Derecho de autodeterminación: ni derecho fundamental ni derecho moral

José Manuel Rodríguez Uribes

La Constitución de 1978 no reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos o territorios de España, tampoco de Cataluña. Esto lo saben los secesionistas catalanes y por eso se han inventado a marchas forzadas, contraviniendo de la forma más grosera la legalidad constitucional y estatutaria, una suerte de soberanía de origen que nunca han tenido.

Lo recuerdo porque aunque la historia no legitima nada (no existe la historia constituyente como nos recordaba Tomás y Valiente), los nacionalistas suelen apelar a ella. Pues la historia nos dice que Cataluña nunca fue soberana y que sólo desde 1978 (con la excepción de 1931 a 1936; después vino la tragedia) ha alcanzado un nivel de autogobierno equivalente al de muchos Estados democráticos del mundo. Es verdad que últimamente utilizan un argumento distinto, el del voluntarismo más burdo, un “porque yo lo quiero”, “porque lo queremos nosotros”, que es casi infantil. Sigue leyendo

Constitución y esteladas, la paradoja

Fernando Flores

Creo que vincular la afirmación, o la humillación, de una idea política al resultado de una competición deportiva es absurdo. Un absurdo normalizado, que sucede a cada rato, sobre todo cuando se trata de reforzar las identidades nacionales, sean éstas las que sean. Ahora bien, perseguir esa opción prohibiendo la exhibición de banderas en un campo de fútbol, sean éstas esteladas, republicanas o rastafaris, es absurdo, inconstitucional y, si me apuran, contraproducente.

Es absurdo porque el argumento para explicar la prohibición –evitar comportamientos violentos– carece de peso ante quienes no necesitan motivos para agredir. Quienes buscan bronca no necesitan que el contrario exhiba una bandera, con que se exhiba a sí mismo es suficiente. Si además porta una bandera independentista, la violencia les parecerá más jugosa, pero no más justificada.

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Es inconstitucional porque atenta contra las libertades públicas de las personas. Primero contra las libertades ideológica y de expresión. La gente tiene derecho a pensar lo que quiera, y desde luego a expresarlo públicamente. El límite de esa expresión debe estar claramente establecido por la ley, no en una interpretación sesgada y abierta de la norma por parte de la autoridad gubernativa. El racismo, la discriminación a la identidad sexual, o la incitación a la violencia y al odio justifican aquella limitación. De ninguna manera la hipotética reacción de quien se siente ofendido con la finalidad de reprimir la libertad de los demás.

La prohibición atenta, además, contra la libertad personal que nos protege contra cacheos y registros arbitrarios. Desde esta perspectiva la persecución de las banderas esteladas es, más allá de ridícula, desproporcionada e ineficaz. Que se asemeje a los controles para prevenir actos terroristas en realidad nos muestra que su verdadero objetivo es provocar temor y autocensura en aquellos aficionados que les gustaría llevarla.

En fin, puede ser contraproducente porque aunque las banderas se prohíban en el interior del estadio su exhibición en el exterior será libre, así que los hipotéticos problemas de orden público que la prohición trataría de evitar se pueden producir igualmente.

Así que la decisión de la Federación Española de Fútbol y la Delegada del Gobierno de Madrid de prohibir la exhibición de banderas independentistas –no oficiales pero no ilegales– no cumple ninguno de los requisitos exigidos para limitar los derechos de los ciudadanos: ni acata estrictamente el principio de legalidad, ni es eficaz, ni es necesaria e inevitable (puede obtenerse su objetivo de otras maneras), ni es proporcionada al daño que produce. Todo un logro.

En fin, resulta paradójico que sea precisamente la utilización de banderas esteladas la que justifique un ataque tan directo a los derechos y libertades que la Constitución española reconoce.

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Fotos: 1. Esteladas. 2. Muchachos jugando al fútbol en Tarfaya (F.Flores).

Crisis del sistema, refundación de los partidos

Pepe Reig

Todos los síntomas apuntan a una crisis de régimen. Se mire como se mire son los fundamentos de nuestra democracia lo que parece en cuestión: el pacto de transición, más allá de infantiles cuestionamientos ex post, no parece ya capaz de seguir dando aliento a la dinámica de las fuerzas sociales y políticas. De hecho las dos más importantes se alejan una de otra a velocidad constante en cuanto a la necesidad de reforma constitucional. Una va cayendo naturalmente del lado de la reforma, sin precisar aún su alcance,  mientras la otra se aferra a la intangibilidad de un texto que, en su origen, no había apoyado. Las demás fuerzas políticas, hace tiempo que proponen una revisión o, incluso, una nueva redacción a través de un período constituyente.

Los fundamentos económicos mismos de aquel pacto y del régimen que dio a luz, parecen hoy cuestionados. La estructura de intereses, la alianza básica de clases que había sostenido el franquismo, no fue alterada en la democracia y las modificaciones habidas después tan sólo han incrementado, como en todo el occidente, el peso relativo del capital financiero y la economía globalizada. Ese reparto no es cuestionado ya sólo por la izquierda de la izquierda. También desde la derecha, empeñada en aprovechar la crisis y la feliz circunstancia de su mayoría absoluta para producir una involución sin precedentes, se están minando las bases del consenso social de los últimos 30 años.

Transición

La estructura territorial y política del estado de las autonomías, que ha funcionado razonablemente bien durante años, se muestra ahora incapaz de acoger las demandas soberanistas y esto alimenta la tendencia a un sorpaso del independentismo sobre el nacionalismo prudente. El federalismo, que habría debido ser la salida honorable para el estado autonómico, parece no llegar a tiempo de definirse y definir reglas de juego aceptables, por lo que podría pasar a mejor vida.

El mismo sistema de partidos de nuestra democracia hace aguas por al menos dos lados: los partidos de gobierno estatales (crisis del bipartidismo) y los de las naciones periféricas (soberanismo).

Para hablar primero de lo segundo, habría que empezar por reconocer que la complejidad del desafío soberanista se incrementó con los errores y agravios gratuitos infringidos, por ejemplo, con la reforma del Estatut. Se dirá que el error fue de Zapatero por abrir un melón que el catalanismo reclamaba por tierra, mar y aire, pero a mí me da que peor fue la estrategia del otro partido estatal de abortar, con su recurso al Constitucional y las consiguientes triquiñuelas para asegurarse la mayoría en ese tribunal, la última operación de encaje de Catalunya en España. A esto, claro, hay que añadir la espiral de la crisis y los recortes antisociales que la derecha catalana, con permiso de ERC, supo derivar hacia el enemigo externo, desarticulando así en buena medida la potencia del movimiento ciudadano que más se había destacado en la lucha contra la austeridad. Es todo un ejemplo de aquel principio del judo consistente en aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio.

Pero volviendo al primer aspecto del sistema de partidos, es preciso hablar del bipartidismo, o sea, el final de la hegemonía del PSOE y del PP que parece ya irreversible. No es extraño que en medio de una crisis de régimen acabe por pasar a la historia el sistema de partidos que le ha dado sustento, pero la crisis del sistema es también la crisis de los partidos que lo componen.

La crisis del PSOE tiene raíces profundas que, a mi modo de ver, tienen que ver con las renuncias ideológicas de toda la era neoliberal, que le han hecho perder no sólo identidad sino comunicación con la ciudadanía más consciente y movilizada. Aquellas renuncias le inhabilitaron para entender la naturaleza profundamente clasista de la crisis que sobrevino en 2008 y las que se le encadenaron luego. La falta de teoría con que afrontar ese episodio clave puso al PSOE, como a toda la socialdemocracia europea, en manos de los mercados y sus propagandistas y, al aplicar las recetas que éstos señalaban, terminó de liquidar su identidad y sus bases sociales.

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La recomposición del PSOE pasa por una renovación profunda de su discurso y de su organización. Lo primero requiere rescatar el horizonte de emancipación, volver a colocar la igualdad en el centro de la política, para desarrollar una oposición muy frontal a los recortes y sus efectos. A fecha de hoy, significa abandonar el doble lenguaje de los pactos, que se ofrecen por responsabilidad pero sólo consiguen confundir a los perdedores de la crisis. Lo segundo requiere una revolución democrática interna que devuelva el poder a la militancia y la “simpatizancia” socialistas. Elección directa de líderes y primarias ciudadanas. Es decir, el proceso de reconstrucción que le vincularía con el tipo de ciudadanía activa y crítica que se encuentra hoy a la vanguardia. De haber tenido este trabajo hecho, el partido no tendría inconveniente ahora en liderar una moción de censura contra el lastrado presidente del Gobierno o en pedir elecciones anticipadas. El socialismo es un componente esencial de la izquierda y lo va a seguir siendo en un futuro próximo, pero ese futuro ya no va a contemplar la misma distribución de fuerzas que en el pasado. Las hegemonías, si se dan, irán por barrios y no estarán garantizadas para nadie. La izquierda siempre fue plural y aún lo será más. El PSOE puede renovarse o volverse residual, pero debería renunciar a la quimera de las hegemonías del pasado. Sin una profunda renovación del PSOE, se tardará mucho en lograr un contrapeso operativo a las políticas de derecha y eso la democracia no puede soportarlo, porque nuestra derecha racial, dejada a su libre albedrío puede “jibarizar” la democracia hasta volverla irreconocible.

Y qué hay de la derecha. ¿Puede ponerse al día nuestra democracia cuando el principal obstáculo para su reforma se encuentra en el partido del gobierno, cuya fuerza electoral se basa en la promesa contraria?

El Partido Popular tiene un suelo más sólido que ningún otro partido, demostrado a través de toda clase de escándalos y travesuras, pero su rapidísimo deterioro en las encuestas y los peligros que acechan al liderazgo hablan de una crisis profunda. Lo malo es que, en el estado de postración actual de la izquierda, no se vislumbran muchos estímulos para que las gentes sensatas de la derecha se planteen siquiera una renovación prudente.

¿Qué estímulos para el cambio va a haber en una organización que ha logrado cohesionarse con una combinación de sobresueldos, demagogia extremista para movilizar a los suyos y amenazas y castigo para quien se le oponga en el campo judicial o periodístico?

PP

Este es el partido que impediría hoy sin pestañear una salida democrática al problema catalán. Salida que no puede ser otra que la consulta de oficio, es decir, desde el gobierno central, con garantías y cautelas a la canadiense, para acabar de una vez con la anomalía de que el “derecho a decidir” siga confundiéndose con, y alimentando el, sentimiento independentista.

El partido que impide la dignificación de las víctimas del franquismo y la construcción de un relato inclusivo sobre los antecedentes de la democracia. El partido que acaba de suspender la Ley de Memoria Histórica, el partido que nunca completó su transición democrática, porque nunca se atrevió a desembarazarse simbólica y discursivamente de sus nexos con aquel régimen criminal.

El partido que ha convertido su tradicional reticencia al Estado del Bienestar en un ataque directo a sus fundamentos, a la universalidad de la sanidad, de la educación, de la dependencia, a la gratuidad de la justicia, al ejercicio de libertades ciudadanas elementales.

El partido que, pese a no haber apoyado en su día la Constitución, ha convertido su particular interpretación inmovilista de ella en el baluarte contra todo y contra todos.

El partido que no sólo ocupa las instituciones del Estado con voluntad de régimen, sino que no tuvo empacho en bloquear su funcionamiento en el Supremo, el Constitucional o el CGPJ, cuando no las controlaba. El partido que consigue apartar jueces incómodos de la carrera judicial, que logró esconder durante años su financiación ilegal y concurrió de modo ventajista a las elecciones.

El partido que agrupa con éxito todo el espectro de la derecha, desde la ultra y franquista hasta la moderada, desde la estatalista hasta la que se reclama liberal (con todas las cautelas para este término extraño entre nosotros), en una unidad inusual en nuestro entorno. Una unidad a la que sólo recientemente le ha salido un pero, el del jacobinismo de derechas de Rosa Díez.

El obstáculo que representa ese partido para que la libertad y la igualdad se conviertan en los ejes de la vida democrática, sólo se vería aliviado si el conservadurismo repartiera sus preferencias entre dos fuerzas políticas o, si el PP sufriera una suerte de refundación democrática que le desligara de su pasado más autoritario.

Ninguna de estas dos salidas parece apuntarse en el horizonte inmediato. El anclaje del PP en la mentalidad de este país es sólido, lo cual significa que nuestra cultura política, es decir, el conjunto de saberes y creencias de la población sobre el sistema político y sus instituciones, debe aún demasiado a los déficits de pedagogía democrática de aquella transición pactada. La transición permitió acceder a la democracia, pero al renunciar a esclarecer los crímenes del franquismo, debilitó sus fundamentos, precisamente en términos de cultura política, que es el lubricante que ahora nos falta.

La democracia requiere otra expresión política para la derecha, que resulte homologable en términos europeos, pero lamentablemente esto no es algo que las otras fuerzas políticas puedan resolver. Solo desde el interior de la propia derecha, pueden surgir las ideas y personas que refunden el partido. Descartado un proceso de “voladura controlada”, como el que aplicaron los democristianos y ex franquistas contra la UCD y que está, precisamente, en el origen del actual Partido Popular, no queda más que la “espera activa”. Entiendo por espera activa aquella forma de acción política que sí puede hacerse desde fuera, desde la izquierda política y, sobre todo, desde la sociedad civil: la crítica frontal, que desvele los mecanismos pre-democráticos del ejercicio del poder por el PP, el debate ideológico que desvele la persistencia del fondo simbólico franquista, y la movilización social que ponga en evidencia el entramado de intereses y privilegios que constituyen su núcleo sagrado.

Refundar la derecha es un objetivo demasiado quimérico hasta para sus mentores, cuanto más para quienes militamos en la izquierda, pero resulta imprescindible para que este país complete su transición. Lo malo es que ello exige una lucha en profundidad, una movilización democrática sin cuartel, sin pactos, sin tregua, para que sean sus propios votantes quienes acaben por exigirla.

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Derecho a decidir: contexto y pretexto

Por Javier De Lucas

El debate sobre el “derecho a decidir del pueblo de Catalunya», tal y como viene discutiéndose desde la Resolución 5/X del Parlament de Catalunya, adoptada el 23 de enero de 2013, parece cada vez más un campo minado. Y no sólo por la falta de claridad sobre las cuestiones realmente decisivas (el sujeto, el objetivo y el procedimiento de ejercicio del derecho a la autodeterminación), ni tampoco por la estrategia de vinculación entre derecho a decidir y derecho de autodeterminación, sino por lo que me permitiré denominar contexto y pretexto del debate. Sin perjuicio de entrar en otra ocasión en el planteamiento del derecho a decidir y del la autodeterminación (1), querría ahora ofrecer algunos argumentos que se situarían en lo que podríamos denominar “perspectiva sociológica de los derechos fundamentales” y que tocan sobre todo a la función que se les atribuye. Porque buena parte de los conflictos en torno a los derechos no reside en éstos en sí, sino en su utilización, esto es, en las razones por las que, para las que se alegan.

Si hablamos de funciones de los derechos y del Derecho mismo, como ha enseñado Ferrari, es preciso atender a las funciones manifiestas, pero también a lo que se denomina “funciones latentes” (2) de un proceso que se abre con la convocatoria de las elecciones de noviembre de 2012. Por eso, la primera pregunta es por qué ahora. Por qué plantear en este momento el derecho a decidir. Hay varias hipótesis. Algunos lo vinculan a un estallido de la conciencia nacional catalana que habría eclosionado en la diada de 2012. Otros lo explican en la clave de búsqueda de legitimación (en el sentido sociológico del término, es decir, de adhesión de hecho) para un Gobierno desgastado por su gestión de la crisis económica. Veamos esas propuestas de interpretación.

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