Prostitución y derechos humanos

Pepe Reig

Si un día cualquiera, caminando por las calles de Valencia, se le ocurre aceptar los servicios de una prostituta, sepa que incurre en una infracción muy grave por la que le pueden caer hasta 2000€ de multa. La oferente podrá ser conminada a abandonar su actividad y, caso de reincidir, conducida a comisaría por desobediencia y denunciada.

Esto es lo que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Valencia con los votos de PP y PSOE y la oposición de IU, Compromís, la Federación de Asociaciones de Vecinos, las organizaciones feministas, el Colectivo Lambda, etc.

La Ordenanza Municipal sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública, aún pendiente de alegaciones, no se acoge en su exposición de motivos ni a uno sólo de los textos legales, convenios y protocolos internacionales dedicados a combatir la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, que vienen orientando la actividad normativa en este campo. Ni el Convenio sobre prostitución de la ONU de 1949, que negaba a esta actividad el carácter laboral; ni el Protocolo de Palermo (2000) para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; ni el Convenio Europeo de 2005, ni el Informe de la Comisión Mixta Congreso-Senado que en 2007 concluyó, en línea con el modelo sueco, que la prostitución era una forma de explotación sexual; ni siquiera el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación Sexual, aprobado en Consejo de Ministros en 2008, que se inclina por una respuesta abolicionista.

Una Ordenanza de policía

El texto de la Ordenanza de Valencia viene con membrete del departamento de la policía local. Y eso es exactamente lo que es, una Ordenanza de policía, que no se plantea de ningún modo abordar la prostitución como un asunto de derechos humanos, ni como una cuestión de igualdad de género, ni siquiera como un problema de exclusión social o de salud pública. Un asunto de policía, es decir, de seguridad y una cuestión de “uso del espacio público”, es decir, de imagen urbana. En esto sigue la senda de una iniciativa similar registrada en Barcelona durante el gobierno tripartito y, como aquella, parece abocada al fracaso.

El fundamento declarado no es otro que “preservar a los menores de la exhibición de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales” y “establecer una regulación sobre la ocupación del espacio público” (Art. 1). Cuando la preocupación principal es de imagen, lo que se obtiene es “invisibilidad”, es decir, ocultación hipócrita del problema, lo que hace más difícil su tratamiento. La Plataforma de Organizaciones Feministas, por ejemplo, apunta a un previsible efecto perverso de la Ordenanza: al dificultar la negociación del servicio en plena calle, se está empujando a las mujeres a los locales donde los peligros de violencia, exclusión y explotación permanecerían ocultos y a merced de los dueños de locales de alterne y proxenetas. Eso o, lo que sería peor, se empuja a las mujeres a las carreteras y los polígonos para que no estén a la vista. La conducta que la norma prohíbe es “ofrecer, solicitar, negociar y/o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público” (Art.2.1). La operativa allí descrita sugiere que los agentes “requerirán a los presuntos infractores para que cesen en su conducta” y, de persistir ésta, procederán a denunciar y levantar acta de la “desobediencia a Agentes de la Autoridad” (Art. 5.1).  Aunque el artículo 3.2 excluye de las infracciones a “las personas que ejercen la prostitución”, es evidente que tras el segundo aviso, podrán ser acusadas de desobediencia y denunciadas sin mayor protección.

Del lado de las políticas sociales a lo más que llega la Ordenanza es a declarar que los servicios sociales “informarán y ayudarán a toda persona que ejerza el trabajo sexual en el término municipal y quiera abandonar su ejercicio” (Art. 5.3). Eso es todo. Ni acompañamiento a los servicios sociales, ni detección de situaciones de daño o peligro, ni protección a los derechos de las personas en “situación de prostitución”. Nada.

Algo a todas luces muy distante de lo que se intentó en Sevilla, bajo un gobierno socialista en enero de 2011. Distinto y distante, aunque los defensores de la de Valencia digan haberse inspirado en aquella. En primer lugar porque allí no se trató de un asunto de policía, sino de un Plan Integral que contempla dispositivos de asistencia y acompañamiento para reponer los derechos de la víctima y ayudas a entidades y ONGs que “desarrollen programas de apoyo y atención a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual”. Un planteamiento ambicioso que se reivindica continuador de las políticas de igualdad y derechos y se acoge a todos aquellos instrumentos jurídicos y científico sociales que la Ordenanza de Valencia ignora tan olímpicamente.

Naturalmente, aquí no se trata sólo de la clamorosa falta de sofisticación de la alcaldesa de Valencia o la vocación “centrófila” del líder de la oposición, sino de algo más serio, la mentalidad conservadora que reduce los problemas sociales a problemas de orden público. De orden y, eventualmente, de moral. Es decir, justo el tipo de enfoque menos adecuado para una realidad tan compleja y sutil.

El problema de la prostitución no soporta tratamientos oportunistas o demagógicos centrados en el discurso de la seguridad, por más legítima que sea la preocupación por el ambiente y el paisaje humano de nuestras ciudades.

El debate que no se puede obviar

El enfoque más integral y que han adoptado los organismos internacionales es el de los Derechos Humanos. Las personas que se prostituyen son a menudo, o han sido, víctimas de trata, por lo que debe considerarse dentro de una problemática más amplia. Tanto la Declaración de Beijing de 1995, como el Convenio de Europa de 2005 llaman a centrar la atención y los esfuerzos en la protección de las personas traficadas. Este enfoque ha logrado insertarse en las normativas más avanzadas introduciendo la atención a la vulnerabilidad de las víctimas de la trata, de toda clase de trata, ya sea para explotación sexual o laboral. La vulnerabilidad se relaciona con el trasfondo de desigualdad, que es preciso tener presente tanto en la prevención como en la reintegración del derecho de esas personas. Este planteamiento enfatiza el hecho de que el eventual consentimiento de la víctima “no invalida la violación de sus Derechos”.

Junto a éste enfoque es preciso incorporar la perspectiva de género, ya que la trata con fines de explotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres, hasta el punto de considerarse una forma de violencia de género. Lo mismo puede decirse de la que se produce con fines laborales, que aparece “fuertemente marcada por la división sexual del trabajo”, como señala García Cuesta en un estudio financiado por el Instituto de la Mujer. Bajo esta perspectiva la persona que se prostituye es víctima de una relación de poder desigual.

La perspectiva de género ha sido en ocasiones puesta al servicio de una respuesta reguladora, es decir, de una consideración de la prostitución como actividad laboral legítima de la que habría que erradicar, mediante leyes, la violencia y la coacción. Para este enfoque particular, es preciso distinguir claramente la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de la prostitución en sí, ya que ésta puede ejercerse también voluntariamente. Legalización y regulación es la apuesta de los colectivos Hetaira o Genera, cuya labor de apoyo y asistencia a las personas que ejercen prostitución les lleva a reivindicar su libre ejercicio. Y, si bien no puede negarse que existe, al menos en Europa, una prostitución autónoma de mujeres en ejercicio de su libertad sexual, multitud de estudios independientes muestran que el consentimiento voluntario apenas llega a un 5% de los casos, por lo que puede considerarse como un mercado “casi completamente coactivo” (Médicos del Mundo). De todas formas, si hemos de creer al Centro holandés de Investigación y Documentación encargado de hacer el balance tras la legalización de la prostitución en el 2000, En ese país ni ha mejorado la situación “laboral y sanitaria” de las prostitutas, ni ha “aflorado” la mayor parte del negocio oculto. Al contrario, la parte legalizada ha servido para “encubrir la gran masa de mujeres traficadas”. Balance similar presenta la legalización en Alemania.

Tres respuestas

Pero la perspectiva de género ha militado principalmente en una posición muy diferente de ésta: la apuesta abolicionista. Desde el feminismo se ha cargado contra la regularización, señalando que la reducción de la persona, especialmente las mujeres, a mero objeto de consumo atenta contra su dignidad y sus Derechos Humanos, por lo que se considera la prostitución como una forma de violencia. El hombre que compra sexo, compra poder sobre una mujer desprotegida y esto es radicalmente antidemocrático.

Bajo esas premisas se llega en Suecia, tras casi veinte años de debate,  a una legislación abolicionista radical, en la que el culpable es el demandante del servicio sexual y la oferente es la víctima de su poder. Incluso en una sociedad tan igualitaria y sexualmente abierta como la sueca, se entiende que tal relación humilla y cosifica a la mujer. La ley sueca de 1999 castiga al usuario al considerar que el contrato no tiene lugar entre iguales. El resultado de tal política es sorprendente: redujo en un 70% la prostitución callejera y en 50% la de los clubs en el primer año.

El debate sigue abierto y nada anuncia que vaya a cerrarse pronto, porque la prostitución crece en nuestro entorno y se cruza con fenómenos de inmigración y exclusión social acentuados por la crisis. Quizá sea por esa creciente complejidad por lo que se antoja tan ridículo el intento de atajar el problema desde una Ordenanza de policía.

Para saber más:

* ONU (1949): Convenio para la represión de la trata de personas 
y de la explotación de la prostitución ajena.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/01136

* ONU (2000). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños. Palermo.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Protocolo_Palermo_-_ESP.pdf

* Consejo de Europa (2005). Convenio del Consejo de Europa sobre 
la lucha contra la trata de seres humanos. Varsovia.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Convenio_Consejo_de_Europa.pdf

* Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la Prostitución
(2007). Informe de la Ponencia sobre prostitución en nuestro país.
http://www.lourdesmunozsantamaria.cat/IMG/pdf/INFORME_PONENCIA_PROSTITUCION.pdf

* Red Española contra la Trata (2006)
http://www.redcontralatrata.org

*Alianza Global contra el Tráfico de mujeres (GAATW)
http://www.gaatw.org

 

 

 

La mentira como método político y la grabación como desenmascaramiento

Por Sergi Tarín y Fernando Flores

Se reunió el concejal de Policía del Ayuntamiento de Valencia, señor Domínguez, la concejala de Medio Ambiente, señora Ramón Llin, y el gestor de la oficina municipal del Plan Cabanyal-Canyamelar, señor Mifsut, con la asociación Sí Volem, asociación de vecinos favorables (como el gobierno municipal) a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez sobre el barrio del Cabanyal. El encuentro tuvo lugar el día jueves 25 de abril, fue abierto al público y se celebró en el Ateneo Marítimo del Canyamelar.

La reunión fue recogida en video por Sergi Tarín, en principio con ciertas reticencias por parte de los organizadores, y después colgada en YouTube. Tras visionar con calma la grabación nos reafirmamos en la idea de que el contenido de estos actos públicos debe ser puesto a disposición de todos, como elemento fundamental del derecho a la información y a la participación política, y como pieza esencial del sistema democrático, pues permite a los ciudadanos conocer mejor a sus representantes políticos, y a éstos decir a sus electores que después no se quejen por desconocer a quienes votaron.

De lo hablado en este encuentro pueden decirse muchas cosas, porque hay intervenciones muy interesantes y reveladoras, tanto las realizadas desde la Mesa (por los representantes del gobierno municipal y las portavoces de Sí Volem), como las vertidas desde el público. Aquí señalaremos sólo algunas relativas a temas que consideramos especialmente importantes: la utilización impune de la mentira, el rechazo de la responsabilidad por el cargo público que se ocupa, y el daño social que todo ello provoca.

1.         La utilización de la mentira como método.

En la reunión se pidieron explicaciones a los miembros del gobierno municipal porque en campaña electoral el Partido Popular afirmó reiterada y vehementemente que si Rajoy llegaba a la presidencia del Gobierno el tema del Cabanyal (conflicto sobre el Plan que prevé derribar más de 400 inmuebles y 1600 viviendas de un barrio declarado Bien de Interés Cultural) se resolvería en un abrir y cerrar de ojos. Pero va para año y medio de la victoria popular, nada se ha movido sino a peor (la degradación del barrio, la suciedad en las calles, la negativa arbitraria a dar licencias de obras, la falta de inversión, la desatención social…), y la asociación Sí Volem, que apoyó abiertamente al Partido Popular en las elecciones, ve cómo su predicamento entre los vecinos ha caído en picado. En consecuencia, es más que comprensible que pidan públicamente argumentos y explicaciones al concejal señor Domínguez.

Aquí (minuto 15:45 de la grabación) entra en escena el concejal. Cómo se puede faltar a la verdad de ese modo, tratar (con éxito) de confundir a los vecinos, contradecirse en la misma frase, y no pestañear siquiera, es algo que forma parte de una rara habilidad al alcance de muy pocos. Pero no empecemos por la valoración, vayamos a las palabras. Dice el concejal:

“Hemos tenido nueve sentencias a favor … para sacar el Plan adelante”.

Esta es una de las piezas clave del argumentario de la alcaldesa Barberá y su gobierno en defensa de la legalidad del Plan del Cabanyal. El relato consiste en que el Ayuntamiento tendría todas esas sentencias a su favor y que los malos de Salvem el Cabanyal (y los grupos políticos de la oposición) obstaculizarían la ejecución del Plan, en perjuicio de todo el vecindario. Pero uno se pregunta: ¿cómo es posible que con todas esas sentencias a favor y una mayoría absoluta tantos años disfrutada por el PP, Rita Barberá no haya podido ejecutar ese Plan? En principio no se entiende. O sí. La respuesta es porque lo que dice es, sencillamente, mentira. Una mentira amparada en la complejidad de los distintos procedimientos judiciales.

El Ayuntamiento no ha podido ejecutar el Plan que destruye una parte del barrio porque ha sido declarado ilegal por dañar el patrimonio histórico. Las sentencias a que se refiere la alcaldesa y sus concejales son las relativas a las competencias de urbanismo, pero no a las de protección del patrimonio. Es como si a Domínguez le acusan de asesinato y para defender su inocencia saca la declaración de la renta. Ni cumplir con tus deberes tributarios demuestra que no disparases el arma homicida, ni ejercer tus competencias en urbanismo impide que lo hagas destruyendo el patrimonio histórico (que es lo que ocurre en el Cabanyal).

De modo que el concejal Domínguez airea unas sentencias a su favor (las relativas a su competencia exclusiva en materia urbanística) que ya nada tienen que ver con el conflicto, y además, y esto es fundamental, oculta las sentencias que sí tiene en contra. Estas sentencias, las que le condenan, declaran la ilegalidad del Plan por atentar contra el patrimonio histórico, son posteriores a las famosas “nueve sentencias” y, si nos empeñamos en insistir en la cantidad (aunque esto es irrelevante), resulta que son muchas más.

Domínguez, ya embalado, y a la vista que nadie va a poder probar en contra, afirma (minuto 16:27) que

“…a pesar de las sentencias (las teóricas nueve a su favor, que nada tienen que ver con lo que sigue) el Gobierno del PSOE sacó una Orden paralizando toda la situación … era una Orden que no había derecho a esa Orden … y los tribunales avalaron esa Orden”.

Vaya, así que no había derecho a esa Orden del Ministerio de Cultura (la que declara el Plan ilegal por suponer expolio) pero los tribunales la avalaron. ¿Cómo es esto posible? ¿Si no había derecho cómo es que los tribunales la apoyaron? Es evidente que a estas alturas los vecinos ya están confundidos, y el concejal, al ver sus caras de desconcierto, afirma (minuto 17:00):

“…que no lo entiende nadie… yo el primero”.

Pero Domínguez sí lo entiende, desde luego que lo entiende. Domínguez sabe que la Orden del Ministerio de Cultura no solo es legal, sino que fue obligada. Sabe que esa Orden Ministerial es la consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio a emitirla. Sabe que esa Orden, que él ha impugnado, ha sido declarada legal por la Audiencia Nacional. Lo sabe todo y, sin embargo, actúa como si el varapalo legal que el Ayuntamiento lleva sufriendo varios años ya, no existiera.

Acto seguido, Domínguez, en la teatralización de su impotencia y victimismo llega a decir (minuto 17:30):

“Las nueve sentencias anteriores del Tribunal Supremo al final no han servido para nada… para ganar pleitos, para que al final un ministerio lo haya paralizado…”.

¿Del Supremo? De nuevo el concejal falta a la verdad. Ni el Ayuntamiento ha ganado nueve sentencias en el Supremo, ni un ministerio hubiera podido paralizar lo que el Supremo ordena. La verdad es que el Ayuntamiento ganó una sentencia (convertida en cuatro por ser cuatro los demandantes, pero sobre la misma pregunta), sobre el tema de la competencia urbanística, no sobre la destrucción del patrimonio histórico. Una sentencia que pasó a la historia. Después de esa sentencia favorable (ganada en el año 2006), el concejal y el resto del gobierno municipal han perdido varias veces en el Supremo y en la Audiencia Nacional, sentencias y autos que consideran competente al Ministerio de Cultura para intervenir en el Cabanyal, y que consideran ilegal el Plan por atentar contra el patrimonio histórico. Pero el concejal no nombra ni una de las resoluciones que declaran la ilegalidad de su Plan.

Llegados a este punto, la conclusión es simple: el Ayuntamiento no quiere cumplir la legalidad que le impide ejecutar su plan destructivo sobre el barrio, y prefiere engañar y confundir a los vecinos antes que buscar una salida consensuada y legal.

Sin embargo, algo está cambiando. El Ayuntamiento marea y confunde a los vecinos en las cuestiones técnicas, pero la grabación demuestra que muchos vecinos ya no se creen la buena fe del gobierno municipal. En este sentido, es más que reveladora la intervención (min.21:18) de un asistente que deja las cosas bastante claras:

“¡¡El PP nos ha engañado, nos ha engañado el PP, totalmente!! Porque un gobierno que está gobernando con mayoría absoluta no se preocupa de esto … esto es política barata todo, y nadie se complica la vida en nada”.

2.      La falta de responsabilidad por el cargo que se ocupa y el daño social que se provoca

Una de las informaciones que nos da la grabación de la reunión con el equipo del Ayuntamiento es que los vecinos plantean cuestiones pertinentes, y que conocen las obligaciones que van aparejadas al ejercicio de lo público. El concejal trata de escapar de su responsabilidad amparándose en la judicialización del conflicto, pero los vecinos no quieren hablar de tribunales, sino de aspectos sociales que nada tienen que ver con los jueces (minuto 21:49):

“Hay una familia extranjera que no está empadronada, que está ensuciando nuestras calles. Los niños no están escolarizados, no trabaja nadie, no sabemos de qué viven, de dónde sacan el dinero… ¿Quién se preocupa de eso? Las mismas personas que no dan licencias (el gobierno municipal, arbitrariamente, se niega a darlas al barrio hasta que no se desbloquee su Plan) se tendrían que preocupar de eso…”.

Sin entrar (por ahora) en la valoración que hace de sus vecinos (empadronados o no, con empleo o no, responsables de la suciedad o no …), la vecina da en el clavo. Ella está apelando a obligaciones del Ayuntamiento que nada tienen que ver con los tribunales, está preguntando por la responsabilidad del concejal. Pero no recibe respuesta, tan solo un capote al político de una de las organizadoras (“yo no vengo aquí a defender al Ayuntamiento…”), preguntándose retóricamente a quién le interesa que esos extranjeros estén ahí, cuántos vecinos se benefician de los alquileres ilegales de las plantas bajas a estas personas. Aún así, otro vecino demuestra que no es tan fácil engañarles, pues señala que cómo no lo va a hacer los vecinos si el propio Ayuntamiento realiza esos alquileres ilegales… (minuto 22:50). Los miembros del gobierno municipal, responsables de la estrategia de deterioro material y social del barrio, guardan silencio.

Todo esto tendría una gravedad relativa si no fuera precisamente por dos cuestiones asociadas que sí son graves, y que se contienen en la última intervención transcrita. El creciente sentimiento de criminalización y odio racial hacia los gitanos y hacia los extranjeros (fundamentalmente rumanos) que se han venido instalando en el barrio, y el sufrimiento de muchos vecinos por el contexto de inseguridad y suciedad creado en él. Ambas circunstancias como elementos de la estrategia central del Ayuntamiento para conseguir su objetivo.

Dice la dirigente vecinal desde la Mesa (minuto 22:55):

“Cada vez tengo más visitantes de otros países, y cada vez la convivencia es más insoportable… entonces no solo es el Ayuntamiento el que se está lucrando, también se están lucrando muchos propietarios…”.

Sorprendentemente, quien debería exigir con más fuerza al Ayuntamiento acciones sociales y responsabilidad reconoce con naturalidad delante de los concejales (que no mueven una pestaña) que es la propia Administración la que ha alquilado y alquila ilegalmente casas de propiedad municipal a familias en situación de exclusión social (viviendas sin cédula de habitabilidad, luz, agua…). Sin embargo, ella centra su discurso en lo insoportable que es vivir con los extranjeros (antes ya ha hecho otros comentarios xenófobos). Naturalmente, este argumento encuentra eco en la desesperación de una vecina (minuto 24:55), que relata su contexto: “venta de droga, suciedad, malos tratos, rumanos, gitanos, viviendas sin las mínimas condiciones, los niños no van al colegio, orinan en la calle…” Se nota que no quiere ir contra los extranjeros, pero la realidad es que le hacen la vida imposible. Aún así apunta a los verdaderamente responsables, y acierta:

“¿Ahí no puede llegar sanidad y decir algo? a mi no me ayuda nadie del Ayuntamiento, aquí no se hace nada… no es un tema de partidos, ni PP ni PSOE, aquí ninguno nos ayudaNo se podrá hacer la prolongación, eso tardará más o menos, pero ayudarnos a las personas que están ahí, no lo hacen porque no les da la gana o no les conviene…”.

El aplauso general que recibe obliga al concejal Domínguez a cambiar de estrategia (o engaño o silencio) y a prometer que “toman nota y harán el seguimiento” (minuto 33:00). Pero ya es tarde, una asistente, escéptica, le dice:

“Por mucho que nos digan hágannos llegar, ustedes ya lo saben todo… lo único que estamos pidiendo es voluntad política”.

La gente sí sabe de lo que habla.

Conclusiones

La grabación de esta reunión, de este tipo de reuniones, es fundamental para el ejercicio efectivo del derecho a la información y a la participación ciudadana, porque sirve para varias cosas:

– Para descubrir qué políticos (y dirigentes vecinales) renuncian a la sinceridad en su relación con los ciudadanos, y hacen uso premeditado de las verdades a medias, o de la mentira directa. El uso de la mentira muestra desprecio al ciudadano.

– Para comprobar cuándo, en vez de aclarar la complejidad de los conflictos sociales (lo que como cargos públicos es su obligación), se amparan en esa complejidad para no responder de los propios errores, inacciones y arbitrariedades, así como para conseguir sus objetivos, aunque estos sean ilegales.

– Para denunciar a los cargos públicos que crean, utilizan y alimentan el conflicto social (polarización vecinal, criminalización racial, xenofobia) en beneficio propio. Es muy revelador que ninguno de ellos matizase o mostrase desaprobación ante las expresiones xenófobas vertidas desde la propia Mesa, por las dirigentes vecinales, y desde el público.

– Para advertir que las mentiras no convencen sino a los entregados, que los ciudadanos sí saben hacer las preguntas acertadas, y que los vecinos exigen que sus políticos, sean del color partidista que sean, respondan (aunque los del gobierno municipal valenciano, por lo visto en el video, no piensan hacerlo por ahora).

– Para demostrar el drama social que provoca el uso perverso de la acción política.

– Para comprobar cómo no todo sucede como los medios de comunicación afines al poder nos cuentan en sus crónicas sectarias.

cabanyal

* Video de Sergi Tarín

* Sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio de 
Cultura a emitir una Orden Ministerial sobre el Plan del Cabanyal

* Orden del Ministerio de Cultura que declara expolio el Plan del 
Ayuntamiento sobre el Cabanyal

Cabanyal Archivo Vivo y el Año Europeo de los Ciudadanos

Por Emilio Martínez Arroyo

Esta semana se ha dado a conocer en prensa la resolución de los premios Europa Nostra 2013, en los que ha sido galardonado el proyecto “Cabanyal Archivo Vivo” realizado por la Asociación Esfera Azul y patrocinado del Ministerio de Cultura. El objeto del proyecto es promover el conocimiento y la sensibilización ciudadana sobre el patrimonio en riesgo en el barrio del Cabanyal de Valencia.

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Este parece un primer paso lógico en la actuación sobre un patrimonio cultural, su conocimiento y su divulgación a todos los ciudadanos. Y no es que en este caso dicho patrimonio no haya sido objeto de actuación de las instituciones encargadas de protegerlo. Todo lo contrario, este patrimonio gozaba del mayor nivel de protección que las autoridades pertinentes en primera instancia (la Generalitat Valenciana) podían otorgarle: el Cabanyal fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural) en 1993.

Sin embargo, a pesar de esta declaración, el conjunto urbano Cabanyal se vio sorprendentemente amenazado por la propia autoridad local en 1998 con la aprobación de su ya famoso PERI (Plan Especial de Reforma Interior), el cual, con el sorprendente argumento de su protección y rehabilitación, suponía su propia destrucción. El PERI planteaba hacer pasar a través del corazón del barrio una enorme avenida de 150 metros de ancho, con la consiguiente nueva construcción de torres y apartamentos, y suponía la destrucción de 1651 viviendas, la mayor parte de ellas en la zona protegida (BIC) del Cabanyal. Esas eran las autoridades que debían velar por la protección y rehabilitación del barrio. Ante el estupor de buena parte de los vecinos del Cabanyal y del resto de la ciudad de Valencia, las siguientes victorias electorales del partido en el poder reafirmaban su empeño.

En estos ya 15 años de lucha ciudadana para evitar semejante atropello se ha conseguido lo que inicialmente parecía una utopía: que se pare semejante proyecto. Una utopía si atendemos al poder ilimitado que el PP acumula a nivel local y en la Comunidad Valenciana (que va para dos décadas), y al poder absoluto alcanzado también a nivel estatal, primero con la llegada de los gobiernos de José María Aznar, y después, con el actual gobierno del señor Rajoy. Poder político y económico, poder de medios de comunicación afines o institucionales, dominados todo este tiempo como el caso ejemplar de Canal 9 (modelo de manipulación informativa al servicio del poder político) y de la prensa local, no menos propicia a bailarle el agua a nuestro populares gobernantes.

Por esto el Cabanyal se ha convertido en una referencia y en un caso que se estudia en numerosas universidades a nivel internacional. Es la lucha en tiempo de democracias liberales del David ciudadano contra el Goliat del poder político absoluto, encarnado por nuestro Partido Popular en este caso. Afortunadamente para David, durante estos 15 largos años ha sido capaz de hacer oír su voz utilizando el empeño y el compromiso colectivo, la movilización ciudadana, la creatividad, muchas cosas más y por supuesto haciendo valer sus derechos. Además, durante estos 15 años no hemos dejado de encontrar adhesiones de personas e instituciones, profesionales de la arquitectura, del urbanismo, del mundo de la cultura, de la comunicación,  de la política, instituciones independientes o públicas y tanta gente que han hecho propios los valores a nivel político, jurídico, cultural, que suponen la lucha del Cabanyal. Ha sido tan larga la lista de adhesiones y colaboraciones ofrecidas en este tiempo que han acabado por dejar resuelto el supuesto debate que planteaba el proyecto del Ayuntamiento de Valencia, dejándolo en el lugar histórico que le corresponde y del que no debió haber salido, el siglo XIX. Ya nadie piensa seriamente que el proyecto del Ayuntamiento sea de beneficio colectivo para la ciudad de Valencia. Hasta sus escasos y bien pagados defensores no se lo creen y en privado lo confiesan.

Pero el peligro sigue ahí como el primer día. Nuestra popular alcaldesa solo quiere saber de resultados electorales. Ante la ruina a la que nos ha llevado junto a sus compañeros de partido en la Comunidad Valenciana, ella entiende que solo cabe la salida hacia delante. No puede aceptar su error, como justificar quince años de degradación continua, urbana y social a que ha sometido al Cabanyal; como justificar tanto sufrimiento inducido a los vecinos sin el horizonte de un futuro mejor que su proyecto les prometía. Y aunque los sueños de futuros mejores para nuestra Comunidad se han transformado en pesadillas, los populares políticos que dilapidaron nuestro dinero y nuestros futuro todavía hoy quieren seguir gestionando nuestra hipoteca.

Afortunadamente los tiempos están cambiando que decía Dylan. Los tiempos cambian siempre, no hay manera de detenerlos. El despertar de la conciencia política en los ciudadanos, los 15M, la crisis económica, la de los valores, el desempleo, los tiempos han cambiado. El Cabanyal ha tenido el discutible honor de ver y participar en primera persona de estos cambios, lo que antes defendíamos se une a esta marea y ya no parece tan disparatado: la participación ciudadana. Pero cuidado, nuestros populares dirigentes son especialistas en asimilar las ideas ajenas para interpretarlas sui generis en su proceso apropiación / desvirtuación, y dejar las ideas deglutidas en algo difícil de reconocer. Recordamos a nuestra alcaldesa hablado en la sede de la Unesco de Valencia como ejemplo de cohesión social, o cuando apremiada por las reivindicaciones vecinales creó la concejalía de participación ciudadana, acabando así o por lo menos intentándolo, con cualquier intento de participación ciudadana real.

Este año 2013 ha sido declarado por la Comisión Europea el “Año Europeo de los Ciudadanos”. Esta semana el jurado internacional del premio Unión Europea de Patrimonio Cultural /Europa Nostra 2013, comunicaba el premio al proyecto Cabanyal Archivo Vivo señalando:

«la importancia de la iniciativa ciudadana cuando es consciente de su responsabilidad con respecto al patrimonio cultural tanto a nivel urbano o de calle, como a mayor escala arquitectónica y social. El proyecto muestra, de manera ejemplar, hasta qué punto se puede despertar la sensibilidad de los ciudadanos hacia el frente marítimo histórico de Valencia, a través de una planificación urbana sostenible, basada en la identidad cultural y en la participación».

Señora Alcaldesa y demás miembros del séquito, háganselo mirar.

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