Libertad de expresión e imparcialidad de los jueces: el caso De Prada

Fernando Flores

Se ha escrito mucho sobre la sorprendente capacidad del ministro del Interior, señor Fernández Díaz, para violentar la Constitución española, una capacidad que refuerza con la especial atención que dedica al Título Primero de la misma, el que reconoce y garantiza los derechos fundamentales. Es por eso que atribuyo a una muestra de su perseverancia el que en las últimas semanas lo encontremos enredado en vicisitudes tan diversas como el escándalo de los espionajes a políticos independentistas, la puesta de nuestra seguridad en manos de la Virgen, o en la persecución de jueces que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Los dos primeros casos están recibiendo atención y reproche mediático, y no cabe duda de que, especialmente el primero, resultan muy graves. El último, sin embargo, no sólo ha pasado relativamente desapercibido a pesar de su importancia (aunque ha sido objeto de varios artículos relevantes), sino que su tratamiento está siendo confuso incluso por algunas organizaciones que, con razón, defienden el derecho de los jueces a opinar sobre temas tan sensibles como el de la tortura. Veamos. Sigue leyendo

El legado y la Justicia. XXV aniversario del asesinato de los Jesuitas y sus empleadas en El Salvador

Almudena Bernabeu

Justicia era lo que los jesuitas perseguían, la justicia inherente a la igualdad, a la equidad, a la erradicación de la pobreza. Enseñanza cristiana fundamental abandonada y tergiversada para la mayoría de los salvadoreños durante siglos. Justicia en sus mentes no era posible sin verdad, la verdad de llamar a las cosas por su nombre cuando no se puede más y a pesar del miedo. La verdad de actuar de manera ecuánime y hacer espacio para todos, la verdad de ser justo aunque conlleve un gran peligro.

Tras su brutal asesinato el 16 de noviembre de 1989, el esfuerzo de obtener justicia en su nombre se ha convertido en uno de los legados más importantes de su muerte; una oportunidad de saberles en lo cierto, de recordarles, de abrazar la honestidad de sus vidas y vocaciones humanas. La realidad de su muerte y su martirio es tan profundo como la realidad de su obra y su vida — y seguramente tan didáctica para el pueblo salvadoreño y para el mundo.

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Ignacio Ellacuria, Ignacio Martin Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López fueron asesinados por soldados del ejercito salvadoreño el 16 de noviembre de 1989 siguiendo ordenes precisas del alto mando del ejército, en aquel momento además, el gobierno. El Estado salvadoreño, por medio de sus representantes, decidió y llevo a cabo el asesinato de los cinco sacerdotes, de su empleada, Elba y de su hija Celina. Este espantoso y políticamente torpe asesinato precipitó el fin de la guerra y la firma de los acuerdos de paz, irónicamente aquello que pretendían postergar los militares. Una paz negociada entre el grupo guerrillero FMLN y el ejercito supuso sentarse a una mesa sin vencedores ni vencidos, y una posible pérdida de las prebendas económicas y sociales que el ejército intentó asegurarse mediante la represión y violencia durante tantos años. Sigue leyendo

Todo por la Marca. También los derechos humanos

Javier de Lucas

Algún día habrá que escribir la historia de lo que nos ha costado la ambiciosa operación de imagen, presentada como prioridad del gobierno Rajoy y eje estratégico de la política exterior española: la “Marca España”. De momento, contamos con algunos elementos de juicio. Veamos.

¿Qué quiere decir “Marca España”? ¿Por qué adoptar como santo y seña esta expresión, obviamente mercantil y que podría  llevarnos a sustituir  el vetusto <todo por la Patria>, por  <todo por la Marca>? La primera pista  me parece obvia: detrás de lo que podría parecer una operación de aggiornamento de la presentación internacional del Reino de España, en realidad se encuentra la idea tan trasnochada como cuestionable de que un país es ante todo un producto (bueno, digamos una empresa, al modo en que Reagan y Thatcher veían el mundo por venir, como una batalla entre capitanes de empresa), tal y como reza su Decreto de creación, el R.D. 998/2012, de 28 de junio. En esa norma se nos explica que se trata de “mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país”. Una ocurrencia formulada casi en los términos apodícticos propios de un catecismo Astete para catecúmenos neoliberales, esos sujetos que dibujan con tanta precisión Forges o Manel Fontdevila.

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Como casi todo en nuestro país, ha necesitado su propia burocracia: un Alto Comisionado, con rango de Secretaría de Estado, Oficina, un Observatorio y, cómo no, un sitio web. En todo caso, el coste al que me refería no es el de esas estructuras administrativas, seguramente prescindibles pero, al fin y al cabo, modestas en comparación con la pólvora de rey de eventos e instalaciones tan elefantiásicas como ruinosas (véanse los penúltimos ejemplos made in Calatrava y Gobiernos de la Generalitat valenciana), o con la nómina de asesores que pueblan todas las administraciones, de la Presidencia del Gobierno del Reino de España, al de Castilla – La Mancha o cualquier Ayuntamiento que se precie. Tampoco se trata sólo de lo que hemos invertido y dejado de recuperar en la promoción de este parto de los montes. Por ejemplo, la reorientación de las prioridades en nuestra diplomacia, que en realidad ha supuesto acomodar buena parte de nuestras embajadas al modelo de oficinas de negocios, para ir a lo mollar: la pasta. Y  lo peor es que apenas se ha querido invertir a fondo –más allá de una retórica trasnochada, la misma de esas fallidas cumbres iberoamericana- en la mejor baza del proyecto de marras, esto es, un idioma global, empeñado como está el gran preboste de nuestra diplomacia en revivir los blasones del imperio.

No. Lo malo, en términos de coste es que resulta que el balance de esta empresa nos ha dejado con el culo al aire. Porque, pese a los grandes logros de Aznar en la escena internacional y en la mesa de centro del rancho de Bush, pese a las coyunturas planetarias de Pajín y Zapatero, pese al “gran esfuerzo que han hecho los que más tienen” (sic) y que nos ha devuelto a la credibilidad internacional -al decir del increíble Floriano-; incluso pese a la reconocida elocuencia de Rajoy, que hace de él una luminaria en los foros internacionales casi comparable a Ana Botella, España, en este juego, no pasa de ser una marca de tercera regional. La Marca España, con una caída del 20%,  se sitúa entre las diez que más pierden en el mundo en 2013, según los datos del último informe de Brand Finance.

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Pero aún hay más. Otros costes, otros daños quizá menos mensurables a corto plazo y que, sin embargo, resultan más letales. Me refiero a la seudo pragmática “filosofía” que esa mal entendida <marca> nos obliga a adoptar cuando, mire usted por dónde, aparece una ¿impensable? colisión entre las exigencias del respeto a los derechos humanos y el interés de la precitada “Marca España”.  Porque viene sucediendo que la arrogancia de la tal Marca se torna vergonzante pleitesía en cuanto nos topamos con el que manda. Ya tenemos testimonio sobre la obsequiosidad de todos nuestros Gobiernos y ministros de exteriores con esos <asuntillos> que molestan al tío Sam (el caso Couso)  y a quienes mandan en el tío Sam (Wert es sólo un penúltimo ejemplo) o a sus aliados (Israel, pongamos por caso). Pero es que ahora, cada vez más, son otros los amos y no estamos acostumbrados a los nuevos protocolos, lo que quizá explica alguna reciente sorpresa.

Los lectores recordarán cómo ante la ofensiva de uno de esos aliados de verdad del tío Sam, Israel, el Gobierno de Zapatero (mediante un acuerdo entre PSOE y PP) promovió en enero de 2009 un primer recorte al marco legal mediante el cual nuestro país se había comprometido en serio con el principio de jurisdicción universal. La halcón israelí y entonces ministra de exteriores, la señora Tzipi Livni, leyó la cartilla al ministro Moratinos para que corrigiera o frenara a la Audiencia Nacional que, a semejanza de los tribunales belgas respecto al benemérito Ariel Sharon, amenazaba con órdenes de busca y captura contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.. Y así sucedió. Con el añadido de que los españoles no nos enteramos de esas intenciones por nuestro propio Gobierno, sino por las declaraciones de la ministra en ese mes de enero de 2009, que declaró que Moratinos le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español”, declaró Livni a la agencia Associated Press. “Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo… Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno”. (La noticia puede verse aquí).

Pues bien, no ha sido bastante. Otra vez algunos tribunales españoles, sin demasiado entusiasmo, todo hay que decirlo, pero obligados por un excelente trabajo jurídico y por la tozudez y aun el coraje de profesionales del Derecho y militantes de los derechos humanos, han tomado decisiones que molestan a poderosos gobiernos implicados muy verosímilmente en asuntillos, como genocidios o crímenes contra la humanidad. El caso de los dirigentes chinos contra los que se había conseguido que la Audiencia Nacional emprendiera acciones propias de la jurisdicción universal por su responsabilidad en el genocidio cometido en el Tibet es abrumador por la desvergüenza con la que han actuado el Gobierno chino y el sumiso gobierno Rajoy, siempre con la coartada del interés superior de la Marca España, entendida exclusivamente en términos de balanza comercial. El 12 de diciembre de 2013, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso y reiteró la “perplejidad” e “incomprensión” de su Gobierno por la actuación de los tribunales españoles en relación con el Tibet, un “asunto doméstico”, interno, propio de la soberanía china. Nada nuevo en la vieja lógica contra la que trata de lucha precisamente el principio de jurisdicción universal. Dando muestra de una celeridad que para nosotros los ciudadanos españoles querríamos, el Gobierno en menos de un mes ha preparado el cambio legal requerido.

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Y lo que es peor, esta genuflexión ante el mercado chino da carpetazo a todas las investigaciones de los jueces españoles en los últimos diez años, como el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Son los dos que están en curso ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Santiago Pedraz): Caso Couso y genocidio en Guatemala. Los cuatro en el Juzgado Central nº 2 (Ismael Moreno): Genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. Uno en el Juzgado Central nº 3. (Javier Gómez Bermúdez), el Caso Vielman. Dos en el Juzgado Central nº 4. (Fernando Andreu): Crímenes de guerra en Irak y genocidio de Ruanda. Tres en el Juzgado Central nº 5 (Pablo Ruz): Torturas en Guantánamo, genocidio del pueblo saharaui y asesinato de Carmelo Soria. Y finalmente, uno en el Juzgado Central nº 6 (Eloy Velasco): el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

En fin, a juicio de no pocos, se trataría de una de esos slogans publicitarios con cuyo enunciado solemne pretenden deslumbrarnos (“estamos trabajando en modernizar la imagen e España”) los mismos políticos que no saben resolver las necesidades primarias, las verdaderas prioridades de sus empleadores, los ciudadanos. Los que parecen incapaces de atajar la corrupción, el paro, ni tampoco los conflictos reales que dañan la imagen de <marca> como el problema territorial. Ya sé que todo esto les parecerá a no pocos “expertos” en política exterior (y en cinismo de mesa camilla y tertulia, que disfrazan de realpolitik) un ejemplo de la ingenuidad característica de quien se embarca en política con la denostada <ética de principios>, lo que, al decir del tan reputado como brutal canciller Bismarck, era semejante a quien se adentra en un bosque infestado de bandoleros con un palillo entre los dientes…Pero es lo que tiene dedicarse a enseñar e investigar sobre derechos humanos, que uno se los toma en serio. Porque, en caso contrario, habrá que concluir que no vale la pena hacer política. Dejemos hacer al mercado, ese descrito por Scorsese en The Wolf of Wall Street, que es la única razón universal. Pero no nos llamemos a engaño. Su lógica no es esa filantrópica y al cabo benéfica para todos, tal y como sostienen los partidarios de esa patochada de la mano invisible. De los vicios privados no salen las virtudes públicas como pretendiera Mandeville. No, lo que el mercado, éste de ahora, persigue, aquello en lo que consiste no es otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios. Ya lo dijo Warren Buffet, una guerra entre ricos y pobres en la que, claro, van ganando ellos, los ricos, los que mandan de verdad.

que-es-marca-espana Jordi Bernadó

Viñetas: Manel Fontdevila y Peridis
Foto: Jordi Bernadó

Google y el derecho a ser olvidados en Internet

Ana Valero

¿Es posible desaparecer de Internet hoy en día? En un caso que se remonta al año 2010, la Audiencia Nacional española formuló esta pregunta a la Justicia europea para resolver un caso que enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos y al gigante informático Google, y la respuesta, por ahora, ha sido negativa.

El 25 de junio de 2013, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un dictamen –no vinculante pero sí seguido por el Tribunal en un 80% de los casos–, en el que afirma que en el marco la legalidad europea vigente no se reconoce el derecho de una persona a pedir a los motores de búsqueda de Internet, esto es, Google en régimen casi de monopolio, que eliminen informaciones que contienen sus datos personales.

Actualmente podríamos decir que cada uno de nosotros posee una “identidad digital”. Así, es impredecible la cantidad de información personal que, como consecuencia de nuestra participación en las redes sociales o de las comunicaciones que llevan a cabo las administraciones públicas y los tribunales de justicia en sus boletines oficiales o las empresas privadas, existe en Internet. Dicha “identidad digital” está progresivamente superando en importancia a nuestra “identidad real”. Y ello porque, cuando tecleamos en buscadores como Google nuestro nombre y apellidos, se arrojan tal cantidad de aspectos de nuestra personalidad que cualquier internauta medianamente atento puede diseñar un perfil de nuestros gustos de consumo, nuestra ideología política, nuestra orientación sexual o nuestras creencias religiosas. A partir de ahí, la cantidad de imputs publicitarios que recibimos en nuestros correos electrónicos es sólo el primer paso de un camino que puede llegar a determinar nuestra reputación social o, incluso, nuestro futuro laboral.

Pero ¿qué sucede si nuestra “identidad digital” está diseñada, además, a partir de actos que pertenecen a nuestro pasado y que han dejado una huella imborrable en la web? ¿Es posible que nuestra “identidad real” no pueda apartarse de una sombra tan alargada?

Foto google

El caso que me sirve de excusa para escribir este artículo es un claro ejemplo de ello. Así, un ciudadano español solicitó en el año 2010 a la Agencia Española de Protección de Datos que exigiese a Google la eliminación de los resultados de sus búsquedas de los vínculos a un anuncio publicado en un periódico sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas ya saldadas a la Seguridad Social. La Agencia actuó a petición de tal ciudadano y sancionó a Google exigiéndole la cancelación solicitada, y el gigante informático recurrió tal decisión ante la Audiencia Nacional apelando a la sacro santa libertad de expresión, derecho que se vería lesionado si se le obligase a suprimir dicha información del resultado de sus búsquedas. Entre los argumentos de Google destaca, además, que, según él, corresponde a la fuente original de la información, esto es, al periódico que publicó la noticia en el presente caso, corregirla si es incorrecta.

           Pero ¿qué es el “derecho al olvido” en Internet?

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Culpable, sí. ¡Y además por Genocidio!

Por Almudena Bernabeu

A las 4:45 horas de la tarde en Guatemala del pasado viernes 10 de mayo, la presidenta del Tribunal colegiado de Mayor Riesgo de Guatemala Yasmin Barrios declaraba al ex dictador y general retirado Efraín Ríos Montt culpable del delito de Genocidio por el asesinato de 1.771 indígenas mayas Ixiles y condenado por ello a 50 años en prisión. Aunque también fue condenado a 30 años de prisión por un delito contra los bienes de humanidad (1). El paso histórico para Guatemala es sin duda alguna que este militar, símbolo de la barbarie de los años más duros del conflicto armado en el país (1982-1983) y de la dogmática contrainsurgente, haya sido declarado ante todos en Guatemala y ante el mundo, genocida.

RM escucha sentencia

Debo admitir que a pesar de haber trabajado en la investigación del delito de Genocidio en Guatemala y en el caso ante la Audiencia Nacional durante tantos años, es solo tras mi mas reciente visita a Guatemala durante el juicio para acompañar a las victimas y a mis colegas en la acusación, que he entendido, con el corazón y con la cabeza, lo trascendental de esta decisión.

Me trasladé a Guatemala a observar el juicio el pasado 11 de abril. Me dirigí a Guatemala con cautela y sintiendo de nuevo algo del desasosiego que en ocasiones, trabajar en Guatemala y enfrentar algunos de los problemas del país, me ha causado. Aunque siempre me he sentido orgullosa y feliz de poder contribuir y trabajar con la gente en Guatemala, me preocupaba. Un par de horas después de llegar a la capital, ya estaba sentada en la sala grande (por cuestiones de aforo) de la Corte Suprema, donde se llevaban adelante  las sesiones diarias del juicio. En esos días cada sesión se vivía entre la emoción de ver que el juicio avanzaba, escuchando atentamente cada testigo de la acusación, y la angustia de una posible suspensión del proceso con base a alguno de los numerosos recursos de amparo interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por los abogados de los dos procesados, Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez.

Que el uso de recursos de amparo por parte de los abogados de los procesados es una técnica destinada a dilatar e interferir maliciosamente el proceso no se pude cuestionar. Prueba de esto son, no solo el exorbitante número de recursos interpuestos, (mas de 100 desde que empezara el proceso) sino la misma ley guatemalteca, que claramente prevé que el recurso de amparo puede utilizarse siempre y cuando se den dos condiciones previas: 1º. Que efectivamente los derechos constitucionales del procesado hayan sido violados; y 2º. Que la sentencia o resolución objeto del recurso sea firme.

Solo llevaba cinco minutos en la sala de la Corte Suprema cuando vi como iban llegando colegas, amigos, profesionales de muchas ONG y otras entidades nacionales e internacionales, que con sonrisa y en silencio me daban la bienvenida. En aquellas sonrisas ya no había rivalidades de antes, ni modos distintos de ver las cosas. Pude percibir una unión, una cohesión, sabida pero inesperada. Lejos estaban ya por ejemplo, los viejos recelos de si llevar el caso de genocidio a la Audiencia Nacional española o de si sacarlo adelante en Guatemala. Ahora se cristalizaba lo que intuitivamente muchos sabíamos y defendíamos, sin el trabajo de todos, en cada una de las paradas de este largo proceso, esto no hubiera salido adelante. El trabajo en Guatemala, el trabajo en el sistema interamericano, el trabajo ante la Audiencia Nacional y de nuevo en Guatemala, el trabajo de todos.

Durante mi estancia tuve la oportunidad de escuchar importantes testimonios, algunos de ellos muy conocidos para mi, de testigos y peritos o expertos. Sentí por ejemplo no escuchar en directo a mi amiga ya y antropóloga Marta Casaus, guatemalteca profunda, honesta, coherente, quien tuvo la valentía de hablar del racismo en Guatemala como ese mal estructural instalado en la colonia que tanto ha tenido que ver con el conflicto, con su cualidad y con su desarrollo. Si política y sociológicamente la palabra patriota volviera a tener sentido alguna vez, los patriotas deberían ser todos como Marta, valientes, fuertes y frágiles en igual proporción, para poder así entender, enfrentar y ser parte de su historia.

A pesar de perderme a Marta pude ver testificar a profesionales guatemaltecos como Héctor Rosada y Ramón Cadena y a profesionales internacionales como Patrick Ball y Liz Oglesby, quienes pusieron números, análisis y respuestas a lo endiablado del proyecto, de ese conflicto armado interno que dejó de serlo para convertirse en, como encontraríamos escrito en alguna novela colombiana, una “pura matazón”.

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