Elogio de la ‘tibieza’

Fernando Flores

Resulta paradójico, pero en ocasiones los que acusan de tibieza a otros son personas con poca voluntad de calentarse la cabeza. Si hablamos de gente inteligente, esto se debe a que son incapaces de pasar sin el aplauso o aprobación que garantiza la mirada corta y la simplicidad de un argumento. De ahí que se les incendie la boca y digan cosas de las que después nos arrepentimos los demás.

Guerra es una palabra muy grande, y debería utilizarse con prudencia. Incluso cuando se dice guerra y no quiere decirse guerra del todo, porque, aunque en su definición y alrededores caben muchas cosas, el matiz no es precisamente una de ellas. Sigue leyendo

Todo por la Marca. También los derechos humanos

Javier de Lucas

Algún día habrá que escribir la historia de lo que nos ha costado la ambiciosa operación de imagen, presentada como prioridad del gobierno Rajoy y eje estratégico de la política exterior española: la “Marca España”. De momento, contamos con algunos elementos de juicio. Veamos.

¿Qué quiere decir “Marca España”? ¿Por qué adoptar como santo y seña esta expresión, obviamente mercantil y que podría  llevarnos a sustituir  el vetusto <todo por la Patria>, por  <todo por la Marca>? La primera pista  me parece obvia: detrás de lo que podría parecer una operación de aggiornamento de la presentación internacional del Reino de España, en realidad se encuentra la idea tan trasnochada como cuestionable de que un país es ante todo un producto (bueno, digamos una empresa, al modo en que Reagan y Thatcher veían el mundo por venir, como una batalla entre capitanes de empresa), tal y como reza su Decreto de creación, el R.D. 998/2012, de 28 de junio. En esa norma se nos explica que se trata de “mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país”. Una ocurrencia formulada casi en los términos apodícticos propios de un catecismo Astete para catecúmenos neoliberales, esos sujetos que dibujan con tanta precisión Forges o Manel Fontdevila.

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Como casi todo en nuestro país, ha necesitado su propia burocracia: un Alto Comisionado, con rango de Secretaría de Estado, Oficina, un Observatorio y, cómo no, un sitio web. En todo caso, el coste al que me refería no es el de esas estructuras administrativas, seguramente prescindibles pero, al fin y al cabo, modestas en comparación con la pólvora de rey de eventos e instalaciones tan elefantiásicas como ruinosas (véanse los penúltimos ejemplos made in Calatrava y Gobiernos de la Generalitat valenciana), o con la nómina de asesores que pueblan todas las administraciones, de la Presidencia del Gobierno del Reino de España, al de Castilla – La Mancha o cualquier Ayuntamiento que se precie. Tampoco se trata sólo de lo que hemos invertido y dejado de recuperar en la promoción de este parto de los montes. Por ejemplo, la reorientación de las prioridades en nuestra diplomacia, que en realidad ha supuesto acomodar buena parte de nuestras embajadas al modelo de oficinas de negocios, para ir a lo mollar: la pasta. Y  lo peor es que apenas se ha querido invertir a fondo –más allá de una retórica trasnochada, la misma de esas fallidas cumbres iberoamericana- en la mejor baza del proyecto de marras, esto es, un idioma global, empeñado como está el gran preboste de nuestra diplomacia en revivir los blasones del imperio.

No. Lo malo, en términos de coste es que resulta que el balance de esta empresa nos ha dejado con el culo al aire. Porque, pese a los grandes logros de Aznar en la escena internacional y en la mesa de centro del rancho de Bush, pese a las coyunturas planetarias de Pajín y Zapatero, pese al “gran esfuerzo que han hecho los que más tienen” (sic) y que nos ha devuelto a la credibilidad internacional -al decir del increíble Floriano-; incluso pese a la reconocida elocuencia de Rajoy, que hace de él una luminaria en los foros internacionales casi comparable a Ana Botella, España, en este juego, no pasa de ser una marca de tercera regional. La Marca España, con una caída del 20%,  se sitúa entre las diez que más pierden en el mundo en 2013, según los datos del último informe de Brand Finance.

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Pero aún hay más. Otros costes, otros daños quizá menos mensurables a corto plazo y que, sin embargo, resultan más letales. Me refiero a la seudo pragmática “filosofía” que esa mal entendida <marca> nos obliga a adoptar cuando, mire usted por dónde, aparece una ¿impensable? colisión entre las exigencias del respeto a los derechos humanos y el interés de la precitada “Marca España”.  Porque viene sucediendo que la arrogancia de la tal Marca se torna vergonzante pleitesía en cuanto nos topamos con el que manda. Ya tenemos testimonio sobre la obsequiosidad de todos nuestros Gobiernos y ministros de exteriores con esos <asuntillos> que molestan al tío Sam (el caso Couso)  y a quienes mandan en el tío Sam (Wert es sólo un penúltimo ejemplo) o a sus aliados (Israel, pongamos por caso). Pero es que ahora, cada vez más, son otros los amos y no estamos acostumbrados a los nuevos protocolos, lo que quizá explica alguna reciente sorpresa.

Los lectores recordarán cómo ante la ofensiva de uno de esos aliados de verdad del tío Sam, Israel, el Gobierno de Zapatero (mediante un acuerdo entre PSOE y PP) promovió en enero de 2009 un primer recorte al marco legal mediante el cual nuestro país se había comprometido en serio con el principio de jurisdicción universal. La halcón israelí y entonces ministra de exteriores, la señora Tzipi Livni, leyó la cartilla al ministro Moratinos para que corrigiera o frenara a la Audiencia Nacional que, a semejanza de los tribunales belgas respecto al benemérito Ariel Sharon, amenazaba con órdenes de busca y captura contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.. Y así sucedió. Con el añadido de que los españoles no nos enteramos de esas intenciones por nuestro propio Gobierno, sino por las declaraciones de la ministra en ese mes de enero de 2009, que declaró que Moratinos le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español”, declaró Livni a la agencia Associated Press. “Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo… Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno”. (La noticia puede verse aquí).

Pues bien, no ha sido bastante. Otra vez algunos tribunales españoles, sin demasiado entusiasmo, todo hay que decirlo, pero obligados por un excelente trabajo jurídico y por la tozudez y aun el coraje de profesionales del Derecho y militantes de los derechos humanos, han tomado decisiones que molestan a poderosos gobiernos implicados muy verosímilmente en asuntillos, como genocidios o crímenes contra la humanidad. El caso de los dirigentes chinos contra los que se había conseguido que la Audiencia Nacional emprendiera acciones propias de la jurisdicción universal por su responsabilidad en el genocidio cometido en el Tibet es abrumador por la desvergüenza con la que han actuado el Gobierno chino y el sumiso gobierno Rajoy, siempre con la coartada del interés superior de la Marca España, entendida exclusivamente en términos de balanza comercial. El 12 de diciembre de 2013, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso y reiteró la “perplejidad” e “incomprensión” de su Gobierno por la actuación de los tribunales españoles en relación con el Tibet, un “asunto doméstico”, interno, propio de la soberanía china. Nada nuevo en la vieja lógica contra la que trata de lucha precisamente el principio de jurisdicción universal. Dando muestra de una celeridad que para nosotros los ciudadanos españoles querríamos, el Gobierno en menos de un mes ha preparado el cambio legal requerido.

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Y lo que es peor, esta genuflexión ante el mercado chino da carpetazo a todas las investigaciones de los jueces españoles en los últimos diez años, como el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Son los dos que están en curso ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Santiago Pedraz): Caso Couso y genocidio en Guatemala. Los cuatro en el Juzgado Central nº 2 (Ismael Moreno): Genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. Uno en el Juzgado Central nº 3. (Javier Gómez Bermúdez), el Caso Vielman. Dos en el Juzgado Central nº 4. (Fernando Andreu): Crímenes de guerra en Irak y genocidio de Ruanda. Tres en el Juzgado Central nº 5 (Pablo Ruz): Torturas en Guantánamo, genocidio del pueblo saharaui y asesinato de Carmelo Soria. Y finalmente, uno en el Juzgado Central nº 6 (Eloy Velasco): el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

En fin, a juicio de no pocos, se trataría de una de esos slogans publicitarios con cuyo enunciado solemne pretenden deslumbrarnos (“estamos trabajando en modernizar la imagen e España”) los mismos políticos que no saben resolver las necesidades primarias, las verdaderas prioridades de sus empleadores, los ciudadanos. Los que parecen incapaces de atajar la corrupción, el paro, ni tampoco los conflictos reales que dañan la imagen de <marca> como el problema territorial. Ya sé que todo esto les parecerá a no pocos “expertos” en política exterior (y en cinismo de mesa camilla y tertulia, que disfrazan de realpolitik) un ejemplo de la ingenuidad característica de quien se embarca en política con la denostada <ética de principios>, lo que, al decir del tan reputado como brutal canciller Bismarck, era semejante a quien se adentra en un bosque infestado de bandoleros con un palillo entre los dientes…Pero es lo que tiene dedicarse a enseñar e investigar sobre derechos humanos, que uno se los toma en serio. Porque, en caso contrario, habrá que concluir que no vale la pena hacer política. Dejemos hacer al mercado, ese descrito por Scorsese en The Wolf of Wall Street, que es la única razón universal. Pero no nos llamemos a engaño. Su lógica no es esa filantrópica y al cabo benéfica para todos, tal y como sostienen los partidarios de esa patochada de la mano invisible. De los vicios privados no salen las virtudes públicas como pretendiera Mandeville. No, lo que el mercado, éste de ahora, persigue, aquello en lo que consiste no es otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios. Ya lo dijo Warren Buffet, una guerra entre ricos y pobres en la que, claro, van ganando ellos, los ricos, los que mandan de verdad.

que-es-marca-espana Jordi Bernadó

Viñetas: Manel Fontdevila y Peridis
Foto: Jordi Bernadó

Malditos duelos!

Javier De Lucas

Como muchos de los que conocen de primera mano la realidad de la inmigración irregular y del laberinto del asilo, escribo desde el hartazgo de escuchar palabras huecas en las declaraciones de tantos prominentes hombres y mujeres que nos gobiernan. Esos que ahora buscan a la prensa para exhibir su compasión y que son los mismos que han rechazado una y otra vez, con prudente realismo y en aras de criterios económicos “racionales”, nuestras críticas ante su ciega política de inmigración y asilo. Por eso, por hipócritas o, aún peor, por cínicos, malditos sean la inmensa mayoría de los duelos, lamentos y condenas que hemos podido leer en estos días, después de la enésima tragedia en las costas de Lampedusa, el pasado jueves 3 de octubre

Hay excepciones, sí. La primera, la del papa Francisco, que escogió cuidadosamente  Lampedusa para su primera salida del Vaticano, en julio de este año  y dejó un un duro e impecable  discurso sobre lo que llamó “globalización de la indiferencia”. También la de la alcaldesa Giusi Nicolini, que harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que La UE se decidiera a actuar. Y que contestó al cínico vicepresidente Alfano conminándole a venir a enterrar a los muertos,  cuando éste pretendió erigirse (¡¡habrase visto desvergüenza!!) en portavoz de la necesidad de “otra” consideración de la policía migratoria.

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Por lo que se refiere a la prensa, entre mucha basura y no poca crónica de rutina, me parecen destacables tres testimonios: el artículo en La Stampa de Domenico Quirico “Sul molo de Lampedusa a contemplare la norte”, (se puede encontrar traducción italiana en El País: “De nuevo en el muelle de la muerte”); el de Juan Luis Sánchez, “Asalto o vergüenza: en qué quedamos”; y el de Sami Naïr, “Morir en Lampedusa”. Los tres ponen de manifiesto algo que me parece imprescindible. Hay relación de nexo causal entre esas tragedias y las políticas migratorias de los países de la UE, empeñados en un modelo basado en el control “hidráulico” (tantos entran como puestos de trabajo disponibles y necesarios; ni uno más. Y a los que “se cuelan” hay que echarlos de inmediato), y obsesionado con la lucha contra la inmigración ilegal, pero no tanto con las causas reales de los movimientos migratorios. Y es que resulta insoportable la contradicción de estar empeñados en difundir discursos xenófobos y racistas que predican una Europa asediada por las amenazas de las hordas del tercer mundo, discursos que inspiran la construcción de muros y la vigilancia de los mares con cañoneras (como exigía el ministro Marone, compadre del hoy compungido Alfano) y luego soltar la lágrima por los muertos.

Porque estos muertos no son los primeros. Baste pensar en qué han quedado en las aguas y orillas de Lampedusa más de 8000 cadáveres desde 1990: los cómputos más fiables hablan de más de 17000 en los últimos diez años en toda Europa: basta examinar por ejemplo el dossier “Muertos en las fronteras de Europa: un éxodo letal”, o, de la misma ONG, la lista de refugiados muertos en las fronteras europeas. Para quien esté interesado en las cifras en nuestro país, es decir, para las víctimas en el Estrecho y en el viaje desde las costas de África Occidental a Canarias, son imprescindibles los informes anuales “Los derechos humanos en la Frontera sur”, elaborados por la Asociación por Derechos Humanos/Andalucía, APDHA.

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En el desastre del día 3 en Lampedusa hablamos quizá de más de trescientos muertos, puesto que sólo se ha rescatado con vida a 155 de los aproximadamente 500 pasajeros. 500 hombres, niños y mujeres (algunas de ellas embarazadas) que, en su mayoría (salvo los procedentes de Siria) han recorrido más de 4.000 km en su huida de la guerra en Somalia y del caos en Eritrea, de la miseria aquí y  allá. Más de 300 muertos. Un listón paradójica y tristemente demasiado alto como para que los próximos naufragios –que llegarán- alcancen atención mediática. Pero no pasa nada. Las lamentaciones se producen como si se tratase de muertes naturales o de crueles designios del destino. No podemos, no debemos aceptarlo. El hartazgo y la rabia que nos llena a muchos de nosotros no es el de la impotencia ante desastres “naturales”, tan lamentables como inevitables. Lo diré: esas muertes son homicidios, si no algo peor. Y hay responsables. Hablemos de ellos. Y no sólo para decir que malditos sean.

Malditas, sí, las autoridades nacionales –las italianas en este caso-, que hacen leyes que convierten a inmigrantes irregulares y necesitados de asilo en presuntos delincuentes. Hagamos algunas preguntas: ¿Alguien ha reparado en el hecho de que forman parte del actual Gobierno italiano (ese que, al decir de algunos prudentes opinadores, sería una esperanza para la izquierda por haber vencido a Berlusconi) un vicepresidente –Alfano- y varios ministros del partido que respaldó la ley Fini-Bossi que significó en 2002 el establecimiento de la inmigración irregular como delito y la penalización de la ayuda a los inmigrantes irregulares? ¿Alguien ha tenido en cuenta que esa ley, que el mismo “renovador” Gobierno Letta no ha derogado –ni entraba en sus planes; veremos ahora, ante la conmoción de la opinión pública- es muy probablemente la razón de que los tres pesqueros que no auxiliaron al buque en llamas podían haber sido multados (incluso con penas de prisión) en caso de haberlo hecho? No es esa ley una violación flagrante de las viejas leyes del mar, como muestra Terra ferma, la película de Emmanuele Crealese de 2011? ¿Qué grado de cinismo permite a ese Gobierno declarar que dará la nacionalidad póstuma a los muertos para enterrarlos como ciudadanos italianos –europeos- y así “cumplir al menos de esta manera su sueño”, sin vomitar por ese gesto de asqueroso paternalismo? Hay toneladas de dignidad mayor en las miles de tumbas sin nombre, que no en estos entierros “oficiales” para “buenos muertos europeos”.

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Maldito sea el Senatur Bossi y su Legha Nord, que han atizado el fuego xenófobo y a los que no les parece suficiente la ley antimigratoria que él mismo impulsó junto con su entonces aliado Fini. Y malditos los políticos del Polo de la libertad de Berlusconi que hicieron también campaña con estos lemas y defendieron esa ley aberrante. Maldito Bossi, quien tiene el cinismo de echar la culpa de la tragedia a la ministra de integración del Gobierno Letta, Cecile Kyenge, que por el mero hecho de ser africana constituye de suyo un poderoso “efecto llamada”, origen del viaje irresponsable que emprenden los “inmigrantes africanos”. Un efecto como aquel que tanto preocupó a los Gobiernos de Aznar en España y, de otra manera, también a algunos ministros del PSOE, como los señores Corbacho y Camacho. Por eso, malditos los gobiernos que permiten que continúe la tragedia en torno a Canarias y en el Estrecho, cementerios marinos, territorios de naufragio que ha sabido documentar con mirada propia el extraordinario fotoperiodista Marcos Moreno, a quien dedicó su página especial la revista Periodistas en su número 39.

Malditas las autoridades europeas responsables de las políticas migratorias y de asilo de la UE. Es cierto que la competencia en estos temas corresponde a los estados nacionales, pero ¿podemos olvidar el efecto criminalizador y de negación de derechos, por ejemplo, de la malhadada Directiva europea de retorno, adoptada en 2008? ¿Podemos olvidar la progresiva degradación del derecho de asilo a la que contribuyen no sólo los Estados nacionales que modifican a la baja su marco legal sobre asilo y refugio (como lo han hecho el Gobierno español, el del Reino Unido, el italiano, el danés  o el holandés, por poner algunos ejemplos), sino la propia UE? En efecto, la UE se muestra terne en su empeño de una lista restrictiva de “países seguros” y voraz en exigencias de blindaje de fronteras para impermeabilizarlas contra una presión de refugiados ignorando que éstos se dirigen sobre todo a países limítrofes y apenas pueden llegar a Europa. ¿Qué decir de esos acuerdos bilaterales para permitir expulsiones rápidas (y aun colectivas) de recién llegados de quienes apenas alguna vez se averigua si pudieran ser refugiados a los que hacen cada vez más difícil plantear las demandas de asilo? Por eso, no es aceptable el horror de la comisaria Malström que se espanta de lo sucedido y dice que hay que luchar más eficazmente contra los traficantes de personas. No se han enterado de nada. No quieren enterarse de la verdad. Veremos si la reunión de los Ministros de Interior de la UE en Luxemburgo, el martes 8 de octubre, da muestras de haber aprendido algo…

Malditos, insisto, quienes propician que se lesione sin remedio ese derecho elemental, el derecho de asilo, última esperanza para centenares de miles de refugiados. Porque se comete un gravísimo un error, a mi juicio, cuando se habla de tragedia de inmigrantes irregulares o indocumentados o clandestinos. Sería muy grave si se tratase de eso. Pero es aún peor. Quienes llegaban ahora a esa isla eran, en gran medida, como sucedió en 2011, refugiados que huyen en busca de asilo. Huyen de Estados fallidos como Somalia o Eritrea. Huían de la guerra, del hambre y de la persecución de bandas paramilitares y parapoliciales, cuando no de la propia policía y de los ejércitos que devastan a la población civil. Y nuestros Estados (Italia, España, Francia…la UE también) no tienen frente a ellos un deber de caridad, de solidaridad o humanitario, sino una obligación jurídica de primer orden. La que nace de ser partes, de haber incorporado en nuestro Derecho las Convenciones  e instrumentos jurídicos del Derecho internacional de refugiados.

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Por eso, maldito será también el Alto Comisario de los Refugiados de la ONU (ACNUR), el portugués Gutierres si, además de lamentar la tragedia y enfatizar su gravedad de modo ritual, como en ocasiones anteriores, no recuerda con toda exigencia y vigor que se están violando obligaciones jurídicas internacionales, y que hay responsabilidades exigibles. Y hace todo lo posible para que se establezcan esas responsabilidades, en lugar de mirar para otro lado tras el comunicado con crespón.

Malditas las autoridades nacionales y europeas cuando, en casos contrastados aunque afortunadamente excepcionales respecto a lo que es su línea de actuación habitual (por la que merecen reconocimiento), han hecho la vista gorda sobre naufragios en los que hay fuertes indicios de responsabilidad por parte de quienes tienen el primer deber de proteger. Pongo como ejemplo el caso detallada y empecinadamente denunciado por el periodista Nicolás Castellano y sobre el que ocho meses después (no como en el accidente del Alvia en Santiago) seguimos sin haber esclarecido los hechos.

Ya sé que siempre habrá una voz realista que recuerde que la responsabilidad frente a las desgracias que ocurren en el mundo no es de Europa, ni de Occidente, sino en primer lugar de los propios regímenes y aún de los países en que la población vive en la miseria, con hambre, sin derechos, sin expectativas de vida. Pero no puedo aceptar que nuestra respuesta a los eritreos, somalíes y sirios, a ese nuevo pueblo que vive una Anábasis inédita como escribía Quirico, el pueblo de la inmigración, el de los refugiados, sea: “busquen en otra ventanilla. Nosotros ya cumplimos y más que nadie con los programas de cooperación y desarrollo”. Vergüenza para todos nosotros, quienes presumimos de los valores de la UE, de la defensa y garantía de los derechos humanos y de la democracia y los olvidamos en cuanto son de otros y llegan hasta nosotros. ¿Cómo podrán entender esta barbarie nuestros nietos, si no exigimos que se haga justicia, que se adopten medidas que primen esa garantía de los derechos humanos universales como condición sine qua non, en lugar de hacer cada vez más difícil la esperanza de asilo para los desamparados y negar el derecho elemental a la salud a los pobres inmigrantes irregulares como hemos aprobado aquí con el Decreto 16/2012 del Gobierno Rajoy?

A todos aquellos a quienes maldigo, les deseo como redención que sean capaces de emprender, al menos metafóricamente, al menos mediante la lectura,  el viaje al revés, el de Salvatore Piraci, el protagonista de la novela de Laurent Gaudé, Eldorado. Piraci, comandante del guardacostas Zeffiro, con base en Catania, vigila la llegada de inmigrantes a Lampedusa. Este “centinela del la ciudadela Europa” conoce a una mujer inmigrante que ha perdido a su bebé en la travesía hacia Lampedusa y sólo vive para vengarse de los traficantes que la explotaron en ese viaje. Piraci acabará por emprender el viaje a la inversa y comprender así la Anábasis de los desplazados, la travesía vital de miles de seres humanos que llegan hasta Libia, hasta Ceuta o Melilla, en pos de un sueño que los europeos sólo queremos para nosotros.

Información vs. silencio o “el presidente no está para estos temas”

Pepe Reig

La dimensión propagandística de la política tiende siempre a crear las condiciones psicológicas adecuadas para los objetivos del gobierno de turno. Así, Zapatero quiso durante años transmitir su famoso “optimismo histórico”, hasta que se volvió en su contra porque la realidad apuntaba a una crisis que nadie iba a dejar de ver. Del mismo modo que el gobierno de Aznar había aprovechado los buenos indicadores macroeconómicos heredados de Solbes para inocular aquel mantra del “España va bien”, del que aún pretende vivir, mientras nos metía en la peor burbuja inmobiliaria y financiera de nuestra historia.

Igualmente, la insistencia del gobierno Rajoy en la “terrible herencia” de “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”, en los sacrificios y el peligro griego, durante su primer año cumplía una función de adormecimiento, muy conveniente para volver aceptable cualquier recorte y estaba en sintonía con aquella “doctrina del shock, que tan buenos servicios ha rendido en la destrucción del Estado del Bienestar.

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La administración de contenidos propagandísticos pesimistas por los portavoces populares tuvo, sin embargo, un punto de inflexión tras la famosa rueda de prensa de los “tres tenores” (Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos) a finales de abril, en la que se dieron datos tan realistas y previsiones tan a la baja, que lograron trasladar la impresión de que “el gobierno tiraba la toalla”. La alarma general que aquello produjo y la airada reacción dentro de sus propias filas de, entre otros, el propio Aznar, indujo el cambio de estrategia que ahora estamos viendo: salvo el uso, totalmente prohibido, del término “brotes verdes”, se nos bombardea ahora con toda clase se esperanzadores signos de recuperación y hasta se anuncia una pronta creación de empleo. Si el esquema no fuera tan obvio, sería inteligente.

Las estrategias de comunicación sobre la crisis acaban siempre en el dilema de si contar lo malo o anunciar lo bueno, pero con la corrupción es otro cantar. Desde que aflora el caso Gürtel, luego convertido en caso Bárcenas, la comunicación del PP ha consistido en negar la evidencia. Del “no hay nada” se pasó sin transición al “no me consta”. De ahí al “ya no trabaja aquí”, “nadie me chantajea” y “el presidente está en otra cosa”. Últimamente parece que llegamos a que “nos preocupa cero” y a que todos los demás son cómplices del tesorero, menos el partido que lo empleaba. En el fondo es pura superstición, creen que no hablando de ello, acabará desapareciendo.

Todo líder desea aparecer asociado a buenas noticias y no a chapapotes o primas de riesgo. Y, puesto que es el propio líder quien elige el contexto y el tema de su aparición, habrá que concederle ese derecho. Pero ¿seguro que un presidente del Gobierno puede desaparecer cuando sube la prima de riesgo o cuando Bárcenas enseña sus contabilidades y otras zarpas?

Bárcenas no existe y Rajoy tampoco

Cuando el 15 de marzo de 2012 la Audiencia Nacional reabrió la causa contra Bárcenas, el ex tesorero del PP, que había sido cerrada por el TSJ de Madrid, con imputaciones de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, Mariano Rajoy atravesaba uno de sus frecuentes barbechos informativos. Hacía 10 días de la última rueda de prensa y aún tardaría otros diez más en comparecer, aunque en forma de “canutazo” (declaración breve) y sin referirse para nada al asunto. Tampoco lo hizo en las fechas siguientes que son las de la huelga general y la amnistía fiscal.

En todo ese año repleto de Gürtel, Bárcenas, amnistía, prima de riesgo, reforma laboral y rescate bancario, el presidente del Gobierno concedió 6 ruedas de prensa en solitario y 12 acompañado por algún ilustre visitante. Los datos, reunidos por 20 Minutos en una útil infografía, muestran el patrón  de conducta del silente Rajoy: evita hablar donde te esperan (podría surgir algún imprevisto) y nunca lo hagas cuando hay problemas, de eso que se ocupe otro. Puro estilo Rajoy.

Aunque el diario amigo, ABC, maquilla los datos para dar la impresión de que Rajoy comparece más que Obama, lo cierto es que de las 46 ruedas de prensa que le atribuye al presidente desde la investidura, sólo 5 son nacionales, es decir, en solitario y sin la típica limitación de dos preguntas por país. Por en medio hemos tenido huidas por el sótano, ruedas de prensa sin preguntas, comparecencias en forma de ectoplasma y respuestas del tipo de “ese asunto ya tal”. Puro estilo, puro Rajoy.

Por no hablar de las comparecencias ante el Congreso y el Senado. O mejor dicho de los vetos del PP a que comparezca el presidente. Ocho debates plenarios y 25 sesiones de control, según el recuento entusiasta del ABC. Pocas, tardías, esquivas y con graves síntomas de afasia en la pronunciación del nombre de Bárcenas.

Lo malo es que el potencial dañino del caso se acaba de multiplicar por mil con el ingreso en prisión del ex tesorero, la aparición de los papeles originales, que ya conocíamos por fotocopias, y las revelaciones sobre la cobertura que el partido y su presidente le han seguido dando al presunto delincuente. Si frente a la crisis había una estrategia, aunque burda, frente a esto no había más que la determinación de Rasell Crow en Una mente maravillosa: “¡No eres real! ¡No eres real!”.

El derecho a la información significa no sólo que se han publicar periódicos y telediarios, sino que las personas al frente de las instituciones han de ser visibles y audibles de modo permanente. Pero aquí, y es cosa que el periodismo y la militancia política tendrían que hacerse mirar, habíamos dejado de ejercer el derecho a preguntar, al tiempo que concedíamos un extraño derecho al silencio. El silencio de las comparecencias sin preguntas, preguntas sin réplica y mentiras sin desmentidos. La explicación, la información, la rendición de cuentas, las preguntas de diputados y periodistas, no son un medio de propaganda de quien está al mando, sino un derecho de quienes le han elegido y tienen el poder de revocarlo.

El rodillo parlamentario acaba de tener su momento de gloria al evitarle a Rajoy una comparecencia sobre el redoblado caso Bárcenas. La siesta veraniega que el Grupo Popular le ha garantizado a su presidente, pasará a la historia como el paradigma de un inexistente “derecho al silencio” que no es otra cosa que la extinción del derecho ciudadano a la información. Todo un síntoma, junto a la televisión de plasma, del deterioro de nuestra democracia. Pero es que había que recordar que la información no era una opción, sino un derecho y, por ende, una obligación.

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