Terrorismo argumental a la baja

Carlos Penedo

La misteriosa explosión de cinco artefactos este mes de marzo en Texas en una serie de ataques con paquetes bombaque provocaron dos muertos y cuatro heridos, acabó finalmente con el suicidio de su responsable cuando iba a ser detenido. Resultó ser un vecino de 23 años y las crónicas sólo nos han contado que el joven fue educado en casa por sus padres en su adolescencia y que entre 2010 y 2012 asistió a la Universidad en Austin pero no terminó sus estudios.

Con este suceso ha vuelto a surgir el debate en EEUU sobre cuándo y cómo aplicar el término terrorismo a un suceso violento, cuestión intermitente que también aparece en las matanzas en colegios, institutos o conciertos con armas de guerra.

Lo mismo ha ocurrido a comienzos de abril en la ciudad de Münster (Alemania), donde un individuo arrasó con la furgoneta que conducía la terraza de un restaurante con el resultado de dos muertos y una veintena de heridos. El atacante, que también se suicidó, resultó ser un alemán de 48 años con historial médico inquietante, y a pesar de la prudencia con que en ese país se reacciona informativamente a este tipo de sucesos, por parte del Gobierno, leemos que el asunto hizo “revivir en Europa durante horas el fantasma del terrorismo”.

La impresión de que sucesos muy similares son tratados de forma distinta dependiendo de la nacionalidad y religión del autor se confirma con estudios recientes.

Un informe del norteamericano ISPU (Institute for Social Policy and Understanding, trabajo conocido a través del periódico The Intercept) revela que los sucesos violentos con víctimas en EEUU en los que está involucrado una persona musulmana reciben sentencias tres veces más largas y una cobertura en medios siete veces mayor que los casos sin participantes de esa confesión.

La directora del estudio referido opina que “en el fondo, la cuestión es qué consideramos amenazante como sociedad y a qué tememos. Lo que se observa a menudo es que cuando un delito es cometido por un miembro del grupo dominante o privilegiado de cualquier sociedad, se justifica como una aberración, mientras que los delitos cometidos por miembros de otro grupo secundario se consideran patológicos y representativos de ese colectivo en su totalidad”; y esto afecta también a tribunales y periodistas.

Llevamos dos décadas al menos con una omnipresencia mediática, judicial y política del terrorismo, aún más en España desde la llegada de Rajoy a la presidencia y la reforma del Código Penal de 2015, con titiriteros, raperos y ahora manifestantes independentistas acusados de terrorismo; homenajes permanentes a las víctimas y de ellas (Cristina Cifuentes acaba de recibir un reconocimiento de la AVT), mayor número de procesos judiciales y sentencias por apología del terrorismo hoy que cuando ETA asesinaba a una persona cada tres días.

Asistimos a tanta referencia al terrorismo que ha perdido gran parte de su significado original.

Lo sorprendente es que también existen indicios de que el terrorismo puede estar tocando techo como causa general de todo tipo de temores y justificación omnicomprensiva de todo tipo de políticas, la de interior, la exterior, la educativa, los despliegues militares, el presupuesto de Defensa, del contenido de la televisión pública y de los plenos municipales.

Desde el punto de vista informativo ya aparece otro tipo de violencias compitiendo con éxito en el espacio mediático, asesinatos de niños, violencia sexual y los sucesos violentos que llenan los telediarios.

En el ámbito exterior, con el Estado Islámico en horas operativamente bajas, en proceso de mutar hacia otro estado con minúscula hoy desconocido, ya no funciona la misma plantilla -nunca lo hizo, pero se ha hecho más evidente- para explicar la violencia en el norte de Nigeria, Malí, Egipto, Siria, Afganistán y el metro de Tokio.

Pero quizá quien más está contribuyendo a cambiar la perspectiva sobre la fuente de amenazas y violencia en el planeta se llama Donald Trump.

El presidente de EEUU marca la agenda internacional y parece poco aficionado al terrorismo como recurso argumental, aparenta en sus amenazas tuiteras mayor afición a pulsos nucleares con Corea del Norte, a guerras comerciales con China, vuelven los aranceles (que no tarifas, eso es una mala traducción) que impulsan hoy los que hasta ayer apadrinaban la globalización, aparecen militares en la frontera con México…, y hasta un enfrentamiento con Rusia, una relación peor que en la guerra fría, dice, quién lo hubiera adivinado con las buenas conexiones que mantenía antes de ocupar la presidencia.

En un escenario profundamente transformado en los últimos años, algunos actores insisten en representar la misma función, y así volvemos a contemplar bombardeos en Oriente Próximo al hilo de investigaciones sobre el comportamiento sexual del presidente de EEUU, en el caso de Clinton era una becaria, en el de Trump son actrices porno; el primero bombardeaba Irak, el segundo Siria.

Si se confirma el repliegue del terrorismo como coartada universal para explicar todo tipo de violencias y justificar el recorte de derechos, nos permitirá afinar el argumento y los matices en la explicación de la actualidad.

En la base española de Rota, Trump tiene domiciliados cuatro destructores que en teoría forman el componente naval de un escudo antimisiles. A la búsqueda de misiles de los que protegerse, estas cuatro grandes fragatas parece que muestran una actitud más ofensiva que la defensiva que se espera de un escudo, y una autonomía poco respetuosa con el casero.

Fotos: Jananne_Al-Ani.

Información contra la desinformación

Carlos Penedo

En paralelo a la actividad reactiva de una decena de periodistas que en Bruselas se dedican a tiempo parcial a localizar noticias falsas publicadas en cirílico, la Comisión Europea acaba de presentar una iniciativa de mucho mayor calado y muy escasa repercusión contra la desinformación a través de medios digitales.

El trabajo consta de tres elementos diferenciados: un informe redactado por un grupo de especialistas, que trata de definir el problema e incluye recomendaciones; entre noviembre y febrero la Comisión puso en marcha además una consulta pública sobre el asunto, en la que participaron cerca de 3.000 personas entre profesionales de medios de comunicación y ciudadanos de a pie, el que quiso participar; el tercer elemento ha sido una encuesta, más de 26.000 entrevistados en febrero de este 2018.

A partir de estos ingredientes (informe, consulta y encuesta) la UE pretende publicar esta primavera una Comunicación (las líneas básicas de una estrategia europea) sobre la lucha contra la desinformación en línea.

Una primera conclusión no deja de sorprender, favorablemente: los expertos han evitado deliberadamente el término “noticias falsas”, por considerarlo inadecuado para reflejar los problemas complejos de la desinformación, cuyos contenidos pueden también combinar información ficticia con hechos reales.

El informe –elaborado en el primer trimestre del año– define la desinformación como información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promovida para obtener un beneficio (se entiende que económico) o para causar intencionadamente un perjuicio público. Aclaran que el campo de actuación no incluye la creación y difusión online de contenidos ilegales (difamación, discursos de odio, incitación a la violencia), que ya están regulados por normativa europea o de los Estados miembro. Tampoco contemplan la deliberada distorsión de hechos, sin ánimo de engañar, que se encuentra en variantes del humor, la sátira o la parodia.

Los autores de este informe advierten a la Comisión Europea contra soluciones simplistas y de corto plazo, por el contrario, apuestan por fortalecer gradualmente tanto a instituciones como a la propia sociedad contra la desinformación; y señalan directamente que se debe evitar cualquier tipo de censura de contenidos o canales (se reitera el respeto absoluto a la libertad de expresión, de prensa y de pensamiento).

Incluyen asimismo una serie de recomendaciones, como promover la alfabetización mediática (estudiantes, docentes, ciudadanos) a fin de contrarrestar la desinformación; desarrollar instrumentos que fortalezcan a usuarios y periodistas para hacer frente a la desinformación; o proteger la diversidad y la sostenibilidad de los medios informativos europeos. Lo anterior se podría resumir en que los especialistas consultados sugieren reaccionar con información de calidad a la desinformación, enseñar a jóvenes y adultos a interpretar un texto informativo, y proteger de alguna forma la pluralidad y calidad de los medios.

Asimismo, abogan por un código de principios que las plataformas en línea y las redes sociales deberían hacer suyo. Uno de los principios clave expuestos en el informe propugna que deberían, por ejemplo, garantizar la transparencia explicando cómo seleccionan sus algoritmos las noticias presentadas. En cooperación con los medios de información europeos, se les invita asimismo a adoptar medidas eficaces para mejorar la visibilidad de las noticias fiables y fidedignas y facilitar el acceso a ellas de los usuarios.

En relación con la consulta pública, siempre condicionada por las preguntas que se formulaban, las dos categorías en las que la mayoría de las respuestas considera probable que las noticias falsas perjudiquen a la sociedad son la desinformación intencionada para influir en las elecciones y en las políticas migratorias (por aquí anda la crisis de refugiados). En este apartado sorprende encontrar la seguridad como el sexto ámbito más amenazado, sobre nueve planteados.

Según la consulta pública, la opinión general es que la desinformación se propaga fácilmente a través de las redes sociales porque las noticias falsas apelan a las emociones del lector (88%), se difunden para orientar el debate público (84%) y están concebidas para generar ingresos (65%).

Los ciudadanos y profesionales que han participado voluntariamente en esta consulta expresan una clara preocupación por la censura que pudiera limitar la libertad de expresión, y apuestan por una mayor transparencia, la educación reglada y la alfabetización sobre medios. Entre estos últimos, los que menos noticias falsas difunden son los periódicos en papel, la radio y las agencias de noticias.

Por su parte, en la encuesta elaborada por la Comisión Europea, los ciudadanos consideran los medios de comunicación tradicionales como la fuente de noticias más fiable (radio 70%, televisión 66%, medios impresos 63%, el orden es significativo). Las fuentes de noticias en línea y los sitios web de alojamiento de vídeos son las que suscitan menos confianza. Es decir, si hablamos de información los medios de comunicación tradicionales reciben mayor confianza que las plataformas digitales donde todo circula, pero prima el entretenimiento.

En la encuesta aparece España como el país de la UE en donde el ciudadano más frecuentemente se encuentra con noticias falsas (la mitad, a diario) y destaca también como el Estado donde la gente muestra menos confianza para identificar estas informaciones falseadas (un 55% se siente capaz, frente al 71% de media europea).

Otro dato destacable de la encuesta es que los europeos consultados, a la pregunta de quién debería actuar para evitar la propagación de noticias falsas, señalan en primer lugar a los propios periodistas, seguidos de las autoridades públicas nacionales y, en tercer lugar, de las empresas de comunicación.

Nada radicalmente novedoso surge de esta iniciativa de la Comisión Europea y ahí está su mérito: destaca el esfuerzo en marcha y la sensatez en el tratamiento del tema, cuando a diario se publican piezas escandalosas sobre elecciones manipuladas a golpe de tuit, o cuando la propia OTAN y los ministerios de Defensa, probablemente ayunos de argumentos para justificar el presupuesto o su incremento, se han lanzado sobre este asunto de la desinformación como si se tratara de una amenaza nuclear.

El tema es bastante más serio que un misil intercontinental con carga atómica, afecta a la capacidad de razonar del ciudadano, y aún están por descubrir los medios militares con los que contrarrestar la desinformación. En esta ocasión la UE ha comenzado a desbrozar el camino con mucho más rigor del que la mayoría de políticos y medios muestran habitualmente con este tema.

 

Comisiones de la verdad, versión española

Carlos Penedo *

En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de Derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.

Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.

Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.

Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia. Sigue leyendo