinión pública libre, fundamento del sistema democrático; y, por otro, con el alcance que en los Estados democráticos ha de tener el ius puniendi del Estado y si éste debe sancionar penalmente la difusión de ideas explícitamente contrarias a los valores de dignidad, libertad e igualdad humanas.

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