Guantánamo sigue ahí. Y se multiplica.

Javier De Lucas

Una de las razones por las que el mandato del Presidente Obama queda muy, muy lejos de las expectativas que había despertado, es su falta de voluntad clara –dejémonos de eufemismos- para cumplir con la promesa de cerrar los diferentes campos -hasta seis- de la base norteamericana de la bahía de Guantánamo, donde permanecen encerrados los prisioneros relacionados con la guerra contra el terrorismo y, en primer lugar con Al-Qaeda, desde la intervención norteamericana en Afganistan, sometidos a diferente grado y tipo de medidas coercitivas.

Por ejemplo, en el más duro, el Camp 6, con capacidad para 178 prisioneros, se les mantiene en celdas individuales de acero sin ventana alguna, durante 22 horas al día. Sabido es que se ha  denunciado y documentado a lo largo de estos años que, en todos esos campos se somete a quienes, desde el punto de vista jurídico internacional, son prisioneros de guerra (aunque los EEUU se nieguen a aceptarlo así y los considera “combatientes enemigos ilegales”), a torturas y malos tratos. Un régimen no sólo ajeno, sino contrario a la legalidad internacional, según han puesto de manifiesto Cruz Roja y diferentes ONG de derechos humanos.

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Fue el 11 de enero de 2002 cuando llegó el primer grupo de 20 prisioneros a la base norteamericana, bajo mandato del Presidente Bush y en una situación jurídica de estado de guerra en la que, Patriot Act mediante, se suspendieron garantías elementales de derechos, según ha sido denunciado, por ejemplo por la American Civil Liberties Union. En su momento más álgido esos campamentos albergaron a 750 prisioneros. Hoy son 151. En su primera campaña presidencial, ya en 2008, Obama (pero también MacCain) se comprometió a cerrar esos campos si era elegido Presidente. En enero de 2009 decretó el cierre por un año, pero en 2009 y 2010 el Congreso rehusó el uso de fondos públicos para trasladar a los presos desde Guantánamo a territorio de los EEUU.

Sólo ha habido un juicio civil a un prisionero de Guantánamo: es el caso del tanzano  Ahmehd Ghailiani, absuelto de 284 de los 285 cargos imputados, entre ellos del de terrorismo, aunque considerado culpable de conspirar para destruir con explosivos propiedades estadounidenses. Sólo 67 presos han sido extraditados a alguno de los 16 países que aceptaron acogerlos. Las peripecias jurídicas que suponen negación de principios elementales han sido analizadas por Richard Wilson, profesor del Center for human Rights and humanitarian Law del College of Law (American University, Washington) en su  “Defending the Detainees at Guantanamo Bay”, Human Rights Brief, 12, nº 3 (2005). Quien esté interesado, puede encontrar una detallada cronología y documentación en el sitio que la web del New York Times dedica a los campos de Guantánamo o en la web del Center for Justice and International Law de Washington.

Con motivo de este triste aniversario, me referiré sólo a algunos de los hitos más recientes de esta historia negra, a lo largo del pasado año de 2013.

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Conviene recordar que en el mes de abril de 2013, ante la pregunta del corresponsal de CBS, en rueda de prensa oficial en la Casa Blanca, el presidente Obama, tras afirmar que “Guántanamo ya no era necesario“, reafirmó su voluntad de cerrarlo, aunque lamentó las obstrucciones planteadas por el Congreso.

En junio de 2013, por primera vez, se hizo pública una lista de 46 prisioneros a los que se retiene con carácter indefinido, sin acusación ni juicio, so pretexto de que son extremadamente peligrosos –entre ellos, Mahmoud Al Mujahid–  para ser liberados, aunque no haya elementos para llevarles a juicio (¿!).

En noviembre de 2013, tras la escalada de huelgas de hambre de prisioneros encerrados en Guntánamo, 25 ONGs se dirigieron a Obama para exigirle el cierre. Poco después, en el mismo mes de noviembre de 2013, tras reunirse con los dos enviados especiales del Departamento de Estado (Clifford Sloan) y del Pentágono (Paul Lewis volvió a hacer pública su “decisión” de cerrar esos campos y trasladar a los prisioneros a territorio de los EEUU, así como transferir a otros a países terceros.

Lo cierto es que esta última medida resulta particularmente polémica por cuanto no pocas de esas transferencias de prisión presentadas como repatriaciones, lo son contra la voluntad de los prisioneros (como en el caso de los prisioneros Djamel Ameziane y Belkacem Bensayah, trasladados a Argelia, contra su voluntad,  el 6 de diciembre de 2013; otros prisioneros saudíes y somalíes fueron también repatriados en idénticas condiciones), pero es que, aún peor, algunos son transferidos a cárceles en países terceros sin su consentimiento, como tres de los 11 prisioneros chinos de etnia iugur, transferidos a Eslovaquia el 10 de enero de 2014). A día de hoy, 15 de enero de 2014, los campos siguen ahí.

Pero cerrar Guantánamo no acaba con ese infierno, y digo infierno porque no es un limbo, salvo por la ausencia de control de los principios básicos del Estado de derecho. Según el testimonio de Zachary Katznelson, director del gabinete jurídico de la ONG Reprieve, que ha defendido a treinta de los encarcelados en Guantánamo, los EEUU tienen más de 16000 presos en todo el mundo en cárceles en Iraq, Afganistán (la muy conocida prisión de Bagram), Turquía, etc. (Puede consultarse también el libro de conversaciones editado por Nadim Mahoub The Guantanamo Files: The Stories of 744 Detainees in American’s illegal Prison, Plutopo Press, 2009, que reúne los testimonios de Andy Worthington, Moazzam Beg y Zachary Ktznelson .

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Y los europeos no podemos sacar pecho frente a esta ignominia. De un lado, con la sola excepción de la Sra Merkel en su primera visita oficial a los EEUU, ningún dirigente europeo (incluido en esta misma semana el presidente Rajoy) ha sido capaz de denunciar lo inaceptable ante la propia administración norteamericana. Pero la UE, además de colaborar a esta vergüenza –desde luego, no sólo por omisión-, tiene sus propios Guantánamos. Porque en punto a desprecio de los derechos humanos y de las obligaciones jurídicas internacionales, nada tienen que envidiar los 400 CIEs que mantiene en funcionamiento en el territorio de los 28, de los países candidatos a la entrada, de los que se benefician de la política de vecindad y de los que simple y llanamente hacen negocio con esta lacra. Así lo ha denunciado y documentado Migreurop, la ONG más importante en la UE en lo que se refiere a políticas de asilo e inmigración, que surgió precisamente a finales de 2000, en el Forum Social Europeo celebrado en Florencia, como una red europea para denunciar esa Europa de camps, expresión con la que muy intencionadamente se trataba de llamar la atención sobre la analogía con las más funestas experiencias de campos de concentración, como los de Argelés, imposibles de olvidar en la memoria de los republicanos españoles.

Migreurop ha desarrollado en la última década investigaciones, iniciativas populares y propuestas críticas en este ámbito. Por ejemplo, su campaña Open Access Now, en 2011, reclamando transparencia y acceso a los centros de internamiento de extranjeros en la UE, o el proyecto Dynamic mapping of detention of migrants, conectado con el AntiAtlas of Borders Project. Todo ello ha confluido en la iniciativa denominada Close the Camps, que se puso en marcha en 2011 y se ha presentado en diciembre de 2013 en el marco de las European Campaigns against the Administrative Detention of Migrants, que forma parte de las European Alternatives (EA Migration Area/EA Detention Programme). La iniciativa reúne una dimensión de análisis con la propuesta crítica, pues persigue una cartografía de los 393 campos de internamiento –Centros de internamiento en la terminología jurídica española. Esa cartografía, a su vez,  trata de poner de relieve el carácter central de esos centros en una política de auténtica guerra contra los inmigrantes (cfr a ese respecto su emblemático Manifiesto). El número de casi 400 campos reúne a los centros que existen en los 28 Estados de la UE, los Estados candidatos a la asociación, los que forman parte de la política de vecindad (European Neighbourhood Policy, ENP) y otros Estados que participan de esas políticas. Cerremos los CIE. Cerremos Guantánamo y todos los Guantánamos. Un buen propósito para 2014.

Los derechos en España también son derechos humanos

Patricia Goicoechea y Lydia Vicente

La situación de los derechos humanos en España en 2013 ha llamado la atención de varias organizaciones internacionales de las que nuestro país es miembro. El Relator Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia visitó España en enero. En junio fue el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y, unos días después, llegaba la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que aprovechó la celebración en Madrid del Congreso Mundial contra la pena de muerte para informarse de primera mano de la situación en España. A finales de septiembre, vinieron en misión oficial el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y una delegación de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

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El objetivo de estas visitas era comprobar el grado de protección de los derechos humanos en España y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos. Es necesario recordar que nuestro país forma parte de la Comunidad Internacional, es miembro de la ONU, Estado parte del Consejo de Europa y uno de los fundadores de la OSCE, lo cual implica el deber de cumplir con las obligaciones y compromisos que le corresponden. Es cierto que España ha ratificado la mayor parte de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Pero este es sólo el primer paso y, quizás, el más fácil de asumir. Ser miembro del sistema internacional de protección de los derechos humanos implica, sobre todo, adecuar las normas y prácticas internas a esos convenios o tratados internacionales para garantizar que las personas puedan beneficiarse de los derechos reconocidos. También significa informar de forma honesta y veraz a los órganos constituidos por comités de expertos, encargados de supervisar la aplicación del tratado en cuestión, sobre los progresos y dificultades a la hora de aplicarlos. Tales comités, así como otros procedimientos especiales del sistema –como Relatores y Grupos de Trabajo– emiten recomendaciones para ayudar y guiar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones.

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa visitó Madrid y Sevilla a fin de evaluar el impacto que la crisis y las medidas de austeridad están teniendo sobre los derechos de los ciudadanos. En su Informe, publicado el día 9 de octubre, se incluyen varias conclusiones y recomendaciones a las autoridades. Merece destacarse que en este informe se reitera una protección insuficiente de los derechos humanos en nuestro país, en particular respecto del derecho a la libertad de reunión y de la impunidad de los funcionarios de policía que cometen malos tratos o torturas. A este respecto, señala el Comisario que

“los malos tratos por los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la impunidad de la que dichos miembros gozan es una cuestión de derechos humanos sumamente inquietante y de larga data en España”.

Subraya el informe que

“en una serie de casos llevados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité contra la tortura de Naciones Unidas se ha concluido que España ha incumplido las normas de derechos humanos que prohíben la tortura”.

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Precisamente, en mayo de este mismo año, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa hizo públicos dos informes sobre visitas realizadas a España en 2011 y 2012. El Comité ponía de relieve las mismas trabas encontradas en años anteriores para acceder a algunos centros y, en particular, expresaba preocupación por lo poco o nada que se había hechoen relación con ciertas recomendaciones clave hechas en informes previos”.

Ante la preocupación sobre la posible existencia de vulneraciones al derecho a la libertad de reunión, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE solicitó permiso a las autoridades españolas para enviar una misión de observadores internacionales, con ocasión de la manifestación que tuvo lugar en Madrid el pasado 28 de septiembre. Estas misiones de observación tienen por finalidad comprobar cómo se protege el derecho a la libertad de reunión en los países miembros de la OSCE, identificar posibles restricciones al ejercicio de este derecho y, en su caso, emitir recomendaciones a los estados. Cuando los seis miembros de la delegación se encontraban ya en Madrid, apenas veinticuatro horas antes de que comenzara la manifestación y tras haber obtenido previamente permiso de las autoridades españolas, el Ministerio de Asuntos Exteriores les comunicó que el Gobierno había cambiado de opinión y ya no deseaba que realizasen sus labores de observación. El Director de ODIHR emitió un contundente comunicado expresando su decepción y sorpresa por esta decisión de último minuto. En efecto, es decepcionante y muy preocupante. El compromiso estatal con la defensa de los derechos humanos supone proteger el ejercicio de los mismos, pero también aceptar que las organizaciones a las que el estado pertenece puedan vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, informar sobre ello y, en su caso, realizar las observaciones que consideren apropiadas.

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Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha examinado las principales iniciativas y políticas respecto de las desapariciones forzadas o involuntarias de personas y, en concreto, las cuestiones relativas a la justicia, verdad y reparación. Tras su visita, el Grupo puso de relieve que si bien ha habido avances, éstos han sido gracias principalmente a iniciativas de familiares de las víctimas o de la sociedad civil, y que el “Estado debería asumir su responsabilidad para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado comprensiva, coherente y permanente”. El Grupo ha resaltado que “es lamentable la situación de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura. No hay ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada” por lo que también instó a “priva[r] de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales.” Igual de contundente ha sido el Comité contra la Desaparición Forzada tras examinar en noviembre el informe de España, al

“exhorta[r] a[l Estado español a] que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”.

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Inquietantes son también las conclusiones a las que ha llegado el Relator de Naciones Unidas sobre Racismo tras su visita a España. Tras poner de manifiesto que la crisis económica ha causado el retroceso de los avances en relación con los derechos humanos de los migrantes, señala que “la legislación que ha restringido su acceso a la sanidad es una novedad lamentable”. Es la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) la que supone, para el Relator, el mayor reto en materia de derechos humanos, dada la ausencia de criterios objetivos respecto de las condiciones de quienes están allí internados, de asistencia sanitaria o de la asistencia letrada. Asimismo, por lo que respecta a las denuncias por malos tratos sufridos por internos, el Relator recomienda que se instaure un sistema de acceso periódico a estos centros por parte de actores independientes, como las ONG de derechos humanos.

La responsabilidad fundamental en la protección de los derechos humanos la tienen las instituciones y poderes del Estado, pues los tratados internacionales contienen obligaciones que son jurídicamente vinculantes para ellos. Este es el punto de partida y el de llegada. Los estados son los que pueden y deben crear los mecanismos y llevar a cabo las reformas necesarias para cumplir con dichas obligaciones. Y, en el cumplimiento de este objetivo, es de gran importancia la asistencia de las recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales. En el recordatorio al gobierno sobre la indisponibilidad de los derechos fundamentales tiene un papel importantísimo no sólo tales recomendaciones sino las aportaciones de la sociedad civil. Así nos lo dijo la Alta Comisionada de la ONU este verano, quien aseguró priorizar el trabajo con las ONG para que éstas recuperen los espacios que les han sido recortados en la esfera política.

Tetek (I): La zona gris

José Miguel Sánchez

Se abre la puerta del Centro de Internamiento de Extranjero (CIE). Un subsahariano, alto y delgado, la franquea. Es la tercera vez que repite este ritual. Siempre la misma canción. Es detenido cerca de la sede de la asociación de los sin papeles. Quizá en el entorno de ese centro cívico okupado. Ahí recibe el consejo jurídico de los compañeros voluntarios o las clases de español para posibilitar su integración. Algo de lo que cualquier estamento público hace mucho que se ha desentendido. En una ocasión, incluso, cuando esperaba en la cola del comedor comunitario de Caritas. Está en situación irregular en España.

No me detengo a contarles su experiencia migratoria. Algún día lo haré. Tiene verdadero pánico a que se conozca la verdad por la que salió del Camerún. Pobre Tetek. Después de lo que le hemos hecho sufrir en este país. Piensa que ni le entenderíamos. No cambiaría ni el peor de los tratos recibidos en España por lo que le esperaría si retorna. Le admiro. Te mira a los ojos. Sabe que conozco su historia. Me repite: “si llegaras sólo a sospechar lo que sufrió ella en nuestro viaje hasta el norte de Marruecos”. Siempre para ahí. Se le inunda la mirada y se le caen unas lágrimas. Sólo lo he visto llorar en las ocasiones en que intenta hablar de “ella”. No sé quien es “ella”. Intuyo que ya no puedo hacer nada. Nunca insisto. Su recuerdo es lo que le ha dado fuerzas para continuar contra toda adversidad.

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Llegó hace ocho años a España. Era menor de edad. Eso fue otra desgracia para él. Recuérdenme que también se lo cuente. Tetek ha puesto a prueba mis más sesudos conocimientos del derecho. Años de estudios jurídicos, de doctorado, de práctica profesional, de imbuirme de la normativa sobre inmigración en España. De poco sirvieron cuando hubo que enfrentarlos a la reacción del Estado español. ¡Joder que crueldad! Nunca vi tanto ensañamiento. Ingeniería jurídica estatal en toda su pureza. Se le aplicaban interpretaciones normativas imposibles con una naturalidad que sonrojaría a los juristas más ineptos. Todos los estamentos estaban alineados. Su objetivo: no dejar ni un solo resquicio de trato humanitario. Eran tiempos de Gobierno del señor Zapatero. El Ministro del Interior era el señor Rubalcaba y su Secretario de Estado para la Seguridad el señor Camacho. No esperaba que se pusieran a la cabeza de la defensa de los derechos de los migrantes. Sobre lo que hicieron o permitieron hacer a las fuerzas policiales, prefiero no recordarlo ahora. Pecados de acción y/u omisión que nunca les perdonaré. Nada quiero decir. Qué impotencia.

Tetek está saliendo del CIE. Pampa es el único que le espera. Ninguno de sus compañeros se hubiera atrevido a acercarse tanto a la sede de la Brigada Provincial de Documentación y Fronteras de Madrid. Todos están en situación irregular. Pampa es harina de otro costal. Compañero, compañero del alma, compañero. Ya tiene la nacionalidad española. Para él era más fácil. Es argentino. Un superviviente. De esos que en la patera se hubieran tirado al agua sin pestañear a socorrer a un compañero. Se hubiera ahogado. El mar lo escupiría vivo. Es de esos compañeros que necesita toda persona que ya ha perdido la fe en el ser humano. Al menos, a mi me la hizo recuperar. No es mi amigo en el sentido fuerte. No dudaría en poner mi vida en sus manos. Gracias compañero, compañero del alma, compañero.

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Tetek está en la calle por tercera vez. Es la tercera vez que el Estado español se ha visto en la imposibilidad jurídica de expulsarlo a su país de origen. Otra vez. Se ha renunciado a ejecutar una decisión firme de retorno. ¿Cuál es la situación jurídica en que queda Tetek? No se lo van a creer. Bueno, sí, sí lo van a creer. Ya son muchos los años de contacto con la Administración española, de todo signo, para saber que aquí nunca se resuelve nada. Efectivamente. Tetek queda en la calle en la misma situación jurídica en la que entró. La situación de estancia irregular en España le llevó al CIE para ejecutar una expulsión, sustitutiva de una sanción de multa de trecientos euros. Pasó sesenta días dentro del CIE para que el Estado pudiera hacer efectiva esa sanción de expulsión. El retorno no se vio impedido por Tetek. Se limitó a esperar en el CIE. El Estado fue el único responsable de la inejecución. Salió de su internamiento en la misma condición de irregularidad migratoria. Imagínense: nos condenan a unos años de prisión para purgar la comisión de un delito. Tras salir de la cárcel ahí sigue la deuda con la sociedad, esperándonos en la puerta del centro penitenciario. Peor aún. Comete una infracción de tráfico. Después de pagar sus cien euros de sanción, eternamente llega un requerimiento para que siga pagando esos cien euros. Ni Sísifo, con la necesidad eterna de empujar la piedra por la ladera, fue sometido a tal agravio sin fin.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx), con sus sucesivas reformas, no ha establecido ninguna previsión al respecto sobre la situación de Tetek y los otros muchos Tetek anónimos. Tampoco el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la LOEx lo ha previsto. En su Título quinto (arts. 123 a 146) se regula la residencia por circunstancias excepcionales. Entre esas circunstancias no se hace mención alguna a los supuestos de los inmigrantes extracomunitarios con estancia irregular en España que hayan abonado la sanción de multa o los que, tras la imposición de una sanción de expulsión, haya prescrito o su ejecución haya sido renunciada por la Administración por imposibilidad jurídica o material de hacerla efectiva.

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Esta omisión normativa consagra una “zona gris”. Es una situación de silencio. Es la penumbra de la existencia de inmigrantes en situación de estancia irregular que el Estado no puede expulsar. Tampoco les quiere otorgar un permiso de residencia y trabajo. Son personas sometidas a un régimen de alegalidad migratoria. La omisión no ha sido involuntaria. Diversos informes fueron presentados durante la tramitación del Reglamento de la LOEx. Ni caso. Esta “zona gris” viene siendo asumida en España con normalidad como una consecuencia de la imposibilidad de ejecución de la legislación de extranjería.

El Derecho de la Unión Europea es tajante al respecto. No caben estas “zonas grises” en las legislaciones nacionales. A los inmigrantes extracomunitarios a los que se les impone una sanción de expulsión: o se los expulsa o se los regulariza. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en su Sentencia de 22 de octubre de 2009 (asuntos acumulados C-261 y C-348/08, María Julia Zurita García contra la Delegación del Gobierno en Murcia y Aurelio Choque Cabrera contra Delegación del Gobierno en Murcia) que ni el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen ni el entonces vigente Reglamento (CE) núm. 562/2006, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece el Código de Fronteras Schengen, “debe interpretarse en el sentido de que, cuando un nacional de un tercer país se encuentra en situación irregular en el territorio de un Estado miembro porque no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos relativos a la duración de la estancia aplicables en él, dicho Estado miembro no está obligado a adoptar contra él una resolución de expulsión”. Las dudas expresadas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia fueron categóricamente respondidas. La normativa europea no exigía a los Estados miembros la sanción de expulsión frente a cualquier situación de irregularidad migratoria en su territorio. Declaraba que la normativa española, que ha optado por sancionar con pena de multa la infracción administrativa de estancia irregular en España, es plenamente compatible con la normativa de la Unión Europea.

El art. 57.1 LOEx establece que “podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español (…)”. Es preciso analizar, por tanto, en los casos en que se pague la sanción de multa o ésta se sustituya por una decisión de expulsión, cuál es la previsión de la Unión Europea con quienes ya ha pagado la multa o aquellos en que la decisión de expulsión no pudiera ser ejecutada. La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular regula en su artículo 6 la decisión de retorno. Su apartado primero habilita la adopción de estas decisiones de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio. El apartado cuarto también hace especial incidencia en que “los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo (…)”.

Una apresurada lectura hace pensar que ambas regulaciones están desconectadas. Están recogidas en el mismo artículo correspondiente a la decisión de retorno. Ello impone una interpretación sistemática. La conclusión es que el Estado miembro, ante la situación de irregularidad en su territorio de un nacional de un tercer país, debe optar entre proceder a su expulsión o proceder a su regularización. Esta interpretación es la normalmente asumida por la Comisión Europea. El 18 de marzo de 2010, el Eurodiputado don Ramón Tremosa i Balcells dirigió a la Comisión Europea una pregunta escrita prioritaria [P7_QP(2010)1687] sobre la “Inscripción en el padrón municipal de los ciudadanos extracomunitarios y la Directiva 2008/115/CEE”. Interrogó sobre la conformidad a la normativa comunitaria de la actitud de las administraciones locales de no comprobar la situación de legalidad o ilegalidad de la residencia de los nacionales extracomunitarios a los que proceda a inscribir en los padrones municipales. La pregunta fue respondida por la Comisaria europea de Interior, doña Cecilia Malmström, el 7 de abril de 2010.

UN 10 % DE VALENCIANOS ABOGA POR EXPULSAR A TODOS LOS INMIGRANTES IRREGULARES

Su respuesta tuvo un importante eco en los medios de comunicación españoles. Los responsables políticos y los medios de comunicación hicieron especial incidencia en la primera parte de la respuesta. Se señalaba la posibilidad prevista en el art. 6.1 de la Directiva 2008/115/CE de “(…) expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio”. La respuesta de la Comisaria contenía una segunda parte. Expresamente mencionaba que “[i]nmediatamente después, en el artículo 6, apartado 4, de esa Directiva, se aclara que los Estados miembros pueden, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo. En este caso no se expedirá ninguna decisión de retorno o, de haberse expedido ya, se retirará”. Esta parte de la respuesta evidenciaba que la posición de la Comisión europea, en apreciación del derecho comunitario todavía vigente, es que sólo quedan dos opciones: se ejecuta la decisión de retorno o se regulariza.

La respuesta de la comisaria Malmström es inequívoca al respecto. Incide en que la imposición de esta alternativa en el derecho comunitario era conscientemente buscada. Concluye que “(…) fue propuesta por la Comisión y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo con el fin de reducir las «zonas grises», evitar la explotación de las personas en situación irregular y mejorar la seguridad jurídica de todas las partes implicadas”. Además, la respuesta, lejos de ser una apreciación abstracta, contiene una apelación directa a las autoridades españolas, al señalar su falta de libertad para optar por cualquier otra alternativa que no sea la de ejecutar la expulsión o “(…) poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio”.

La respuesta finalizaba con un recordatorio de la mayor importancia. “Los Estados miembros han de incorporar la Directiva 2008/115/CE a sus legislaciones nacionales antes del 24 de diciembre de 2010. La Comisión no está en situación de tomar medidas formales con respecto al cumplimiento de esa Directiva antes de tal fecha, pero incita a todos los Estados miembros, incluida España, a velar por el cumplimiento de las normas fijadas en la Directiva tan pronto como sea posible”. Muy atrás ha quedado la fecha del 24 de diciembre de 2010. Ninguna regulación ha desarrollado el Estado español sobre el particular. Poca voluntad política tuvo el Gobierno del señor Zapatero. Menos la tiene el del señor Rajoy. Ocupado está en otros menesteres. La Comisión de la Unión Europea esta llamada a informar antes de finales del año dos mil trece sobre el cumplimiento en la transposición y aplicación de esta Directiva.

No espero mucho. Tetek espera menos. Creo que este año ha conseguido nuevamente hacer la campaña de la fruta en Girona. No tiene permiso de trabajo. No tiene permiso de residencia. A su patrono poco le importa. Bueno. Sí le importa. Prefiere esta mano de obra. Son buena gente. Buenos trabajadores. Con ellos no hay problemas. El Estado lo sabe. Calla. Consiente.

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