La Sentencia: aspectos cuestionables

Joan Carles Carbonell

1.Es frecuente que los Tribunales, especialmente cuando la declaración de hechos probados o su calificación jurídica no es pacífica, lleguen a acuerdos sobre el fallo antes de redactar la Sentencia, alterando así en mayor o menor medida el procedimiento cronológico de afirmar los hechos primero, calificarlo jurídicamente después y absolver o condenar a las penas correspondientes a los acusados finalmente y como consecuencia de la aplicación de las normas. Que eso ha pasado en la Sentencia del Procés ofrece pocas dudas. Si, además, consideramos la alta probabilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la consideración de los miembros de la Sala de que una unanimidad da más fuerza a la decisión por lo que debían evitarse los votos particulares, todavía resulta más indiciario el método seguido. Y eso se nota y mucho en la estructura de la Sentencia, en la redacción de los hechos, en la calificación jurídica de los mismos y en el fallo a las condenas como consecuencia de todo ello. El Tribunal, por otra parte, no podía independizarse -si se me permite tal expresión- de la significación política e histórica de su decisión. Se ha dicho que ésta era la sentencia más importante de la Democracia española después de la del 23-F. En mi opinión, la trascendencia de ésta supera con creces la de la que condenó por rebelión militar la toma del Congreso y el despliegue de tanques por las calles de València. Entonces la crispación política estaba completamente superada, y nadie con un mínimo de sentido iba a discutir la condena a las penas más graves a los principales acusados. La Sentencia, en fin, no iba a tener mayor repercusión política que la completa superación de una triste etapa de la Historia de España. Nada que ver con la significación del presente pronunciamiento judicial. Y los Magistrados han sido perfectamente conscientes de ello.

2.No es posible, en el espacio de una columna, analizar técnicamente los múltiples aspectos de la Sentencia. Eso queda para los trabajos que, con el suficiente tiempo y espacio, contengan estudios en profundidad. El presente comentario se limitará, por ello, a destacar lo que, a mi juicio, resulta más llamativo y alcanza mayor significación.

Y, en ese sentido llama ciertamente la atención que el juicio de tipicidad; esto es, el análisis de la calificación empiece en el folio 253, tras la proclamación de los Hechos Probados que comienza, por cierto, por la publicación en el BOGC de las conocidas como Leyes de Desconexión y de Referéndum, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y que se detienen especialmente en los acontecimientos ocurridos ante la Conselleria de Economía el 20 de ese mismo mes y, por supuesto, en la celebración del Referéndum declarado ilegal el 1 de octubre. Tal descripción da paso a casi doscientos folios dedicados a responder las cuestiones de vulneración de derechos fundamentales planteadas por las defensas. Son rechazadas con especial cuidado y argumentación jurídica. Pese a eso; pese a que, sin duda, serán con toda probabilidad objeto central de recurso ante el Tribunal Constitucional y, sobre todo, el Europeo de Derechos Humanos, no me parece que constituyan un aspecto nuclear del pronunciamiento. Quizá haya sido el empecinamiento de la Sala en separar en el tiempo la celebración de las pruebas testifical y documental el que mayor relevancia haya podido tener: así, no resultaba fácil ponderar el grado de fiabilidad o, si se prefiere, veracidad de la declaración de cientos de testigos cuyas afirmaciones habrían sido fácil e instantáneamente contrastables de haberse visionado los soportes que registraban los hechos declarados, tales como las actuaciones de unos y de otros en las jornadas clave del 20 de septiembre y del 1 de octubre.

También son importantes las cuestiones planteadas en torno a la eventual vulneración del derecho al juez imparcial predeterminado por la Ley, especialmente la de la competencia del propio Tribunal, que éste termina resolviendo de manera ciertamente curiosa: la adquisición de la condición de parlamentarios por algunos de los acusados, que vino seguida de su anulación por el propio Tribunal. No creo necesario dedicar espacio a la negación del “derecho a decidir”, no porque no se trate de cuestión importante sino antes el contrario porque constituye la razón última de todos los acontecimientos y porque parece evidente su no inclusión en el Derecho español. Ni, por su obviedad, a la vulneración del derecho a la libertad y a la presunción de inocencia que ha supuesto la situación durante dos años a la prisión provisional.

3.Mucha mayor atención merecen, en este momento y en mi opinión, los juicios de tipicidad y de autoría. La Sala rechaza la acusación por rebelión y por organización criminal -ésta formulada por una acusación popular cuya presencia merecería un comentario específico y que bien podría dar lugar a su cuestionamiento ante un Tribunal internacional-.

Los hechos no son constitutivos de un delito de rebelión. Y ello porque no puede afirmarse la presencia de la violencia, que constituye un elemento esencial del tipo. La Sala no acepta, pues, los argumentos de la querella que construyó el Fiscal De la Maza y que han defendido de manera  frenética los representantes de la Fiscalía del Estado. Se afirma; eso sí, la concurrencia de diversos actos de violencia física y, sobre todo, compulsiva en distintos hechos que han tenido lugar durante los acontecimientos que han acompañado los hechos juzgados. Y se hace especial mención, otra vez, de los del 20 de septiembre de 2017: Se trataba de movilizaciones que desbordaron los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y que crearon el ambiente coactivo e intimidatorio necesario para obligar a la Policía Judicial a desistir del traslado de los detenidos al lugar en que iba a practicarse, por orden judicial, la entrada y registro. La necesidad de una protección física de los funcionarios comisionados por el Juez de instrucción núm. 13 de Barcelona, asumida en el caso de los incidentes ante la Consejería de Economía por los Mossos, es un hecho acreditado. Pero, se afirma a continuación: La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes.

El Tribunal formula, por otra parte, unas consideraciones muy importantes en torno a la potencialidad efectiva de los hechos para lesionar o, al menos, crear un riesgo relevante para el bien jurídico, que no es otro que la Constitución; potencialidad que niega tajantemente: Bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata ejecutividad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los acusados. Y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Comunidad Autónoma de Cataluña. (…)Pese al despliegue retórico de quienes fueron acusados, es lo cierto que, desde la perspectiva de hecho, la inviabilidad de los actos concebidos para hacer realidad la prometida independencia era manifiesta.

La rebelión es, dogmáticamente, un delito de consumación anticipada y de peligro. Eso debe excluir de su ámbito de aplicación conductas, como las juzgadas, que carecían de la necesaria relevancia para suponer un riesgo real para el bien jurídico. No se daba, pues, la exigencia fundamental del tipo objetivo.

Probablemente resulte más sorprendente la negación por parte de la Sala del tipo subjetivo: por la falta de una voluntad efectiva de hacer realidad alguno de los fines establecidos por el art. 472 del C.P. (…).Los procesados   al mismo tiempo que presentaban el referéndum del día 1 de octubre como expresión del genuino e irrenunciable ejercicio del derecho de autodeterminación, explicaban que, en realidad, lo que querían era una negociación directa con el Gobierno del Estado. Se induce, por tanto, de lo afirmado que todas las actuaciones juzgadas tenían como finalidad reforzar la posición del Govern de Catalunya en una hipotética negociación directa con el Gobierno del Estado.

4.De los argumentos utilizados por el Tribunal para negar la calificación jurídica de rebelión, además de la ausencia de la necesaria violencia estructural, es preciso destacar la escasa trascendencia que parece dar a los hechos para romper la unidad de España y derogar la vigencia de la Constitución en una parte del territorio nacional. Por si fuera poco, ni siquiera era esa la intención de los acusados. Todo iba dirigido a lograr una negociación con el Gobierno del Estado español.

Los hechos, sin embargo, son constitutivos, de acuerdo con la Sentencia, de un delito de sedición. Para realizar tal afirmación, el Tribunal modifica por completo; al menos en mi opinión, su forma de razonar. Se parte de la base de que “ambos preceptos -rebelión y sedición- se encuentran en una relación de subsidiariedad expresa, recogida en la propia definición contenida en el art. 544. Ello le permite, haciendo descansar además su opinión en propuestas doctrinales y, sobre todo, en la posición sistemática de ambos preceptos, afirmar que la aparente insignificancia de los hechos para afectar a la Constitución no impide que sean considerados relevantes para afectar al bien jurídico tutelado por la sedición: el orden público, que se vería afectado a través de un “movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales”.

En mi opinión no es convincente que la diferente posición sistemática y la distinta rúbrica de ambas figuras convierta la sedición en un delito tan sustancialmente distinto de la rebelión que permita reducirlo a un delito contra el orden público: es decir, a una especie de desórdenes públicos cualificados. Las penas que prevé van desde uno -en el caso de que la sedición no haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública- a quince años, si el autor es autoridad. De ahí deben inducirse al menos dos reflexiones: el abanico penal es vastísimo y no puede ser aplicado sin una atención muy afinada a la trascendencia real de las conductas; es más, no resiste un análisis desde el punto de vista de la proporcionalidad: con mucho menos margen, el Tribunal Constitucional anuló la condena a la Mesa de HB precisamente porque el tipo que se les aplicó no ponderaba la gravedad de los hechos para determinar la pena, lo que consideró contrario al principio de proporcionalidad. Y, en segundo lugar, el tipo exige que, aunque no haya violencia, se produzca un alzamiento  público y tumultuario. Y justo ahí reside la especial trascendencia de la figura.

El Tribunal, lejos de considerar ahora que las conductas carecen de relevancia para afectar al sistema constitucional, centra su atención en el impedimento a la aplicación de las leyes y al ejercicio de las funciones. Y, claro, aquí van a adquirir especial trascendencia unos hechos que están lejos de ocupar un lugar preferente en el proceso independentista y a los que, desde el primer momento, se les ha otorgado una relevancia, a mi juicio, absolutamente desproporcionada: los que tuvieron lugar el 20 de septiembre ante la Conselleria de Educación: se resalta que la Letrada del Juzgado de Instrucción 13 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tuvo que abandonar el lugar por una vía ciertamente extraordinaria, si bien había podido desempeñar su función. Probablemente haya sido éste el único acto aparentemente violento de todo el proceso. Pero no resulta en modo alguno acreditado que fuera subsiguiente a un alzamiento público y tumultuario. Y aun en el supuesto de que se pudiera admitir la concurrencia de tal requisito típico no aparece manifiesta, en ningún caso, la intervención de todos los acusados, más allá de la presencia física de Cuixart y Sánchez -que pidieron la disolución de la manifestación- y la posterior llegada de Junqueras a la Conselleria de la que era titular.

Con todo, son los hechos que más nos acercan a una sedición. De ahí que hayan adquirido un protagonismo en el relato muy superior al que les corresponde en la cadena de acontecimientos del proceso independista. El Tribunal extiende la responsabilidad a todos los acusados en virtud de la admisión de un concierto de voluntades que comprendería éste y el resto de acontecimientos. El fundamental sería, en buena lógica, el de la celebración, el 1 de octubre, del referéndum ilegal. Que se produjo después de todo tipo de advertencias del Tribunal Constitucional y, por supuesto, del Gobierno de España. Pero, de nuevo, habríamos de preguntarnos, por el carácter púbico y tumultuario de un alzamiento que básicamente consistió en esperar y oponerse a la intervención policial que pretendió impedir la votación, y a ser, por cierto, destinatarios directos de, ahora sí, una violencia física desmedida. Y por la intervención de todos los acusados.

El Tribunal relata, con precisión, las diferentes conductas de cada uno de los acusados llevadas a cabo con la intención de sustituir la legalidad española por la de la autodenominada República Catalana. Y las penas que impone, por sedición, en buena medida son proporcionales a la relevancia de las mismas. De ahí, por ejemplo, la gravedad de la condena de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pues debió no admitir a trámite las leyes de desconexión y referéndum, así como numerosos actos parlamentarios: su intervención, fundamentalmente omisiva, fue, por ello, decisiva, lo que justifica, a decir de la Sala, 11 años de prisión. Eso parece poco discutible. Sin embargo, sí lo es la concurrencia en estos supuestos del alzamiento público y tumultuario. ¿Puede una decisión de la Mesa del Parlament ser así calificada? Por mucho que, en bastantes ocasiones, las sesiones del Parlament se hayan alejado en gran medida del debate pacífico, no parece serio vincular su dirección con el tumulto.

Por todo eso debió justificarse mejor la aplicación de la sedición a todos los acusados. Muchos de los supuestos relatados como hechos probados encontrarían mejor acomodo en otros preceptos como la desobediencia -si se quiere contumaz- o la usurpación de competencias -si bien por ésta no venían acusados-. Y de la coherencia del Tribunal con los argumentos empleados para el rechazo de la rebelión, que comparto, podría haberse desprendido la consecuencia de considerar el tipo atenuado de sedición. No parece suficiente la afirmación de que el bien jurídico tutelado por ambas figuras es completamente distinto, porque ello es discutible y porque unas conductas que pretenden sólo mejorar la posición para forzar una negociación con el Gobierno del Estado, aunque en realidad aparenten sustituir una legalidad por otra y supongan la organización de una consulta -conducta que siendo en su día constitutiva de delito, fue destipificada- puedan conllevar penas tan graves.

5.La Sentencia me parece, por fin, técnicamente impecable por lo que hace a la consideración de los delitos de malversación, en concurso medial con la sedición, y de desobediencia. Así como la desestimación del período de seguridad en la ejecución de la pena, en virtud del cual, los condenados no podrían alcanzar el tercer grado penitenciario hasta el efectivo cumplimiento de la mitad de la privación de libertad. El argumento es impecable: el fundamento de tal medida es evitar la reiteración en el delito, y tal reiteración resulta incompatible con la pena de inhabilitación absoluta que les ha sido impuesta.

6.En resumen: la Sentencia es, pese a aspectos aquí señalados, técnicamente correcta, aunque debería haber argumentado, en caso de que fuera posible, su opción por la sedición y por la imposición de penas de tanta duración sin haber hecho uso de preceptos del Código que las habrían reducido. Y me parece endeble la acreditación de la intervención de todos los condenados en un alzamiento público y tumultuario. Tampoco resultan coherentes las fundamentaciones que rechazan la rebelión en virtud de la insignificancia para el sistema constitucional de las mismas conductas que determinan una gravedad suficiente para justificar panas tan graves por sedición. Como tampoco lo es que se niegue la primera por ausencia de violencia estructural y se afirme la segunda en virtud de la concurrencia en todos los casos de un alzamiento público y tumultuario. Y me parece digna de cuestionamiento la constitucionalidad de la figura de sedición, al menos en su vigente regulación, porque permite -incluso obliga a ello- la imposición de penas absolutamente desproporcionadas a hechos de relevancia discutible. En otro lugar he expresado mi opinión que me parece pertinente reiterar aquí: el Derecho penal es la peor de las soluciones para los conflictos políticos. Y negar la realidad conduce inexorablemente a ser devorado por ella.

Violación en Manada

Juan Carlos Carbonell

La reciente Sentencia sobre el que ha dado en denominarse, por el apodo adoptado por el grupo de autores, “Caso Manada” ha sido recibida como un auténtico escándalo y ha generado una contestación masiva, tanto por el voto particular que viene a retrotraernos a tiempos no tan remotos en que cualquier mujer era sospechosa por el mero hecho de serlo y en que la culpabilización de la víctima de un delito sexual era casi automática –no en vano la mujer era poco más que una “cosa” propiedad del padre primero y del marido después-, cuanto por el contenido de la condena cuya calificación jurídica convierte en abusos sexuales continuados once penetraciones de todo tipo: vaginal, anal y bucal, practicadas sobre una única mujer, en un patio oscuro y a las tres de la madrugada del día de San Fermín, en Pamplona. Sigue leyendo

Caso Rita Maestre: ¿la fiscal también puede ofender?

Fernando Flores

Si a la fiscal Morando se le aplicase la Ley con el rigor subjetivo con que defiende la condena penal a la concejal Rita Maestre, podemos estar seguros de que en breve ella misma sería objeto de sanción por una “falta grave de desconsideración a los ciudadanos” (art.63.3 EOMF). La causa: el contenido del Escrito con el que impugna la apelación contra la sentencia que condenó a Maestre por los sucesos de la capilla de la complutense.

La fiscal es severa en su apreciación con lo que ocurrió aquel día. A su modo de ver, la protesta no puede de ninguna manera defenderse como pacífica, porque los manifestantes “irrumpieron” en el templo católico y “empujaron” al capellán que estaba en la puerta. Y hubo delito de profanación (art.524 CP) porque no hubo respeto, sino, a través de un acto de cierta entidad y magnitud, “ánimo de ofender, molestar y ridiculizar” a los católicos allí presentes, elemento subjetivo necesario para aplicar el tipo.

En su argumentación, discutible (véase el post de Ana Valero) pero bien razonada, la fiscal opta por una severidad que no se aplica a sí misma, lo que no parece lógico ni justo. Amparándose en una pretendida “literalidad” de lo que las manifestantes llevaban pintadas en sus cuerpos (“putas, libres, lesbianas, bolleras”), Morando afirma que “las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres o bolleras o lo que quieran ser”, descontextualizando irónicamente (¿o deberíamos pensar que con ánimo de ofender?) un mensaje que en la manifestación tiene un sentido muy diferente al que se refleja en el Escrito.

Más aún, la fiscal considera que es necesario incorporar al texto de su impugnación consideraciones subjetivas sobre el comportamiento de las manifestantes:

“Es un ejercicio lamentable que grupos universitarios pretendidamente liberales y progresistas quieran imponer sus ideas y sus pretensiones por la fuerza. Y es un ejercicio de cinismo pretender amparar esa conducta en el ejercicio de la libertad de expresión”.

Y sobre los argumentos del abogado:

“Resultan infantiles y lamentables las observaciones que realiza el recurrente al respecto de si no se actúa con contundencia ante delitos de odio. La fiscalía actúa siempre en defensa de la legalidad cuando le llega la ‘noticia críminis’ y es bochornoso que haya que recordárselo al recurrente”.

En mi opinión, tanto aquella mención (llamar a las manifestantes “señoritas” que alardean de ser putas) como este rapapolvo paternalista están fuera de lugar, pues no añaden nada a una posición –discutible pero absolutamente legítima– que podía argumentarse sin ellas. Son, claramente (si aceptamos el rigor que gusta a la fiscal), una desconsideración grave con las ciudadanas que se manifestaron, con la concejal Maestre y con el abogado.

No se trata de un tema menor. El Escrito de Morando también tiene “cierta entidad o magnitud” (elemento a tener en cuenta a la hora de valorar su contenido), pues el de Maestre es un caso público muy notorio. Por ello, y siguiendo el mismo argumento que la fiscal aplica a la concejal, no se puede decir que ella (la fiscal) no sepa cuál es la repercusión que dicho Escrito va a tener (como al parecer Maestre no podía desconocer las repercusiones de lo que hacía en la capilla). No en vano también Morando “es persona física, universitaria y por tanto con cultura suficiente” para entender lo que ha escrito, su intención y lo que el EOMF prevé cuando existe una falta de consideración con el ciudadano. Como es su caso.

En fin, como dice Jesús Maraña, nos ahorraríamos todas estas disquisiciones si dejase de prevalecer un concepto parcial de libertad de expresión que nos hace cada vez más pequeños como Estado Democrático de Derecho.

Gerrit Dou. Astronomer by Candlelight ca. 1665

Ilustración: Gerrit Dou. Astronomer by Candlelight, 1665.

Rita Maestre no ha vulnerado la libertad religiosa

Ana Valero

La concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha sido condenada a pagar 4.320 € (12 euros diarios durante 12 meses) por ofender los sentimientos religiosos, como consecuencia de haber participado en el año 2011 en una protesta pacífica en la capilla de la Universidad Complutense.

Para dicha condena la Jueza ha aplicado el artículo 524 del Código Penal, cuyo bien jurídico tutelado son los sentimientos religiosos, pero no la libertad religiosa de las personas ni de las comunidades en las que se insertan.

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Desde el año 2006 el Consejo de Europa (Resolución 1510) viene reiterando que ni el insulto religioso ni la blasfemia deberían establecerse como delito en los Estados europeos, siempre que no concurra el elemento de la incitación al odio; y que la libertad de expresión, regulada en el artículo 10 del CEDH, no debe ser restringida para proteger las sensibilidades de algunos grupos religiosos.

A pesar de que el legislador español no ha incorporado la posición del Consejo de Europa en la legislación penal, debe quedar claro que la tipificación penal de la “ofensa a los sentimientos religiosos” no trata de proteger ningún derecho humano ni, más concretamente, el derecho de libertad religiosa protegido por nuestra Constitución en el artículo 16. Sigue leyendo

Sin esperanza y sin desaliento

Fernando Flores

Me fascina la facilidad que tiene el ciudadano español para desenfundar el Código Penal en cuanto se siente ofendido. Si apoyado en el muy poco apreciado principio de proporcionalidad le argumentas que quizás la acción que le ha incomodado sea ciertamente fea, deplorable, de mal gusto o discutible, pero que sancionarla como corresponde a un delito es matar moscas a cañonazos (imagen que suele traernos a la mente a la pobre mosca esquivando un proyectil descomunal, pero que también debería alertarnos sobre el destrozo que la bala produce en los alrededores), téngase la seguridad de que el interpelado no se va dar por aludido. Al contrario, con amargura o desdén (según carácter) insistirá en el profundo daño (normalmente moral) que se le ha infligido y del que, a la vista de la pena que reclama para el agresor, nunca se va a recuperar.

Creo que es conveniente reiterar –sin esperanza y sin desaliento– que esta actitud, generalizada en la derecha (esta misma semana el ministro del interior ha relacionado el declarar persona “non grata” a Rajoy con un delito del odio) pero con no pocos entusiastas seguidores en la izquierda, es una barbaridad. Una barbaridad que no es que no conduzca a ningún sitio, es que conduce a un sitio al que mejor no llegar. Sigue leyendo

Disolver el PP: teoría y práctica

Fernando Flores

Con la que está cayendo, no extraña en absoluto que algunas voces reclamen la ilegalización del Partido Popular. Hace unos meses, cuando se destaparon los entresijos más abyectos del Caso Bárcenas, ya se propuso esa petición en Change.org, y ahora, coincidiendo con los escándalos de corrupción que están apareciendo estos días, notoriamente en territorio valenciano, han arreciado las opiniones a favor de declarar al partido conservador como “organización criminal”.

Más allá de la indignación y el desasosiego que produce constatar que el saqueo de las arcas públicas por no pocos cargos populares ha sido formidable, y anotados los brindis al sol de quienes reclaman públicamente y “a pelo” la declaración del PP como organización criminal, tiene interés saber si tiene sentido (jurídico) la solicitud de que, a la vista de los incontables casos de criminalidad que les afectan (y que de paso afectan a los ciudadanos), el partido en el Gobierno de España sea disuelto. Sigue leyendo

Gallardón, la revolución ‘abortada’

Pepe Reig Cruañes

Este hombre fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo, máxima distinción en materia de justicia, por el mismo Gobierno que le dejó caer y justo antes de anular otra de sus reformas estrella, la del “tasazo”. Lo de este hombre es proverbial … y meteórico: desde las más altas cumbres de aprecio público (era el ministro mejor valorado al empezar, con un 3,54) hasta el profundo abismo de la impopularidad (1,87 en septiembre de 2014).

1

El trato deferente del grupo Prisa le había granjeado un sello de transversalidad que le hacía tan tratable para la izquierda, como sospechoso para la derecha. Esa transversalidad “construida”, sin embargo, se evaporó como perfume barato en cuanto tocó poder ministerial. A partir de ese momento le pudo su vieja hiperactividad de alcalde y su mística conservadora, tanto tiempo escondida. Le pudo eso o quizá la oportunidad de encumbrarse entre los suyos por una vez. La batería de reformas que anunció en su estreno merece el nombre de revolución, otra cosa es que muchas de sus grandes ideas hayan acabado en la papelera de reciclaje.

Si nos atenemos a su encendido discurso de toma de posesión se trataba nada menos que de esto:

2.

Si hubiera que definir las líneas de fondo de semejante programa habría que empezar por el aroma clasista y privatizador de muchas de sus iniciativas. No se trata sólo de las tasas y su disolvente efecto sobre la igualdad en el acceso a la justicia, sino también de la tendencia a poner en manos privadas responsabilidades crecientes del sistema público. Notarios, Registradores y procuradores han visto incrementar su participación en el pastel de la economía judicial y lo agradecieron convirtiéndose en (casi) los únicos apoyos públicos con que han contado las iniciativas de Gallardón. La reforma que cede a los registradores y notarios el negocio de bodas, nacimientos y defunciones mereció un varapalo del Consejo de Estado que tildó de “inconstitucional” y “oscura” la intentona, aunque no hay noticias de que se haya detenido. Otra de sus inclinaciones es estirar el concepto de profesionalización de la justicia hasta condenar –así lo hizo en la presentación de su programa ministerial- como inconstitucional el nombramiento parlamentario del órgano de Gobierno de los jueces. Finalmente, el sesgo religioso de su conservadurismo social se tenía que reflejar en iniciativas que socavan libertades individuales, como las referidas al aborto y la prisión permanente. El “plumero místico” se le ha visto a Gallardón en expresiones osadas que no parecen provenir de ningún acervo jurídico o político, sino de algún recoveco de su bachiller jesuítico o de su paso por el CEU. Un hombre que asegura que “gobernar es repartir dolor”, seguro que bebe más en el pietismo barroco que en la mesura clásica.

3

Para ver en detalle la cronología de la «legislatura Gallardón» (el lector puede verla y hacer zoom sobre cada detalle para expandirlo) pulsar AQUÍ.

Tasas sin tasa

Aprobada en solitario por el PP y rechazada por todos los grupos parlamentarios, sectores profesionales, sindicatos, consumidores, abogados, fiscales y jueces, la Ley de Tasas (Ley 10/2012), es la historia de un fracaso. Cinco recursos al TC y varias cuestiones de inconstitucionalidad, o sea que la había recurrido “hasta el Tato”, que diría Rajoy. No así la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que no podía hacerle eso a su amigo, pero le dijo que hiciera alguna rebaja y mantuviera la gratuidad para los menores. Tuvo que rebajarla a los dos meses y ahora su sustituto, Rafael Catalá, la acaba de anular de facto (y solo en parte), al excluir a las personas físicas del pago de tasas judiciales. (Para seguir todo lo relativo a este tema puede verse el blog de Verónica del Carpio).

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Gallardón había intentado justificar su “tasazo” (800€ por recurrir en apelación y 1200 en casación) con una de sus acostumbradas fintas jesuíticas: la tasas se destinarían a financiar la justicia gratuita. Nadie ha sido capaz, sin embargo, de aclarar el destino de los 500 millones recaudados (ni siquiera la cantidad es segura). La otra razón que adujo tampoco sale bien parada. Si se trataba de reducir la litigiosidad, incluso haciendo como que no vemos el sesgo social de esa disuasión económica, es preciso reconocer que algo se redujo en 2013, como venía ocurriendo desde el principio de la crisis, pero también que volvió a subir en 2014, especialmente en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo, donde más había bajado al primer impacto del “tasazo”. Y eso tanto si contemplamos el número de nuevos asuntos ingresados a los juzgados, como si miramos la tasa por mil habitantes o el número de asuntos por juez. Como disuasorio del presunto “abuso en el acceso” no pudo ser más decepcionante.

Poder judicial de ida y vuelta

La otra gran apuesta del ministro de justicia era una tarea pendiente casi desde tiempos del rey Wamba, la reforma del poder judicial. La estrategia fue ir por partes, primero aspectos laborales de los jueces, luego competencias y elección de su gobierno, limitación de la justicia universal y, finalmente, la Ley Orgánica. Es una forma de eludir el verdadero control legislativo.

El cambio en la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial era una promesa electoral, y la calificación como inconstitucional de la elección parlamentaria fue uno de los titulares que se desprendía de aquella primera intervención del ministro en que anunció su (contra)revolución. No pudo ser. Ni siquiera la ya limitada propuesta de que 12 de los 20 miembros de CGPJ fueran elegidos por y entre los propios jueces. Tampoco la división entre aquellos con dedicación exclusiva o sin ella, introducida por Gallardón en su Ley Orgánica 4/2013 de reforma del Consejo. El proyecto final de Ley Orgánica del Poder Judicial, ya con Gallardón en barbecho, reducirá el número de los “exclusivos” y anulará de facto la diferencia entre unos y otros. También la eliminación de los “jueces estrella” y su sustitución por un tribunal de tres ha quedado descafeinada, y el proyecto sólo reorganiza las normas de reparto y permite la especialización de los jueces. Pero el cambio más llamativo, por ser el asunto que más protestas había desatado, es el intento de prohibir que jueces y asociaciones judiciales puedan valorar públicamente casos abiertos, (ver post aquí) y que el CGPJ pueda impedir a un medio de comunicación informar sobre el trabajo de un juez que pudiera ver “perturbada” su independencia judicial. De ese empeño del ministro Gallardón no queda nada en el proyecto final. Como tampoco de la anunciada Ley de Demarcación y Planta, que había de reestructurar las sedes judiciales: desapareció sin dejar rastro a fines del 2013. En poco menos de tres años hemos llegado… al principio.

Código Penal, con pena y sin gloria

Algo más de éxito, a lo que se ve, parece haber tenido el ministro Gallardón en lo penal. La ambición aquí era también crecida y los resultados menguados, pero concretos. El intento de Código Procesal Penal , donde ya planteaba la “instrucción fiscal” y suprimía la acusación popular, desapareció sin llegar al Congreso, aunque sus ideas se subrogaron en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. La intervención de las telecomunicaciones fue considerada inconstitucional por el CGPJ. La instrucción por los fiscales es otro caso claro de reforma de ida y vuelta, ya que Gallardón rectificó la oposición cerrada del PP a esta medida y la asumió como propia, pero el ministro que le sucede en el cargo rectifica la rectificación y deja caer la propuesta del Proyecto presentado finalmente en febrero 2015.

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Del cambio de modelo punitivo de la Ley Orgánica 1/2015 que modifica el Código Penal, (agravamiento de penas y desaparición de faltas) se ha dicho que parece blando con los delitos económicos y duro con la protesta social. Por ejemplo prevé un delito de coacción a la huelga que pone los pelos de punta. También incorpora la llamada “prisión permanente revisable”, lo que ya le ha valido un recurso al Constitucional, una llamada de atención del CGPJ y multitud de protestas de colectivos judiciales y ciudadanos. La indudable vocación de perpetuidad del ministro Gallardón, habrá sufrido aquí una decepción al retirarse del texto definitivo toda referencia a las medidas de seguridad de carácter indefinido, que el Anteproyecto preveía para personas con trastornos mentales que hubieran cometido algún delito. Una suerte de cadena perpetua con base en suposiciones sobre la “peligrosidad” del enfermo, que había levantado protestas en el mundo sanitario.

Justicia universal, pero mucho menos

Este debe ser uno de los pocos logros netos del Ministro Gallardón, ya que su Ley Orgánica 1/2014 que modifica la L.O. 6/1985 del Poder Judicial sobre Justicia Universal, sigue vigente, para alegría de las autoridades chinas (ver post de Javier de Lucas aquí) que instaron, según cree saberse, el cambio legislativo. Esta reforma nos saca de la locomotora del derecho internacional para dejarnos en el vagón de cola. Se hizo sin consenso parlamentario, ni apoyo de la opinión pública, y se tramitó como una Proposición de Ley del Grupo Popular (no como Proyecto, que es la vía gubernativa) para eludir los informes del Consejo Fiscal, CGPJ y Consejo de Estado. Está recurrida al Constitucional y aún podría deparar sorpresas.

Aborto y final

Con la reforma del aborto el ministro Gallardón se empleó a fondo, sin reservas. Ahí brilló todo su entusiasmo redentor y su mística conservadora. Con esta reforma, destinada a privar a las mujeres del derecho a decidir sobre su cuerpo, en nombre de principios y creencias de una estricta minoría religiosa, el ministro destapó el tarro de las esencias. “La libertad de la maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres” ya que, en su criterio, existe una “violencia estructural” que obliga a abortar. Conclusión: vuelta al sistema de supuestos.

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La iniciativa empezó a naufragar frente a la enorme ola de protestas que suscitó, pero la puntilla se la dio el propio presidente del Gobierno cuando calculó el desgaste electoral que le iba a suponer en un año tan cargado como el 2015. La reforma se abandonó y el ministro, coherentemente, dimitió. De aquella cruzada sólo quedó la exigencia de consentimiento paterno en menores de 16 y 17 años, que se llevará por vía de Proposición de Ley Orgánica del Grupo Popular, como en la Justicia Universal y por los mismos motivos, para eludir los informes preceptivos. Será un único articulo en la Ley de Autonomía del Paciente.

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Fuese y no hubo nada, que diría aquel. El plan Gallardón hacía agua mucho antes de lo del aborto, porque con tanta mayoría absoluta y tanta inspiración, se entendía mal con las realidades del mundo.

Ya se sabe que las revoluciones, aunque sean conservadoras, no pueden pararse, porque ahí se pierden. Ésta de Gallardón empezó con ímpetu de caballo, pero se detuvo con firmeza de asno en cuanto tropezó con la pluralidad de la vida. Aún nos colarán lo que puedan de ella pero, de momento, esa revolución acabó en aborto.

Prisión permanente revisable: Reforma o contrarreforma

Diego Blazquez 

Ayer El País titulaba “Salto hacia atrás” su editorial sobre la aprobación por el Congreso de los Diputados de la denominada pena de privación de libertad permanente revisable.

En mi opinión es algo mucho más grave. Y es que a pesar del carácter simbólico (o no) que pudiera tener esta decisión legislativa, estamos ante la destrucción del espíritu y la cultura constitucional del 78. Precisamente por ese carácter simbólico (o no) creo que ayer se ha culminado un proceso de contrarreforma frente a lo que fue el espíritu humanista, democrático y social de la Constitución del 78. Sigue leyendo

Charlie es libertad de expresión, no incitación al odio

Ana Valero

Lo sucedido en París el pasado 7 de enero nos debe conducir a plantearnos, una vez manifestado nuestro profundo dolor, indignación y solidaridad con las víctimas de la brutalidad cometida contra la Revista satírica Charlie Hebdo, si deben aplicarse límites a la libertad de expresión cuando ésta vulnera las creencias o los sentimientos religiosos de otras personas o comunidades. Y mi respuesta es un rotundo no, pero vayamos por partes.

El Consejo de Europa aprobó, poco después de la publicación de las viñetas de Mahoma en el periódico danés Jyllands-Poste, en el año 2006, una Resolución en la que afirmaba que la libertad de expresión, tal y como está protegida en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no debe ceder ni un ápice ante las exigencias derivadas de las crecientes sensibilidades de ciertos grupos religiosos. Ahora bien, la incitación al odio o el hate speech contra un determinado grupo religioso no es compatible con los derechos fundamentales y las libertades garantizadas en el Convenio. Lo cual exige, para determinar adecuadamente el ámbito de protección de la libertad religiosa, una graduación de las injerencias que en ella pueden producirse.

Con dicho fin, el Consejo de Europa en el año 2007, a través de su Recomendación 1805, estableció una importante distinción entre “blasfemia”, “insultos religiosos” y “discurso del odio contra las personas por razón de su religión”. Sigue leyendo

Ejemplarizante

Fernando Flores

Me pregunto si, en un Estado de Derecho, la finalidad de un ataque a (de una intromisión en) las libertades públicas de los ciudadanos por parte de los poderes públicos puede ser “la búsqueda de la ejemplaridad”.

En relación con la reacción ofensiva y violenta de algunas personas en las redes sociales tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, desde el Ministerio del Interior se afirma:

“Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que las redes sociales son una isla en la que atacar, insultar, calumniar, defender la violencia o desear la muerte a alguien desde el anonimato sale gratis».

Imaginemos ahora que el Ministerio del Interior, a la vista de que el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas ha llegado a tener imputado a un 20% de sus miembros, ordena a la policía a investigar la vida privada de todos –todos– los diputados y diputadas de ese Grupo. Justificándolo así:

“Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que los parlamentos son una isla en la que robar, falsear documentos, traficar influencias, prevaricar, desviar fondos, enriquecerse a costa del erario público, sale gratis».

Ejemplarizante, ¿no?

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Al parecer, para el Gobierno del Partido Popular cualquier cosa es ejemplarizante menos aplicar la Constitución. Sin embargo, lo exigible en sociedades democráticas es que para justificar acciones como las que propone el Ministro del Interior contra los tuiteros se apliquen muy rigurosamente criterios como la previsión legal, el fin legítimo, y la proporcionalidad respecto de las libertades afectadas… Pero lo de la ejemplaridad es nuevo, y de paso inconstitucional.

La ejemplaridad no es un fin legítimo. El fin legítimo puede ser salvaguardar el derecho del injuriado, pero “dar ejemplo”, mostrar que hacer las cosas mal “no sale gratis”, no es un fin legítimo en Derecho. Por lo demás, la ejemplaridad no está prevista por la ley, y es obvio que su aplicación, además de arbitraria (¿es que puedo desear públicamente que muera un etarra, pero no que muera un político, o que pase a mejor vida Justin Bieber?) choca frontalmente con el principio de proporcionalidad que exige la intromisión del Estado en mi privacidad y en mi libertad de expresión.

Resulta obvio que este Gobierno defiende la represión selectiva. Ésta recae sobre las personas que ponen en cuestión sus políticas, y sobre los ámbitos en que ese cuestionamiento circula de forma más libre. Así, para el Gobierno son ejemplarizantes las cargas policiales contra los ciudadanos que se manifiestan, para dar ejemplo y que vean lo que les pasaría si emularan las acciones violentas de unos pocos. Y lo son las monitorizaciones masivas de nuestros correos electrónicos y comunicaciones, para que, encontrado el terrorista, sepamos que si nos aficionamos a enaltecerlo tenemos los días contados.

Cuando era pequeño, en el colegio tuve un profesor que al entrar en clase dejaba sobre la mesa una vara de madera de medio metro. Una vara reluciente con los bordes afilados. Con ella pegaba en los nudillos de las manos a quienes hablaban con los compañeros, aunque fuera para pedir el sacapuntas. Teníamos seis años y la clase era un cementerio. Ejemplarizante. Creo que el Ministro del Interior –el Gobierno del Partido Popular- considera a los ciudadanos, o niños o delincuentes; o niños delincuentes. En suma, enemigos en potencia. Desde esta perspectiva la represión no consiste solo en reaccionar contra una acción presuntamente ilegal o delictiva, sino atemorizar al conjunto de individuos para que la autocensura obre por sí sola. No cabe duda de que resulta mucho más fácil gobernar los cementerios.

Interior

En estos días se han escrito varios artículos que explican muy bien, y desde distintas perspectivas, el porqué la iniciativa ejemplarizante del Ministerio no tiene cobertura legal, vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un despropósito político. Por ejemplo, Jesús Maraña en infoLibre, Isabel Elbal en Contrapoder, o José Antonio Marina en El Mundo, argumentan muy razonablemente sobre la hipocresía del Gobierno, sobre los límites rigurosos que le impone el ordenamiento jurídico, así como sobre la conveniencia de no echar mano de la policía y el Código Penal cuando la respuesta a los excesos debe venir desde la educación y la presión social.

Sin embargo, ningún argumento, por ejemplar que sea, va a torcer la posición reaccionaria de un partido y un Gobierno que, en materia de derechos, tiene las cosas claras. Cada vez es más fuerte en mí la convicción de que la que debería ser ejemplarizante, nuestra Constitución (y “esta Constitución” no es sólo una norma, es un pacto político de la Comunidad que se cumple o no se cumple), ya no nos protege, ni siquiera mínimamente, contra los actos autoritarios y violadores de derechos de quienes nos gobiernan. Lo demás, viene por añadidura.