#SinJusticia

Rights International Spain lanza hoy una campaña dirigida a informar sobre la agenda de  reformas del Gobierno que restringen derechos y  libertades y reducen las  garantías de los  ciudadanos ante la Justicia. La intención de esta campaña es mostrar las conexiones entre las diferentes reformas (Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Justicia Gratuita, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Tasas ya en vigor) del gobierno como parte de un solo plan para dejarnos #SinJusticia

Esta es su presentación

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de nosotros impedirlo.

Frente a una sociedad civil que manifiesta de forma activa su rechazo a las políticas de recortes del Gobierno, éste, en lugar de atender a las demandas de la ciudadanía, se protege aplicando una agenda de reformas que restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia. No son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo plan para dejarnos #SinJusticia.
En Rights International Spain (RIS) creemos que es necesario conocer y denunciar esta situación. Por eso os proponemos una campaña informativa en la que podréis encontrar material elaborado por RIS con la intención de que cualquier persona, desde un ciudadano de a pie a juristas expertos, pueda usarlo para informarse e informar a otros sobre las siguientes reformas del gobierno.

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Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana: el Gobierno quiere reformar la “Ley Corcuera”, en vigor desde 1992. La reforma actual ya ha sido calificada como “ley anti-protesta” y “ley mordaza” porque en ella se sancionan actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión.

Reforma del Código Penal: la reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno es muy criticable. Primero, porque no es necesario en este momento reformar precisamente el Código Penal; segundo, porque las modificaciones que incluye la reforma tendrán por consecuencia restringir derechos de la ciudadanía; tercero, porque aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son.

Tasas judiciales: parece que al Gobierno le preocupa que los ciudadanos vayamos a los tribunales para reclamar nuestros derechos y que la Justicia nos proteja. Por esa razón se están poniendo obstáculos para acceder a los tribunales.

Justicia Gratuita: el Proyecto de Ley para reformar la asistencia jurídica gratuita (es decir, el poder disponer de un abogado de oficio por no tener recursos económicos para pagarlo) supondrá que menos personas podrán beneficiarse de ese derecho.

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Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la reforma que quiere hacer el Gobierno de la ley procesal penal hiere de muerte la acción popular, un derecho reconocido en la Constitución. Además pondrá en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado, la fase destinada a la investigación. Los fiscales tendrán el monopolio de la acción penal, sin contrapesos que hagan frente a su falta de independencia. 
 


Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: se ha disminuido la plantilla del Poder Judicial. Esto es una manera de debilitarlo y de reducir las posibilidades de los ciudadanos de obtener Justicia. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestran la desconfianza del Gobierno hacia los jueces. Para impedir las quejas y críticas por parte de los jueces también se pretende amordazarlos.

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informarnos, informa a los tuyos, comparte.

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Fútbol y racismo, crimen y castigo

Fernando Flores

Durante un partido de primera división un tipo de 25 años lanza un plátano a un jugador de fútbol. Las cámaras captan el acto racista. Se abre una campaña de carácter internacional (#somostodosmacacos) en la que numerosos deportistas, políticos, actores, presentadoras… se solidarizan con el injuriado comiéndose un plátano y reclamando la igualdad para todos. La campaña tiene un éxito notable en los medios. Se identifica al agresor, que aparentemente muestra arrepentimiento. El club le retira el carnet de socio y le prohíbe ingresar en el campo de por vida. El aficionado se expone también a una fuerte multa de la Comisión Antiviolencia. Se abre instrucción penal por posible delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal, relativo a aquellos que «provoquen a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas».

Llevo días dándole vueltas a este tema, porque no me cuadra. No dudo de que los actos de racismo deben ser perseguidos y castigados, pero en este caso hay varias circunstancias que dan que pensar.

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La primera de ellas es que la estrella del fútbol que lanza la campaña antirracista –el brasileño Neymar– está implicado, fruto de su contrato con el F.C. Barcelona, en una operación de fraude fiscal de muchos millones de euros, algo que, a la vista del programa Salvados emitido ayer, es habitual en los grandes clubs. Me resulta difícil respetar y hacer la ola a una persona que reclama igualdad mientras no paga sus impuestos, por más que su mensaje sea correcto. Precisamente por eso, sospecho que o él o su agencia de marketing tratan de lavar con detergente ajeno una mancha muy propia.

Pero lo que más me llama la atención de la campaña es la discriminación sobre aquellos a quienes pretende proteger (las víctimas del racismo). En realidad, creo que estamos ante una reacción antirracista que sólo defiende al fuerte de entre las víctimas. Por más que se diga que el mensaje de esa campaña antirracista es universal y se extiende a todos, no lo creo. Y es que, por ejemplo, más allá de los delitos económicos continuados que cometen, es sabido que algunos clubs de fútbol trafican con personas, muchas de ellas africanos desesperados llegados a Europa con lo puesto que ponen su nombre para blanquear altísimas sumas de dinero, dinero libre que los clubs dirigirán a cometer más fraude fiscal (es decir, a robar a todos los ciudadanos), a pagar “en b” a los “neymar” y a enriquecer a los directivos de (casi siempre) raza blanca. En este sentido, apreciaría mucho como gesto humanitario y comprometido de Neymar una foto acompañado de su hijo en una patera de pega, con el hastag –por ejemplo– #somostodosfutbolistas?

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Por último, me deja sin palabras la desproporción de la pena impuesta por el club, al parecer mucho más preocupado por su imagen que por hacer pedagogía (¿no se trataba de esto?). El pretendido mensaje de “tolerancia cero” (maldita expresión) se traduce en que al agresor se le impide entrar en el estadio de por vida. Sin embargo, al aplicársele el castigo como una pena de muerte o una cadena perpetua futbolística, el mensaje real es la renuncia (el desprecio) desde el inicio a la educación de la persona, a la sensibilización para el civismo y el respeto al otro. El club se desentiende de su socio, y aquí no ha pasado nada.

En fin, por concluir, creo que la defensa de la igualdad y de los derechos de las personas, la lucha contra la discriminación y el racismo (que efectivamente son un problema también en el fútbol), no pueden sostenerse sobre una pila de mentiras de este calibre. Es por eso que la campaña no me cuadra y la considero una tomadura de pelo. En cuanto al futuro como hincha del aficionado racista, no albergo temor. Habiendo apoyado el presidente del Villarreal –Roig– la solicitud de indulto al expresidente del Sevilla hoy encarcelado, Del Nido, doy por sentado que, en cuanto se pase el sofocón del tema del odioso plátano, readmitirán al socio hoy desterrado, y aquí paz y allá gloria.

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Negando a Montesquieu, ese pijo ácrata

Patricia Goicoechea

Tiene gracia que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, haya criticado a los magistrados de la Audiencia Provincial por “dejarse llevar por el sentir de la calle (…) algo propio de la Revolución francesa”. Curioso que se le viniera a la cabeza, precisamente, la Revolución francesa.

En 1789 se inició, en el continente, el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la lucha contra el poder absolutista. El éxito no fue inmediato e hicieron falta varias revoluciones a lo largo del siglo XIX para que el liberalismo se asentara. Sí, el liberalismo, esa doctrina política que giraba en torno a dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos –plasmados en los textos constitucionales y de obligado respeto por el estado– y la separación de poderes, como protección frente al autoritarismo y la arbitrariedad que habían caracterizado al Antiguo Régimen. Así, sobre estas dos bases, se configuró el Estado de derecho.

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Natural por tanto que, para que esto no sea un desmadre y nos creamos con derecho a presentarnos ante las instituciones con nuestros cuadernos de quejas –como aquellos franceses revolucionarios con sus Cahiers de Doléances–, Ana Botella les haya recordado a los jueces que lo que tienen que hacer es “aplicar leyes emanadas del Parlamento”. Y se preguntarán ustedes: ¿pero es que los tres magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid no se han basado en leyes emanadas del Parlamento para confirmar que un escrache pacífico no es delito? Quédense tranquilos porque, sí, efectivamente, se basaron en leyes emanadas de nuestro Parlamento; concretamente, en el Código Penal y la Constitución, como ya ha contado muy bien aquí Joan Carles Carbonell Mateu hace unos días.

 Si la alcaldesa recurrió a esa linda y desacertada referencia a la Revolución francesa fue probablemente porque no supo ser tan sincera en sus deseos como algunos de sus compañeros de partido. Sí lo fue la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que apenas unas semana antes nos regaló la siguiente declaración de principios: “los jueces interfieren con sus actuaciones en decisiones que son políticas”.

Si alguno de ustedes sabe en qué consiste esa categoría de “decisiones políticas” que estarían por encima de la ley y habrían de ser incuestionables, le estaré muy agradecida de que me lo explique. Porque a mí lo que me contaron en las facultades de Derecho por las que pasé es que la separación de poderes no quiere decir que cada poder del Estado hace lo que le viene en gana y los demás callan. De lo que se trata es de que el ejecutivo toma sus decisiones, sabiendo que el poder judicial puede y debe ejercer un control de la legalidad de esas decisiones, de su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. En ese ordenamiento se incluyen la Constitución, las leyes emanadas del Parlamento –ahí sí tiene razón Botella–, las normas de rango inferior a la ley y, por supuesto, las normas de origen internacional que han sido debidamente ratificadas por nuestro país.

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Hay que reconocer que quien se lleva la palma en sinceridad es Esperanza Aguirre. La semana pasada, compartía sus deseos en Twitter: Espero que el ministro de Justicia deje bien claro que este tipo de autos y sentencias no se pueden producir.” En esta ocasión se refería al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el escrache a la Vice-Presidenta. Pero no es la primera vez que Aguirre reclama al Ministro de Justicia (poder ejecutivo) que le pare los pies a uno o varios jueces, que le baje los humos al poder judicial y que les deje clarito que lo de la separación de poderes no había que tomárselo al pie de la letra. También preguntó Aguirre hace unos meses, “¿Por qué no hemos destituido a López Guerra?, refiriéndose al juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, tras la sentencia que acabó con la Doctrina Parot.

Muy lógico. En una democracia asentada en un Estado de Derecho es inconcebible que el poder ejecutivo no vaya por ahí poniendo y quitando jueces, a su antojo, para asegurarse de que sus decisiones no sean sometidas a ningún control. Algo parecido ha sugerido también el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que los jueces españoles han de dejar de meterse donde no deben y abstenerse de tratar de proteger los derechos de los trabajadores para no frustrar los objetivos de la reforma laboral. Normal, porque no vaya a ser que mientras uno anda tomando decisiones políticas tenga además que preocuparse de cumplir con las normas. Que así no hay quien trabaje.

Los ataques de sinceridad de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, como las referencias históricas de Ana Botella, o los despropósitos del FMI, dan mucho juego. Inspiran chistes muy agudos, viñetas ocurrentes y amenizan las tertulias. Pero francamente no tienen ninguna gracia y deberían hacernos reflexionar sobre la preocupante tendencia que reflejan.

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Las críticas a los jueces y a las decisiones judiciales son necesarias en una sociedad democrática. Como poder del estado que son están necesariamente expuestos a las opiniones de la colectividad. Las opiniones pueden ser ofensivas, como aquello de pijo ácrata que le espetó Hernando al juez Pedraz. Pueden ser misóginas, como mucho de lo que se ha dicho de la juez Alaya. Pueden ser, en definitiva, una falta de respeto a la persona que hay debajo de la toga.

Pero aquí no se trata sólo un problema de respeto, ni a la persona ni a su función. De lo que se trata en cada una de esas declaraciones que he reproducido más arriba es de un grave desprecio a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Desprecian la independencia de los jueces porque sólo conciben un poder judicial que intervenga para refrendar sus decisiones. Un poder judicial al que se le pueda decir “ahora no toca” y éste se cuadre, se abstenga de tratar de velar por el respeto de la legalidad, de proteger los intereses de la sociedad y los derechos de todos. Quieren una justicia sumisa, a su medida. A sus órdenes.

 Esta voluntad es la que subyace a la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar, hasta casi eliminar, la competencia de los tribunales españoles para investigar y juzgar crímenes internacionales. Con esa reforma pretenden, entre otras aberraciones, que las causas actualmente abiertas sean inmediatamente archivadas. Esa voluntad de callar al poder judicial está presente en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que buscan darle a la Administración la capacidad de multar por comportamientos que los jueces se han negado a sancionar, considerándolos lícitos y necesarios en una sociedad democrática. Su deseo no disimulado de controlar la función judicial está, también, presente en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se pretende traspasar la instrucción a los fiscales, añadiendo a ello además un principio de oportunidad.

Desprecian el Estado de Derecho y tratan de sustituirlo por un Estado de su derecho. Allí donde las normas traduzcan sus postulados ideológicos, donde la crítica no tenga cabida y en el que únicamente seamos libres para estar de acuerdo con ellos. El problema lo tienen, en fin, con la propia democracia: el autoritarismo del que hacen gala, y que ya ni se molestan en disimular, da mucho juego para la sátira y el humor, pero nos está llevando por una senda muy peligrosa.

Si Montesquieu viviera hoy en España, saldría Cifuentes a decirle que se deje de sandeces, que los jueces no deben entorpecer “lo político” con sus inoportunas sentencias. Hernando lo llamaría pijo ácrata. Aguirre le pediría a Gallardón una reforma del Código Penal rapidita para poder meterle un paquete y callarle de una vez. Quizá el propio Fernández Díaz nos diría, muy circunspecto, que detrás de este ilustrado y sus amigos están en realidad grupos itinerantes de radicales de extrema izquierda con la oscura agenda de hacer peligrar la paz social.

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Sobre escraches, independencia judicial y varas de medir

Joan Carles Carbonell Mateu

Empezaré mi reflexión con tres afirmaciones que, como es lógico, intentaré desarrollar:

a) los “escraches”, si son violentos, contienen amenazas o suponen ejercicio de la violencia, son delictivos y, por consiguiente, intolerables;

b) el Auto de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid que desestima el recurso, por demás extemporáneo, interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el Auto de 10 de mayo de 2013, dictado por el Juzgado de Instrucción número 4, ordenando el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por denuncia presentada contra ciertas personas por delitos de amenazas, coacciones y desórdenes públicos como consecuencia de su manifestación ente el domicilio de la Sra. Vicepresidente del Gobierno, es jurídicamente impecable, y

c) las reacciones de rechazo al mismo acompañadas del cuestionamiento no ya de la capacidad -probablemente porque resulta difícil de mantener-, sino incluso de la legitimidad de la Magistrada ponente del citado Auto, provenientes de miembros del partido  del Gobierno resultan altamente preocupantes en la medida en que suponen un ataque directo a la independencia del Poder Judicial y, lo que aún resulta peor, un absoluto desprecio al ejercicio de los derechos fundamentales incurriendo además en aquello de lo que acusan: la existencia de una doble vara de medir.

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a) El abuso en el ejercicio de los derechos –incluso de los derechos fundamentales- invadiendo la esfera de libertad de los demás ciudadanos, entre los que se encuentran quienes ejercen funciones públicas, incluidos los Miembros del Gobierno, tiene su tratamiento en el Código Penal. Lo tiene en el actual y lo va a tener por cierto en mucha mayor medida si prosperan los Proyectos de Reforma del Código penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana que se debaten en las Cortes Generales. Si, por tanto, la manifestación objeto del enjuiciamiento que da lugar al presente comentario hubiera sido violenta, se hubieren proferido amenazas, portado armas u objetos peligrosos, se hubiera puesto en peligro la integridad física de las personas, y algo de todo eso hubiera quedado acreditado, con toda certeza la Instrucción habría tenido otro final y el Auto de la Audiencia o no se habría producido o habría sido bien distinto. Porque en el proceso penal, quien acusa ha de demostrar que concurren los requisitos típicos que convierten una conducta en delito. Y sin hechos probados no hay condena posible. Es más, tal como sucede en el presente caso, sin motivos racionalmente bastantes de los que se induzca la comisión de un hecho delictivo lo único que procede es el archivo de la causa.

b) Ambos Autos, el del Juzgado de Instrucción, que ordena el archivo  y el de la Audiencia Provincial que confirma aquél, son jurídicamente impecables. El primero por lo que acabo de señalar, el segundo porque lo confirma incluyendo una doctrina interpretativa a favor de los derechos fundamentales que resulta no solo oportuna sino, sobre todo, indispensable.

Es curioso que el denunciante –esposo de la Sra. Vicepresidenta- no formulara recurso de apelación y que el Ministerio Fiscal lo hiciera de forma extemporánea, una vez transcurrido el plazo que concede a tal efecto la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Tribunal, por tanto, no tenía opción: tan sólo le quedaba inadmitir el recurso y confirmar el archivo. Y, con toda certeza, ahí habría acabado el pronunciamiento judicial si no estuviéramos ante el cuestionamiento del ejercicio de derechos fundamentales y no resultara, por ello, indispensable establecer una doctrina que fije criterios jurisprudenciales adecuados sobre los límites entre el ejercicio del derecho y la infracción penal; si, como textualmente señala la resolución,  no concurrieran “evidentes razones de interés público” para que la Sala se pronunciara “sobre los argumentos de fondo planteados por el Ministerio fiscal en el recurso” así como por las defensas de los denunciados.

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Y lo que Sala analiza es si concurren o no los requisitos típicos de alguna de las tres figuras delictivas por las que se acusa.

El delito de amenazas exige la acreditación de las mismas, condicionales o no, y no parece que nadie haya aportado a la causa el menor indicio de que se produjeran; el de coacciones el uso de la violencia impidiendo con ello a alguien hacer lo que quiera, sea justo o injusto u obligarle a hacer lo que no quiera, y no es serio afirmar que la manifestación ante el domicilio produjera dichos efectos sobre la voluntad de la Sra. Vicepresidenta del Gobierno, limitando con ello la libre formación de sus decisiones políticas. Tampoco lo es, por cierto, afirmar –como se formuló en la denuncia- que se impidió al esposo de la Vicepresidenta pasear con uno de sus hijos, durante el tiempo –veinte minutos- que duró la manifestación. No parece que tal afección al bien jurídico sea suficientemente significativa como para suponer la criminalización del ejercicio de un derecho fundamental.

Quedarían, por tanto, los desórdenes públicos. Y es aquí donde más preocupante puede resultar la lectura constitucional que realiza el Ministerio Fiscal. Una manifestación no se convierte en ilegal por no haber sido comunicada y, ni siquiera en ese caso, resulta delictiva. El artículo 21.2 de la Constitución Española sólo permite a la autoridad prohibir una manifestación “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. El desorden público debe, pues, significar dicho riesgo y no una simple alteración del tráfico y la subsiguiente molestia para terceros. Alteración y molestia, por cierto, que habrían sido idénticas si el objeto de la manifestación y el correspondiente “desorden” hubiese sido el de vitorear a la Sra. Vicepresidenta expresando de ese modo la conformidad y entusiasmo de los ciudadanos afectados por sus decisiones. Sólo que nadie habría calificado dichos hechos de “desórdenes públicos”. Lo que nos conduce a pensar que no es la manifestación en sí sino su sentido lo que lleva al Ministerio Público a calificarla de delictiva ignorando que tal carácter sólo puede proceder de que se celebre con el fin de cometer algún delito o se portaren armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier modo peligrosos. Y, claro, el reconocimiento de las libertades de expresión y manifestación no puede, en un Estado democrático, hacerse depender de su conformidad o no con nuestras propias ideas o con las del Gobierno. Por el contrario, reconocer la libertad de expresión y de manifestación supone precisamente hacerlo con aquéllas de las que se discrepa.

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El Auto es jurídicamente impecable, pues, porque recuerda la imperiosa necesidad de formular una doctrina jurisprudencial a favor de los derechos fundamentales, especialmente si se trata de los derechos-oposición, que han de ser fomentados y no restringidos a través de lo que, éstas sí, constituyen amenazas como las que contienen los más arriba citados Proyectos de Ley que buscan el efecto inhibitorio: en boca cerrada no entran moscas y cada uno en su casa y Dios en la de todos, no sea que expresión o manifestación vayan a implicar cuantiosas multas y unos cuantos golpes. Y lo es –jurídicamente impecable- porque cumple con el cometido básico de cualquier resolución de la jurisdicción penal: no restringir derechos allá donde no concurren motivos que lo justifiquen y no admitir acusaciones allí donde nadie aporta indicios racionales de delito.

c) La independencia judicial no se limita sólo a través de la directa dependencia del Gobierno; también a través de la descalificación personal –inadmisible en cualquier ámbito y circunstancia-, del insulto y de las campañas de acoso y derribo. El Estado democrático no lo es sin división de poderes: si un Juez dedicara sus Autos y Sentencias no a resolver las cuestiones que se le  plantean sino a poner en duda la legitimidad del Parlamento para elaborar leyes o del Gobierno para adoptar decisiones habría de abandonar su puesto inmediatamente y sufrir la responsabilidad disciplinaria y penal correspondiente. Y si miembros de la clase política, en lugar de cumplir con sus obligaciones, se dedican a insultar, desautorizar, cuestionar la legitimidad o tergiversar aspectos de la biografía de los Jueces que dictan resoluciones que no les gustan, están cometiendo un grave atentado contra la independencia judicial y, por consiguiente, contra la Constitución.

No vale la pena resaltar la perplejidad que supone leer de quien ha sido Presidenta del Senado, de una Comunidad Autónoma y Ministra de Educación y que sigue presidiendo una importantísima federación territorial del Parido que ocupa el Poder Ejecutivo un texto en el que afirma nada menos que el Presidente del Gobierno ha de adoptar medidas para que no se produzcan resoluciones judiciales como ésta, ni escuchar a altos dirigentes del Partido del Gobierno (des)calificar a la Magistrada que dicta las resoluciones que no les gustan de “enchufada” o “no magistrada” ignorando la diversidad de formas de acceso a un Tribunal de Justicia distintas de la oposición. Y no vale la pena porque se descalifican ellos mismos.

Pero sí es menester recordar que no es admisible acatar y cumplir lo que nos favorece y recurrir a los más graves atentados contra la independencia judicial cuando no nos gusta lo que dictan los jueces. Sobre todo, cuando lo que no nos gusta es, precisamente, el ejercicio de los derechos fundamentales y la vigencia del Estado social y democrático de Derecho, con todas sus consecuencias.

Aborto: otro gran paso atrás

Joan Carles Carbonell Mateu

Tras varios meses de aparente debate en el seno del PP, el Gobierno acaba de aprobar un Anteproyecto de Reforma de la Despenalización –para pasar a la penalización- de la Interrupción Libre del Embarazo, con abandono del vigente sistema de plazo con información a la embarazada y el regreso a un sistema de indicaciones más rígido que el que estuvo vigente desde 1985 hasta 2010 y que no incluye la despenalización en caso de graves malformaciones en el feto, la mal llamada “indicación eugenésica”.

Actualmente rige en España la L.O. 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que introdujo un sistema de plazo con información, en cierta manera derivado de la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán (BVfG) de 1995, considerando ciertos votos particulares presentados en su día por tres de los nueve Magistrados: no es punible el aborto practicado durante las catorce primeras semanas de embarazo siempre que se cumplan determinados requisitos, el más importante de los cuales es que la mujer haya sido informada de sus opciones y hayan transcurrido 72 horas hasta que adopte su decisión. El sistema se combina con indicaciones transcurridas esas catorce semanas.

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La vuelta al sistema de indicaciones se realiza, según la declaración gubernamental, “para adaptar la legislación a la jurisprudencia constitucional”. Y, justamente eso, resulta sorprendente por demás. Porque la finalidad expresada constituye una auténtica falacia, toda vez que el Tribunal Constitucional español jamás se ha pronunciado sobre la vigente regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y en su doctrina  en materia de aborto expresada fundamentalmente en la Sentencia 53/1985 de 15 de abril, no se contiene la menor referencia al sistema del plazo en general ni al del plazo con información previa obligatoria a la embarazada de manera específica. El Tribunal tan sólo obligó al legislador a que exigiera mayores garantías en la comprobación de la veracidad de los supuestos alegados. De ahí no puede inducirse, como ahora se pretende, que considerara agotadas las posibilidades constitucionales de no punición.

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El Proyecto de Código Penal: un retroceso histórico

Joan Carles Carbonell Mateu

Se anuncian reformas penales en España y la lectura de los textos proyectados o incluso los discursos gubernamentales que los anuncian resultan enormemente preocupantes. Soplan vientos de reacción profunda, de vuelta atrás o, lo que es mucho peor, de absoluto desdén por los derechos fundamentales y los principios penales.

1. La relativización de los principios liberales –en el sentido más digno de ese término–, el auge del Derecho penal del enemigo, la exacerbación de la peor manera de entender la seguridad y el correspondiente dominio de la peligrosidad como fundamento casi exclusivo y sobre todo ilimitado de la intervención punitiva son las notas características de una irrefrenable tendencia a la vuelta atrás hacia los momentos más oscuros del Derecho penal desde el período anterior a la Ilustración. Cada día es más evidente que corremos el riesgo de perder referencias fundamentales que creíamos logros inamovibles. Y, como vamos a ver, el principio de culpabilidad como expresión rotunda de la dignidad de la persona, que nunca puede ser privada de sus derechos y de su estatuto cívico si no es en virtud de que lo merezca tras incumplir los deberes que también como ciudadano le corresponden, y justamente en esa medida, está a punto de ser ignorado de forma tan grosera que puede anunciarse su completa desaparición, si prospera la reforma pretendida.

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Mis cuatro verdades sobre la doctrina Parot

José Miguel Sánchez

21 de octubre de 2013. Dean Spielmann, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lee el fallo de una Sentencia de la Gran Sala. Se resuelve la solicitud de remisión realizada por el Gobierno español respecto de la Sentencia de la Sección Tercera de 10 de julio de 2012, recaída en el asunto del Río Prada c. España. La STEDH de 10 de julio de 2012 condenó a España por unanimidad de los siete Magistrados que entonces componían la Sección Tercera por vulneración de los derechos a la libertad (art. 5.1 CEDH) y al principio de legalidad sancionadora (art. 7 CEDH) al aplicarse a la demandante la denominada doctrina Parot. La STEDH de 21 de octubre de 2013 confirma esa condena a España. La violación del derecho a la libertad (art. 5.1 CEDH) es apreciada por la unanimidad de los diecisiete Magistrados que conforma la Gran Sala. La violación del derecho a la legalidad sancionadora (art. 7 CEDH) es apreciada por una mayoría de quince Magistrados contra dos.

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España se divide en dos. Los que no son capaces de atender a ningún tipo de argumento jurídico y los que no son capaces de entenderlos. Los primeros sólo ven la consecuencia del pronunciamiento. La puesta en libertad de la demandante y la caída en desgracia internacional de la doctrina Parot. Unos ansían que se aceleren las excarcelaciones. Da igual el porqué. Una nueva batalla ganada en Estrasburgo. Parece que desde un poco más lejos las cosas se ven y se ponderan de una manera diferente. Para otros, la sola idea de que la demandante saliera en libertad les resulta insoportable. Peor aún. Se temen la extensión de la doctrina de la Gran Sala y su aplicación sucesiva a todos aquellos que están en prisión por la doctrina Parot. Se cumplen sus peores augurios solo un día después. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante Auto de 22 de octubre de 2013, acuerda la puesta en libertad con el apoyo del Ministerio Fiscal. Inés del Rio tiene un amplio historial criminal vinculado a su pertenencia a una banda terrorista. Fue condenada, entre otros muchos delitos, por diversos asesinatos. Entró en la cárcel el 6 de junio de 1987, con 29 años. Da igual que hubieran transcurrido más de 26 años y tenga ya 55 años de edad. Más repercusiones. Auto de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de octubre de 2013. Excarcelación con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 25 de octubre de 2013. Nueva libertad. Ninguna de las personas de esta España estará interesada en este post. Espero que haya una segunda España. Una dispuesta a intentar entender que es todo este lío de la doctrina Parot. No estoy seguro de que exista. Me gustaría que existiera. No las tengo todas conmigo. A ella dirijo estas cuatro verdades sobre la doctrina Parot. No les engaño. No son las Verdades sobre esta doctrina. Son mis verdades.

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Reprimir a fuego lento

Patricia Goicoechea

Hace dos años se publicó la novela Oxford 7 de Pablo Tusset. Está ambientada en el año 2089 y en ella se narra –entre coches voladores, chips subepidérmicos y estaciones espaciales– la intentona revolucionaria de una serie de estudiantes universitarios. Las revueltas estudiantiles son habituales y, para reprimirlas, los policías antidisturbios que les apuntan con sus bocachas disparan ¡multas! Conforme la presión va aumentando, se incrementa la cuantía de esas multas. Estos disparos obligan a muchos estudiantes a abandonar las protestas, puesto que afrontar el pago de las multas les impide abonar los gastos de sus matrículas.

Uno de los personajes de más edad cuenta cómo se desarrollaron las revueltas en Europa tras el crack de 2013 (la novela fue publicada en abril de 2011). “Aquello era la Europa de antes de la Unión Occidental, no lo olvidéis”, les dice para explicar cómo actuaba entonces la policía, cómo eran las porras con las que golpeaban a los manifestantes y cuáles las consecuencias de esos golpes. “No habían descubierto las posibilidades de la fiscalidad punitiva en toda su potencia, pero aprendían rápido”, concluye. El contexto represivo que se describe en la novela parece, efectivamente, mucho más civilizado. Los policías enviados a reprimir las revueltas estudiantiles no agreden físicamente a los estudiantes, tampoco los detienen, no los llevan ante un tribunal acusados de delito alguno. Simplemente, los multan.

Oxford 7 es una novela de ciencia ficción ambientada en un futuro lejano. ¿Seguro?

Desde mayo de 2011 se han impuesto, sólo en Madrid, más de 787 multas administrativas a personas que participaban en manifestaciones o concentraciones. Esto supone una recaudación de 309.763 Euros. Más de la mitad de estas sanciones (concretamente 496, lo que equivale a 142.730 Euros), se han impuesto por infracción de desobediencia (artículo 26.h) de la Ley 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana), argumentándose en esos expedientes sancionadores que el individuo en cuestión se encontraba participando en una concentración no comunicada a la autoridad competente y que habría desobedecido una orden de los agentes actuantes. Lo curioso es que tal orden supuestamente desobedecida rara vez se especifica en los expedientes sancionadores, de los que sin embargo sí puede deducirse que la supuesta orden sería la de abandonar el lugar, la concentración, al ser ésta una concentración no comunicada previamente.

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Desobedecer la orden de disolver una manifestación puede constituir una infracción administrativa grave, prevista en el artículo 23.d) de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Ahora bien, esa infracción del artículo 23.d) supone que la orden que se haya desobedecido tenga su razón de ser en una serie de motivos muy concretos, previstos en la Ley reguladora del Derecho de Reunión (Ley 9/1983). Conforme al artículo 5 de esta norma, las concentraciones o manifestaciones en lugares de tránsito público sólo pueden ser disueltas por tres únicos motivos: (i) cuando la manifestación en cuestión sea ilegal en el sentido del artículo 513 del Código Penal (es decir, las que tienen por finalidad la comisión de algún delito o aquellas en las que los participantes llevan armas, explosivos u objetos peligrosos), (ii) cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, (iii) cuando se hiciera uso de uniformes paramilitares por los participantes.

Entre estos motivos, claramente, no se incluye la ausencia de comunicación previa de la concentración a las autoridades. Ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico autoriza a los agentes de la autoridad a ordenar la disolución de una concentración por el hecho de que no se haya cumplido con un requisito formal. Ninguna norma prohíbe tampoco participar en una concentración que no haya sido previamente comunicada. Por la tanto, la orden dada a los manifestantes de disolver una concentración por el mero hecho de que ésta no haya sido previamente comunicada es una orden que en sí misma carece de base legal. No cabe, en fin, infracción de desobediencia cuando la orden emitida no es legal. Y, cuando no hay infracción, no puede haber sanción.

Disolver una concentración supone impedir el ejercicio efectivo del derecho de reunión y es precisamente por ello por lo que sólo puede emitirse la orden de disolución basándose en los motivos expresamente previstos en las normas. De igual modo, toda sanción que tenga su razón de ser en el ejercicio del derecho de reunión debe estar especialmente motivada por la autoridad que la impone y únicamente podrán sancionarse aquellos comportamientos que las normas califican como infracción. Fuera de estos casos, las sanciones serían una limitación injustificada y desproporcionada del ejercicio de un derecho fundamental. En palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “la esencia misma del derecho a la libertad de reunión se vería afectada si el Estado (…) impusiera sanciones a los participantes [en una manifestación] por el mero hecho de participar en ella, sin que hubieran cometido ningún acto reprochable” (Sentencia en el asunto Galstyan c. Armenia, de 15 de noviembre de 2007, párr. 117).

Con rotundidad lo ha expresado recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid, en su sentencia de 30 de julio de este año, que anuló la sanción, por supuesta infracción de desobediencia, impuesta a una manifestante por la Delegación de Gobierno de Madrid. La sentencia concluye que la imposición de tal sanción constituye una vulneración del derecho fundamental de reunión y manifestación reconocido y protegido por nuestra Constitución. Así, en el Fundamento de Derecho Cuarto se afirma textualmente que “se ha producido una vulneración del derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución dado que mediante las actuaciones sancionadoras se enerva la posibilidad de poder reunirse de manera pacífica y en señal de protesta, pues la orden dada de disolución no tenía una justificación amparada legalmente que la hiciera procedente.”

La limitación de derechos puede tomar formas muy diversas. La más extrema es la prohibición del ejercicio. Pero no es la única mediante la cual puede alcanzarse el mismo fin; es decir, impedir el ejercicio del derecho en cuestión. Entre las formas más habituales de restricción del ejercicio del derecho de reunión se incluyen aquellas condiciones que imponen las autoridades a los organizadores de una manifestación, impidiéndoles celebrarla en el lugar que éstos han elegido y obligándoles a desplazarse a espacios más alejados; o bien la prohibición de determinadas consignas. Medidas que también contribuyen a limitar el ejercicio del derecho de reunión son las intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad con el fin de disolver las concentraciones y que pueden concluir con cargas policiales y detenciones. Lo que todas estas formas de obstrucción del ejercicio del derecho tienen en común es su visibilidad y la conciencia colectiva de que a través de ellas se está llevando a cabo una forma de represión.

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Ahora bien, hay una forma de obstaculizar e incluso impedir el ejercicio de los derechos más discreta, más suave en apariencia, pero igual de dañina, y es el recurso a las sanciones administrativas. Represión de baja intensidad, o buro-represión, es aquella que ejercen las autoridades, a través de la imposición de sanciones (generalmente, la imposición de multas), sobre quienes llevan a cabo actividades que aquéllas no consideran deseables, aún cuando tales actividades sean legales.

Van a disparar multas indiscriminadas de 10 eurodólares”, le dice BB al Profesor Palaiopoulos en Oxford 7. “¿Contra qué infracción? No pueden disparar multas si no hay infracción previa.” (…) “Ordenanza de Emisión de Residuos Gaseosos: la concentración no autorizada produce más vapor de agua por vía respiratoria del permitido en esa área”.

Este tipo de represión se caracteriza porque la aplicación de la norma sancionadora no se realiza para cumplir con el fin protector que tal norma tiene (en ese caso ficticio, la protección del medioambiente), sino que se utiliza la base legal para entorpecer o evitar el ejercicio de un derecho (el derecho de reunión, la libertad de expresión y, por tanto, el derecho a participar en asuntos públicos).

A esta conclusión llegó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid en la sentencia que mencionamos más arriba, y por ello señala que “las actuaciones del expediente administrativo tienden no a salvaguardar la seguridad ciudadana que nunca se puso en peligro sino a evitar o limitar el ejercicio pacífico de un derecho fundamental, de reunión, que no precisa de más elementos para su desarrollo. Es cierto que participan en una reunión o concentración no comunicada, pero cuando se desarrolla sin previa comunicación pero siguiendo pautas y derroteros pacíficos y civilizados ha de existir una motivación específica en la orden o resolución administrativa que ordena la disolución o desconcentración de los reunidos al suponer una restricción de un derecho fundamental por razón únicamente del incumplimiento de un requisito administrativo cuál es la comunicación previa. Se ha de atender en todo caso al principio de favor libertatis de tal manera que sólo se ha de limitar el ejercicio del derecho cuando haya elementos, firmes e indiscutibles, de los que pueda deducirse la clara existencia de un peligro concreto y no meras sospechas o posibilidades de que pueda haber alteraciones del orden público”.

La imposición de sanciones económicas tiene una intención y un efecto represivo directo, en la medida en que sanciona a quien ha tratado de ejercer un derecho. Pero tiene también una intención y un efecto disuasorio, indirectos, en tanto que la imposición de la sanción constituye un mensaje a quienes pretendan ejercer tal derecho en un futuro. Con la experiencia de estos dos últimos años de movilizaciones sociales, es sabido que participar en una manifestación puede llegar a costarle a uno entre 300 y 30.050,61 Euros, y ello sin necesidad de haber incurrido en ningún comportamiento sancionable, sino por la mera participación en la concentración. En definitiva, uno puede encontrarse con una multa por haber hecho aquello que la Constitución le permite: ejercer legítimamente sus derechos fundamentales de reunión y participación en asuntos públicos.

En respuesta a la inquietud social, a la voluntad de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos mediante el legítimo ejercicio de su derecho fundamental de reunión (que no es sino una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión), las autoridades han optado por una táctica de desgaste. Reprimir la protesta social a fuego lento, atacando el flanco más débil es este momento, que es el la capacidad (o incapacidad) económica de los individuos.

En la novela Oxford 7 el personaje Rick Blaine afirma que en el año 2013 las autoridades aún “no habían descubierto las posibilidades de la fiscalidad punitiva en toda su potencia, pero aprendían rápido”. Y vaya si aprenden rápido.

cabeceracrimin

Para saber más:

* Líneas Directrices de OSCE sobre Libertad de reunión (2ª edición)
- en inglés: http://www.osce.org/odihr/73405

* Observación General núm. 34 al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm

* Informe del Relator especial de Naciones Unidas para el Derecho 
de reunión, mayo de 2012 (en inglés):
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf