Diez motivos para el cierre de los CIE (II)

Paco Solans

(Continúa el post de ayer: Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

6.- Sesgo social.

Todas las reformas que se han implementado para que el internamiento en un CIE no fuera una norma general, sino para racionalizarla, han derivado en un indudable e innegable sesgo social. Si hablamos de no internar a quienes tienen arraigo en el país, debemos darnos cuenta que estamos consagrando el internamiento de quienes no tienen como atribuible ese concepto tan difuso. Dicho a lo bruto y para entendernos: se interna más a los pobres, por ser pobres, que a los que tengan algo de dinero (no hablaré de ricos, pues en el contexto de nuestras leyes, éstos tienen alfombra roja para entrar o salir o residir). Si de las cárceles de cualquier país civilizado se critica con mucha razón el que haya un alto índice de ocupación de un “extracto social bajo”, o sea, de pobres, no veo por qué no se deba criticar igual de los CIE y se asuma acríticamente ese sesgo.

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Otro aspecto de este mismo efecto aparece cuando se insiste en el carácter delincuencial de los que son internados, falsedad que no por repetirse más veces va a ser más cierta. Si a los que se interna son delincuentes ¿por qué no están en la cárcel, como los demás?. No será que estamos calificando de delincuentes a quienes nos parece, en la estela de la vieja y aciaga ley de vagos y maleantes. Basta rascar un poco y los supuestos antecedentes de todos sólo son de algunos, y no son penales sino esa entelequia antidemocrática llamada “antecedentes policiales”, y muchos de ellos son acusaciones sin fundamento sobreseídas… Sigue leyendo

Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

Paco Solans

Cuando un debate se estanca, se anquilosa, y con pocas variaciones, como un oleaje perenne, se repite insistentemente cada cierto tiempo, denota la existencia de un problema estructural que probablemente no se está sabiendo afrontar por alguna o por todas las partes. La existencia de los CIE, por un lado quienes aducen su necesidad o conveniencia y adecuación a nuestro ordenamiento jurídico frente a quienes rechazan de plano su existencia misma, resulta uno de estos debates que desde 1985, fecha de entrada en vigor de la vieja Ley de Extranjería que los creó, sigue esas pautas.

Desde las primeras actuaciones al respecto por parte del Defensor del Pueblo, el primer informe que yo conozca elaborado por la sociedad civil data de más de 20 años, de 1994, y tuve el dudoso honor de haberlo elaborado con la colaboración de unos cuantos compañeros del Colegio de Abogados de Valencia. Tras él han venido muchos otros, y lamentablemente, la situación no ha variado en lo sustancial, evidenciándose sólo – y en honor a la verdad – una serie de parches y reformas, importantes pero a la postre anecdóticas, que sospecho no tenían otra intención que hacer soportable lo insoportable. La experiencia de todos estos años me ha hecho decantarme cada vez más por la opinión de que es un problema cuya única solución es radical, es decir, su cierre, pero entiendo que ante las muchas demagógicas opiniones vertidas estos días al respecto, y no pocas mentiras descaradas, conviene aclarar los términos y los motivos para tal postura. Expondré los mismos con una muy discutible y abierta gradación en importancia de menor a mayor: Sigue leyendo