Centros de procesamiento de asilo en África, ¿puede la UE replicar el ejemplo australiano?

Ana Calvo Sierra

El debate en torno al establecimiento de centros de procesamiento de asilo fuera de la UE vuelve a estar en auge esta semana, tras la cumbre de líderes europeos en la que se ha planteado la posibilidad de crear ‘plataformas regionales de desembarco’ en África con la intención de filtrar a los verdaderos refugiados de los migrantes económicos, y así evitar más muertes en el Mediterráneo.

Esta política no es nueva; ya en los años ochenta Dinamarca presentaba un proyecto de resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la creación de centros offshore, iniciativa que sería más tarde recogida por el Reino Unido en los ‘UK Proposals’ en 2003. Aunque entonces el clima político no fuera lo suficientemente favorable– Reino Unido encontró la fuerte oposición de Francia y Suecia, así como de la propia ACNUR, que no tardó en desvincular su ‘Convention Plus’ de los planes británicos – sentó las bases de una propuesta que quince años más tarde parece ser la idea definitiva entre las políticas de externalización de la función del asilo. Tras la popularmente llamada crisis de los refugiados precipitada en 2015, varios mandatarios europeos se han acogido al caso australiano para animar a la réplica de esta política de control migratorio.

Australia aprobó en el año 2001 la Solución Pacífico: una política dirigida a frenar las llegadas de barcos no autorizados a las costas australianas mediante el traspaso de los ‘boat people’ a, en sus comienzos Christmas Island, y recientemente a las islas de Papua Nueva Guinea (PNG) y Nauru. Pese a la revocación de la Solución en el año 2008 por el partido laborista siguiendo una promesa electoral, en el año 2012 los centros en PNG y Nauru fueron reabiertos debido al aumento de llegadas migratorias. Durante los últimos seis años, son cientos los refugiados, demandantes de asilo y otros migrantes que se han encontrado detenidos en centros de procesamiento sin esperanza de ser reasentados en Australia. Esto es sabido desde que el anterior ministro de migración Kevin Rudd declarara en el año 2013 junto al primer ministro de PNG que aquellos reconocidos como verdaderos refugiados tendrían la oportunidad de quedarse allí mismo, declarando “ningún refugiado será reasentado en Australia”. Pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos sistemáticas y a las llamadas al cierre por parte de Australia, los centros siguen en vigor.

Con el acrecentamiento de los partidos de extrema derecha en Europa y la narrativa anti-inmigración, no sorprende que Australia haya sido citada como un ejemplo a seguir. En los últimos tres años, Wilders, Farange o Szijjarto han expuesto públicamente su voluntad de tratar a los refugiados a la australiana; mientras otros países, como Francia, Italia o España se han centrado en cerrar acuerdos bilaterales con países africanos. No obstante, en febrero de 2018, The New York Times hacía sonar las alarmas publicando la conclusión de un centro de procesamiento de solicitudes de asilo francés en Níger, titulando el artículo “asilo para los elegidos”. Esta iniciativa parecía haber surgido de la reunión mantenida en París entre mandatarios de Libia, Níger, Chad, Italia, Alemania y España donde se debatió cómo frenar el flujo de migrantes irregulares. En última instancia hemos sabido estos días que la propuesta ha encontrado el apoyo mayoritario de los líderes europeos, por lo que parece que es el momento de analizar las posibilidades de éxito en la práctica.

El caso australiano ha demostrado con creces que la externalización del asilo a través de los centros offshore es políticamente vendible. Se requiere de discursos que presenten la migración irregular como abrumadora; que asuman esta política como humanitaria –concebida para evitar muertes en el Mediterráneo– y no como de control –pese a que cualquiera podría pensar que limita la libertad de movimiento recogida por todos los textos de derechos humanos–; y que se plantee bajo una aparente sujeción al derecho tanto doméstico como internacional. En cambio, jurídicamente, la UE y Australia presentan diferencias insalvables: Australia no está sujeta a un órgano judicial supranacional como sí lo están las políticas migratorias de los miembros de la UE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y especialmente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado la Convención en materia de asilo de forma que a día de hoy su jurisprudencia es la mayor garantía para los refugiados y demandantes de asilo. Y lo ha hecho pese a que el derecho de asilo no se reconoce explícitamente en la Convención. El TEDH ha extendido la noción de jurisdicción a casos extraterritoriales, bajo el concepto de control efectivo –de iure y/o de facto– en sentencias como Medvedyeb v. Francia o Hirsi Jaama v. Italia. También ha ampliado el ámbito de aplicación personal y material de la Convención de Ginebra, extendiendo la prohibición de refoulement a no sólo refugiados sino cualquier extranjero que pueda verse sometido a trato inhumano o degradante si fuera devuelto o extraditado a otro país, con sentencias clave como Soering v. Reino Unido, Cruz Varas v. Suecia o Chahal v. Reino Unido. Y por último, ha definido las condiciones de detención aplicable a terceros de otros países, limitando así las posibilidades que encontraría la UE en el caso de efectivamente confinar a demandantes de asilo en centros extraterritoriales.

La definición y el carácter de estas tres nociones –jurisdicción, principio de non-refoulement y detención– desarrolladas por el TEDH son a día de hoy, bajo mi opinión, el mayor obstáculo para la implementación del modelo australiano por parte de la UE. Incluso en el caso en el que la UE no se desvinculara de los centros offshore como hace Australia, y los diseñara bajo su jurisdicción y consecuentemente sujeción al derecho europeo, son diversas las cuestiones técnicas y jurídicas que surgirían haciendo de esta política una misión poco factible en estos momentos: ¿serían los centros capaces de atender a casos específicos de personas vulnerables? ¿Se atendrían a los límites temporales y condiciones de detención impuestos por el TEDH en casos como MSS v. Bélgica y Grecia? ¿Cómo se garantizarían los recursos efectivos y la defensa ante un refoulement indirecto por parte del país huésped? ¿Supondría esta política cambios en el sistema de reparto de carga y en definitiva la modificación de Dublín?

De cualquier modo, aunque la UE consiguiera presumiblemente ajustarse al derecho con la creación de estos centros, este hecho suscitaría inquietudes éticas ya que se trataría una vez más del aprovechamiento de técnicas legales para evadir obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos concebido para dar protección a los que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad; lo que me lleva a concluir que aunque fuera legal, nunca sería una herramienta legítima para con los refugiados y demandantes de asilo. Es en el tratamiento a los refugiados donde los valores en los que se fundó la UE yacen hoy; no los pongamos fuera de nuestra vista.

Ilustración de Oslo Davis. Foto de Centelles: campo de refugiados españoles en Bram (Francia), 1939.

 

La UE y el derecho a la vida de los Otros. Una historia reciente de falacias e hipocresía

Javier de Lucas

Deberes universales y primarios ante derechos humanos elementales

Los muertos en la madrugada del 19 de abril no son, obviamente, los primeros (basta con consultar, por ejemplo, este mapa). Ya no son tampoco los últimos. Pero su impacto sobre la opinión pública ha promovido tal debate que debiera permitirnos aprender algo. Creo que la lección más importante que hemos extraer de lo sucedido en la semana escasa transcurrida entre del naufragio –uno más- que supuso la muerte de más de 800 personas en el canal de Sicilia, en la madrugada del sábado al domingo 19 de abril y las reacciones de la UE (reunión de los Ministros de Interior y exteriores en Luxemburgo el lunes 20 de abril; cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas el jueves 23 de abril), es que aquellos a los que seguimos llamando “líderes europeos”, no valoran como prioritario el derecho a la vida. No, al menos, cuando se trata de la vida de los otros.

Sé que a algunos puede parecerles una conclusión exagerada, demagógica. No lo pienso así. Trato de hablar desde una perspectiva elemental en Derecho y en política, la que impone como objetivo básico y criterio de juicio de la legitimidad el respeto de los derechos humanos. De esos que decimos, con razón, que son universales y de cuya defensa ha hecho santo y seña la Unión Europea. Hablamos de derechos humanos. ¿Hay un derecho humano más elemental que el derecho a la vida? En mi opinión, sólo el derecho a la libertad, a la autonomía, es más importante. Pero el derecho a la vida es condición del reconocimiento de todos los demás derechos. Que un derecho sea universal significa, a la par, que es reconocido a todos los seres humanos y que obliga universalmente. El derecho a la vida, obviamente, lo es. Como lo es también el derecho de asilo, según hemos tratado de recordar, con ACNUR en este mismo blog.

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Pues bien, más de doscientos años después de las primeras declaraciones de derechos, hoy no podemos seguir sosteniendo prácticas estatales que ratifican que esa distinción entre derechos del hombre y derechos del ciudadanos significa que no existen otros derechos que los derechos de los ciudadanos, cuya garantía compete a sus propios Estados. Ya no podemos mantener que a un Estado sólo le obligan los derechos humanos de sus ciudadanos. También le vinculan –tiene obligaciones- respecto a los derechos humanos, como el derecho a la vida y el derecho de asilo, de todos los seres humanos que se hayan bajo el alcance de su soberanía. Y no por razones morales, insisto.

Afortunadamente, el progreso en estos dos siglos del Derecho internacional de los derechos humanos y, sobre todo, en la segunda mitad del XX, ha producido instrumentos jurídicos vinculantes que establecen obligaciones correlativas a esos derechos elementales. Por ejemplo, el complejo de Convenciones del Derecho internacional del Mar, presididas por la obligación primaria de socorrer a quien está en riesgo de naufragio, o el Derecho internacional de los refugiados. Todas esas normas vinculan, establecen obligaciones jurídicas a los Estados parte. Todos los Estados de la UE lo son. Todos ellos tienen obligaciones jurídicas primarias. No hablo de moralina ni de caridad. El incumplimiento de esas obligaciones es una grave infracción jurídica, no una tragedia, ni una cuestión de estadística, ni un “problema humanitario”. No es cuestión de caridad, sino de derechos de seres humanos, y de deberes y responsabilidades jurídicas y políticas que han de ser establecidas y exigidas.

Decía Hobbes en el Leviathan (caps XXIX y XXX) que la única razón que podía justificar la desobediencia al Estado era que éste no garantizara la vida. Desde entonces hemos aprendido que la obligación primaria del Estado no es sólo garantizar la vida como primer derecho de sus ciudadanos, sino la vida de todos aquellos que se encuentran al alcance de su soberanía. La UE viola grosera, masiva, gravemente esta obligación primaria cuando se trata de inmigrantes y refugiados. Y con ello pierde la legitimidad y la razón básica de obediencia.

No es crisis humanitaria, sino hipocresía institucional

Quiero dejar claro que no hablo de asumir ingenuamente responsabilidades ”respecto a toda al miseria del mundo”, tal y como afirmaba Michel Sapin tan eficaz como falazmente, evocando supuestamente una afirmación de Rocard. No. Simplemente trato de explicar que la UE, los Estados de la UE, los gobernantes, los eurodiputados, tienen obligaciones jurídicas primarias respecto a los seres humanos que pierden la vida en ese Mar Mediterráneo, cuyas aguas son en buena medida territoriales de los Estados de la UE, o están al alcance de nuestra soberanía. Ante nuestros ojos, en suma.

Está claro que el derecho a la vida de inmigrantes y refugiados (y el derecho de asilo de éstos) sufre un riesgo gravísimo, detectable, cierto, al alcance de nuestros sofisticados sistemas de vigilancia y control. Pero, según parece, esos medios en los que no dejamos de invertir y que recibirán aún más presupuesto como conclusión prioritaria de los acuerdos de Bruselas del 23 de abril, no deben tener más función que ésta, vigilar (la UE confirma a Foucault: la función primaria es vigilar y castigar), defendernos de una amenaza contra nuestra seguridad. Por eso la prioridad es reforzar la Agencia FRONTEX, triplicando sus fondos, según el modelo de las operaciones Tritón y Egeo, que no son de salvamento y rescate, sino de vigilancia y control. Eso significa, según parece, que nuestro esfuerzo prioritario, aquí y ahora, no es el de rescatar y salvar a los seres humanos que, gracias a esos sistemas, detectamos que corren un peligro grave e inminente. No. Lo ha dejado claro Cameron: solidaridad europea para vigilar impedir que nos lleguen. Pero si llegan, o si los rescatamos, nadie quiere hacerse responsable: tenemos que quitárnoslos de encima lo antes posible. Como señaló recientemente la eurodiputada Kyenge, la UE habla de crisis humanitaria, pero la crisis de verdad es la de hipocresía institucional.

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Por eso, las prioridades que debería haber planteado Bruselas son otras. Las dos que resumen, por ejemplo, los eurodiputados Ska Keller y Ernest Urtasun: primero, un programa de rescate europeo cuyo objetivo sea rescate y salvamento de vidas, no vigilancia y control, dotado de medios suficientes, al menos, equiparables a la dotación de la iniciativa italiana Mare Nostrum (es decir, 105 millones de euros anuales). Además, la segunda prioridad debe ser facilitar una respuesta suficiente a las necesidades reales de refugiados que tratan de encontrar una respuesta en Europa. En 2014, la UE sólo acogió a 37.000. Y los acuerdos de Bruselas hablan de 5.000 plazas de refugiados, voluntarias, sin contemplar, por ejemplo, medidas específicas d reasentamiento.

¿Por qué tiene la UE ese planteamiento? ¿Por qué nuestra prioridad es una política de vigilancia, control y aun defensa contra una amenaza que parece cuasi bélica? ¿Quién es ese enemigo frente al que tenemos que blindar nuestras frontera, en Ceuta y Melilla, en el canal de Sicilia, en el Mar Egeo?

Una guerra clandestina contra inmigrantes y refugiados

Ya en octubre de 2013, tras el primer gran naufragio con 300 víctimas en Lampedusa, la alcaldesa Giusi Nicolini, harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que la UE se decidiera a actuar. Por su parte, el vicealcalde, Damiano Sferlazzo, se mostró escandalizado por el abandono de la “cultura de la vida” por parte de la UE.

Créame el lector cuando digo que procuro medir cuidadosamente mis palabras, como debe hacerlo alguien cuyo trabajo profesional como profesor de Filosofía del Derecho consiste en tratar de entender y explicar críticamente lo que se nos presenta como Derecho. Pues bien, consciente de ello, estoy convencido de que lo que hemos vivido en estos días es una confirmación de la tesis sostenida por la red euroafricana de ONGs Migreurop desde 2013, con su campaña FRONTEXIT: la UE está en guerra (una guerra que en no pocos aspectos tiene las características de guerra sucia y clandestina) contra los inmigrantes y ahora también, contra los refugiados.

Los acuerdos de Bruselas de 23 de abril de 2015, adoptados para abordar lo que se denominaba con pretensión de contundente denuncia (¡??) “tragedia humanitaria”, que debía ser abordada “con urgencia”, según proclamaban indistintamente Renzi, Hollande, Merkel, Cameron y ¡Rajoy!, no sólo dejan claro la ausencia de voluntad política, la ceguera, incluso, de quienes no entienden, no quieren entender qué es lo que está en juego. Después de los golpes de pecho y las lágrimas de cocodrilo, nuestros líderes paren un ratón. Peor, un viejo y tramposo ratón, que tenía como guinda –o cola- el recurso a la antiquísima y reaccionaria, imperialista y colonial “política de cañoneras”, de la mano de Renzi. El mensaje, simplista y maniqueo, pero terriblemente eficaz, insiste en presentarnos a la fortaleza Europa como una ciudadela asediada, y a nuestros gobernantes como los arriesgados héroes que nos defienden contra un “peligro mortal”: las avalanchas de inmigrantes y refugiados, amenaza para la estabilidad de la UE, para el sostenimiento de nuestro bienestar, nuestro estilo de vida, nuestros valores.

Item más, nuestros adalides han de tomar decisiones que les desgarran la conciencia, pero son por nuestro bien: no aumentarán las operaciones de salvamento y rescate (en el fondo, les gustaría, son altruistas, tienen corazón), porque producen efecto llamada, como ya sostuvo Cameron y ha repetido García Margallo. Sí, es cierto, esas operaciones (como la Mare Nostrum que Italia mantuvo en 2014) salvan vidas. Pero claro, eso mismo fomenta que los inmigrantes se lancen en masa a la aventura, sabedores de que los salvaremos, y enriquece a las mafias, que ven negocio redondo. Sería risible si no fuera trágico. Y menos mal que la preocupación por las formas ha permitido detener un proyecto presentado como panacea, bombardear los barcos de los traficantes de personas, los que utilizan mafias africanas (en contacto con las mafias europeas, no lo olvidemos, y con quienes compran su mercancía) que dominan la costa libia, entre el reducto gubernamental del este (de Bengasi a Tobruk, desde donde se garantiza la exportación de petróleo y gas) y el guetto yihadista en que se ha convertido Trípoli.

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Pero las decisiones de Bruselas revelan que persistimos en el error. Como algunos llevamos denunciando desde hace años, son la prueba de que la UE practica verdadera xenofobia institucional, convirtiendo a unos y otros en amenaza, hasta el límite perverso de identificar en ellos el enemigo que justifica la prioridad de blindar nuestras fronteras y, aún más, convertir la legislación de inmigración en un Derecho de excepción, en el que vale todo (como contra el terrorismo yihadista): recortes de derechos y garantías, hasta el intento de legitimar lo ilegal, como lo muestra el torpe empeño del Gobierno Rajoy por legalizar las “devoluciones en caliente” mediante una reforma legislativa express y fuera de lugar (sobre ello, entre otros informes, me parece muy útil el del Servicio Jesuita de Migraciones), un objetivo que parece haber encontrado eco muy recientemente en alguna decisión judicial. Pero claro, según nos dicen los periódicos, la UE trata de seguir el ejemplo de España en su “lucha contra la inmigración irregular”, ¡atiza!.

El mismo propósito es el que hay detrás de las crecientes medidas que buscan dificultar que se pueda plantear el asilo, y reducen a cuotas vergonzosas (5000 refugiados) la “carga” asumible por la UE (pensemos en que sólo la guerra en Siria ha provocado 4 millones de desplazados y refugiados, la inmensa mayoría en los países limítrofes), y que tratan de externalizar la acogida y atención de los refugiados, fuera de nuestras fronteras, un proyecto, por cierto, en el que la urgencia por quitarse de en medio el problema como sea queda ejemplificada en la iniciativa del para mí incomprensiblemente elogiado Renzi, de quien parte la iniciativa de pagar a países como Egipto (recordemos, presidido por el golpista Al Sisi, líder en sentencias de pena de muerte y por tanto, alguien en quien confiar para defender los derechos humanos), Somalia y Túnez (que necesitan ser ayudados, en lugar de echarles la carga de remediar lo que en buena medida causa el caos libio) para que asuman vigilancia y recepción de inmigrantes y refugiados. Contra lo que el ignorante ministro García Margallo sostiene, los refugiados no son sólo quienes huyen por motivos políticos, sino de persecución de todo tipo: lo saben bien en Italia donde en 2014, de los casi 150000 personas que arribaron sin papeles, más del 35 % provenían de Siria, Eritrea y Mali.

Síntomas y causas de un desafío que es un problema

Por supuesto que la UE debe luchar contra quienes explotan a esas personas que huyen del hambre, la enfermedad, la miseria y la persecución o que simplemente (qué escándalo, ¿verdad?) pretenden trabajar y encontrar una vida mejor. Debemos luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud que acechan a inmigrantes y refugiados, contra quienes controlan y envían esos barcos de la muerte. Nada nuevo. Hace siglo y medio, en 1839, el genial William Turner pintó su archifamoso The Slave Ship (cuyo título original era Slavers through the Deadd and Dying-Typhoon coming on), tras leer The History of the Slave Trade (Th. Clarkson), un cuadro que se exhibió en la Anti-SlaverySociety Convention celebrada en Londres en 1840, junto a unos versos del propio Turner que parecen describir los naufragios de Lampedusa o Libia: “… Hope, fallacious Hope! / Where is thy market now”.

Turner

Pero las medidas, las políticas efectivas no consisten sólo ni prioritariamente en la lucha contra semejantes criminales. Entre otras cosas, porque se trata de intermediarios, no de los causantes de la existencia de esos éxodos que nos preocupan. Y no se nos diga que no hay soluciones.

Las soluciones pasan ante todo por entender la dimensión del desafío migratorio y de asilo. Una viñeta explica mejor que mil palabras y tratados. Escojo ésta:

Roto

Frente a las causas complejas y globales de los desplazamientos e población, que tienen en su fondo el problema de la desigualdad radical en las relaciones internacionales, no se pueden oponer recetas simplistas ejecutadas por agentes nacionales.

La UE debe plantearse propuestas a medio y largo plazo, como ha planteado la resolución 2050/2015 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (aun provisional), titulada “The human tragedy in the Mediterranean: immediate action needed”, que en todo caso insiste en la prioridad: medios suficientes para asegurar el rescate, el objetivo de salvar vidas. Medios que pasan en primer lugar por una política de codesarrollo, no instrumental ni cortoplacista, ni centrada en las relaciones entre los Gobiernos de la UE y los gobiernos (en no pocos casos, elites corruptas y dictatoriales) de los países de origen y tránsito de los flujos migratorios y de asilo. Lo han explicado bien Tapinos o Naïr. No insistiré en ello ni en los riesgos de manipulación de esas políticas.

Y si insisten en preguntarme ¿qué hacer? Responderé que no faltan iniciativas. Hay buen número de ejemplos, como los proporcionados por acciones que pasan por crear corredores humanitarios, por políticas de visados que permitan ampliar los cauces legales, por la recuperación de la posibilidad de solicitar asilo en un tercer país, o reactivar el asilo diplomático. Desde diferentes ONG se han resumido algunas de esas medidas urgentes, que contemplan sobre todo cuatro líneas de acción, tal y como lo resumía un artículo reciente de Daniel Ríos.

Mientras tanto, me sumo a la propuesta de los ante mencionados eurodiputados Keller y Urtasun: bloqueemos los presupuestos de la UE si no hay una respuesta eficaz para el cumplimiento de un deber elemental. Y si no cumplimos ese deber, caiga sobre nosotros, como recordó el importante discurso de Francisco en Lampedusa, la vergüenza. Malditos seamos si no somos capaces de entender cuán profunda y terrible es esa vergüenza.

 Frank Wilbert Stokes (American, 1858-1955), The Phantom Ship, Atlantic Ocean

Un deber universal: el asilo es de todos

Javier de Lucas

“Nos quieren en soledad, nos tendrán en común*

No son estos tiempos propicios para hablar de deberes. Incluso de deberes básicos. Menos aún en nuestro país, cuando los ciudadanos sufren muy considerables sacrificios impuestos so pretexto de que es nuestra contribución obligada para salir de una crisis… que no ha sido producida por los ciudadanos en cuestión, sino muy abrumadoramente por una elite que apenas se ha visto perjudicada ni exigida en el mismo sentido.

Tampoco la ideología dominante, atomista más que individualista (“pornoindividualista”, canta Nacho Vegas), facilita una pedagogía sobre los deberes. Más bien parecería que sucede lo contrario: esa concepción dominante justifica, 150 años después, la crítica formulada por Marx en La cuestión judía, cuando criticaba una noción de los derechos basada en la noción de los seres humanos no ya como individuos, sino como islas (pese al exhorto de John Donne, “ningún hombre es una isla”), si no incluso como mónadas o átomos. Tenía razón Marx: si arrancamos de esa ideología, estamos de nuevo ante la ley de la selva, del más fuerte: sólo tendrá derechos quien puede permitirse prescindir de los demás, vivir aislado. Si a ello se suma la exaltación del libertarianismo consumista, que postula la consagración como un derecho de lo que en muchos casos no es sino una mera expectativa, si no un capricho o arbitrariedad, está claro que hoy resulta difícil explicar la noción de deberes básicos. Sigue leyendo

¿Quién está matando a Walter Benjamin?

Fernando Flores

El 26 de septiembre de 1940, Walter Benjamin, el filósofo y crítico literario alemán, judío y marxista, se quitó la vida. Su muerte sucedió en la frontera, en Port Bou, al día siguiente de que la policía le denegara la entrada en territorio español. Benjamin pretendía viajar desde España a Estados Unidos y así abandonar una vida de exiliado que duraba ocho extenuantes años.

Se ha escrito mucho sobre las circunstancias de su muerte. Si fue suicidio o asesinato. Si tras el rechazo en frontera iba a ser deportado por los policías fascistas que lo custodiaban. Si estaba solo o acompañado. Sea como fuere, lo que suele repetirse por todos es que a Walter Benjamin lo mató el fascismo, y que si decidió poner fin a su vida fue como última protesta contra el régimen totalitario de Hitler.

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En estos días acaba de traducirse y publicarse por Tirant lo Blanch un muy interesante artículo de Alain Brossat titulado “¿Quién mató a Walter Benjamin?”. En él Brossat recupera el episodio fatal de la muerte del filósofo para rechazar que su (única) explicación resida en la afirmación “fue víctima de la barbarie nazi”, demasiado general e imprecisa. Para el francés la causa inmediata de la condena a muerte de Benjamin en la frontera española fue la no posesión del ‘visado de salida’ (necesario para ser admitido y poder viajar a Estados Unidos) con que debía presentarse ante la autoridad; y la mediata, la realidad de un dispositivo administrativo de precarización, discriminación y estigmatización establecido por el gobierno de Vichy con la clara intención de perseguir a los refugiados. Sigue leyendo

Un simulacro de vida: en el Día internacional de los refugiados

Javier De Lucas

Otra vez el día 20 de junio se nos recuerda la condición de esos millones de seres humanos que viven un remedo de vida,  una existencia peor que virtual, vicaria. Porque no es vida, sino simulacro de vida, la situación de incertidumbre, de espera, de angustia, en una tierra de nadie en la que esos seres humanos se encuentran confinados. Es la angustia de la vida en suspenso,  sin saber si obtendrán el reconocimiento mínimo, esa seguridad jurídica básica que es el derecho a tener derecho, que todos tenemos asegurado; todos menos ellos, los refugiados.

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Hay que insistir una vez más en la indignidad, la miseria moral que supone que a nuestro lado (porque en el mundo global ya no hay lejanía), ante la mirada en tiempo real que nos sirven las televisiones y las radios, vivan millones de personas  que hoy, en el mundo de la tecnología y el progreso, se encuentran todavía en un estadio anterior al de esa chispa de civilización que supone la aparición del Derecho. Porque, como sabemos casi desde los albores de la cultura, de la humanidad, el primer gesto de civilización consiste en eso, en recibir al otro que huye del peligro para su vida. Reconocerle como igual a nosotros en cuanto ser humano. Ese el sentido más noble del Derecho en su origen: otorgar una protección básica frente al daño que supone la condición de vulnerabilidad, de ausencia de recursos para protegerse contra las formas del mal: la miseria, la persecución, el aniquilamiento.

Charles Péguy, el filósofo francés, recordaba que ese ideal moral mínimo, el de una ciudad sin exilio, es una obligación moral que nos corresponde a todos. Construir una sociedad en que nadie deba vivir privado del reconocimiento de la condición de sujeto de derecho, que es la del ser político, el que, como ciudadano, goza de la protección del derecho que dispensan los Estados.

No sucede así con los refugiados: los poderes públicos, las instituciones de sus Estados, que deberían garantizárselo, se lo niegan activamente o por omisión. Son sólo seres humanos sin más atributos, privados del rasgo político, la condición de pertenencia, el título de ciudadanos de un Estado, sin el cual esos derechos humanos proclamados como universales en 1789 son papel mojado. Porque los derechos del hombre no son nada si no se es ciudadano. O en todo caso son muy poco si no se es titular del pasaporte de un Estado que cuenta.

El asilo otorga ese primera protección que consiste en no rechazar a quien busca refugio, en no dejarle abandonado o, aún peor, en manos de quien le persigue. A eso están obligados todos los Estados que son parte del sistema de derecho internacional de refugiados en cuyo centro están las Convenciones de Ginebra que reconocen la protección en que el asilo consiste. Y sin embargo, en un mundo en que cada vez más seres humanos necesitan recibir esa protección, porque cada vez hay más riesgos, más amenazas, el asilo no deja de retroceder.

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Lo ha dejado claro, en particular para España, el Informe anual que presenta CEAR, la ONG más importante entre las que se ocupan de la protección de los refugiados, cuyo trabajo altruista, profundamente cívico,  fruto del esfuerzo y la generosidad sobre todo de centenares de voluntarios, representa lo mejor de lo que el ideal de humanidad expresado por Péguy pueda significar, y que no podemos dejar de agradecer. En estos días se ha hablado y se hablará de ese exhaustivo Informe. Sólo quiero recordar un dato estremecedor, un dato que nos habla de nuestra responsabilidad por la indiferencia, la dejación de nuestro deber como ciudadanos de exigir a quienes nos gobiernan que respeten ese mínimo de deber jurídico (y no sólo moral) que es la extensión de la garantía del asilo a quien lo necesita. En 2013, en España, se registraron un total de 4.502 solicitudes de asilo, en gran medida como consecuencia de los conflictos en Siria y Mali, que han incrementado el flujo de refugiados. Un 1% del total que se recibe en la UE, que son en total algo más de 435.000 solicitudes, de las que 49.510 obtuvieron una respuesta positiva. Y de esas 4500 solicitudes, España sólo otorgó 206, un 0.4%.

¿Es eso un país decente? ¿Es ese país el que aspira a difundir la Marca España en el mundo? ¿Es esa la medida de nuestra dignidad? Hoy hemos vivido un acontecimiento histórico. Un nuevo Jefe de Estado ha presentado su declaración de intenciones. ¿Es este un problema tan ajeno, tan irrelevante, tan poco significativo que no ha merecido ni una línea en el discurso del nuevo rey, Felipe VI, que no ha considerado oportuno mencionar ni a inmigrantes ni a refugiados en el proyecto de España al que quiere servir? Yo no lo creo así. Y, afortunadamente, en esto, como en tantas otras cosas, buena parte de la sociedad civil española va por otro lado. Está comprometida con algo más que nuestro propio ombligo. Está más próxima a intentar poner remedio a aquel duro dictamen de Benedetti, que tantas veces he propuesto aplicar a los refugiados:  «El mundo es esto / en su mejor momento, una nostalgia / en su peor, un desamparo«.

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Un viejo test para la democracia y los nacionalismos: los derechos de los otros

Javier de Lucas

Comenzaré por una cortesía elemental. Reconocer que no soy nacionalista, de ninguno de los nacionalismos posibles aquí y ahora, que ya es decir. Porque es imposible negar que hay donde elegir en el mapa plural en el que vivimos hoy los europeos. No digamos los españoles.

Quizá la razón más importante que nos aparta a algunos de nosotros de una ideología como el nacionalismo, a la que tantas veces -equivocada e irresponsablemente- se ha dado por muerta y enterrada y que, evidentemente, goza de tan buen salud, son los derechos y en particular aquellos que se relacionan con el fenómeno de la diversidad. Más aún hoy, cuando su condición estructural y su visibilidad la han hecho imposible de ignorar.

Hablo en primer lugar de los derechos de los otros. De los derechos de los que no son, no somos como la mayoría. En particular, de los derechos de aquellos que se encuentran en situación manifiestamente vulnerable y heredada, por su condición de minoría. Minoría en el sentido, sobre todo, cualitativo, esto es, su posición de inferioridad, que se concreta en un status de discriminación y dominación, fruto de la ignorancia y el prejuicio y del afán de dominación de quienes victimizan esa condición minoritaria: sexo, clase, edad, opción sexual,  pero también otros marcadores de identidad: nacionalidad, raza, lengua, religión .

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Y por eso hablo también de diversidad. Nuestras sociedades se han vuelto tan interdependientes y tendencialmente abiertas que ya es imposible recurrir a los modelos de antaño con los que se ha gestionado política, cultural, socialmente la diversidad. Modelos que algunos parecen empeñados en mantener contra viento y marea o, lo que es peor, en resucitar para sus proyectos de nuevos Estados.  Son los modelos que consisten en ocultarla, invisibilizarla; no digamos expulsarla, eliminarla. Es decir, ocultar, invisibilizar, expulsar o eliminar a las personas que son agentes visibles de esa diversidad, sobre todo la que molesta a nuestra ignorancia y a nuestros prejuicios. La que resulta inconcebible, la que es vista como un mal, como patología, desde  la pulsión primaria del monismo. Cuando resulta que precisamente ese monismo, el que subyace al mito de Babel, es la verdadera patología social. Lo ha recordado recientemente entre nosotros el profesor de la Universidad de Montreal, Jean Leclair, en su bien argumentado alegato a favor de la solución federalista en sociedades complejas como Canadá o, desde luego, España.

Por eso, cada vez que me topo con amigos que hacen del nacionalismo bandera, sea el que fuere (españolistas, valencianistas, catalanistas, vascos, andaluces también, sardos, flamencos o escoceses) he decidido, en lugar de contar hasta diez, practicar un pequeño reflejo mental: recordarme a mí mismo lo que soy: un inmigrante. Un inmigrante laboral.  Eso me sirve para intentar saber si el nacionalismo de que se trata practicaría conmigo aquello que sigue pareciéndome, lo siento, una cuadratura del círculo: una sociedad plural e incluyente, construida desde ese nacionalismo como ideología-guía.

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Voy a recurrir a una experiencia personal, pero que es común a muchos de nosotros. Como otros muchos emigrantes interiores en España, salí de mi ciudad y región de origen y me fui a otra. Lo hice por razones de trabajo. Eso sí: tuve la inmensa suerte de poder hacerlo libremente (no como la inmensa mayoría de los inmigrantes que llamamos laborales), como he escogido también libremente otros destinos laborales. Algunos en otro país y durante un período de tiempo que bien podría considerarse propio de un título de residencia estable, casi ocho años. No por necesidad. No por obligación. Los elegí para tener mejor formación, más oportunidades laborales, una vida mejor.

Por eso me produce un rechazo inmenso cada vez que alguien ha intentado imponerme un criterio de aceptación de mi presencia en condiciones de igualdad con los indígenas de turno: lengua o acento lingüístico, aprecio por usos y costumbres (siempre mejores que los míos, claro), «amor por la tierra» (como Sarkozy pretendía exigir). Y me digo y les digo que los disfrute el que tenga esos sentimientos, el que tenga la suerte o el gusto de experimentar orgullo, satisfacción u orgasmo viendo su bandera, entonando sus himnos o practicando sus ritos y usos ancestrales (o no tanto). Pero ni hablar de imponérmelos. Menos aún, pretender condicionar mis derechos a esos sentimientos o mitos.

Y si eso me pasa a mí, ¿cómo no voy a rebelarme cuando unos y otros tratan de condicionar a esos sentimientos o mitos los derechos elementales de gentes que huyen de su país por necesidad, por supervivencia? No: ese “patriotismo” del que se disfrazan los nacionalismos monistas, excluyentes, discriminadores, siempre ávidos de dominar a algún otro, es sólo un refugio de indignidad, de la incapacidad para reconocer los vínculos con cualquier otro, por lejos que esté de mi sangre o mis sueños.

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Por eso, hay un test de aceptabilidad que, a mi juicio, debe superar cualquier proyecto político hoy, y en primer lugar el de los nacionalismos viejos y nuevos, los periféricos y los centralistas. También y sobre todo los de ese gran enemigo de Europa, del proyecto europeo en el que creo, que es el nacionalismo fundamentalista europeo construido desde otra ideología-eje. Esta vez, no una basada en el Blut und Boden, sino en un modelo de mercado presidido por el totem del beneficio y sus corolarios (el déficit fiscal como tabú). Una ideología de efectos profundamente desigualitarios y excluyentes, incluso entre los propios europeos, como sabemos los griegos, portugueses o españoles, por ejemplo.

Es el test es del reconocimiento de plenos derechos, de igualdad, a esos otros que son los inmigrantes. No digamos, el de reconocimiento de un primer derecho por el que pugnan millones de seres humanos, el de recibir refugio frente a la persecución: el derecho al asilo.

Por eso, creo que si queremos hablar de nueva democracia, podemos dar un primer paso: comenzar por modificar las política europeas de inmigración y asilo, incompatibles con una democracia incluyente y plural. Y algunos de nosotros valoraremos la actuación de partidos y movimientos (como lo hicimos con sus programas) con la atención puesta en sus hechos a este respecto.

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Mutilación genital femenina: identidad y estigma

Ana Valero

El Tribunal Supremo acaba de revocar una sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en abril de 2013 a una madre senegalesa a dos años de cárcel por ser responsable de la mutilación genital practicada a su hija de tres años de edad. La sentencia de la Audiencia era la primera dictada en España condenando a una persona extranjera por este tipo de delito cometido en el extranjero y antes de que la víctima y sus responsables emigraran a España. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha absuelto a la madre de la menor por considerar, entre otras cosas, que no hizo omisión de su condición de garante de la vida y salud de la menor por dejarla en casa de su abuela, quien supuestamente le confirió una práctica que es de uso generalizado en las zonas rurales de Senegal.

La mutilación genital es una de las prácticas más abominables que pueden llevarse a cabo sobre la mujer y, sin embargo, es considerada por quienes la practican –mujeres en la mayor parte de los casos- como definitoria de su identidad cultural y de género. Estamos, pues, ante uno de los más graves conflictos que la convivencia en sociedades multiculturales como las actuales plantea. Y de las respuestas de que nos dotemos acerca de cómo deben coexistir la distintas culturas y creencias y de cómo debe gestionarse la multiculturalidad, dependerá en gran medida la calidad de nuestra convivencia social y la estabilidad de las comunidades políticas en las que vivimos.

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Desde una perspectiva estrictamente jurídica es evidente que en las respuestas que los países de acogida dan o deben dar a la mutilación genital o a otras prácticas como la poligamia o el uso del burka en espacios públicos, subyace el inconcluso dilema sobre la universalidad de los derechos humanos, por un lado, y el relativismo en que se sustenta la obediencia a la norma cultural del grupo de pertenencia, por otro. Y las respuestas no son sencillas.

La mutilación genital femenina es una práctica ancestral extendida en un importante número de países, en su gran mayoría del África subsahariana, vinculada a un rito de iniciación a la pubertad social. A diferencia de lo generalmente entendido, no es una práctica vinculada a la religión musulmana, pues el Corán no la menciona en ninguno de sus versículos y se practica por otras comunidades como las mujeres falashas de Etiopía o las cristianas coptas en Egipto o Sudán. Podríamos afirmar, en consecuencia, que es un rito cuya constricción a su perpetración responde más a los usos y costumbres sociales y a la tradición -lo que la convierte en una sunna-, que a la obligatoriedad religiosa.

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Tetek (III): El origen

José Miguel Sánchez

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La infancia de Tetek son recuerdos de un descampado polvoriento de Yaundé y un terreno mísero donde a duras penas crecen algunas verduras. Él siempre fue el de en medio. Era el mediano de los hijos varones. El terreno familiar estaba frente a la carretera oeste entre otras dos propiedades. Sus tardes las pasaba dando patadas a un balón soñando ser un medio punta.

Un día se sorprendió a sí mismo. No había llegado todavía a los doce. Se mantenía sentado dejando caer distraído la tierra entre sus dedos. Estaba pasmado mirando a Jacques. Fue como… Nunca ha sido capaz de describirlo. Era un cosquilleo en el estómago. No el del hambre. Ese es distinto. Se irritó consigo mismo. Salió corriendo. Llegó a casa. Se acurrucó en un rincón. Abrazó sus rodillas. Anduvo varios días cabizbajo. No hablaba. ¡Que no sea verdad Tetek! ¡Que no sea verdad Tetek! Se repitió una y mil veces. Cuando uno se dice eso, todo está perdido. No hay tiempo para la desesperación. Tampoco merece la pena huir. Nadie corre más rápido que su sombra. Es el momento de la estrategia. La inteligencia ha de sacarte adelante. Tetek dejó de tener los ojos llorosos. Su mirada adquirió ese brillo de los que tiene una misión que cumplir.

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Fueron dos semanas de planificación. Pensaba que mejor en alguno de los descansos en la escuela. Al rato creía que tras el oficio religioso del domingo. Quizás en el descampado. Al día siguiente, ya no estaba tan seguro de qué manera debía hacerlo. Según transcurría el tiempo solo sabía que tenía que hacerlo. Era una obsesión. Sin dormir. Apenas comer. Dejó casi intacto el ndolé que tanto le gustaba. Su madre había hecho un gran esfuerzo para celebrar el 20 de mayo. No pudo aguantar más. Acabó el partidillo de aquella tarde. Supo que había llegado el momento. No era el lugar adecuado. Tampoco el instante propicio. Pero se iba a volver loco. Se acercó a él. Ya no quedaba nadie más. Lo miró fijamente a esos ojos azabache. ¡Qué pestañas! pensó. Jacques le sostenía la mirada. Entre atónito y divertido. Era su mejor amigo. Esas dos últimas semanas su comportamiento le había parecido extraño. Quería saber qué tenía que decirle. Tetek abrió la boca. No articuló palabra. Cerró los ojos. Se acercó. Le dio un beso en la mejilla. Salió corriendo. Tanto pensar cómo iba a decírselo y al final: eso. Un beso. Mierda, masculló entre dientes. Ese día tardó más en llegar a casa. No pudo explicárselo. Vaya reacción estúpida.

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Malditos duelos!

Javier De Lucas

Como muchos de los que conocen de primera mano la realidad de la inmigración irregular y del laberinto del asilo, escribo desde el hartazgo de escuchar palabras huecas en las declaraciones de tantos prominentes hombres y mujeres que nos gobiernan. Esos que ahora buscan a la prensa para exhibir su compasión y que son los mismos que han rechazado una y otra vez, con prudente realismo y en aras de criterios económicos “racionales”, nuestras críticas ante su ciega política de inmigración y asilo. Por eso, por hipócritas o, aún peor, por cínicos, malditos sean la inmensa mayoría de los duelos, lamentos y condenas que hemos podido leer en estos días, después de la enésima tragedia en las costas de Lampedusa, el pasado jueves 3 de octubre

Hay excepciones, sí. La primera, la del papa Francisco, que escogió cuidadosamente  Lampedusa para su primera salida del Vaticano, en julio de este año  y dejó un un duro e impecable  discurso sobre lo que llamó “globalización de la indiferencia”. También la de la alcaldesa Giusi Nicolini, que harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que La UE se decidiera a actuar. Y que contestó al cínico vicepresidente Alfano conminándole a venir a enterrar a los muertos,  cuando éste pretendió erigirse (¡¡habrase visto desvergüenza!!) en portavoz de la necesidad de “otra” consideración de la policía migratoria.

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Por lo que se refiere a la prensa, entre mucha basura y no poca crónica de rutina, me parecen destacables tres testimonios: el artículo en La Stampa de Domenico Quirico “Sul molo de Lampedusa a contemplare la norte”, (se puede encontrar traducción italiana en El País: “De nuevo en el muelle de la muerte”); el de Juan Luis Sánchez, “Asalto o vergüenza: en qué quedamos”; y el de Sami Naïr, “Morir en Lampedusa”. Los tres ponen de manifiesto algo que me parece imprescindible. Hay relación de nexo causal entre esas tragedias y las políticas migratorias de los países de la UE, empeñados en un modelo basado en el control “hidráulico” (tantos entran como puestos de trabajo disponibles y necesarios; ni uno más. Y a los que “se cuelan” hay que echarlos de inmediato), y obsesionado con la lucha contra la inmigración ilegal, pero no tanto con las causas reales de los movimientos migratorios. Y es que resulta insoportable la contradicción de estar empeñados en difundir discursos xenófobos y racistas que predican una Europa asediada por las amenazas de las hordas del tercer mundo, discursos que inspiran la construcción de muros y la vigilancia de los mares con cañoneras (como exigía el ministro Marone, compadre del hoy compungido Alfano) y luego soltar la lágrima por los muertos.

Porque estos muertos no son los primeros. Baste pensar en qué han quedado en las aguas y orillas de Lampedusa más de 8000 cadáveres desde 1990: los cómputos más fiables hablan de más de 17000 en los últimos diez años en toda Europa: basta examinar por ejemplo el dossier “Muertos en las fronteras de Europa: un éxodo letal”, o, de la misma ONG, la lista de refugiados muertos en las fronteras europeas. Para quien esté interesado en las cifras en nuestro país, es decir, para las víctimas en el Estrecho y en el viaje desde las costas de África Occidental a Canarias, son imprescindibles los informes anuales “Los derechos humanos en la Frontera sur”, elaborados por la Asociación por Derechos Humanos/Andalucía, APDHA.

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En el desastre del día 3 en Lampedusa hablamos quizá de más de trescientos muertos, puesto que sólo se ha rescatado con vida a 155 de los aproximadamente 500 pasajeros. 500 hombres, niños y mujeres (algunas de ellas embarazadas) que, en su mayoría (salvo los procedentes de Siria) han recorrido más de 4.000 km en su huida de la guerra en Somalia y del caos en Eritrea, de la miseria aquí y  allá. Más de 300 muertos. Un listón paradójica y tristemente demasiado alto como para que los próximos naufragios –que llegarán- alcancen atención mediática. Pero no pasa nada. Las lamentaciones se producen como si se tratase de muertes naturales o de crueles designios del destino. No podemos, no debemos aceptarlo. El hartazgo y la rabia que nos llena a muchos de nosotros no es el de la impotencia ante desastres “naturales”, tan lamentables como inevitables. Lo diré: esas muertes son homicidios, si no algo peor. Y hay responsables. Hablemos de ellos. Y no sólo para decir que malditos sean.

Malditas, sí, las autoridades nacionales –las italianas en este caso-, que hacen leyes que convierten a inmigrantes irregulares y necesitados de asilo en presuntos delincuentes. Hagamos algunas preguntas: ¿Alguien ha reparado en el hecho de que forman parte del actual Gobierno italiano (ese que, al decir de algunos prudentes opinadores, sería una esperanza para la izquierda por haber vencido a Berlusconi) un vicepresidente –Alfano- y varios ministros del partido que respaldó la ley Fini-Bossi que significó en 2002 el establecimiento de la inmigración irregular como delito y la penalización de la ayuda a los inmigrantes irregulares? ¿Alguien ha tenido en cuenta que esa ley, que el mismo “renovador” Gobierno Letta no ha derogado –ni entraba en sus planes; veremos ahora, ante la conmoción de la opinión pública- es muy probablemente la razón de que los tres pesqueros que no auxiliaron al buque en llamas podían haber sido multados (incluso con penas de prisión) en caso de haberlo hecho? No es esa ley una violación flagrante de las viejas leyes del mar, como muestra Terra ferma, la película de Emmanuele Crealese de 2011? ¿Qué grado de cinismo permite a ese Gobierno declarar que dará la nacionalidad póstuma a los muertos para enterrarlos como ciudadanos italianos –europeos- y así “cumplir al menos de esta manera su sueño”, sin vomitar por ese gesto de asqueroso paternalismo? Hay toneladas de dignidad mayor en las miles de tumbas sin nombre, que no en estos entierros “oficiales” para “buenos muertos europeos”.

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Maldito sea el Senatur Bossi y su Legha Nord, que han atizado el fuego xenófobo y a los que no les parece suficiente la ley antimigratoria que él mismo impulsó junto con su entonces aliado Fini. Y malditos los políticos del Polo de la libertad de Berlusconi que hicieron también campaña con estos lemas y defendieron esa ley aberrante. Maldito Bossi, quien tiene el cinismo de echar la culpa de la tragedia a la ministra de integración del Gobierno Letta, Cecile Kyenge, que por el mero hecho de ser africana constituye de suyo un poderoso “efecto llamada”, origen del viaje irresponsable que emprenden los “inmigrantes africanos”. Un efecto como aquel que tanto preocupó a los Gobiernos de Aznar en España y, de otra manera, también a algunos ministros del PSOE, como los señores Corbacho y Camacho. Por eso, malditos los gobiernos que permiten que continúe la tragedia en torno a Canarias y en el Estrecho, cementerios marinos, territorios de naufragio que ha sabido documentar con mirada propia el extraordinario fotoperiodista Marcos Moreno, a quien dedicó su página especial la revista Periodistas en su número 39.

Malditas las autoridades europeas responsables de las políticas migratorias y de asilo de la UE. Es cierto que la competencia en estos temas corresponde a los estados nacionales, pero ¿podemos olvidar el efecto criminalizador y de negación de derechos, por ejemplo, de la malhadada Directiva europea de retorno, adoptada en 2008? ¿Podemos olvidar la progresiva degradación del derecho de asilo a la que contribuyen no sólo los Estados nacionales que modifican a la baja su marco legal sobre asilo y refugio (como lo han hecho el Gobierno español, el del Reino Unido, el italiano, el danés  o el holandés, por poner algunos ejemplos), sino la propia UE? En efecto, la UE se muestra terne en su empeño de una lista restrictiva de “países seguros” y voraz en exigencias de blindaje de fronteras para impermeabilizarlas contra una presión de refugiados ignorando que éstos se dirigen sobre todo a países limítrofes y apenas pueden llegar a Europa. ¿Qué decir de esos acuerdos bilaterales para permitir expulsiones rápidas (y aun colectivas) de recién llegados de quienes apenas alguna vez se averigua si pudieran ser refugiados a los que hacen cada vez más difícil plantear las demandas de asilo? Por eso, no es aceptable el horror de la comisaria Malström que se espanta de lo sucedido y dice que hay que luchar más eficazmente contra los traficantes de personas. No se han enterado de nada. No quieren enterarse de la verdad. Veremos si la reunión de los Ministros de Interior de la UE en Luxemburgo, el martes 8 de octubre, da muestras de haber aprendido algo…

Malditos, insisto, quienes propician que se lesione sin remedio ese derecho elemental, el derecho de asilo, última esperanza para centenares de miles de refugiados. Porque se comete un gravísimo un error, a mi juicio, cuando se habla de tragedia de inmigrantes irregulares o indocumentados o clandestinos. Sería muy grave si se tratase de eso. Pero es aún peor. Quienes llegaban ahora a esa isla eran, en gran medida, como sucedió en 2011, refugiados que huyen en busca de asilo. Huyen de Estados fallidos como Somalia o Eritrea. Huían de la guerra, del hambre y de la persecución de bandas paramilitares y parapoliciales, cuando no de la propia policía y de los ejércitos que devastan a la población civil. Y nuestros Estados (Italia, España, Francia…la UE también) no tienen frente a ellos un deber de caridad, de solidaridad o humanitario, sino una obligación jurídica de primer orden. La que nace de ser partes, de haber incorporado en nuestro Derecho las Convenciones  e instrumentos jurídicos del Derecho internacional de refugiados.

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Por eso, maldito será también el Alto Comisario de los Refugiados de la ONU (ACNUR), el portugués Gutierres si, además de lamentar la tragedia y enfatizar su gravedad de modo ritual, como en ocasiones anteriores, no recuerda con toda exigencia y vigor que se están violando obligaciones jurídicas internacionales, y que hay responsabilidades exigibles. Y hace todo lo posible para que se establezcan esas responsabilidades, en lugar de mirar para otro lado tras el comunicado con crespón.

Malditas las autoridades nacionales y europeas cuando, en casos contrastados aunque afortunadamente excepcionales respecto a lo que es su línea de actuación habitual (por la que merecen reconocimiento), han hecho la vista gorda sobre naufragios en los que hay fuertes indicios de responsabilidad por parte de quienes tienen el primer deber de proteger. Pongo como ejemplo el caso detallada y empecinadamente denunciado por el periodista Nicolás Castellano y sobre el que ocho meses después (no como en el accidente del Alvia en Santiago) seguimos sin haber esclarecido los hechos.

Ya sé que siempre habrá una voz realista que recuerde que la responsabilidad frente a las desgracias que ocurren en el mundo no es de Europa, ni de Occidente, sino en primer lugar de los propios regímenes y aún de los países en que la población vive en la miseria, con hambre, sin derechos, sin expectativas de vida. Pero no puedo aceptar que nuestra respuesta a los eritreos, somalíes y sirios, a ese nuevo pueblo que vive una Anábasis inédita como escribía Quirico, el pueblo de la inmigración, el de los refugiados, sea: “busquen en otra ventanilla. Nosotros ya cumplimos y más que nadie con los programas de cooperación y desarrollo”. Vergüenza para todos nosotros, quienes presumimos de los valores de la UE, de la defensa y garantía de los derechos humanos y de la democracia y los olvidamos en cuanto son de otros y llegan hasta nosotros. ¿Cómo podrán entender esta barbarie nuestros nietos, si no exigimos que se haga justicia, que se adopten medidas que primen esa garantía de los derechos humanos universales como condición sine qua non, en lugar de hacer cada vez más difícil la esperanza de asilo para los desamparados y negar el derecho elemental a la salud a los pobres inmigrantes irregulares como hemos aprobado aquí con el Decreto 16/2012 del Gobierno Rajoy?

A todos aquellos a quienes maldigo, les deseo como redención que sean capaces de emprender, al menos metafóricamente, al menos mediante la lectura,  el viaje al revés, el de Salvatore Piraci, el protagonista de la novela de Laurent Gaudé, Eldorado. Piraci, comandante del guardacostas Zeffiro, con base en Catania, vigila la llegada de inmigrantes a Lampedusa. Este “centinela del la ciudadela Europa” conoce a una mujer inmigrante que ha perdido a su bebé en la travesía hacia Lampedusa y sólo vive para vengarse de los traficantes que la explotaron en ese viaje. Piraci acabará por emprender el viaje a la inversa y comprender así la Anábasis de los desplazados, la travesía vital de miles de seres humanos que llegan hasta Libia, hasta Ceuta o Melilla, en pos de un sueño que los europeos sólo queremos para nosotros.