Los derechos, conquista y defensa

Fernando Flores

Sabemos que el poder puede acabar con los derechos de las personas y anular su libertad. De hecho, somos conscientes de que esa inclinación siempre late en su seno. Para impedirlo se creó hace más de doscientos años el Estado constitucional, y más tarde, para evitar que la libertad de los más fuertes impidiese la justicia y la igualdad material de los más débiles, se conquistó el Estado social.

Con el primero se alcanzó la división de poderes –que evita su abuso– y el principio de legalidad –que destierra los privilegios–, y se sembró la democratización de la política y la reivindicación por la garantía de los derechos. Con el Estado social se incorporó la idea de justicia como valor común, y con ella el compromiso colectivo de no dejar a nadie a un lado, de vincular la dignidad del individuo a la dignidad social.

Estos logros no han conseguido la supresión de grandes injusticias, como la pobreza, la desigualdad global y local, la discriminación y violencia contra las mujeres o el rechazo de inmigrantes y refugiados, pero han procurado dignidad a muchas personas y han señalado un camino correcto hacia el respeto y la protección de los derechos humanos.

Hoy ese camino se ha detenido, la fuerza que lo construía frente a poderes ilegítimos bien conocidos ha sido reducida o desactivada por quienes manejan el dinero. Ellos y sus reglas (es falso que exijan la ausencia de reglas, imponen las suyas) nos están empujando hacia atrás, como en un juego perverso, hacia la casilla de salida.

Desde hace unos años venimos sufriendo la reducción, cuando no la pérdida, de los derechos sociales, un retroceso que nos traslada a los comienzos del capitalismo. Nos han demostrado –vía Grecia por si no quedaba claro– que las decisiones fruto de la participación democrática del pueblo soberano tienen sus límites en las cuentas financieras de unos pocos y el equilibrio de su sistema injusto, un bloqueo que nos sitúa en el liberalismo conservador del siglo XIX. La reivindicación y la queja de los ciudadanos contra este atropello ha producido como reacción del poder un estrechamiento y acoso a las libertades públicas, una situación que nos recuerda a los Estados policiales de antaño, pero en nuestro caso dotados de la tecnología y la justificación securitaria antiterrorista que les permite vigilarnos muy de cerca y cortar de raíz las disidencias peligrosas.

Nos están arrebatando nuestros derechos.

Decía Ihering que la vida del derecho es lucha, que todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha, que todo precepto jurídico importante ha tenido primero que ser arrancado a aquéllos que le resisten, y que todo derecho, tanto el de un pueblo como el de un individuo, presupone la disposición constante para su afirmación.

Los derechos se tienen porque se han conquistado, y se mantienen si se han defendido. En la actualidad, en Europa, en los denominados Estados Sociales y Democráticos de Derecho, estamos en retroceso. Un poder no elegido, hoy más fuerte que el democrático, ha expulsado a la gente de sus casas, ha desmontado las garantías laborales, ha abandonado la educación y la sanidad públicas, ha ocupado los medios que nos daban información y criterio, ha desprestigiado la participación ciudadana … y ha armado con leyes y tecnología a las fuerzas del orden, para que puedan contener la resistencia del pueblo a perder sus derechos constitucionales.

Estamos en el momento de la defensa, de la lucha por la afirmación de lo que se ha logrado con el esfuerzo de muchos durante mucho tiempo. La defensa se prepara y se trabaja.

Para aspirar a responder con eficacia al impacto poderoso de las acciones de quienes defienden sus intereses económicos, los ciudadanos dispuestos a defender sus derechos deben tener muy claro dos cosas. La primera es que la defensa –la lucha–, debe ser colectiva. La segunda es que debe abarcar la reivindicación y protección de todos los derechos.

La lucha debe ser colectiva, y persistente. La agresión debe combatirse por todos los afectados –que son casi todos–, desde todas las esferas, en todos los espacios, en la educación, en la sanidad, en la justicia, en los medios, en las empresas, en las organizaciones civiles…, en lo público y en lo privado. Debe ser continuada y generosa, abierta de mente, ganando voluntades, creando el clima para que pueda ser posible. Y debe ser organizada y paciente, perseverante, sabedora de que el agresor es poderoso, carece de escrúpulos y es muy resistente.

La lucha debe ser por todos los derechos. Hay que ser conscientes de que los derechos son indivisibles e interdependientes, de que la división entre derechos civiles, sociales, políticos y económicos es una clasificación académica, cuando no interesada. Sin vivienda adecuada no existe intimidad familiar; sin información veraz no existe ni opinión ni participación política que merezca ese nombre; sin salud no ni hay trabajo ni libertad; sin condiciones laborales dignas no hay igualdad posible…

La protección de los derechos no puede bajar los brazos en momentos de crisis políticas, económicas o sociales, más bien al contrario. Es en estos contextos de dificultad cuando ellos deben afianzar su fortaleza (su normatividad, su justiciabilidad) y reivindicar su vigencia, pues los embates que sufren son más intensos y la vulnerabilidad de las personas a las que protegen mucho mayor.

El poder no tiene legitimidad para anular nuestros derechos, pero lo está haciendo, y debemos responder. Los derechos se conquistan y se defienden.

Ilustraciones: 1. David. El juramento del Juego de la Pelota: los representantes del Tercer Estado dando a Francia una Constitución, 20 de junio de 1789 (1791). 2. Siqueiros. Del porfirismo a la revolución (1957-1966). 3. Kristen Visbal. Fearless Girl (2017).

Honduras: capitalismo vigente, derechos olvidados

Fernando Flores

Berta Cáceres, la líder indígena lenca, feminista y ambientalista, fue asesinada hace poco más de siete meses. Hace unos días, su sucesor en la COPINH (Consejo Popular e Indígena de Honduras), salió ileso del segundo atentado con arma de fuego en lo que va de año. A mediados de 2013, Tomás García, dirigente local de la misma organización, había sido abatido a tiros por el ejército durante una manifestación. Estos y otros terribles sucesos, así como su escasa repercusión entre el gran público, se explican por un contexto de especulación y control económico capitalista a gran escala, que entiende el respeto a los derechos humanos como una molestia fácilmente superable.

En junio de 2009 un golpe de Estado desbancó del gobierno constitucional de Honduras al presidente Zelaya. Los motivos de su caída fueron revelados llanamente por su sucesor: “Lo sacamos por su izquierdismo y corrupción. El fue presidente liberal como yo. Pero se hizo amigo de Daniel Ortega, Chávez, Correa y Evo Morales. Se fue a la izquierda, puso toda gente comunista, nos preocupó” (Micheletti en el diario Clarín, 30 de setiembre de 2009). Sigue leyendo

A favor del pistoletazo en medio de un concierto

Fernando  Flores

Es probable que si el Nueva Economía Forum hubiera podido, habría sancionado al agricultor valenciano Vicent Martí por pegar la bronca a los asistentes en la presentación de la conferencia de Mónica Oltra (video aquí). Pero al parecer no hay norma interna que prevea el supuesto de que alguien exprese de forma abrupta, en una reunión de guante blanco, su indignación ante el comportamiento de políticos y empresarios, y hacerles pasar un mal rato en lo que debía ser un desayuno informativo placentero. Algo así como lo que Stendhal llamó “un pistoletazo en medio de un concierto”. De modo que el Forum ha debido calmar la indignación de algunos de los asistentes que se sintieron “insultados y vejados” (no sé si muchos o pocos, pero relevantes seguro), pidiendo disculpas públicamente (aquí el comunicado oficial).

Hace dos semanas el diputado de Amaiur Sabino Cuadra rompió un par de páginas de la Constitución en una intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados. Como aquí sí hay norma que castiga la “ofensa o la falta de decoro a los demás diputados o a las instituciones del Estado” (art.103.1 del Reglamento del Congreso), esa intervención ha dado lugar, con sorprendente retraso (pues no ha tenido lugar hasta anteayer, cuando Cuadra subió de nuevo al estrado), a una primera medida disciplinaria, la expulsión de la tribuna del diputado vasco tras ser llamado tres veces al orden “por no retirar la ofensa” proferida entonces (algo que había sido exigido por la Mesa del Congreso para no sancionarlo). Esa medida abre la puerta a que puedan aplicársele otras, como la suspensión temporal en sus funciones o, incluso, la atribución de un delito. Sigue leyendo

Planeta de Derecho

Fernando Flores       

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La Ley Mordaza no es una cuestión local que deba preocupar solo a los españoles. Tampoco la imposición de tasas para acceder a la Justicia, ni la penalización del aborto, ni el control de las empresas sobre los medios de comunicación, ni la violencia de la reforma laboral. Los ingleses deberían sentirse concernidos por ellas, al igual que los argentinos, los taiwaneses y los australianos. Y viceversa. Nosotros habríamos de ser conscientes del racismo policial en EEUU, del maltrato a los pueblos indígenas en Chile, del precio humano que se cobra el coltán en el Congo, de las condiciones de trabajo de las maquiladoras pakistaníes, de las talas incontroladas de los bosques amazónicos, de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por drones israelíes, de las estrictas limitaciones a la autonomía de las mujeres en Arabia Saudí…

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Sentirse concernido no significa que tengamos que saber todo lo que sucede en el mundo, y menos aún que tengamos que “ocuparnos” de lo que ocurre en Venezuela o en China; ni siquiera en España. Significa, al menos, interiorizar que el abuso, la restricción o la supresión de derechos de las personas son inaceptables donde quiera que se den y a quienquiera que se apliquen, y que los responsables de esos abusos y sus cómplices deben ser despreciados, perseguidos y, si se da el caso, nunca votados. Supone, digamos, una actitud de empatía y solidaridad con la dignidad humana y con la efectividad de los derechos que la hacen real.

Los derechos humanos no son un tema local, o solo local. En un mundo en el que una persona puede llegar de Freetown a París en menos tiempo que un campesino del siglo XIX tardaba en cubrir la distancia entre su aldea y el mercado metropolitano, pensar que lo que ocurre con los derechos y las libertades de otros seres humanos con los que no compartimos ciudadanía nacional es irrelevante, supone un grave error.

Sin duda se trata de una cuestión moral. Nadie debería permanecer intacto frente a la vulneración de los derechos de los demás, sea cual sea su nacionalidad, raza, sexo o creencias. Pero no solo. Se trata también de una posición pragmática de autodefensa ante la instalación progresiva en la sociedad global de una forma de poder absoluto llamado capitalismo. En un mundo en que los privilegios sin fronteras se acumulan alrededor del dinero y sus dueños, va a hacer mucha falta que aquella empatía y solidaridad hacia el ser humano y sus derechos tenga carácter global, aunque solo sea como mecanismo de autodefensa.

Que el mundo en el que vivimos está mal organizado y es injusto no es una novedad. Que afrontamos este inconveniente con una mirada provincianamente nacional, tampoco. En la escuela nos enseñan que el feudalismo fue una forma oscura y más bien atroz de organización política, social y económica, pero al mismo tiempo aceptamos con contemporánea naturalidad la suerte de haber caído en el lado bueno del Planeta, algo así como el hecho de formar parte de la nobleza de la Tierra.

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No obstante, sabemos que esta nobleza (a la que pertenecemos por nacimiento y de la que se derivan una serie considerable de ventajas), no reproduce el orden natural de las cosas, como tampoco lo reproducía la división estamental y profundamente desigual del feudalismo. Y sabemos que las cosas no deberían ser así, ni entonces ni ahora, y que pueden ser de otra forma. Es por eso que la decencia nos obliga a reconocer (aunque sea en nuestro fuero interno) que los inmigrantes tienen todo el derecho a saltar la valla. Porque si hubiésemos nacido entre los siervos de la gleba nos gustaría que se nos reconociese el de liberarnos de nuestro dueño.

Los sistemas políticos se construyen y mantienen por los seres humanos, pero también se transforman por ellos. Decir, frente a un orden inaceptable, “esto es lo que hay”, es aceptar precisamente que lo que se está construyendo en este mismo instante es inevitable.

El orden global que se está construyendo en este mismo instante hunde sus bases en los principios de desigualdad, restricción calculada de derechos y libertades, control social por el poder e irresponsabilidad de quienes lo ejercen. Estos cimientos, inaceptables y evitables, deben ser impugnados y destruidos. Así, de igual manera que el Estado de Derecho fue una respuesta al Estado absolutista (caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder), hoy es urgente configurar los pilares de un Planeta de Derecho que responda a su versión totalitaria. En esa dirección, las luchas cotidianas y locales por los derechos están tejiendo una vasta red de resistencia y creación de alternativas, una red insuficiente pero imprescindible. Aupados en ella tenemos la obligación de escribir el futuro.

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Minería y derechos humanos en América Latina

Fernando Flores

América Latina se ha visto sometida desde inicios de los años 90 a un incremento significativo de la inversión –nacional y extranjera– en el ámbito de las industrias extractivas. Las compañías que allí operan son mayoritariamente norteamericanas, especialmente de Canadá, pero también las hay europeas, brasileñas y argentinas (y últimamente chinas), dedicadas en gran parte a la extracción de gas y petróleo.

Instituciones Financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la
 Corporación Financiera Internacional, así como los bancos europeos, facilitan créditos a las exportaciones y garantías de inversión para permitir que estas compañías puedan operar.

Sin embargo, el aprovechamiento de estos recursos minerales, muy atractivos para la financiación de los Estados y el trasiego en los mercados globales, viene necesariamente acompañado por grandes proyectos de infraestructura (oleoductos, hidrovías, carreteras, gasoductos, represas, tendidos eléctricos, etc…) que violentan de forma muy considerable el hábitat indígena y el medio ambiente.

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Las comunidades indígenas

Para los indígenas la tierra no es objeto sino sujeto, y su relación con ella no es de apropiación sino de reciprocidad. Más allá de los cambios que un larguísimo período de aculturación ha podido producir en muchas comunidades, es necesario partir de esa idea para entender la racionalidad indígena, el fundamento de su espiritualidad y la singular vinculación que mantienen con la tierra. Una vinculación que es de naturaleza no mercantil.

El territorio es la base de la supervivencia. En la tierra cultivan los productos que comen, venden o intercambian. En ella se crían sus animales. Su identidad se construye en el hábitat de los bosques, los ríos, los lagos, las sabanas. En él se organizan y se educan, de él depende su salud. En él construyen sus redes sociales y determinan un espacio psicosocial propio e intransferible. En él habitan sus dioses, sus mitos, su historia, y se encuentran enterrados sus familiares. En consecuencia, para los indígenas no cabe distinguir territorio y comunidad, pues ambas son parte de una sola identidad.

El conflicto y el Derecho aplicable

Existe, pues, una contradicción entre las políticas estatales dirigidas a aprovechar los recursos naturales en beneficio del desarrollo económico de cada país y la pervivencia de las comunidades indígenas en sus territorios.

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