Comisiones de la verdad, versión española

Carlos Penedo *

En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de Derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.

Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.

Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.

Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia. Sigue leyendo

Comisión de la Verdad. El derecho a saber.

Por Pepe Reig

En los casos de violación de derechos humanos, la búsqueda de verdad es un derecho individual de la víctima, que necesita saber lo que ocurrió, pero también es un derecho colectivo, porque la sociedad debe evitar a toda costa la repetición de la barbarie.

La transición política, cuyo resultado en forma de monarquía constitucional aparece cada día más cuestionado, mantuvo algunas zonas en sombra que no han dejado de pesar en la calidad de nuestra democracia: el prudente silencio sobre los crímenes del franquismo y el velo que cayó sobre el enorme esfuerzo del antifranquismo militante, de la izquierda y los movimientos sociales por conquistar las libertades. Puede que esas sombras fueran inevitables en el tipo de transición pactada que los españoles nos pudimos dar, pero su prolongación en el tiempo ha acabado impidiendo la maduración de eso que en las democracias avanzadas se ha llamado la cultura cívica. Esta variante avanzada de la cultura política no es otra cosa que una suerte de religión civil, que asegura la reproducción de los consensos básicos que requieren los sistemas democráticos.

Fueran o no inevitables en su momento, las zonas de sombra regresan una y otra vez, provocando tensiones que evidencian la debilidad de los fundamentos de nuestra democracia: ni la izquierda ha sabido reivindicar el antecedente legítimo de la república y el referente moral del antifranquismo como pilares de nuestra democracia, ni consecuentemente, se ha podido obligar a la derecha a desprenderse definitivamente del lastre autoritario y franquista, como se evidencia en sus dificultades para condenar el franquismo.

MEMORIA HISTORICA

En medio del huracán desatado contra el Estado del bienestar, puede haber pasado desapercibida la minuciosa deconstrucción que el gobierno conservador viene perpetrando del único e insuficiente intento de reparar aquella carencia,  la Ley de Memoria Histórica: supresión de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Supresión de las ayudas previstas en la Ley para la “indagación, localización, exhumación, identificación y reinhumación de las personas desaparecidas violentamente”. Supresión del Portal digital del Ministerio de Cultura sobre las víctimas, creado por la Ley de Memoria y que había recibido más de 700.000 visitas en busca de datos sobre familiares represaliados. Menos mal que en apenas dos días se dirigieron, 1125 firmas al Defensor del Pueblo Europeo en Estrasburgo y el ministerio hubo de reponer la página web.

La intención apenas disimulada es aplazar de nuevo, si no cancelar del todo, la memoria, pero los procesos políticos son a menudo impulsados por movimientos sociales, aunque éstos tarden en surtir efecto. Memorialistas y familiares de víctimas de la represión franquista, impulsores en su día del debate que obligó a legislar sobre la memoria, no parece que vayan a resignarse a este estado de cosas. Ni a las lagunas e inconsistencias de la Ley de Memoria, ni a la obstrucción sistemática del actual gobierno, empeñado de nuevo en el reino de la sombra, ni al desamparo en que les dejó la sentencia del Supremo que apartó a Garzón del caso.

El pasado 29 de septiembre, en un acto en la Puerta del Sol de Madrid, apoyado por las asociaciones de la memoria y familiares de víctimas, junto a intelectuales y artistas de todo el Estado, los dos grandes sindicatos y dirigentes de partidos de izquierda, se lanzó la iniciativa de constituir una “Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo”. El manifiesto de la Plataforma por la Comisión de la Verdad está siendo el vehículo para concentrar el apoyo de la sociedad civil y llevar la propuesta a la agenda pública, al Parlamento y las instituciones.

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Una vía ensayada con éxito en muchas países castigados por dictaduras feroces, como Sudáfrica, Argentina, Guatemala o tantos otros y recomendada expresamente Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El principio que le da fundamento deriva del “derecho imprescriptible” de las víctimas a “conocer la verdad y a que se restablezcan los derechos conculcados”.

La misma sentencia del Supremo que rechazó la competencia de Garzón en estos casos, proporciona una legitimación indirecta al señalar que el derecho a la verdad es una “pretensión tan legítima como necesaria”, aunque luego añada de forma incomprensible que “no corresponde al juez de instrucción”, cuya función requiere “un hecho con apariencia de delito y un posible imputado vivo”. Como si no fuera preciso investigar primero los hechos, para saber si viven los culpables.

La recomendación de la ONU sobre justicia transicional implica la obligación del Estado de contribuir al esclarecimiento, es decir, derogación de las leyes que se puedan interpretar como “ley de punto final”, creación de una fiscalía especializada, investigación de las desapariciones, exhumación, mapa de fosas y lugares de memoria, acceso a archivos, reparación a las víctimas, anulación de juicios y sentencias, etc. etc.

Por difícil que parezca hoy su aceptación, es una exigencia de la democracia. La Comisión de la Verdad tendría un papel positivo no sólo por su valor probatorio en procesos judiciales, sino principalmente, por sus efectos sobre la cultura política: el acceso a la verdad es la vacuna contra los revisionismos, “el derecho a saber” puede convertirse hoy en la pedagogía que no supo hacer nuestra transición, pedagogía sobre el significado de la represión y sobre la dignidad de la lucha por las libertades.

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Para saber más

Manifiesto de la Plataforma por la Comisión de la Verdad: http://www.comisionverdad.fibgar.org

Recomendaciones de la ONU: http://www.todoslosnombres.org/php/generica.php?enlace=muestranoticia&idnoticia=4629

Víctimas de la guerra civil y represaliados del franquismo. Portal de Archivos Españoles: http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/staticContent.form?viewName=presentacion

Memoria histórica. Página oficial del Gobierno: http://www.memoriahistorica.gob.es/index.htm

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: http://www.memoriahistorica.org.es/joomla/

Asociación para la Memoria Social y Democrática (AMESDE): http://amesde.org