El extraño caso de la diputada Menéndez

Por Fernando Flores

El día 9 de mayo una parlamentaria de la Asamblea de Madrid, la diputada Maru Menéndez, fue expulsada de la Cámara por el Presidente de la Asamblea, señor Echevarría. El motivo fue que durante una intervención de control parlamentario al gobierno llamó “corrupto” al también diputado y Presidente de la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio González.

Pero la sanción aplicada a la señora Menéndez no quedó saldada con la expulsión. Entendió el Presidente de la Cámara que su comportamiento merecía algo más, y le aplicó una pena mayor, a saber, no sentarse en su escaño durante un mes.

La dureza de la sanción –impedir a un representante elegido por el pueblo ejercer su trabajo a lo largo de treinta días– llama la atención tanto por la forma (o mejor dicho, por la falta de formas) en que se adoptó, como por lo que implica en el fondo. A la vista de lo sucedido, puede decirse que el presidente de la Asamblea (del Partido Popular) utilizó un poder discrecional que tiene una finalidad concreta, mantener el orden en la Cámara, para desactivar el control parlamentario de la oposición al Gobierno. Y para ello vulneró varios derechos y principios constitucionales. Veamos por qué.

Qué es un representante

En democracias parlamentarias –la nuestra lo es a nivel estatal y a nivel autonómico– el protagonismo de los representantes elegidos en elecciones libres es uno de los elementos fundamentales del sistema. Más aún en sistemas representativos como el español, que da poco juego a la participación ciudadana como fuerza activa en la conformación de la voluntad general, en la toma de decisiones políticas y en la ejecución de las mismas. Y más aún cuando algunos cargos públicos identifican “la política democrática” exclusivamente con la acción de los partidos políticos, la elección de representantes y el juego parlamentario.

Es por eso que, a la vista de este modelo, y entretanto se abre alguna opción más a la participación real de los colectivos sociales, debe asumirse que la limitación al ejercicio del derecho de participación política del parlamentario ha de ser excepcional, en casos muy graves y claramente justificados.

Además del argumento señalado debe tenerse en cuenta que, en la actualidad, la función más importante de los diputados y diputadas es la de “control al gobierno”, sobre todo en aquellos casos (como el madrileño) en que el ejecutivo cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de la Asamblea. Y es que reducidas al mínimo las clásicas funciones del Parlamento, la legislativa (pues legisla el gobierno con el apoyo de los votos de su partido), y la presupuestaria (pues de nuevo es el gobierno el que elabora y aprueba los presupuestos sin necesidad de negociación con la oposición), a las minorías solo les queda la posibilidad de la crítica, la denuncia, la queja, y ser altavoz público de lo que consideren actuaciones censurables del gobierno. Toda restricción a esas críticas entierra (más aún) lo que de democrático queda a nuestro sistema.

Los hechos

Si estamos de acuerdo en lo anterior la pregunta siguiente es obvia: qué acción tan intolerable de la diputada Menéndez mereció una limitación tan grave de sus derechos. Derechos que, en definitiva, no son sino una prolongación de los de los ciudadanos, a quienes ella, como parlamentaria, pone voz y representa.

Todo empezó cuando el Presidente de la Asamblea entendió que llamar “corrupto” a otro diputado (en este caso el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid) constituía una acción muy grave que iba en contra de los principios básicos de la cortesía parlamentaria.

Los hechos sucedieron más o menos así:

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